Análisis necesario de dos de los argumentos más usados por los defensores de esta iniciativa: que muchas democracias lo usan y que es el mejor remedio contra la abstención. La evidencia internacional demuestra más inconvenientes que ventajas.
Yann Basset*
Para pensarlo mejor
Como ya lo anticipaba en mi pasado análisis para Razón Pública, el debate sobre el proyecto de reforma para el “equilibrio de poderes” derivó hacia nuevas propuestas, como la del voto obligatorio.
Al igual que los otros componentes del proyecto de Acto Legislativo – y de manera por supuesto lamentable- este mecanismo no se ha considerado a partir de un diagnóstico de la participación electoral en Colombia ni de estudios comparativos con otros países.
Tampoco está muy claro cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar. Por eso es conveniente hacerlo aquí.
 Puesto de votación. Foto:Registraduría Nacional del Estado Civil |
Los otros países
Uno de los argumentos más frecuentes de los promotores del voto obligatorio es que este desestimularía la compra de votos y la corrupción electoral. Sin embargo, no existen evidencias empíricas que muestren que este mecanismo sirva para eso.
Actualmente, existen entre 20 y 30 países que tienen voto obligatorio (con modalidades diversas) y la mayoría de ellos son latinoamericanos. Pero desafortunadamente, como bien sabemos, los países de la región no son precisamente modelos en materia de lucha contra el clientelismo y la compra de votos. Incluso podemos considerar a Argentina y a Brasil como dos de los casos paradigmáticos de estudio sobre estas malas prácticas, y ambos resultan tener voto obligatorio desde hace mucho tiempo.
Otro argumento en favor del voto obligatorio sostiene que quienes se abstienen de votar suelen ser personas de sectores sociales o regiones más pobres y que, obligándolos a votar, incitaríamos a los políticos a rendirles cuenta a estas poblaciones usualmente abandonadas a su suerte.
Este argumento puede parecer paradójico dado que América Latina es el continente más desigual del mundo y el que más práctica el voto obligatorio. Entre los países desarrollados, solo Australia y Bélgica tienen este mecanismo en vigencia.
Los municipios más abstencionistas coinciden en buena parte con los que han sido históricamente afectados por la violencia.
El contra ejemplo de Chile
Finalmente, estas comparaciones internacionales no pueden dejar por fuera el caso de Chile, un país que citamos mucho como ejemplo para Colombia pero que no tomamos en serio como modelo.
Chile ha recorrido el camino inverso al que pretende tomar Colombia, pues en 2012 suprimió el voto obligatorio que -y esto no debe pasar desapercibido- había sido impuesto por la dictadura de Pinochet.
La razón para hacerlo fue la conclusión de que el voto obligatorio había ayudado a la pérdida de legitimidad del sistema político chileno, y había favorecido el inmovilismo, la poca renovación política, y la pérdida de confianza en los partidos. En ese caso, el hecho de obligar a acudir a las urnas a una franja importante de votantes apáticos o poco interesados favoreció electoralmente a los candidatos ya conocidos o en busca de reelección.
Como agravante, la inscripción en el registro electoral no era automática en Chile (como lo es en Colombia), con lo cual se introdujo una frontera entre inscritos obligados a votar siempre y gente que no se inscribió nunca por temor a ser obligados a sufragar en todos los eventos electorales.
El voto voluntario adoptado por Chile hizo pasar la participación de 85,8 por ciento a 43,2 por ciento en las elecciones locales de 2012, y de 87,6 por ciento a 49,3 por ciento en la primera vuelta de la presidencial de 2013. Esto muestra de paso que las tasas de participación colombianas no son tan bajas si las comparamos con otros sistemas electorales.
Los argumentos que llevaron los chilenos a adoptar el sistema colombiano de voto voluntario con inscripción automática deberían ser motivos de reflexión para nosotros.
Pasar al voto obligatorio (incluso sin cambiar el método de inscripción automática en el registro electoral) podría producir los mismos efectos nefastos que los chilenos buscaron combatir, podría favorecer a los partidos tradicionales en detrimento de los pequeños, a través del famoso umbral, y hacer más difícil la aparición de nuevas fuerzas o figuras.
 Solo un 40% de los electores inscritos votaron en la primera vuelta de las elecciones del pasado 25 de mayo. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil |
Abstención en Colombia: ¿qué dicen las estadísticas?
Aun sin compararnos con otros países, el debate sobre un mecanismo como el voto obligatorio debería basarse en un diagnóstico fundamentado de la abstención en Colombia. En el Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario publicamos recientemente un pequeño estudio exploratorio que muestra que la abstención varía enormemente en todo el territorio, no solo en su nivel general, sino también en los diferentes tipos de elección.
Por lo tanto, sería un grave error considerar que la abstención se debe en todos los casos a la apatía del electorado, pues son varios los factores que influyen sobre ella. Veamos:
– Una primera enseñanza de este ejercicio es que los municipios más abstencionistas coinciden en buena parte con los que han sido históricamente afectados por la violencia (ver mapa). En los municipios en rojo, la participación oscila generalmente entre el 55 y 60 por ciento en las elecciones locales pero cae por debajo de 40 por ciento en las presidenciales y legislativas.
En los municipios en rojo oscuro, la participación suele ubicarse incluso por debajo del 30 por ciento para estos dos tipos de elecciones. Estos municipios son generalmente pequeños y agrupan una proporción limitada del electorado del país; sin embargo, plantean un desafío para el Estado y si este quiere obligar la gente a votar en estas zonas, tiene que garantizarles la seguridad que les hizo falta para votar libremente en el pasado reciente.
– Otro elemento que influye sobre el nivel de abstención es el tipo de elección. Si los colombianos que eligen el presidente de la República o el Congreso son menos de la mitad de los que tienen derecho a hacerlo, las elecciones locales atraen casi al 60 por ciento de los electores, y en muchos municipios pequeños del centro del país esta cifra puede alcanzar el 80 por ciento.
En la mayoría de los países suele ocurrir lo contrario: las elecciones nacionales atraen más votantes que las locales. Esto muestra que en Colombia los vínculos políticos suelen basarse en relaciones personales de confianza.
El contraste sugiere que las instituciones políticas nacionales tienen poca legitimidad a los ojos de una parte importante de la población, particularmente por fuera de las grandes ciudades y en las regiones más alejadas de la capital, donde la gente se desplaza a votar cuando siente que lo que está en juego les concierne directamente, pero no se identifica tanto con los grandes temas nacionales.
En esta lógica abstencionista la institución más afectada es, sin duda, el Congreso, ya que apenas poco más de 40 por ciento de los electores se desplaza a elegir sus congresistas. Esto explica probablemente que la iniciativa del voto obligatoria venga precisamente del Congreso, pero también nos lleva a preguntarnos: ¿puede el voto obligatorio ayudar a resolver el déficit de credibilidad que tienen ciertas instituciones a los ojos del electorado? Parecería ser más bien una “solución” como romper el termómetro para bajar la fiebre.
Los efectos colaterales
Finalmente, no olvidemos que en materia electoral cualquier modificación puede tener efectos sobre otras partes del sistema. En el caso del voto obligatorio, un primer elemento afectado serían los mecanismos de participación ciudadana como los referendos, consultas, revocatoria de mandatos, etc.
Dichos mecanismos tienen unos umbrales de participación para ser válidos y, si el voto obligatorio puede ser aplicado en elecciones ordinarias, su uso en estos casos produciría un cambio drástico de las reglas de juego que convendría revisar con mucho cuidado. De lo contrario, los mecanismos de participación ciudadana, hasta ahora poco efectivos, podrían convertirse en una fuente de inestabilidad institucional.
Convendría también observar el efecto que el voto obligatorio tendría sobre el voto blanco. Los partidarios del voto obligatorio argumentan que el elector que no desea votar por un candidato siempre tendrá la posibilidad de votar en blanco.
El debate sobre un mecanismo como el voto obligatorio debería basarse en un diagnóstico fundamentado de la abstención en Colombia.
No obstante, esto cambiaría implícitamente el sentido de esta opción, pues los efectos políticos del voto blanco se diseñaron sobre el entendido de que se trata de una manifestación de inconformidad con respecto a la oferta política, no de indiferencia.
Para terminar, la propuesta representa un desafío técnico enorme para la Registraduría, la cual deberá duplicar sus esfuerzos y recursos en muchas zonas para lograr que el voto obligatorio sea una realidad.
En cuanto al conteo, la difícil operación que suele durar varias horas y moviliza miles de jurados en todo el país se haría también más difícil. Además, la imposición del voto obligatorio atrasaría la adopción de los sistemas de identificación biométrica y voto electrónico.
Todos estos elementos sugieren que el voto obligatorio merece un análisis y un debate profundos, lo que no parece permitir el ritmo frenético que el Congreso ha impuesto al tratamiento de la reforma de equilibrio de poderes.
* Doctor en Ciencia Política, Profesor de la Universidad del Rosario. Director del Observatorio de Procesos Electorales. www.procesoselectorales.org
@yannbasset
