El lío de la “consulta del Pacto Histórico”

Si queremos revertir la tendencia a la fragmentación e informalización que amenaza nuestro sistema de partidos, hay que facilitar el mecanismo de las consultas, dada la profundidad de la fragmentación.

La “consulta del Pacto Histórico” tiene más vidas que un gato. Varias veces ha sido desahuciada y revivida desde hace algunas semanas. Cada decisión al respecto suscitó los aplausos de unos y reacciones airadas de otros, lo que refleja el estado lamentable del debate público. Más allá de la coyuntura, las consultas son más necesarias que nunca en un contexto de alta fragmentación política que constituye una amenaza para la estabilidad institucional del país.

El verdadero lío detrás de la consulta: la informalización del sistema político

Si los medios de comunicación, siguiendo en eso los discursos políticos, han tenido tendencia a cubrir la saga de la consulta de octubre a través de las peleas internas de la izquierda, explicando cada decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Registraduría y de los tribunales por sus efectos supuestamente favorables a Iván Cepeda o Daniel Quintero (menos frecuentemente a Carolina Corcho, que bien podría ser la que termine sacando provecho de todas las peleas), este enfoque no deja de ser limitado y cortoplacista.

Detrás de los obstáculos que encuentra la consulta de octubre, tenemos un sistema de partidos en vía de informalización rápida que responde no solo a la racionalidad de los proyectos individuales de los políticos, sino también a una serie de decisiones administrativas y judiciales que incentivaron esta tendencia. Existe, en efecto, un vacío normativo en cuanto al tema de la escisión y de la fusión de partidos políticos. Este asunto, como la figura de la coalición y muchos otros temas, no ha sido reglamentado adecuadamente. Bien valdría la pena preguntarnos por qué existe este vacío. Los analistas y académicos deberíamos asumir nuestra parte de la culpa por nuestro afán de discutir grandes reformas políticas ideales que ineluctablemente terminan cayéndose en el Congreso, en vez de interesarnos de manera más pragmática en minucias importantes de la normatividad. 

El hecho es que el CNE, el Consejo de Estado y los Tribunales han tenido que llenar este vacío normativo. Pero no lo han hecho en el vacío, sino en un contexto ya marcado por los otorgamientos en cascada de personerías jurídicas lanzado por la decisión del Consejo de Estado sobre la Unión Patriótica en 2013. Dicha decisión fue celebrada en su momento como una medida de reparación justa ante la masacre y la persecución que sufrió la UP en el siglo pasado, pero abrió el camino a la informalización del sistema de partidos al incitar el CNE en particular en adoptar una jurisprudencia tremendamente laxa al respecto. Básicamente, cualquier político deseoso de obtener reconocimiento para su propia organización, y, por ende, el derecho a avalar candidatos, lo obtuvo. Si bien el Consejo de Estado ha tratado últimamente de revertir la tendencia, no está muy claro que lo logre. Los políticos han tratado de defender sus nuevas formaciones a punta de tutela, como en el caso de En Marcha. A la fecha, seguimos teniendo unos treinta partidos políticos con derecho a avalar candidaturas en todas las elecciones y, para quedarnos en este escrutinio, un centenar de precandidaturas presidenciales.

El vacío normativo en cuanto a la escisión de partidos fue cubierto in fine por una perspectiva muy permisiva que se justificó en nombre de los derechos políticos individuales de cada político a participar en política. Esto favoreció la fragmentación. En cambio, la fusión encontró todo tipo de obstáculos. Generalmente, la fusión no está en el interés individual inmediato de ningún político, salvo los que están más allá del bien y del mal, cuyos objetivos ya no pasan por la elección propia a algún cargo, como el presidente Petro y el expresidente Uribe. La fusión no puede defenderse por tanto en nombre de los derechos políticos de algún político. Al contrario, tiene a menudo algún perjudicado que puede considerar que estaba mejor antes, cuando solo dependía de él mismo. Si no lo tiene, encontrará detractores entre los adversarios políticos que se sentirán amenazados por el proceso. 

La defensa de la figura de la fusión pasa por tanto por la reivindicación de un derecho más complejo de los ciudadanos (no de los políticos) a una representación ordenada y eficaz, que no tiene dolientes en las altas Cortes o ante las autoridades electorales. Mientras tanto, es muy fácil encontrar razones procedimentales para dificultar el proceso para los políticos que con razón o sin ella se sienten perjudicados.

En conclusión, la jurisprudencia, por su propia dinámica, colmó los vacíos normativos al facilitar los procesos de escisión, y obstaculizar los procesos de fusión, con el resultado perverso de amplificar la informalización de nuestro sistema de partidos.

La campaña contra la consulta

Es en este contexto en el que hay que entender la resistencia nueva que suscita la figura de la consulta, partidista o interpartidista. Las autoridades electorales y los tribunales siempre parecen más dispuestos a defender los derechos del político que quiere ir solo que los que quieren organizarse para ir en equipo. La consulta no necesariamente implica una fusión previa o a futuro, como en el caso del Pacto Histórico, pero puede abrir esta vía. Sobre todo, el proceso de fusión sí parece implicar consulta en muchos casos. Cuando dos o más organizaciones con trayectorias previas quieren jugar juntas, hay que arbitrar entre intereses ya creados, y lo más legítimo y transparente para todos es que se haga democráticamente. Es una cuestión de confianza importante para poder tener éxito en el proceso de fusión.

Por tanto, si queremos revertir la tendencia a la fragmentación e informalización que amenaza nuestro sistema de partidos, hay que facilitar el mecanismo de las consultas, incluso articuladas en etapas sucesivas (octubre, marzo), dada la profundidad de la fragmentación. Al mismo tiempo, se vuelven más difíciles por la cantidad de jugadores y la maraña de organizaciones, coaliciones y movimientos por firmas que podrían participar en ellas. Como lo vimos, los intereses políticos en puña (tanto de los que quieren participar como de los que no) encontrarán más fácilmente razones para obstaculizarlas que para facilitarlas. 

La misma figura de la consulta como mecanismo de participación democrática termina siendo la primera víctima de esta dinámica, no solo porque se dificulta su realización, sino porque termina presentándose como un proyecto de una fuerza política particular, tachándola de ilegitimidad. Al respecto, conviene recordar que la consulta de octubre no es “del Pacto Histórico”. Ha sido pedida en julio por muchas más organizaciones y está abierta a todas. Dadas las preocupaciones que suscita la fragmentación de la representación en estas elecciones, resulta paradójico que se ataque el Pacto Histórico por participar y no las demás organizaciones y candidatos que le prestarían un gran servicio al sistema de partidos si aceptaran competir en ella de una forma u otra. 

A estos ataques nuevos contra la consulta se suman otros más viejos. Ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación el argumento de su costo para descalificarla, y toda la demagogia e hipocresía que eso supone. Se invita los ciudadanos a indignarse frente a los más de cien precandidatos que entorpecen el debate electoral, pero se les dice que las consultas son muy caras para dirimir democráticamente las ambiciones de las unas y los otros, que mejor unas encuestas con metodologías cuidadosamente negociadas entre campañas que no generan ningún compromiso de nadie y no tienen nada de democrático. También volvió a aparecer el argumento según el cual los políticos que participan en consulta deberían reembolsar los gastos a la Registraduría si se bajan en algún momento del proceso, como una amenaza a los que quieren participar, una figura que debería desaparecer definitivamente de las normas y de las mentes.

Como vemos, todo conspira para que los políticos vayan solos a la elección y no se organicen. Cualquier tentativa de organización es vista con sospecha por las autoridades, por los medios de comunicación y por los mismos ciudadanos. Esta lógica es profundamente perversa. Las autoridades electorales deberían colmar los vacíos de la normatividad promoviendo los mecanismos democráticos de participación y la racionalización del sistema de partidos (es decir, su estructuración en partidos o bloques grandes relativamente permanentes y reconocibles por los ciudadanos). El CNE se empeña a hacer lo contrario. Juicio distinto merece la Registraduría, que sí ha tenido una actitud constructiva al respecto, lo que desvirtúa los ataques indiscriminados del presidente contra la institución. 

La defensa de los mecanismos de participación ciudadana debería estar por encima de la contienda política, hoy más que nunca, porque son indispensables para reorganizar la representación política en nuestro contexto de fragmentación e informalización. Es una condición indispensable a la salud de nuestro sistema democrático. Hay que proceder a los ajustes normativos que se requieren, pero mientras tanto, debería ser una causa común de las autoridades, los medios, la sociedad civil y los mismos políticos genuinamente preocupados por la democracia colombiana. Es preocupante que no sea así.

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