El Comité del Paro enfrenta un dilema y el gobierno se encuentra arrinconado. ¿Qué tan fácil es que lleguen a un acuerdo y cuáles son las opciones de cada uno?
Yann Basset*
Una prueba de fuerza
En una democracia, un paro es como una prueba de fuerza arbitrada por la opinión pública. De ahí la importancia de dos encuestas robustas que fueron publicadas en la tercera semana de manifestaciones: la del Centro Nacional de Consultoría (CNC) dedicada exclusivamente al paro y la de Invamer, más general, pero con un capítulo destinado al mismo.
Estos estudios merecen una lectura minuciosa, pero a grandes rasgos podemos decir que la balanza se inclina a favor del paro.
Consciente de este balance, el gobierno finalmente aceptó reunirse con el Comité Nacional del Paro. Se abrió por tanto una etapa difícil de negociaciones en la cual ambas partes, por razones distintas, tienen interés de llegar a un acuerdo rápido. Pero son varios los obstáculos que enfrentan.
El dilema del comité del paro
Raras veces los organizadores de un paro están en condiciones de lograr todas sus pretensiones. Si tratan de llevar el movimiento a sus últimas consecuencias, corren el riesgo de cansar a la opinión pública. Pero si ceden demasiado rápido, sin haber obtenido concesiones aceptables, puede que se vean desbordados por sus bases.
De modo que, como dijo alguna vez el dirigente del Partido Comunista Francés Maurice Thorez, “hay que saber terminar una huelga”. Pero en este caso el Comité se enfrenta a dos circunstancias igualmente problemáticas.
Por un lado, tiene que evitar el desgaste de la protesta, sobre todo cuando se acercan las fiestas de fin de año, que llevarán a mucha gente a pensar en cosas distintas de protestar, e inclusive a dar más visibilidad a las quejas de los comerciantes y ciudadanos afectados por las marchas.
Hasta ahora, las cifras muestran un ambiente positivo para los organizadores del paro. Según el CNC, la mayoría de los ciudadanos lo apoya, pues tiene un 55% de opinión positiva contra un 40% de negativa. Además, el comité sale con una imagen favorable de 60%.
Sin embargo, existe también una mayoría —60%— en favor de levantar el paro, y el 57% cree que se va a resolver en el plazo de una semana. La encuesta de Invamer indica que, si bien la opinión favorece la protesta pacífica, no acepta los cortes de vías —67%—, y se siente afectada por el paro —52%—.
En otras palabras, los organizadores del paro se benefician del apoyo de la opinión, pero este apoyo tiene límites. Por tanto, el Comité tiene que aprovechar esta posición de fuerza para negociar antes de que llegue el desgaste previsible.
Foto: Cortesía Jonathan Santos
Las marchas ya completan casi tres semanas y la mayoría de las personas tiene una opinión favorable sobre el paro.
Pero eso no es todo. El Comité es consciente de que la movilización lo desborda. Según el CNC, 47% de la gente se siente representada por ese comité, pero el 51% no lo siente así. Hay por tanto una minoría importante que apoya el paro, pero no reconoce el liderazgo del Comité.
Lo anterior implica un riesgo para el Comité: si se llega a un acuerdo que no es aceptado por las bases, la protesta podría seguir de forma esporádica y desorganizada, desbordando al comité que tanto tuvo que luchar para ser reconocido como el interlocutor del gobierno.
Por todo lo anterior, al Comité le interesa que el paro acabe en un plazo relativamente corto, pero necesita algún logro para mostrar: Y dado el carácter impreciso y tan diverso de las demandas, esta sería una tarea complicada.
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El gobierno arrinconado
Al otro lado de la mesa, el gobierno es consciente de que está perdiendo el pulso.
Ninguna de sus acciones ha logrado deslegitimar la protesta: ni las denuncias de violencias, infiltraciones, y tentativas de desestabilización política que ha usado ampliamente y desde antes del para inculcar el miedo; ni el uso compulsivo y excesivo de la represión en los primeros días de las protestas; ni siquiera la promulgación del toque de queda.
Al contrario, el paro sigue demostrando un alto nivel de movilización después de tres semanas, y se ha ganado el apoyo de la opinión llamando a la no violencia, y mediante manifestaciones creativas y simpáticas, como el “cacerolazo sinfónico”.
De hecho, los colombianos asocian el paro con un sentimiento ante todo de esperanza —41% según el CNC como la primera opción entre varias posibles, y 71% como respuesta a una propuesta cerrada—, y solo el 20% sienten angustia.
Además, la opinión pública rechaza la forma como el gobierno ha manejado el paro. Según el CNC, solo el 23% de los encuestados considera que el presidente o el gobierno nacional lo han manejado bien. Las malas noticias no paran:
- El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla es responsabilizado por las demandas que se expresan en el paro, y su imagen negativa pasó de 30% antes a 42% después de comenzar el paro.
- La imagen del presidente Duque sigue desplomándose, llegando a un 24% de opiniones favorables, según Invamer.
- Y quizás más significativo, su mentor político, el expresidente Uribe, quien es el principal blanco del rechazo de muchos manifestantes, llega a un piso histórico de 26% de favorabilidad.
Otro motivo de preocupación para el gobierno consiste en que la “clase empresarial”, que normalmente goza de una imagen positiva en Colombia, obtiene por primera vez en el siglo un saldo desfavorable —44% favorable favorable y 49% desfavorable, cuando en agosto el margen era positivo por 13 puntos porcentuales—.
Foto: Facebook Iván Duque
Duque y el comité del paro se enfrentan a varios dilemas, entre esos ¿Qué tanto pueden ganar y no ceder?
Esto sugiere que la opinión considera a los gremios como corresponsables de la reforma tributaria y de los proyectos en materia laboral y pensional. Así que la voluntad del presidente de involucrarlos en las negociaciones del paro puede tener efectos adversos para ellos.
En estas circunstancias es posible que el gobierno empiece a recibir presiones del sector empresarial, que se ha mostrado como su principal aliado, para encontrar soluciones al paro.
¿Qué cartas le quedan al gobierno?
El gobierno está sin duda en una posición débil, y necesita encontrar una salida rápida a la crisis. Después de la indignación causada por la muerte del joven Dilan Cruz, alcanzado por el disparo de un policía del ESMAD, la carta de la represión ya no es una opción.
La carta del desgaste, que en algún momento pareció dispuesto a jugar, también es muy arriesgada, porque si bien podría deslegitimar al Comité del Paro, profundizaría la fractura generacional que han mostrado estas movilizaciones.
Más allá de las organizaciones que lo convocaron, el paro es ampliamente apoyado por los más jóvenes. El 70% de los encuestado entre 18 y 25 años tienen una opinión positiva sobre el paro. Se trata de una población muy propensa a la movilización y con la cual los canales de diálogo son frágiles. Por tanto, no parece aconsejable profundizar el malestar con ellos.
Queda la carta de la negociación con el Comité, sin renunciar a un dialogo de mayor alcance con la sociedad civil en general, y tratando de buscar soluciones puntuales a las reivindicaciones.
La dificultad radica en que nos encontramos ante un rechazo general a las orientaciones del gobierno, más que ante un conjunto de medidas puntuales que éste pueda tomar o derogar. Esto quedó claro después de las dos primeras sesiones de discusión, que desembocaron en una petición al Comité de precisar sus demandas.
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El camino del gobierno, más allá del paro
Al margen de lo que se decida en estas negociaciones, y del probable apaciguamiento de los ánimos que pueda traer la temporada navideña, este paro marcará un antes y un después para el gobierno. Aun si se logra un acuerdo para levantar el paro, es poco probable que con eso remedie un malestar general en contra del gobierno, particularmente profundo entre los más jóvenes.
Por otra parte, el presidente ya no podrá ignorar los llamados a ampliar su base política. El gobierno necesita una mayoría para funcionar y recobrar algo de gobernabilidad. No puede seguir atrincherado en un sector político minoritario y radical que es claramente rechazado por los manifestantes y también por la opinión. Mucho menos cuando este sector ha demostrado no ser un aliado confiable, llegando incluso a pedir la renuncia del presidente en boca de Fernando Londoño —algo a lo que el Comité nunca se atrevió—.
Foto: Cortesía Jonathan Santos
Los jóvenes han sido el principal músculo de las movilizaciones. ¿Pero cómo se negocia con ellos?
Las negociaciones con Germán Vargas Lleras, que parecen destrabar la ley de financiamiento, muestran el único camino político viable a pesar de que el presidente no lo quiera admitir. Esto llevará, tarde o temprano, a unos cambios en el gobierno.
En el plano social, queda abierta la “gran conversación”, aun si la negativa del Comité a jugar en este escenario opacó momentáneamente la iniciativa. A propósito, los colombianos están divididos al respecto, 48% la ven de forma positiva y 47% de forma negativa según el CNC.
Sería ideal que, logrado un acuerdo para poner fin al paro, el gobierno pueda convencer a las organizaciones para que se integren a la conversación. Pero ni los sindicatos, ni los gremios, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni los expertos serán suficientes para que este dialogo pueda desembocar siquiera en un diagnóstico útil del profundo malestar que se manifestó en este fin de año.
El presidente tendrá que recurrir a herramientas de democracia deliberativa desde y para la ciudadanía que, por el momento, brillan por su ausencia en esta “gran conversación”. Si no lo hace, esto se quedará en una discusión inocua y el gobierno habrá perdido otra ocasión de conectarse con la opinión pública.
*Director del Grupo de Estudios de la Democracia DEMOS UR, Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.