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Llegó el Día D+180 y no se cumplieron los tiempos de la paz

Escrito por Katherine Aguirre

Zona Veredal.

Katherine AguirreEl gobierno no construyó las dotaciones de las zonas de concentración. La guerrilla no ha entregado la mayoría de las armas que han sido declaradas. Y la Corte le quitó velocidad al trámite en el Congreso. ¿Hasta dónde podrá llegar la situación?

Katherine Aguirre Tobón*

Incumplimientos de todos los lados

El día clave del proceso de paz será el jueves 1 de junio: ese día es el número 180 de la que dimos en llamar “implementación” del Acuerdo Final, seis meses después de que empezara oficialmente el cese del fuego y la dejación de armas.

Ese día (llamado “Día D+180”) marcaría la clausura de las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y, según el Acuerdo, Naciones Unidas debería extraer en esta fecha todas las armas recolectadas, para luego construir tres monumentos con ellas.

Desde ese día las fuerzas del Estado y las FARC no estarán más en un receso de sus confrontaciones, sino que los combates se habrían acabo definitivamente. Y ese día deberían empezar a desmontarse las ZVTN.

Pero en la realidad estos planes parecen imposibles de cumplir. A estas alturas, ni siquiera  se han acabado de construir las dotaciones de algunas ZVTN, y el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil está muy crudo.

Tampoco ha avanzado el proceso de recolección de armas por parte de la ONU y el reciente fallo de la Corte Constitucional, que limitó las posibilidades del fast track, ha producido grandes inseguridades jurídicas para las FARC, lo cual puede demorar aún más la implementación del Acuerdo. Las FARC han lamentado que se diera este fallo, pero declararon que seguirán cumpliendo lo acordado.

El “Día D+180” llegará entonces con muchos interrogantes y atrasos. Aunque el cese del fuego se ha mantenido y las FARC han dado suficientes señales de compromiso con el proceso, la agenda y los tiempos no se han cumplido. Esta demora incluye problemas en el desarrollo logístico y de infraestructura, así como retrasos en la expedición y aplicación de las amnistías e indultos.

Además, la opinión pública conoce poco sobre los avances del proceso, y poco se sabe sobre la hoja de ruta que las FARC y el gobierno han definido sobre el tránsito a la legalidad de los miembros del grupo insurgente.

Todos los actores (gobierno, FARC y ONU) confían en que el plazo de la entrega del armamento se cumpla. Y también hay un relativo consenso sobre la imposibilidad de desmontar las zonas veredales en la primera semana de junio. Por eso se han planteado alternativas para revisar caso a caso el mantenimiento de algunas de ellas.

Durante las próximas semanas los actores deberán comunicar con claridad el alcance real del cumplimiento de todos los puntos y cronogramas planteados por el Acuerdo, pues la transparencia es fundamental en un proceso tan critico y delicado.

¿Volverá el fuego?

Acuerdos de Paz con las FARC-EP.
Acuerdos de Paz con las FARC-EP. 
Foto: Secretaría de Transparencia 

El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) ha demostrado que el cese del fuego se ha mantenido durante los últimos ochos meses, y no ha habido muertes por combates o ataques.

A pesar de estos resultados positivos se han dado disidencias dentro de las FARC que, aunque no amenazan el proceso general de dejación de armas, exigen atención inmediata y específica por parte de las fuerzas del Estado. Tras la terminación formal del cese del fuego debe plantearse una estrategia para combatir a estos grupos.

La terminación del cese del fuego debe llevar a cambios de fondo en la fuerza publica colombiana, la cual debe concentrarse ahora en perseguir a los protagonistas de una violencia y una delincuencia que se están reconfigurando a paso acelerado.

¿Serán transitorias las zonas?

Según el Acuerdo Final, en el Día D+180 debería iniciarse el desmonte de las 26 zonas veredales y puntos transitorios de normalización. Pero sabemos que esto no se hará una realidad. Por ejemplo, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación indicó que 8 de las 26 Zonas se encuentran en el 50 por ciento de construcción. Solo una de ellas está lista y 6 están cerca de terminar su construcción.

Las zonas veredales han permitido la concentración de los miembros de las FARC y otros procesos relacionados con el tránsito a la legalidad, como la cedulación de los excombatientes. Adicionalmente, se han impartido actividades de formación técnica por parte del SENA.

La ONU ha entregado certificados de dejación de armas a 12 miembros de las FARC y está cerca de acreditar a mil exguerrilleros, los cuales saldrían de las zonas para efectuar tareas de aplicación de los acuerdos (desminado, sustitución de cultivos, etc.).

Por la importancia de estas zonas las FARC han hablado de extenderlas durante cuatro meses más o incluso de permanecer en estos lugares, que se convertirían en polos de desarrollo y de presencia institucional en las regiones más alejadas del país. También se ha planteado que estos lugares puedan acoger a quienes pagarán las penas alternativas dictaminadas por la justicia transicional.

Carlos Córdoba, gerente de las zonas, indicó que habrá una revisión caso a caso para definir cuáles Zonas se mantendrán como centros de reincorporación, lo cual dependería del número de miembros y de los procesos que se adelantan en cada una de ellas. Estos procesos pueden incluir actividades de formación con el SENA o el desarrollo de proyectos productivos.

También hay que resolver las inquietudes sobre los contratos de arrendamiento de los lotes donde se encuentran ubicadas las zonas, las modificaciones a los anillos de seguridad existentes, la presencia de la fuerza pública, y la apertura a la comunidad, entre otros temas.

¿Y las armas?

Ninguno de los puntos de los protocolos de dejación de armas se ha cumplido: ni la entrega de listados del armamento ni la entrega del mismo, que debía hacerse por etapas de 30 por ciento cada una (el 1 de mazo y el 1 de mayo). Según el Acuerdo, el 1 de junio se debía entregar el último 40 por ciento.

Aunque las FARC ya entregaron la lista de sus integrantes (6.804 en zonas veredales y 1.541 milicianos), no hay información pública sobre el número y el estado de las armas que se han entregado. En este tema ha primado la información fragmentada y no oficial. Por ejemplo a comienzos de marzo el presidente Santos afirmó que la ONU (encargada del monitoreo y verificación de la dejación de armas) tenía en su poder 14.000 armas, aunque luego dijo que esta cifra correspondía a un inventario. Posteriormente la ONU confirmó que se habían recibido 140 armas.

A comienzos de mayo la ONU informó que solo mil armas se encuentran actualmente en los contenedores. Esto es importante pues la destrucción del todo el armamento que se encuentra en las más de 900 caletas de las FARC plantea uno de los retos más importantes de la dejación de armas.

A pesar de los atrasos en el proceso y de la poca cantidad de armas entregadas hasta hoy (solo se tiene un 14 por ciento de lo estimado inicialmente), el gobierno exige mantener el plazo de la dejación de las armas. La ONU confía en que este plazo pueda mantenerse, y las FARC afirman que se puede completar la entrega de todo el armamento según lo pactado.

Sin embargo, no hay claridad sobre cuánto se alcanzará a completar para esa fecha, dado que no solo se deben entregar las armas, sino registrarlas, desactivarlas, almacenarlas y después retirarlas.  

¿Qué sigue?

Dejación de armas.
Dejación de armas. 
Foto: Alcaldía de Santiago de Cali 

Es cierto que las partes involucradas (gobierno, FARC y ONU) tienen toda la voluntad para seguir adelante con el proceso. Las FARC se han mantenido en su voluntad de paz, incluso después del fallo de la Corte, y han demostrado unidad de mando y control sobre su tropa.

Pero la voluntad no es suficiente para garantizar el cese del fuego y, en un proceso tan delicado, es importante cumplir todos los protocolos del Acuerdo. Si hay incumplimientos (esperables y justificados) se deberían plantear y comunicar las alternativas y la ruta que vaya a seguirse.

Pero como este proceso se ha caracterizado por el hermetismo, no se sabe mucho sobre el plan alternativo para la dejación de armas, ni cuál es la propuesta concreta sobre el tránsito a la legalidad.

A finales de marzo debió entregarse el Plan Macro de Implementación del Acuerdo Final, preparado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), creada en diciembre de 2016. Pero no hay información acerca de este plan.

Para salir de las dificultades, todos los actores deben poner de su parte. Las FARC deberían entregar todos sus armamentos y caletas. El gobierno debe consolidar las instituciones y la infraestructura del proceso. De la ONU se debe esperar que ejerza la presión requerida para que estas tareas se lleven a cabo. Por último, el Congreso tiene la responsabilidad de crear espacios de deliberación democrática para resolver los debates políticos sobre la reglamentación de la paz.

Lo difícil que ha sido emprender los proyectos de infraestructura en zonas tan alejadas, así como llevar a cabo todas las actividades para la reintegración, deben considerarse de manera seria. El excesivo optimismo no debe reemplazar la necesidad de hacer una evaluación realista, con toda la información que permita hacer el seguimiento del proceso.

 

* Investigadora del Instituto Igarape

twitter1-1@katheaguirreCOL @igarape_org

 

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