A pesar de la violencia, este año hay muchos menos municipios en riesgo electoral. ¿Cómo explicar esta contradicción, o qué de veras es lo que está pasando?
Yann Basset*
¿Menos riesgo?
El 1 de octubre, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó sus tradicionales mapas de riesgo para las elecciones regionales de este año.
Su mensaje sorprende. A pesar de la violencia en algunas regiones —que ya ha cobrado la vida de siete candidatos según la MOE, es decir, dos más que en 2015—, el número de municipios en riesgo disminuyó de manera significativa: en estas elecciones hay 152 municipios en riesgo, mientras que en 2015 había 204. ¿Qué pasó?
A cada riesgo su medición
Los mapas de riesgo de la MOE han suscitado varias reacciones. Hoy, varias instituciones publican sus propios mapas de riesgo, a veces con resultados más alarmistas y contradictorios. Por ejemplo, a principios de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo electoral sobre 418 municipios, es decir, cerca de 40 por ciento de los municipios del país.
Cada institución tiene una metodología propia en función del tipo de riesgo que quiere medir. La Defensoría, con un enfoque de derechos humanos, tiende a destacar la violencia por presencia de grupos armados, las amenazas, los asesinatos y hechos violentos, etc.
La MOE, por su parte, tiene la particularidad de combinar dos tipos de riesgos, el de la violencia y el del fraude electoral. El primer riesgo se mide con variables que la MOE llama “activas”, en la medida en que las mediciones son muy reactivas a los eventos que se presentan en la campaña y, por tanto, cambian a medida que avanza la contienda.
La “mejora” que registra la MOE debe entenderse en un marco de largo plazo.
Este tipo de riesgo se mide registrando (1) los hechos de violencia relacionados con las elecciones o contra líderes sociales; (2) la presencia de grupos armados ilegales; (3) el desplazamiento forzado y (4) las violaciones a la libertad de prensa.
En cambio, el riesgo de fraude se mide con variables “pasivas”, es decir, que dependen del comportamiento electoral pasado en los municipios. En este caso, se trata de evaluar la probabilidad de que se cometan delitos electorales sobre la base de la experiencia anterior.
Por eso, se toman en cuenta variables como el nivel de participación electoral, la variación de la participación de una elección a otra, el nivel de voto nulo y no marcado, el dominio electoral de una sola candidatura, la trashumancia electoral, etc. Para medir este riesgo, se observa el comportamiento de los municipios en las tres elecciones pasadas del mismo tipo. Por lo tanto, esta medición varía menos en el tiempo, porque se basa en patrones observados durante un largo período.
¿Por qué “hay menos riesgo”?
Este último tipo de medición tiene sus ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es observar el comportamiento del riesgo en un período más largo. Los mayores inconvenientes son el carácter reactivo de estas mediciones a la coyuntura, y el hecho de que se calculen con referencia a un promedio de alcance nacional.
La metodología de la MOE, que combina la medición del riesgo por violencia y por fraude, está pensada para lograr un equilibrio entre tomar en cuenta los eventos puntuales de la campaña, y al mismo tiempo, ubicarlos en un contexto histórico de largo plazo.
Ese contexto histórico de largo plazo explica, en gran medida, los “buenos resultados” que arrojan los mapas de riesgo de la MOE este año.
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Foto: MOE |
Para medir el riesgo por fraude de este año se analizó el comportamiento electoral de los municipios en las tres elecciones pasadas del mismo tipo: las elecciones locales de 2007, 2011 y 2015. A su vez, para crear el mapa de riesgo de 2015 se analizaron datos de 2003. Eso es importante porque las peores distorsiones del comportamiento electoral producidas por la parapolítica tuvieron lugar en la década del 2000. En esta etapa, las mediciones mostraban los efectos masivos del constreñimiento armado o de fraudes burdos que hoy ya no tienen equivalentes. La salida progresiva de la peor época de la parapolítica explica una “mejora histórica” del factor de riesgo por fraude.
Los mapas de riesgo de la MOE nos dibujan una realidad contrastada y complicada del proceso de paz.
Desde luego, esto no implica que ya no exista riesgo de fraude. Sabemos muy bien que las prácticas fraudulentas siguen vigentes en muchas zonas del país: el caso de Aída Merlano nos lo ha recordado. Sin embargo, estas prácticas son a la vez más discretas y menos eficaces que en el pasado, y ya no provocan distorsiones tan masivas en los resultados. Eso no significa que no los pueden alterar, y a veces, lo suficiente para cambiar el resultado a favor o en contra de uno u otro candidato.
Por lo tanto, la “mejora” que registra la MOE debe entenderse en un marco de largo plazo. Por otra parte, esa “mejora” también refleja los éxitos del Acuerdo de paz con las FARC, que sería fácil olvidar si miramos solo los casos espectaculares de falla.
Por ejemplo, la mayor zona de mejora destacada por los mapas de la MOE se encuentra en Caquetá y Putumayo, región de presencia histórica de las FARC. Desde 2014, esa zona ha registrado un comportamiento electoral cada vez más cercano al promedio del país, entre otras cosas, con un mejor nivel de participación y una situación más conforme a las pautas nacionales en materia de competitividad y dominio electoral.
Un riesgo más concentrado
Sin embargo, que haya menos municipios en riesgo en el mapa de la MOE no es una razón para argumentar que todo va bien.
Una cosa es que el riesgo esté presente en una menor porción del territorio nacional, y otra que haya desaparecido. Lamentablemente, lo que pasa con el factor de riesgo de violencia ilustra este punto. Si hay menos municipios en riesgo y al mismo tiempo, hay más asesinatos de candidatos, no podemos concluir que el riesgo está disminuyendo. A lo sumo, podemos decir que el riesgo se está concentrando en zonas en las cuales se ha vuelto más intenso.
Esto refleja un proceso preocupante y visible en los territorios. Si en algunas zonas como los ya mencionados departamentos de Caquetá y Putumayo, el desarme de las FARC ha representado una mejoría, en otras zonas, el Acuerdo de paz ha implicado todo lo contrario. Ese es el caso de la zona Pacífica.
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En el Pacífico, la situación empeora porque el retiro de un actor armado provocó la lucha entre otros actores armados para recuperar su poder. Desde el punto de vista de la seguridad de la población local, era mucho mejor tener un solo grupo armado dominante—aunque fuera ilegal—que impusiera orden, que tener varios grupos pequeños luchando entre sí.
Así, los mapas de riesgo de la MOE nos dibujan una realidad contrastada y complicada del proceso de paz, que nos muestra éxitos indiscutibles en algunas partes y límites o francos fracasos en otras.
Foto: Alcaldía de Bogotá |
* Doctor en ciencia política de la Universidad de Paris III, profesor de la Universidad del Rosario y director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos-UR.
