No se trata tan solo de que las FARC anuncien que no reclutarán más niños, niñas y adolescentes. Ellos deben ser cobijados por un programa especial que garantice sus derechos, que tiene que planearse desde ya, y que sea parte medular del posconflicto.
Rocío Rubio Serrano*
Saldo en rojo
Este viernes 12 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Mano Roja, que busca crear conciencia sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra.
La escogencia del día no fue gratuita. Hace 14 años en esa fecha entró en vigencia el Protocolo relativo a la participación de niños y niñas en los conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño, que declara a toda persona menor de 18 años como sujeto de derechos, y que demanda su protección integral.
El Protocolo prohíbe el reclutamiento de menores de edad tanto por fuerzas estatales como por grupos armados ilegales, y solicita adoptar las medidas necesarias para prevenir su vinculación a los conflictos armados, así como la liberación de los reclutados y su reintegración a la vida civil.
En el mundo son aproximadamente 300.000 los niños y niñas que han sido reclutados por grupos armados. Desafortunadamente, Colombia hace parte de los 17 países incluidos en esta cifra, con niños en la guerra, en su mayoría de zonas rurales y marginales.
Es más. A pesar de los anuncios desde La Habana (des-escalamiento del conflicto, acuerdo sobre justicia transicional que incluye los derechos de las víctimas, verificación y fin del reclutamiento ilícito), Colombia continuará estando en esa lista porque aunque las FARC firmen la paz, seguirán operando otros actores violentos como el ELN o las bandas criminales.
El Día de la Mano Roja nos recuerda la tragedia de muchos niños y niñas y lo poco que hacemos para remediar esa tragedia. Por eso los colombianos debemos exigir su liberación total, formal y controlada por parte de las FARC.
Niños en las FARC
 Delegación de Paz de las FARC en La Habana, Cuba. Foto: FARC-EPaz |
En febrero de 2015, las FARC anunciaron la liberación de los menores de 17 años que hubiera entre sus filas. Un año después no se tiene un censo confiable de los integrantes de esta edad en sus frentes, ni se conoce, públicamente, de su liberación. Este 10 de febrero, la negociadora Victoria Sandino comunicó que las FARC le pondrían “fin a la incorporación de menores de 18 años a sus filas”. La intención es esperanzadora, pero debe convertirse en una realidad manifiesta, al igual que la liberación de los reclutados.
En el mundo son aproximadamente 300.000 los niños y niñas que han sido reclutados por grupos armados.
Conviene recordar que las FARC han reclutado menores por debajo de los 15 años, que es la edad límite según sus estatutos. En las estadísticas oficiales, que hasta diciembre de 2015 reportaban la atención de 5.923 desvinculados, llaman la atención tres datos:
- La edad de reclutamiento tiende a ser cada vez más baja. Incluso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido casos de niños de siete años. Si bien no son la mayoría, estos casos nos alertan sobre lo degradado del conflicto armado, sobre las graves violaciones contra los derechos de la infancia y sobre la pervivencia de crímenes de guerra.
- Hay una tendencia en aumento al reclutamiento de niños que pertenecen a comunidades étnicas. Este fenómeno no solo vulnera los derechos individuales sino los colectivos y pone en riesgo la diversidad étnico-cultural de la nación. Al respecto, la Procuraduría advirtió en 2010 que existen pueblos como el Hitnü, que habita zonas rurales de Arauca, en riesgo de desaparecer física y culturalmente a causa del reclutamiento ilícito.
- El principal grupo reclutador de menores de edad en Colombia son las FARC, con el 61 por ciento de los casos. En muchos departamentos este grupo es responsable de más del 75 por ciento de los reclutamientos (regiones que además coinciden con las jurisdicciones de las eventuales zonas de concentración).
Mala experiencia pasada
La desvinculación de niños y niñas de las FARC es un ejercicio que amerita ser anticipado, diseñado cautelosamente y llevado a cabo de modo paralelo a la desmovilización de los adultos. Este no puede ni debe hacerse por la puerta de atrás, como sucedió en las 32 ceremonias colectivas de desmovilización de los grupos paramilitares durante las negociaciones del gobierno Uribe.
En su momento varias organizaciones, como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Procuraduría General de la Nación e incluso la ONU, denunciaron aquella situación. Por eso sería imperdonable repetir los errores de pasado, como cuando en las negociaciones se ocultó la existencia de niños y niñas en las filas paramilitares. Ellos y ellas quedaron a su deriva, sin protección y prontamente fueron capturados por otros actores armados. Quedó en claro que el Estado no tenía entre sus planes su búsqueda después de producirse las desmovilizaciones.
Es verdad que un porcentaje pequeño de los reclutados ha logrado hacerse reconocer como víctimas en los procesos de Justicia y Paz. Entre estos algunos gozan de reparación administrativa, sin que mediara un proceso de restablecimiento de derechos, reintegración promisoria y reparación integral. Por otra parte muchos de los hoy jóvenes (ayer niños soldados) revindican un habitus bélico y solicitan ser tratados como combatientes, no como criminales. Este fue el caso de quienes fueran reclutados por “el Alemán” en el Urabá antioqueño y el Darién chocoano.
El turno de las FARC
Ya cerca de firmarse el acuerdo con las FARC, urge que las necesidades de niños y niñas sean reconocidas como una prioridad en el camino nacional hacia la paz estable, duradera, sustentable y sensible a sus derechos. Estas necesidades no pueden ser usadas por los opositores al proceso de La Habana que interesadamente reclaman la desvinculación de los “menores”, pero tampoco por sus defensores que posponen la solución o minimizan la criminalidad del problema en aras a facilitar las negociaciones.
Estos niños deberían estar estudiando, jugando y gozando del amor de sus familias.
Como aporte a la reconstrucción de la memoria histórica y al derecho de las víctimas a la verdad, la comandancia de las FARC debe reconocer que reclutaron a personas que no alcanzaban la mayoría de edad, sin más excusas ni más justificaciones. Como también deben precisar el número de reclutados y enviar mensajes claros sobre su liberación formal, controlada y diferenciada a cada uno de sus frentes.
La sociedad colombiana por su parte debe acogerlos, protegerlos y atender su condición de víctimas del conflicto. Estos niños deberían estar estudiando, jugando y gozando del amor de sus familias, no portando fusil, vistiendo de camuflado y participando de operaciones armadas.
La verificación por parte de Naciones Unidas debe ser rigurosa en este punto e incluir un enfoque tanto diferencial como territorial y comunitario. La entrega de niños y niñas debe ser prioridad para las partes, que deben evaluar cada uno de los casos. No hay que olvidar que muchos adolescentes ingresaron a la guerrilla con sus familias de origen, otros han conformado familias en la guerrilla y unos más no cuentan con familia.
Acción integral
 Según las cifras oficiales, el rango de edad de los reclutas en las filas de las FARC comprende desde niños de 7 años a adolescentes de 17. Foto: Facebook Delegación de Paz FARC-EP |
El Estado debe ir más allá del programa especializado del ICBF (que, dicho sea de paso, necesita revisarse) y más allá de los trámites que surten la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y la Unidad para las Víctimas para atender de manera efectiva e integral a estos niños y estos jóvenes.
Hay además que notar que muchos de los reclutados pertenecían a comunidades étnicas, algunas de las cuales rechazan a quienes vuelven de la guerra por considerarlos seres contaminados, mientras que otras manifiestan que no estarían en condiciones de absorber una desvinculación masiva. Por tanto haría falta un diálogo constructivo y vinculante entre las autoridades tradicionales y las instituciones de la paz.
O, más en general, hay que empezar a trabajar con las familias y comunidades receptoras para una real y efectiva inclusión de niños, niñas y adolescentes que dejan los grupos armados.
En síntesis, el proceso de reintegración e inclusión debe ser pertinente, asertivo, diferenciado e integral. Los niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados deben ser liberados de inmediato, y a todos ellos hay que garantizarles un futuro distinto de la guerra. Un día como el 12 de febrero nos recuerda que esta es una tarea de todos.
* Antropóloga, Magister en Estudios Políticos, rubiorocio55@hotmail.com
