Después de un semestre caótico, se espera que el Congreso revise los decretos que expidió el Gobierno y tome algunas medidas para enfrentar la crisis.
Yann Basset*
Agenda abultada
Aunque el Congreso apenas pudo funcionar este semestre, y aunque el balance de leyes o ejercicio del control político hubiera sido lánguido, las tareas que esperan a la nueva legislatura son tan urgentes como complejas e importantes. Los principales temas anunciados se refieren a
- La renta básica
- Las medidas laborales y ayudas sectoriales
- La salud
- La reforma política y judicial
La “renta básica” y sus complicaciones
Como respuesta a la crisis económica hay un consenso en torno a la necesidad de un programa de renta básica.
Es importante recordar que el Congreso no consideraba este tipo de medidas antes de la pandemia; pero desde las primeras semanas del Estado de Emergencia, esta propuesta circula entre los congresistas y ya ha recibido numerosas adhesiones.
Desde la oposición hasta el partido del presidente, todas las fuerzas políticas apoyan esta idea. Inclusive el ministro de Hacienda expresó inicialmente su acuerdo.
Paro la unanimidad acerca de la medida no debería ocultar las numerosas y decisivas diferencias entre distintas versiones de la “renta básica”, que sin duda serán objeto de grandes debates y ocuparán buena parte de la agenda.
La propuesta del Gobierno parece limitarse a ampliar la vigencia del programa de Ingreso Solidario, que consiste en un apoyo mensual de 160.000 pesos para hogares muy pobres. El presidente ya anunció, en la apertura del Congreso, que este programa se extendería al menos hasta junio de 2021.
Ingreso Solidario representa un esfuerzo presupuestal y logístico muy importante para el Gobierno, pero está lejos de ser un programa de renta básica. Si bien beneficia a casi tres millones de familias, sigue siendo un programa destinado a favorecer a los más pobres.
En sentido estricto una renta básica beneficiaría a todos los ciudadanos independientemente de su nivel socioeconómico y lo haría de manera individual, no grupal.
Algunos subrayan que la renta básica busca responder a una crisis que creó una situación de incertidumbre y vulnerabilidad también para la clase media, y no solo para los más pobres, quienes también se beneficiarían de los programas focalizados.
Otros dicen que un monto de 160.000 pesos mensuales por hogar es insuficiente para atender la crisis que viven muchas familias. Por tanto, habrá que realizar arbitrajes delicados que prometen grandes controversias políticas.
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Reformas laborales y ayudas sectoriales
Un tema más espinoso es la reforma laboral. La coalición del Gobierno parece decidida a mover el tema, en particular el Centro Democrático y Cambio Radical. La idea sería estimular la creación de nuevos empleos formales mediante una flexibilización del derecho laboral.
El tema promete ser controversial, aunque los detalles aún se desconocen. Es probable que exista más conflicto entre el oficialismo y la oposición sobre este punto que sobre la renta básica.
Por un lado, estarán quienes consideran que la reforma es indispensable, debido a los empleos destruidos durante la pandemia. Por el otro lado estarán quienes la ven como un ataque a los derechos de los trabajadores.
Asimismo, la crisis económica aumentará la presión proteccionista de los gremios sobre el Congreso. Varias bancadas barajan propuestas para ayudar a ciertos sectores en dificultad, particularmente en el agro.
Normalmente el Gobierno rechazaba estas propuestas y se comprometía con el comercio internacional. Pero ahora el contexto de repliegue proteccionista que se observa en el mundo y la revaloración de los circuitos cortos de producción pueden beneficiar estas propuestas.
En todo caso, estos temas auguran muchas disputas entre los sectores empresariales, los sindicatos, el Gobierno y las bancadas.
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La salud
Una reforma a la salud es indispensable.
En estos momentos el sector sufre la prueba de fuego de la atención a la pandemia y ya muestra sus límites. Parte de la oposición criticó la ley 100 y el papel de las Empresas Promotoras de Salud en la crisis, pero el Gobierno quiere apenas algunos ajustes, sin cambiar el sistema.
Cambio Radical estará al frente de esta discusión y pondrá a prueba la fortaleza de la nueva coalición del Gobierno (aunque este partido es supuestamente independiente, la entrada de Fernando Ruiz al Gobierno lo ubicó en la nave oficialista).
En todos estos temas, el Gobierno podrá comprobar la solidez de su mayoría ampliada que inauguró al principio del año y que no pudo poner del todo a prueba hasta ahora.
El retorno de las reformas política y judicial
Finalmente, algunos le apuestan nuevamente a la reforma política, en particular el partido Liberal y el partido de la U. El escándalo de la “Ñeñepolítica” puso sobre la mesa la necesidad de atacar la corrupción electoral y controlar la financiación de la vida política.
Las propuestas que circulan no son nuevas: lista cerrada y voto obligatorio, entre otras cosas. Estas medidas fueron ampliamente debatidas entre los expertos que las apoyan y las tentativas de promoverlas en el pasado reciente no incitan al optimismo.
A menos de que los escándalos sigan propulsando el tema en la agenda pública, no se ve muy bien qué llevaría a cambiar las reticencias del Congreso en esta materia.
Lo mismo puede decirse de la reforma a la justicia promovida por Cambio Radical o el Partido de la U. Sobre esto también se debatió ampliamente, en particular sobre algunas medidas para garantizar un mejor acceso a la justicia para los colombianos: descongestionar los tribunales y disminuir la corrupción, sin embargo, los intentos recientes no fueron concluyentes.
La reforma a la justicia siempre produce muchas peleas que podrían ser avivadas este semestre por las postulaciones que el Congreso tendrá que hacer: nuevo Procurador (por el Senado) y Defensor del Pueblo (por la Cámara), además de algunas sillas en las altas Cortes. Si añadimos a eso que la crisis económica y social focalizará la atención, la situación no se ve propicia para una reforma a la justicia.
Lo que no se menciona
Los temas referentes a la ejecución del acuerdo de paz o a una eventual negociación con el ELN u otros grupos parecen relegados en la agenda de las bancadas. Solo el Centro Democrático insiste en el tema con una propuesta para que los delitos ambientales no sean conexos a los delitos políticos.
La ausencia de estos temas es preocupante porque la violencia contra los líderes sociales y los desmovilizados sigue, pero puede ser una buena noticia para el Gobierno puesto que estos temas han dividido su coalición y paralizado su agenda en su primer año y medio en la presidencia.
