“Conflicto armado interno” en Ecuador: necesitamos más democracia y cooperación
Foto: Facebook: Ministerio de Defensa Ecuador

“Conflicto armado interno” en Ecuador: necesitamos más democracia y cooperación

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El crimen organizado es trasnacional, pero los gobiernos no lo entienden así. La “mano dura” no puede reemplazar a las instituciones y la cooperación regional.

Alexander Emilio Madrigal Garzón*

Se multiplican los homicidios

Es grave la inseguridad en Ecuador: pasó de ser un país comparativamente seguro a ser un foco del crimen organizado trasnacional.

De manera irresponsable, sus vecinos andinos han “exportado” sus problemas de seguridad; desde la pandemia y en este contexto, Ecuador ha experimentado una escalada de violencia. Por ejemplo, los homicidios intencionales dan cuenta de esta nueva realidad: «El 2023 se convirtió en el año con más homicidios de la historia del país, con una persona muerta cada 69 minutos a causa de la violencia criminal. De acuerdo a [sic] lo reportado por la Policía Nacional, en 2023 se registraron 7592 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de homicidio de más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras representan un aumento aproximado del 64,9 % comparado con las 4603 muertes de 2022″.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado reveló que, durante el primer semestre de 2023, hubo un aumento en los homicidios del 528,10 % en comparación con el primer semestre de 2019. A esto se suman el sicariato contra figuras públicas y las acciones mediáticas, que agravan la percepción de inseguridad.

Este artículo analiza la seguridad objetiva —hechos, antecedentes y contexto, incluyendo la perspectiva regional— y la percepción de seguridad —efectos subjetivos de la crisis, lectura del riesgo e incluso oportunidades políticas—, que dependen de cómo los involucrados comprendan el problema.

Puede Leer: La seguridad de Ecuador pasa por Colombia

Antecedentes: seguridad sin cooperación

El concepto de seguridad se adaptó al mundo de la posguerra fría: los Estados pasaron de la seguridad nacional a nociones más amplias: la seguridad humana o la seguridad multidimensional. Comprendieron que el nuevo enemigo sería más complejo —no estatal, cambiante e indeterminado— y que el acento debía estar en las personas y la garantía de derechos.

Ante la inseguridad objetiva, es esperable que la ciudadanía sienta temor y apoye políticas de mano dura; pero debe recordarse que, cuanta más seguridad, menos libertad o menos derechos: ese es un riesgo real para la democracia.

Foto: DNP - Las políticas centralistas y liberales han impedido el desarrollo en muchas zonas, por lo cual, la ilegalidad está tomando el poder.
Mientras el mundo emprendía nuevas cruzadas como la lucha contra el terrorismo, las amenazas ambientales o el cibercrimen, el narcotráfico prosperó en Latinoamérica e, incluso, se diversificó hacia otras líneas de inversión, asociadas con rentas ilegales en territorios con escasa presencia del Estado y zonas fronterizas desatendidas.

De esta manera se consolidó una red trasnacional de crimen organizado, con alta capacidad de control territorial y corrupción de las autoridades. La falta de desarrollo y el abandono facilitaron su expansión, mientras seguía fallando la guerra contra las drogas.

Las respuestas de los Estados se limitan a políticas nacionales de seguridad, sin una perspectiva regional. Las fuerzas armadas y de policía están en un proceso de profesionalización y búsqueda de nuevas misiones en democracias incompletas. No ha habido esfuerzos de cooperación más allá de las declaraciones coyunturales ante situaciones concretas, el intercambio de información, o, a lo sumo, ejercicios informales de carácter conjunto.

Pero no hay una visión compartida de seguridad cooperativa; prima el bilateralismo de los países andinos o de Estados Unidos, y de los organismos multilaterales o de cooperación que siguen trabajando en la esfera nacional.

El crimen se organiza regionalmente

En este escenario, el actor central es el crimen organizado trasnacional; con su gran capacidad de innovación, ahora tiene un portafolio diversificado: por ejemplo, una cadena criminal, ¿cuántos eslabones contiene?,¿qué tipo de delitos implica cada uno?, ¿de qué “insumos” se vale?, ¿cómo se mueve el dinero?,¿tiene fronteras?…

El crimen es, justamente, organizado porque es una empresa criminal; procura rentabilidad a cualquier costo. Son organizaciones adaptativas, articuladas, con filiales y conexiones desde lo local hasta lo global, inclusive con apoyos en la legalidad y cierta legitimidad.

Economía ilegal, entre vacíos de poder estatal

En Colombia, según datos de Naciones Unidas, “las hectáreas sembradas de coca pasaron de 204.000 a 230.000 al cierre de 2022 y las toneladas de droga que se pueden producir llegaron hasta 1738, las mayores cifras jamás registradas”. Justamente, “el 77 % del incremento neto se concentra en Putumayo (cerca de 20.000 ha)” y el 6 % en Nariño; además, “los cultivos de coca en el departamento de Putumayo para Colombia aumentaron su área con coca 1,8 veces y para el departamento de Loreto en Perú 1,5 veces entre el 2018 y el 2022”.

Se trata de un mercado que rodea al Ecuador, segmentado entre distintas organizaciones multinivel que buscan mejores rutas (por ejemplo, puertos como Guayaquil) y que no siempre preservan su gobernanza criminal. Esto “calienta la zona”, agrava la violencia y desplaza las organizaciones a países vecinos donde administran distintos tráficos ilícitos. Mantienen apoyos ocultos en el Estado y la sociedad.

La ilegalidad llena los vacíos de poder en zonas cuyo desarrollo sufre por políticas centralistas y neoliberales.

El crimen organizado ofrece un portafolio de servicios: seguridad, empleo e incluso justicia, como lo puede brindar la empresa privada (para quienes lo pueden pagar) u otrora lo hacían las guerrillas (para ganar confianza en las comunidades). Se trata de problemas que nunca se han atendido, que acrecienta una clase política despreocupada e irresponsable. Y no solo ocurre en Ecuador.

Región andina: sin cooperación en seguridad

La seguridad cooperativa se estancó junto con la integración regional: por ejemplo, el fracaso de la UNASUR, la escasa relevancia de la CAN y la ideologización de la política exterior; pero sí hay cooperación informal y en asuntos puntuales: acciones conjuntas entre fuerzas binacionales o trinacionales, patrullajes, operativos e incluso ejercicios de vigilancia en zonas fronterizas.

Por otro lado, organizaciones sociales y humanitarias desarrollan proyectos que salvan vidas de la violencia criminal. Hay esfuerzos del multilateralismo y de la academia que promueven el diálogo y llaman a la adopción de planes compartidos. Cabe anotar que no es fácil, pues si los mismos Estados no pueden articular sus entidades, mucho menos lo pueden hacer iniciativas aisladas sujetas a una financiación incierta.

Y es que seguimos sin visión regional de seguridad; prima la lógica nacional en Estados e instituciones, en cooperantes y agencias multilaterales.

Riesgos y oportunidades

Subjetivamente, es riesgosa la declaración de “conflicto armado interno” y la consecuente respuesta militar dentro de un estado de excepción, aunque estén objetivamente justificadas.

Ante la inseguridad objetiva, es esperable que la ciudadanía sienta temor y apoye políticas de mano dura; pero debe recordarse que, cuanta más seguridad, menos libertad o menos derechos: ese es un riesgo real para la democracia. Además, políticos y agentes externos aprovecharán la oportunidad de una percepción generalizada de inseguridad.

América Latina ha transformado sus relaciones cívico-militares, democratizando la seguridad y la defensa; esto se observa en el tratamiento civil de estos asuntos y de las protestas sociales.

También se decidió, en democracia, otorgar un lugar a las fuerzas públicas en el engranaje institucional. Además de que son indispensables para la soberanía, se reconoce que las fuerzas de seguridad son necesarias para garantizar los derechos; incluso, que pueden apoyar el desarrollo nacional.

Sin embargo, las entidades estatales tienen funciones definidas: por ejemplo, ministerios, funciones de policías y militares, unidades territoriales y organismos descentralizados. Todas contribuyen a una política estatal de seguridad orientada a la convivencia.

Mientras el mundo emprendía nuevas cruzadas como la lucha contra el terrorismo, las amenazas ambientales o el cibercrimen, el narcotráfico prosperó en Latinoamérica e, incluso, se diversificó hacia otras líneas de inversión, asociadas con rentas ilegales en territorios con escasa presencia del Estado y zonas fronterizas desatendidas.

La acción militar es legítima ante la percepción justificada de inseguridad; pero, por lo anterior, no es la solución definitiva, no por prejuicio antimilitarista, sino porque se trata de un problema estructural y de política pública con alcance regional.

Como en cualquier protocolo de asistencia humanitaria o emergencia, hay que atender lo urgente; pero tras el conflicto viene el posconflicto. Como dice la vieja tesis de la paz positiva, esto implica remover causas estructurales. Las fuerzas militares sirven para recuperar la institucionalidad en un caso excepcional, como lo establecen todas las constituciones del mundo; pero luego se requiere la capacidad y articulación del Estado.

La amenaza es compleja: requiere cooperación regional. Tenemos suficiente experiencia para actuar a mediano y largo plazo, y según una perspectiva regional andina. En este sentido, el Plan de Acción Resolutivo de los países de la Comunidad Andina sobre la delincuencia organizada trasnacional es un buen comienzo, más allá del acostumbrado bilateralismo (¿unilateralismo?) estadounidense en marcha.

Ecuador está en crisis; mientras el concepto de seguridad de los países andinos no ha evolucionado a una perspectiva regional; el crimen organizado trasnacional es el presente y la respuesta está retrasada. Esto justificó la declaración del conflicto.

La “mano dura” puede ser efectiva excepcionalmente y a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo. En este sentido, la política debe construirse en democracia, con la institucionalidad establecida y como una oportunidad para comprender y actuar con alcance regional andino.

Lea en Razón Pública: Inseguridad en Ecuador y en América Latina: ¿La era de la pacificación coercitiva?

Acerca del autor

Alexander Emilio Madrigal

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Pedagogía y Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito-Ecuador), docente-investigador del Grupo en Seguridad y Defensa, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de Colombia

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Alexander Emilio Madrigal

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Pedagogía y Magister en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito-Ecuador), docente-investigador del Grupo en Seguridad y Defensa, miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional de Colombia

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