Después del caso Santrich, el presidente convocó a los partidos, excepto a los de oposición, para negociar un “acuerdo nacional”: ¿quiere tener mayoría en el Congreso, reformar la Constitución, o deshacer el acuerdo de la Habana?
Yann Basset*
Un contexto agitado
Tras la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el sentido de que Jesús Santrich no sea extraditado, Colombia está pasando por un momento político agitado: Néstor Humberto Martínez, el fiscal general, María Paulina Riveros, la vicefiscal y Gloria María Borrero, la ministra de Justicia presentaron su renuncia.
A las renuncias anteriores se suma el revuelo que causó un artículo del New York Times sobre un posible regreso a los “falsos positivos” como política de defensa.
Después de la anterior cadena de sucesos, el presidente Duque convocó a los partidos políticos para negociar un “acuerdo nacional”. Pero no convocó a los partidos de oposición.
El propósito y el alcance de este acuerdo no son muy claros. Después de la primera reunión el lunes 20 de mayo con los partidos de Gobierno y los independientes, el clima no parece favorable para que la iniciativa desemboque en un acuerdo concreto.
Parte del problema radica en que no es clara la naturaleza misma del acuerdo: ¿es un pacto de gobierno, un acuerdo para reformar la Constitución, o una respuesta al acuerdo de paz?
¿Un pacto de gobierno?
El hecho de que Duque no haya invitado a los partidos de oposición sugiere que está buscando un pacto de gobierno. Se trataría de lograr la coalición mayoritaria en el Congreso, que el Gobierno no ha sido capaz de armar hasta ahora.
Anteriormente analicé las dificultades que ha tenido el Gobierno para sacar adelante su agenda legislativa y su renuencia a formar una coalición en el Congreso. Esta situación ha dejado flotando la imagen de un Gobierno débil, un presidente que no asume un rumbo claro en un contexto de polarización creciente. Por eso también bajó la favorabilidad de Duque en las encuestas.
Al presentar la negociación del “acuerdo nacional” como una respuesta al caso Santrich, el presidente envió un mensaje de división y no de unificación.
Al presentar la negociación del “acuerdo nacional” como una respuesta al caso Santrich, el presidente envió un mensaje de división y no de unificación. Al fin y al cabo, el caso Santrich versa esencialmente sobre modificaciones a la administración de la justicia transicional en materia de extradición y narcotráfico.
Foto Facebook: Alvaro Uribe Vélez |
Incluso dejó la sensación de volver a poner sobre la mesa las objeciones a la ley estatutaria de la JEP que no lograron convencer al Congreso. Esto provocó reacciones negativas de los partidos liberal y de la U, quienes por tanto indicaron que no le apostarían a un acuerdo sin la presencia de la oposición.
Puede leer: Las objeciones contra la JEP: ¿quién debe defender la Constitución?
¿Reforma de la justicia?
El objetivo anunciado por el presidente deja entrever que, en efecto, más que un acuerdo para constituir coalición de gobierno, Duque busca una reforma constitucional en materia de justicia.
En esta dirección van la renuncia del fiscal general, el cambio de ministra del área, y el caso Santrich. A todas luces, tenemos un problema institucional en la administración de la justicia.
La crisis en la rama judicial no se limita a la extradición o a la lucha contra el narcotráfico, sino que abarca la corrupción en la rama y los conflictos de interés entre sus integrantes. No olvidemos que el magistrado Gustavo Malo fue capturado y actualmente está siendo investigado porque al parecer fue parte del cartel de la toga.
El sistema judicial ha sido incapaz de llevar a cabo la investigación sobre dineros de Odebrecht en las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Esta aparente falla del sistema judicial es el detonante que justificaría hacer de esta reforma un propósito nacional que necesita de la participación de todas las fuerzas políticas.
Ahora bien, un propósito de esta naturaleza implica una reforma constitucional, es decir, un cambio profundo de las mismas reglas de juego. Esta reforma iría de la mano con lo que propuso Duque en materia de Justicia durante la campaña electoral.
Lea en Razón Pública: Los partidos bajo Duque: debilidad y fracturas internas.
¿Constituyente?
Pero para cambiar las reglas del juego se necesita el acuerdo de todos los jugadores, o al menos, un amplio consenso sobre el tema. Hoy, tal consenso no existe, y empezar la discusión excluyendo a los partidos de oposición no parece una buena forma para llegar a tenerlo.
Más que un acuerdo para constituir coalición de gobierno, Duque busca una reforma constitucional en materia de justicia.
Algunos integrantes de Centro Democrático pusieron sobre la mesa la posibilidad de una constituyente. Esta propuesta suena más a la intención de pasar reformas a la fuerza por encima de la minoría. Llevar a cabo una constituyente no es una manera sana de pensar las reformas constitucionales en el contexto actual, y por lo demás, no es factible dados los requisitos para usar este mecanismo (Fernando Cepeda profundiza en este punto en esta misma edición de Razón Publica).
¿Una reforma al acuerdo de paz?
Al final, no queda tan claro que el Gobierno piense en una reforma de ese alcance, y menos el partido del presidente, que más bien insiste en modificar el acuerdo de paz.
De hecho, al salir de la reunión del lunes, el senador Álvaro Uribe, quien representaba al Centro Democrático, sugirió que el propósito del acuerdo nacional sería reformar el acuerdo de paz, mencionando el tema de la participación política de la FARC.
Foto: Facebook FARC |
En el fondo, esta es la verdadera manzana de la discordia. Aunque el presidente asegura que cumplirá con el acuerdo de paz, el Centro Democrático nunca lo aceptó. Para el Centro Democrático, la victoria del No en el plebiscito y su posterior triunfo en las elecciones presidenciales lo legitiman para ignorar el acuerdo. Sin embargo, el acuerdo que aprobó el Congreso fue fruto de una renegociación después del plebiscito. Es claro que la legitimidad del acuerdo salió debilitada de estos episodios.
Puede leer: Objeciones, sin razones y elecciones.
Pero el Centro Democrático no tiene mayoría en el Congreso para modificar, y menos para ignorar el acuerdo, como lo sugiere el fracaso de las objeciones presidenciales. Tampoco parece claro que la tenga en la opinión pública que sigue apegada a la paz, y tiene una imagen cada vez más negativa de Uribe.
Si no fuera por la insistencia de Centro Democrático sobre el acuerdo de paz, el presidente hubiera podido encontrar en los partidos independientes la disposición para lograr una coalición. Este impasse es el que, en el fondo, afecta la vida política del país, y no deja avanzar la agenda del Gobierno.
En esta perspectiva, el verdadero acuerdo que necesitan el Gobierno y el país no es entre los partidos políticos de gobierno e independientes, sino entre el Centro Democrático y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Por supuesto, esta posibilidad parece lejana e improbable; sin embargo, es difícil pensar otro escenario que pueda “desbloquear” la situación política que vive el país desde el plebiscito sin que estos dos partidos lleguen a un acuerdo.
Tal vez la ruptura entre Rodrigo Londoño e Iván Márquez anunciada esta semana abra una ventana para unos posibles avances en esta dirección, aunque, por otra parte, constituye una situación muy riesgosa para el proceso de paz.
*Profesor de la Universidad del Rosario, doctor en ciencia política de la Universidad de Paris III, director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos-UR.
