Otra vez se discute la posibilidad de unificar los mandatos regionales con el período de los congresistas. ¿Es en serio, o es una travesura que vuelve a ilusionar a los políticos?
Yann Basset*
Un debate que no será
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que unificaría las fechas de las elecciones legislativas y locales. Harían falta entonces tres debates en la legislatura que termina en diciembre, y otros cuatro en la legislatura del año entrante.
Las reacciones, en general muy adversas, no se han hecho esperar. Las críticas aluden sobre todo a la modalidad de la transición prevista, que consistiría en prorrogar los mandatos de las actuales autoridades locales hasta 2022, para que en esa fecha sean renovadas simultáneamente con los congresistas.
Los críticos denuncian con razón el carácter anticonstitucional y antidemocrático de la medida, y todo parece indicar que muchos de los que votaron a favor lo hicieron para que los actuales mandatarios se quedaran en sus puestos y no por considerar que la elección simultánea de las autoridades locales y el Congreso sea algo positivo.
Así las cosas, el debate quedó relegado a un pulso político, y es casi seguro que no irá mucho más lejos. Pero “todo puede ser”, y en cualquier caso vale la pena examinar este tema para el público interesado en cuestiones institucionales.
Coqueteando con los duelos de los votos
 Gobernadores en la pasada Cumbre de Gobernadores. Foto: Gobernación de Cundinamarca |
Si queremos unificar las elecciones de las autoridades locales (gobernadores, Asambleas, alcaldes, Concejos y Juntas Administradoras Locales) con las del Congreso, la forma apropiada sería elegir en octubre del año próximo autoridades locales para un mandato más corto, de dos años y medio, que serían reemplazadas en las elecciones de marzo de 2022.
El Congreso no puede cambiar las reglas del juego sobre la marcha o modificar a su antojo los mandatos de autoridades que han sido elegidas con anterioridad. Esto sería burlar la voluntad de los ciudadanos que eligieron a sus mandatarios para cuatro años en 2015, no para seis y medio.
Alargar el período de esos funcionarios afectaría los derechos políticos a elegir autoridades locales, sin hablar del conflicto de intereses de los congresistas que buscan la reelección y que podrían “cobrar” este “favor” a los alcaldes prorrogados en su campaña de 2022.
La forma apropiada sería elegir en octubre del año próximo autoridades locales para un mandato más corto.
No es la primera vez que se busca alargar el mandato de las autoridades locales. Esta ha sido una idea persistente entre gobiernos y congresistas que tratan de obtener el apoyo político o electoral de alcaldes y gobernadores en funciones.
La última tentativa ocurrió cuando el primer gobierno Uribe trató de incluir una pregunta sobre este tema en su referendo de 2003.
Sin embargo estas propuestas no pasan de ser lo que podríamos llamar coloquialmente unas “lagartadas platónicas”. Los congresistas saben que la medida tiene pocas posibilidades de pasar los ocho debates necesarios en el Congreso, y mucho menos de salir bien del control de constitucionalidad de la Corte.
Así que toda esta batahola no pasa de ser un guiño a los mandatarios locales.
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Gobernabilidad vs. representatividad
Dejando de lado el tema polémico de la transición, ¿qué tan conveniente sería unificar las fechas de elección y los períodos de mandato de las autoridades locales y del Congreso?
Podemos acercarnos al tema a través del dilema clásico entre representatividad y gobernabilidad: la elección simultánea suele defenderse porque aumenta la gobernabilidad, y la elección separada porque aumenta la representatividad.
La ponencia del Proyecto de Acto Legislativo en la Cámara no es la excepción. Según dicen sus autores, la elección y el mandato unificados permitirían coordinar o articular mejor los procesos de planeación nacional con los procesos locales.
Cuando un nuevo gobierno nacional es elegido, este elabora un plan de desarrollo nuevo mientras que las Alcaldías y Gobernaciones siguen funcionando sobre la base de planes sectoriales articulados al plan nacional anterior. La medida se defiende por lo tanto desde una visión tecnocrática en nombre de los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad fiscal. Se trata de evitar incoherencias e ineficiencias entre los planes locales y el plan nacional de desarrollo.
Pero ese argumento va en contravía del discurso político de la descentralización y el principio de autonomía de las entidades territoriales. Detrás de la voluntad razonable de poner orden en el proceso de planeación, subyace el peligro de reforzar el carácter “tutelar” del Departamento Nacional de Planeación sobre las Alcaldías y Gobernaciones.
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El supuesto equivocado
 Algunos de los alcaldes en la Cumbre de alcaldes Foto: Alcaldía de Bogotá |
Además es importante anotar que no estarían garantizados los resultados que el proyecto pretende lograr.
La ponencia parte de suponer que las elecciones simultáneas aumentan la probabilidad de que los mandatarios locales tengan una línea política afín al gobierno nacional, lo cual facilitaría concertar sus respectivos planes de desarrollo. Pero este supuesto bien puede ser equivocado, por dos razones:
- Porque la simultaneidad se daría con el Congreso, no con el presidente, que se seguiría eligiendo dos meses después, y,
- Porque se trata de una simultaneidad “baja”: el hecho de que los electores elijan al mismo tiempo a los congresistas y a las autoridades locales no significa que vayan a votar por los mismos partidos o tendencias en ambos casos -salvo que se considere en serio la opción del voto único partidista que se discute en el debate de la reforma política (y cuyos posibles efectos he discutido en otra parte)-
Imaginemos por un instante que hubiéramos tenido que elegir a las autoridades locales en marzo pasado junto con el Congreso. En el caso de Bogotá, por ejemplo, los resultados sugieren que hubiera ganado un candidato de izquierda, posiblemente con un programa que incluyera el regreso al proyecto de metro subterráneo. Esto no necesariamente facilitaría la concertación con un gobierno nacional elegido para acabar con el Estado “derrochón” y reducir los impuestos.
Estas propuestas no pasan de ser lo que podríamos llamar coloquialmente unas “lagartadas platónicas”.
De modo que, lejos de articular los procesos de planeación, la simultaneidad podría crear un choque de legitimidad entre mandatarios locales y el gobierno nacional, que hoy se ve atenuado por la distancia entre ambas elecciones.
Argumentos débiles
Los otros argumentos de la ponencia a favor de la simultaneidad son menos interesantes.
Se habla de los efectos de la Ley de Garantías (la que se aplica en tiempos de elecciones con el fin de evitar los abusos de las autoridades). Estos abusos pueden ser efectivamente problemáticos, pero pueden limitarse con métodos distintos de la unificación del calendario. Podrían hacerse ajustes a la Ley de Garantías (justificados por la supresión de la reelección presidencial), sin tener que acudir a la simultaneidad.
También se dice (pero es mera especulación) que la simultaneidad bajaría el costo de los procesos electorales. El argumento del costo de las elecciones se ha vuelto una peligrosa moda en el debate público que nunca parte de un examen serio de los costos y gastos de la Registraduría en este rubro. Más bien utiliza atajos demagógicos para pedir recortes de los derechos políticos de la ciudadanía pretendiendo cancelar elecciones, consultas u otros mecanismos de participación ciudadana.
Los otros efectos esperados por los ponentes, es decir, el fortalecimiento de los partidos y la transparencia de las elecciones, están muy pobremente argumentados. En realidad, la medida puede ser muy contraproducente desde varios puntos de vista:
- Para los partidos, la simultaneidad aumentaría la probabilidad de someterlos a presiones y lealtades contradictorias entre lo nacional y lo local.
- No se entiende muy bien como podrán ser más transparentes unas elecciones donde se distribuirían hasta siete tarjetones (Senado, Cámara, gobernador, Asamblea, alcalde, Concejo, JAL), sin hablar de las posibles consultas de precandidatos presidenciales.
- Para la Registraduría se haría más complejo el escrutinio y tendría más presiones o posibles denuncias de fraude (que se han vuelto algo habitual).
- La polarización en las elecciones locales suele tener efectos graves en el orden público de algunos municipios, con frecuentes asonadas, un fenómeno que no se ve tanto en las elecciones legislativas. Con la simultaneidad se afectarían también estas últimas, con consecuencias potencialmente más graves sobre los resultados.
En resumen: facilitar el proceso de planeación es el gran argumento a favor de unificar los calendarios electorales y periodos de mandato del Congreso y de las autoridades locales. Esto podría ser cierto en algunos casos pero no en otros muchos. Más aún: la reforma eleva el riesgo de aumentar los conflictos alrededor de las elecciones.
Y además esta reforma contradice la lógica de la descentralización. Los ejemplos de otros vecinos latinoamericanos parecen confirmarlo. La mayoría de los países organizan elecciones municipales y nacionales en fechas distintas, y las excepciones suelen darse en países pequeños como los de América Central o en la República Dominicana, en los cuales el centralismo no es tan problemático.
Las ventajas del proyecto son por lo tanto discutibles y, en todo caso, no justifican una forma de transición que va en contra de los principios básicos de la democracia.
* Profesor de la Universidad del Rosario, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Paris III, director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos-UR.
