Si la izquierda ejerce la política partiendo de una profunda desconfianza en los mecanismos de representación, ¿cómo respetará las reglas de un juego en el que no cree? Análisis y algunas propuestas para la democracia colombiana.
Las paradojas de Petro
Mucho se ha dicho sobre los nubarrones que amenazan el mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien tiene que defenderse a la vez de la posibilidad de una destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación y de un proceso de revocatoria de mandato en las urnas.
Al respecto, vale la pena señalar una paradoja: los dos mecanismos a los cuales se enfrenta Petro –la destitución de funcionario electo por control disciplinario y la revocatoria de mandato– son fruto en buena medida de la Constitución de 1991 y, para ser más precisos, de las ideas que allí defendió la Alianza Democrática-M19, a la cual perteneció el actual alcalde de Bogotá.
La izquierda que gobierna Bogotá se encuentra actualmente enfrentada a los mismos demonios que quiso conjurar.
Ambos procedimientos parten de la misma lógica: la desconfianza hacia los funcionarios electos, pues estos podrían ser asimilados por una clase política tradicional, excluyente, clientelista y nada representativa (más paradójico resulta que, después de algunas vacilaciones, el alcalde eligiera responder a través de una estrategia jurídica dilatoria muy propia de dicha clase).
Pero más allá del caso de Petro o de saber si la destitución de mandatarios electos constituye un abuso, o si la utilización de la revocatoria por parte de los perdedores de una elección para hacer obstrucción a los ganadores desvirtúa el procedimiento, me parece importante proponer algunas reflexiones acerca de esta desconfianza hacia la política representativa, muy arraigada en la izquierda colombiana, pero también compartida por otros sectores políticos.
El tema merece igualmente un examen a la luz del acuerdo sobre la “participación política” en los diálogos de La Habana, que parece reflejar la misma lógica.
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Cuando llegó a la alcaldía, Gustavo Petro pidió a sus Foto: Gustavo Petro Urrego |
Desconfiar de los elegidos
Desde luego, la desconfianza ante la representación política ha sido alimentada por algunas prácticas reales que la han pervertido. Por ejemplo, muchos políticos parecen convencidos de que la representación se da por la magia del mandato popular que confieren unos tantos votos y que no necesita más credencial que una renovación cada cuatro años.
Entre tanto, actúan como si fueran poseedores de un cheque en blanco y consideran su mandato un derecho adquirido, ante el cual solo deben responder eventualmente frente a la rama judicial.
Frente a ese tipo de políticos, los críticos que dominaron la Constituyente de 1991 promovieron dos tipos de mecanismos:
1. En primer lugar, multiplicaron las instancias de control judicial y disciplinario, que lejos de acercar representantes y representados, han obligado a los primeros a concentrar su atención en pequeñas y permanentes batallas jurídicas de procedimientos. Esto ha servido más para paralizar la administración que para volver la política más representativa o atajar la corrupción. La primera preocupación de un servidor público hoy en día consiste en “cuidarse en salud” frente a los organismos de control. Así, cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá con un programa de reformas profundas en distintos ámbitos, tuvo que pedir a sus colaboradores asumir el riesgo (como si esto fuera una fatalidad) de ser perseguidos judicial o disciplinariamente.
2. En segundo lugar, los constituyentes crearon una gran cantidad de mecanismos de participación popular (referendos, consultas, revocatorias, etc.) que, supuestamente, iban a encauzar el accionar de los políticos por la senda de la voluntad popular. Para los más entusiastas, dichos procedimientos habrían de permitir la sustitución de la democracia representativa por una democracia participativa. En realidad, estos mecanismos no funcionaron debido a la apatía del electorado. Además, la promoción de la participación suele confundirse en la práctica más cotidiana con la noción de “trabajo político”, que en todas las administraciones ha pasado a ser el eufemismo presentable de “clientelismo”. Allí también Petro quiso impulsarse a través de los presupuestos participativos, sin que ello haya desembocado en resultados concretos.
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El actual Procurador General, Alejandro Ordóñez. |
Representación o participación
En realidad, lejos de ser un posible sustituto a la representación, la participación presenta la desventaja de ser muy poco democrática. No todos participan por muchas razones, y entre aquellos que lo hacen, no todos tienen el mismo peso, dada la desigualdad de recursos requeridos para hacer efectiva la participación (empezando por la simple capacidad para expresarse en público). Además, los que sí participan suelen ser los que tienen intereses particulares fuertes para hacerlo, lo que nos aleja de la búsqueda de un interés general razonable.
Este descubrimiento hizo que Petro paulatinamente no pareciera tan proclive a la participación como al principio, y que los adversarios que promueven su revocatoria acabaran siendo los que utilizan el discurso de la participación para promover la revocatoria.
En suma, la izquierda que gobierna Bogotá se encuentra actualmente enfrentada a los mismos demonios que quiso conjurar. Y al mismo tiempo, su desconfianza hacia la política representativa sigue intacta, e incluso se vio reforzada con la reproducción de las prácticas tradicionales de clientelismo y corrupción en el seno del Polo Democrático Alternativo durante la alcaldía de Samuel Moreno.
Para estimular la representación, no hay que limitar los márgenes de acción de los representantes, y menos sustituirlos por procedimientos dudosos y fácilmente manipulables. Conviene más bien multiplicar los escenarios de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Los Progresistas se retiraron de ese gobierno, pero no han sido capaces de organizarse de manera distinta, ni de hacer de la alcaldía de Petro una experiencia colectiva innovadora, y el Movimiento Progresistas está en proceso de disolverse -antes de haberse organizado- en una Alianza Verde con estructuras y objetivos aún inciertos.
Los que se fueron del Polo hacia la Marcha Patriótica parecen, por el momento, haberse puesto al margen de la política representativa. La autodefinición de Marcha como un “movimiento social y político” disimula mal su vuelta a la vieja desconfianza hacia la representación. Finalmente, los que se quedaron en el Polo reconocieron tímidamente la responsabilidad del partido en el descalabro de la alcaldía de Moreno, pero no han propuesto alternativas para reinventar las prácticas políticas.
El problema de la representación política
El complejo problema de la representación es insoslayable y conviene enfrentarlo en serio, en vez de buscar atajos. Después de todo, la representación puede ser un engaño, pero es también un mundo de posibilidades. Es la política misma.
La mirada cambia si empezamos a considerar la representación no como un mandato político individual a término fijo, sino como una relación colectiva continua que se alimenta de las acciones, propuestas y discursos de los representantes, por un lado, y de las reacciones suscitadas en los representados, por el otro.
La representación puede ser un engaño, pero es también un mundo de posibilidades. Es la política misma.
Pensada así, la tarea de lograr mayor representatividad es un imperativo permanente para los políticos (incluso para los no electos), que va mucho más allá de las elecciones, las cuales solo vienen a sancionar el éxito de la trayectoria cada cierto tiempo.
Para estimular la representación, no hay que limitar los márgenes de acción de los representantes, y menos sustituirlos por procedimientos dudosos y fácilmente manipulables. Conviene más bien multiplicar los escenarios de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Pero la representación no es una relación entre un representante y un representado, sino una experiencia colectiva que suscita identidades compartidas. Por esta razón, la rendición de cuentas funciona también de modo horizontal entre los mismos políticos, quienes se definen permanentemente los unos frente a los otros, lo cual ayuda a crear esas identidades sociales que sustentan la relación de representación en la percepción de los electores.
En esta perspectiva, los partidos tienen un papel fundamental en el asunto, y particularmente los que se muestran más críticos con la forma tradicional y rutinaria como se ha entendido la representación en Colombia.
Por supuesto, el político electo siempre es el responsable de sus propias acciones, pero si hace un esfuerzo para asociar su partido con su gestión, y si su partido hace lo propio para asumir colectivamente los mandatos de sus elegidos, la relación de representación se presentaría de manera mucho más efectiva.
En efecto, una rendición de cuentas individual frente a unos electores no organizados y poco informados corre el riesgo de volverse un simple ejercicio de comunicación. El protagonismo del partido permitiría que el procedimiento se hiciera de una forma mucho más profunda y eficaz.
Muchos políticos han hecho propuestas individuales interesantes para mejorar la representación, desde el ámbito de las reformas institucionales hasta el de las prácticas políticas, pasando por el uso creativo de las redes sociales. No obstante, pocas de estas propuestas involucran a los partidos.
Lo que hace falta es una propuesta colectiva con ideas muy claras y no tan condescendientes sobre este asunto. Todas las tentativas de reformar los vicios de la política colombiana, desde las tercerías de los años 1990 hasta la Ola Verde, se diluyeron por no haber enfrentado seriamente el asunto. Y una vez más, paradójicamente, ese también podría ser el destino de la alcaldía de Petro y de su movimiento Progresistas.
* Profesor y director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario Yann.basset@urosario.edu.co
