Rocío Rubio, autor en Razón Pública
Foto: Concejo de Bogotá

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Dilan Castro y Jerónimo Angulo son dos casos recientes entre una infinidad de historias que develan la violencia sistemática contra niños y niñas en Colombia. Es hora de proteger a quienes más lo necesitan.

Rocío Rubio Serrano*

El dolor de la niñez

El pasado 4 de febrero, Dilan Santiago Castro de dos años fue reportado como desaparecido por un familiar cercano en zona rural de Usme, localidad de Bogotá.  Seis días después, su cuerpo se encontró sin vida y semidesnudo en uno de los cultivos de papa de la zona. 

El dictamen de su muerte fue el de asfixia mecánica y en sus pulmoncitos se encontró rastros de tierra; probablemente fue presionado en esta hasta su aliento final. Las investigaciones preliminares señalan como perpetrador de los hechos a un adulto cercano a su entorno familiar, sin que hoy exista captura del presunto responsable.

Tan solo tres semanas después en Fusagasugá, el 4 marzo fue el último día que Jerónimo Ángulo de 3 años dejó de respirar. Su cuerpo, envuelto en una lona, también narra una muerte violenta, evidencia tratos crueles e inhumanos y acceso carnal abusivo. Estos hechos fueron perpetrados por su padrastro muy cerca al lugar donde estaban los hermanos de Jerónimo.  Él los “cuidaba” mientras la madre de los niños trabajaba. 

Duele e indigna la muerte violenta de Dilan y Jerónimo; a ellos paz en su tumba. A los demás, la exigencia de clamar por una administración de justicia oportuna, eficaz, eficiente y ejemplarizante, pero la tarea va más allá.  

Detener la violencia contra los niños y las niñas no se limita al escenario judicial o legislativo. Urge avanzar en políticas, planes y programas con expresión territorial que trabajen diversos ámbitos de la prevención y la protección para la garantía de derechos.

La corresponsabilidad en la protección integral de los derechos de niños y niñas, más aún en su primera infancia, no se limita a un momento de conmoción por ciertos “casos”, que se suman a los de Sara Sofía, Samuel David, María José, Génesis, entre una larga lista de víctimas.

De acuerdo con el boletín de estadísticas de Medicina Legal, en enero del 2024 se registraron 44 muertes violentas en menores de 18 años y 28 suicidios. Este último dato, el de la muerte por mano propia, no debe pasar por alto, pues no solo evidencia una problemática de salud mental sino en muchas ocasiones la única salida cercana para librarse de una experiencia vital impregnada de violencia física y simbólica. 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo alertó el año pasado sobre una alta correlación entre suicidios de menores de edad y zonas con altos índices de reclutamiento ilícito. 

En el 2023, el 31,98% de las muertes violentas de los niños, niñas y adolescentes fueron homicidios y un 28,11% suicidios. A septiembre del 2023, el ICBF registró 32.301 casos de declaratorias de vulneración de derechos de niños y niñas, de los cuales 12.724 eran víctimas de violencia sexual.  

En total, 19.192 delitos contra menores de edad fueron dictaminados por Medicina Legal. Cifra que reporta un subregistro, pues no todos los casos llegan al Instituto y, menos aún, aquellos perpetrados en zonas rurales dispersas. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que la impunidad en este tipo de delitos está en el 94%. 

Foto: Facebook: ICBF - El léxico de los niños entre 2 y 3 años es muy limitado para interpretar, comprender y rechazar experiencias violentas, por lo cual, los adultos tienen la responsabilidad de leer sus expresiones y remitir a rutas de protección para la garantía de sus derechos.

Puede Leer: Aumenta el reclutamiento de niños y niñas para la guerra

¿Qué pasa con la ley?

La expresión material de los principios como la prevalencia e interdependencia de los derechos de la niñez establecida por la Constitución y el Interés Superior que recoge el Código de la Infancia y de la Adolescencia se diluye en las actuaciones judiciales y administrativas. 

Ante esta situación, es inaceptable que actualmente no esté en funcionamiento la Ley 2205 de 2022. A pesar del fallo en segunda instancia del Consejo de Estado que ordena su cumplimiento, las adecuaciones institucionales no se han realizado o priorizado para desencadenarse en aquellos distritos judiciales que reportan mayor incidencia delictiva.

La citada norma señala términos perentorios para los delitos graves contra niñez y dispone crear la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra la Infancia y la Adolescencia. 

Es claro que la investigación criminal requiere habilidades especiales cuando la víctima es menor de edad y más aún si está en la primera infancia. Sin duda, el funcionamiento de la Unidad sería una luz de esperanza para reducir el devastador porcentaje de impunidad y avanzar en las garantías de no repetición de los hechos.  

De otra parte, es tímido el impulso programático para el desarrollo de la Ley 2089 de 2021 que prohíbe el uso del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra las niñas, niños y adolescentes. Prácticas violentas que se han normalizado en nuestra sociedad como medio idóneo de crianza, con efectos devastadores en el desarrollo integral y en la integralidad física, psicológica y emocional de la niñez colombiana. 

Esta norma no se inscribe en el escenario punitivo o sancionatorio, sino preventivo en cuanto promueve una pedagogía pública para evitar la disciplina violenta y fomenta patrones socioculturales y alternativas educativas que orienten crianzas sin castigos físicos y tratos humillantes. 

La tarea pendiente

Entre los pasos a seguir para abordar esta alarmante situación, son necesarios debates de control político e incidencia presupuestal para que los delitos contra quienes son sujetos de reforzada protección constitucional paren.  

Así mismo, es menester propiciar toda una respuesta interinstitucional orientada a una idónea atención, reparación y restablecimiento de derechos para las víctimas sobrevivientes y pares generacionales (amigos, hermanos, primos, entre otros sujetos a la vez impactados por los hechos violentos y delictivos); pero también urge contar con las estrategias preventivas necesarias, diferenciadas y con despliegue territorial.  

La Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia del Senado de la República tiene un papel ético y político que desempeñar, si en efecto busca el logro de su objetivo: trabajar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes de Colombia.

Detener la violencia contra los niños y las niñas no se limita al escenario judicial o legislativo. Urge avanzar en políticas, planes y programas con expresión territorial que trabajen diversos ámbitos de la prevención y la protección para la garantía de derechos. 

Hay que pasar del cambio de ánimo ante noticias aberrantemente sorpresivas a toda una práctica de compasión social, en la que realmente se comprenda cómo el ser niño o niña en este país es todo un acto cotidiano de supervivencia y resiliencia sin mayores redes, apoyos o recursos.

Los programas de prevención temprana ameritan una revisión estratégica y la inclusión de los entornos significativos y vitales de crianza.  Hay un trabajo sustancial por desencadenar con las familias y adultos, de acompañarlas y dotarlas de herramientas para que sean un verdadero entorno de protección y no de agresión en aras del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.  

Adicionalmente, es necesario afinar las estrategias de prevención secundaria, identificando riesgos y amenazas para el ejercicio efectivo de los derechos de esta población.  Para ello, es fundamental fortalecer capacidades en los servicios sociales públicos y del sistema educativo. Las escuelas, las guarderías, las instituciones y las comunidades educativas deben empoderarse para detectar signos de violencias, activando rutas y protocolos a lugar.

Para detener la violencia infantil

Los pequeños cuerpos violentados de Dilan y Jerónimo salen a la luz pública para evidenciar la recurrencia y sistematicidad con la que en este país se vulneran los derechos de niños y niñas, de quienes no tienen voz literal e incluso etimológicamente, pues infancia proviene del vocablo latino infans: sin habla.  

Entre los 2 y 3 años de vida, edades de Dilan y Jerónimo, un niño tiene un léxico de alrededor de 50 a 200 palabras, muy pocas para interpretar, comprender y rechazar experiencias vitales signadas por la violencia, incluso desde el vientre materno.

Somos los adultos los responsables de leer sus expresiones, de interpretar sus señales y de remitir a rutas de protección ante asomos de evidencias para la garantía de sus derechos y su ejercicio efectivo.  Por tanto, también hay un trabajo a emprender de sensibilización, información y formación de entornos vecinales y comunitarios en aras de transformaciones socioculturales protectoras.

Hay que pasar del cambio de ánimo ante noticias aberrantemente sorpresivas a toda una práctica de compasión social, en la que realmente se comprenda cómo el ser niño o niña en este país es todo un acto cotidiano de supervivencia y resiliencia sin mayores redes, apoyos o recursos. Un entendimiento que desvirtúa la cosificación de quienes aún no alcanzan su mayoría de edad.  

Niñas y niños son sujetos de derecho y no son objetos a modo de propiedad privada de padres o adultos cercanos con los que se satisfacen deseos o necesidades, a los que se pueden transar e incluso vender al mejor postor.  

Se trata de una aproximación crítica a la normalización de las violencias (domésticas y públicas) que se ejercen sobre ellos. Una mirada que debe estar acompañada de acciones que no solo estén orientadas a aliviar o reducir, sino a eliminar por completo contextos, situaciones y perpetraciones contra sus derechos. La tarea no es de poco monta, pero debe iniciarse cuanto antes.

Lea en Razón Pública: ¿Cárcel para niños, niñas y adolescentes?

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Rocío Rubio

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Rocío Rubio

*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

Foto: Flickr: Santiago La Rotta

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Las violaciones de los derechos de la niñez en el Guaviare son un desastre recurrente. ¿Qué está pasando entre los pueblos indígenas, qué están haciendo las autoridades…y qué no están haciendo?

Rocío Rubio*

Una pesadilla que es realidad

Las noches de San José del Guaviare no ocultan lo que sucede frente a todos en el Malecón de la Esperanza. Allí aparecen niños y niñas indígenas, principalmente de los pueblos Nukak Maku y Jiw, cuyos derechos son vulnerados. Sus pequeños cuerpos, claramente drogados, desnutridos y explotados, se ofrecen a los adultos para que los consuman como un producto barato, sin sanciones sociales ni penales.

En ocasiones, los familiares son cómplices de estas violaciones. Y a esto se suma la negligencia de autoridades administrativas y judiciales, tanto locales como nacionales.

Cabe aclarar que la situación no es nueva, todo lo contrario, se ha normalizado, se cuenta sin mucha sorpresa y lo no menos importante, hasta la fecha no existe una sola condena por las violaciones.

En 2019 se conoció el caso de una niña indígena que fue violada múltiples veces por miembros del Ejército Nacional. Así, según el DANE, entre el 2019 y el 2021 en el Guaviare nacieron 65 niños cuyas madres están entre los 13 y 14 años. La cifra prueba la existencia del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tipificado en el artículo 208 del Código penal, sin identificación de los responsables.

La evidencia demuestra una serie de graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Su integridad física, su derecho de ser protegidos contra la explotación económica, sexual, la trata, al igual que contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas son violentados sin consecuencia alguna.

Adicionalmente, entre 2020 y 2022 la Defensoría del Pueblo reportó la atención a 68 niños que fueron víctimas de violencia sexual en el Guaviare. Y a finales de 2022, el reportaje periodístico de Gerardo Reyes para Univisión mostró la aberrante situación en el malecón, y que es tergiversada por la Fiscalía.
Niñez indígena en Guaviare
Foto: Alcaldía San José del Guaviare - La vulneración de los derechos de los niños indígenas del Guaviare no empieza en los barrios de San José; en sus propios territorios han tenido que atravesar diferentes circunstancias de sufrimiento.

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Despertar de la pesadilla

Ahora en el 2023, la situación vuelve a salir a la luz. Justo cuando poco tiempo atrás se desmentía lo sucedido en la capital del Guaviare, la Procuraduría recorrió la zona y demandó investigaciones para sancionar a quienes han sido negligentes e inobservantes en sus deberes.

La Fiscalía anunció que unirá casos de vulneración de derechos de la niñez indígena con noticias criminales para saber si se realizaron las denuncias, y en caso contrario adelantar procesos por prevaricato atribuible en omisión por parte de los funcionarios. Estos procesos acarrean sanciones a servidores públicos que no actúan de acuerdo con la ley y están consignados en el artículo 413 del Código Penal.

Así mismo, la Fiscalía estableció que dará prioridad a las investigaciones por delitos sexuales y otros casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, la Cámara de Representantes indicó que se realizarán debates de control político para estudiar cómo han actuado las instituciones. La Presidencia ordenó atender la emergencia y anunció varias investigaciones disciplinarias. A la Unidad para las Víctimas le solicitó restablecer todos los derechos de los pueblos indígenas y al Ministerio de Defensa se le ordenó investigar la responsabilidad de agentes de la Fuerza Pública en los casos reportados y reforzar las capacitaciones en Derechos Humanos con enfoque diferencial.

Adicionalmente, al Ministerio de Salud se le asignó la responsabilidad de “adelantar la construcción de un plan de acompañamiento efectivo de las violencias que se presenten en el territorio”, con un enfoque intercultural.

Estas medidas son respuestas rápidas a la opinión y parecen ser una retórica publicitaria más que una estrategia completa, pertinente, basada en un diagnóstico adecuado de la situación y el contexto actual. En efecto: las propias entidades estatales afirman a las claras que se trata de atender una “emergencia”.

¿Qué se necesita y qué se ha hecho?

Estas respuestas no tienen propósitos comunes, rutas verificables, unión de competencias institucionales o arreglos y planes estatales que permitan un buen desempeño en el territorio. Sin contar que lo anunciado no pregunta o incluye a la sociedad local en el desarrollo de estas medidas, y menos presenta una idea coherente de trabajo con los pueblos indígenas Nukak Maku y Jiw.

La evidencia demuestra una serie de graves violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Su integridad física, su derecho de ser protegidos contra la explotación económica, sexual, la trata, al igual que contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas son violentados sin consecuencia alguna.

Por lo tanto, no es ideal caracterizar su situación como una “emergencia”. Por el contrario, se trata de vulneraciones recurrentes al goce efectivo de los derechos de una población que cuenta con especial protección constitucional. En tal sentido, todo quehacer público debería enfocar sus esfuerzos, al menos, en

  • Restablecer el derecho violado:ir más allá de un mero proceso administrativo que verifique derechos o, de asignar tal responsabilidad a una entidadresponsable del proceso de reparación, más no de la restitución de tierras.
  • Reparar el daño (físico, emocional, cultural, entre otros) que ocasionó la vulneración, que, en este caso, considera al sujeto, sus pares generacionales y a su vínculo étnico y comunitario.
  • Crear las garantías necesarias para la no repetición de los hechos. Esto implica una gama de acciones que comienza por estrategias que prevengan el “fenómeno”, que protejan a los individuos, familias y comunidades, y que hagan efectiva la administración de justicia para quienes explotan y capitalizan criminalmente las vulnerabilidades de la niñez indígena en Guaviare.

La ribera del rio Guaviare no es un punto de partida para una vida digna. Allí se llega con violaciones, afectaciones y memorias de sufrimiento acumuladas. La niñez indígena explotada está cargada de daños anteriores que sucedieron en momentos deplorables. La situación actual es producto de vulneraciones previas, abandonos estatales y omisiones en la protección de sus derechos por parte de todos.

A lo anterior se le suma el efecto de las afectaciones del conflicto armado y las violencias asociadas que han pasado de generación en generación Y esta es una segunda lectura que se debe realizar: su contexto regional.

Desde enero de 2004, la Corte Constitucional se refirió al fenómeno del desplazamiento forzado y sus efectos como un estado de cosas inconstitucionales. En el 2009, su Auto 004 habló sobre el efecto diferencial del desplazamiento en los pueblos indígenas y el riesgo de extinción cultural y/o físico de algunos de estos, entre ellos los Nukak Maku y Jiw.

Hace 14 años, la Corte alertó sobre la gravedad del fenómeno y su invisibilidad. En consecuencia, ordenó elaborar planes de salvaguardia, formulados, pero débilmente puestos en marcha y valorados.

La muerte de la selva

Las selvas del Guaviare han sido escenario de una violenta y depredadora colonización. Este lugar era territorio ancestral del único pueblo que era totalmente nómada de Colombia y de los Jiw (semi nómada). Así, grandes extensiones selváticas han sido convertidas en potreros para ganadería, o se han destinado a cultivos mecanizados, aprovechando el tráfico ilícito de maderables.

Hoy, muchos de los sobrevivientes de diversos exterminios deambulan por el malecón de San José del Guaviare con la esperanza de contar con un plato de comida o un pase de droga, que les permita un viaje esperanzador a vidas dignas y ancestrales.

Ello implicó una alteración significativa en la relación territorio-cultura-sujetos, además del contacto con una cultura colona, sus costumbres y las enfermedades de los “blancos”, para las cuales su sistema inmune no estaba preparado y menos aún los servicios de salud de la región.

Otras extensiones de su hábitat se han convertido en teatro de operaciones militares entre guerrillas, paramilitares, mercenarios al servicio de carteles, disidencias, entre otros grupos armados, que luchan por las jugosas rentas ilícitas que produce el narcotráfico.

La diversidad selvática fue convertida en monocultivos de coca, protegidos por campos minados. La coca significó una nueva colonización armada de esta diversa y olvidada región del país, entrelazada con toda una serie de prácticas ilícitas y cultura mafiosa.

El contexto nos narra toda una historia de violencias públicas contra la diversidad étnica y cultural del país; aquella que constitucionalmente se pactó proteger, honrar y celebrar; aquella declarada como patrimonio genético y cultural de la humanidad.

Hoy, muchos de los sobrevivientes de diversos exterminios deambulan por el malecón de San José del Guaviare con la esperanza de contar con un plato de comida o un pase de droga, que les permita un viaje esperanzador a vidas dignas y ancestrales.

La catástrofe humanitaria

No se trata de una emergencia sino de una verdadera catástrofe. Una tragedia con una larga historia de encuentros violentos, incluso con la Fuerza Pública, y anuncios de soluciones en los planes de salvaguardia, en las acciones previstas en el capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las Farc y en las recientes medidas presidenciales.

La protección de estos pueblos indígenas y su niñez estaba en la densa selva y no en las llanuras creadas por las cuales se ven forzados a desplazarse. La garantía de sobrevivencia está en un territorio libre de minas y de actores armados.

Así mismo, en un retorno con garantías mínimas de seguridad, acompañado de un proceso que sea realmente distinto sobre la reparación de los daños ocasionados y una paulatina recuperación de su ethos cultural.  Un propósito que trasciende el actuar de un gobierno y las recetas recurrentes de las respuestas institucionales. Un propósito ambicioso, pero justo.

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Rocío Rubio

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Rocío Rubio

*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

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La deuda que tiene Colombia frente a la infancia víctima es magna, como lo documenta el Informe de la Comisión de la Verdad. Es un punto que debería preocupar y movilizar al gobierno nacional y la sociedad en general.

Rocío Rubio Serrano*

Hoy celebramos Halloween, fiesta asociada a niños disfrazados y golosinas. Su significado alude a una noche sagrada, víspera del día de todos los santos. Tras este ágape se enconde una vida amarga para generaciones de niños y de niñas; quienes no han tenido opción de elegir entre “truco o trato”. Desde muy temprana edad, la posibilidad de una travesura o de vivir una vida dulce ha quedado clausurada por la inmediatez de violencias, degradadas y crueles, con afectaciones a sus pequeños cuerpos y almas e impactos que se transmiten por generaciones, herencias de dolores, como bien lo señala el Informe de la Comisión de la Verdad, en su capítulo “No es un mal menor”.

Este capítulo inicia con una cita demoledora de un niño que buscó el cuerpo de su padre inerte en una montaña de cadáveres. Su encuentro con la muerte fue sin mediación alguna, en una imagen dantesca muy lejana a los esqueléticos decorativos de Halloween. Esta ha sido la realidad de más de 1.161 huérfanos en ocasión al conflicto armado, reportados por el ICBF[1]. Una cifra con un subregistro abrumador, porque el país ha decidido no contar la orfandad ni a causa de la violencia ni por catástrofes o pandemias, más aún si sobrevive alguno de los padres o un familiar cercano que toma la custodia del huérfano.

La noción de orfandad implica la ausencia del adulto referente de certezas, seguridades y protección. Por ende, también alude a la falta de ayuda, favor o valimiento. Sin embargo, a la niñez y adolescencia huérfana en ocasión al conflicto le ha tocado valerse por si mismos. Asumir roles no acordes a su edad, exponerse a nuevas formas de violencia y vulneración de derechos. Las niñas huérfanas terminan en labores de cuidado, por lo general. Dejar la escuela y engrosar las estadísticas del trabajo infantil es una de las estrategias más frecuentes para sobrevivir.

Los huérfanos no juegan al papá y la mamá, no se disfrazan de adultos, les toca serlo sin la edad y las herramientas para ello. Sorteando escenarios de pobreza e impactos emocionales de diverso orden.  Llevando consigo “ríos de lágrimas”, como lo narró Olga, una de las víctimas a las que escuchó la Comisión. La orfandad convive con pensamientos obsesivos, de culpa, venganza, suicidas o de agobio, sintiendo la muerte en la piel; porque para muchas víctimas ver caudales de sangre y cuerpos apilados fue su experiencia sensorial rectora en la primera infancia.

Los fantasmas de sábanas blancas no es un cuento que produce risa nerviosa y diversión para aquellos niños y niñas que vivieron la desaparición forzada o el secuestro de sus padres o adultos significativos. Entre 1990 y 2018, la Comisión de la Verdad logró documentar 50.770 casos de secuestro ([2]), caracterizados por la incertidumbre del retorno. Así mismo, entre 1985 y 2019 identificó 121.768 personas desaparecidas.

No hay datos confiables que permitan saber cuántas de las víctimas de estos hechos tenían hijos e hijas. Pocos han sido los casos que terminaron en reencuentros, paradójicamente, entre conocidos, pero a la vez desconocidos; puesto que quien regresa no es el mismo que partió un día a raíz del conflicto armado; llega con las cargas de la guerra.

En la mayoría de los casos, se crece con la ausencia de seres amados y lejos de sus lugares de origen, desterrados. La experiencia vital de las víctimas de desaparición entremezcla una realidad cruda, llena de añoranzas, con recuerdos fantasmales de sus seres queridos. Sin un cuerpo que enterrar y, por ende, sin un duelo por cerrar, la desaparición estuvo acompañada del silencio, funcional a la guerra o de explicaciones vernáculas para quienes preguntaron por sus seres y encontraron respuesta tales como “se lo comieron los chulos”, recolectadas por la Comisión en sus ejercicios de escucha.

Una vivencia similar se presenta en los hijos de padres vinculados con los actores armados y la Fuerza Pública; quienes crecieron lejos de sus progenitores vivenciando otra forma de orfandad y lidiando con el estigma para lo cual ocultaron su identidad, se desplazaron y apelaron al exilio como estrategia de supervivencia. Desde pequeños cargan sobre sus espaldas “una historia de odios dentro de la sociedad”, indica el Informe; que los señala, excluye y abre paso a otros hechos violentos.

Desplazamiento amargo

Los recorridos de 3.049.527 niños y niñas, desde 1985 a 2019, se han dado en noches y madrugadas motivados en la búsqueda de un lugar seguro donde habitar y no tras la pesca de golosinas. Para ellos las puertas no se abren con un dulce. Todo lo contrario, se cierran bien y tras ellas se cuelan señalamientos y estigmas, de los cuales es difícil despojarse. “El goce de sus derechos se convierte en una lucha diaria”, como bien lo anotó la Comisión, y la hostilidad acompaña la estabilización de sus vidas, paradójicamente, en los llamados lugares de acogida.

Desplazarse fue una estrategia de protección y prevención para muchos niños, niñas y adolescentes ante el riesgo de ser reclutados forzosamente, asesinados o bien ser víctimas de violencia sexual, entre otros hechos. Frecuentemente, ha estado acompañada no sólo de la pérdida de un lugar en el mundo, propio, sino de un ser querido. El desplazamiento trae consigo desarraigo y despojo. Y para quienes pertenecen a grupos étnicos reporta el riesgo de cortar la transmisión de saberes ancestrales y quebrar ese triángulo identitario conformado por el sujeto, su comunidad y territorio.  Sin embargo, desplazarse no clausura las amenazas y los riesgos. Nuevas violencias deben sortearse, como la urbana y su criminalidad; al igual que las pérdidas de referentes significativos y fracturas en redes familiares o de apoyo.

[1] Es de recordar que solo con la expedición de la Ley 1448 de 2011 se dispone el registro de huérfanos en ocasión al conflicto armado.  De acuerdo con las cifras de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y el 2018, 450.666 personas fueron víctimas de homicidio; de 1985 a 2016, 121.768 de desaparición forzada y 50.770 de secuestro. No se puede identificar de estas víctimas cuántas tenían hijos, pero considerar las cifras da un estimativo. En adición, 557 testimonios recibidos por la Comisión dan cuenta de cómo quedaron en orfandad a raíz del conflicto armado.

[2] De estos casos, 6.496 fueron niños, niñas y adolescentes secuestrados.

Foto: Museo de Memoria - El fusil se convirtió en una prolongación de sus corporalidades.

Nueva identidad

Los disfraces de Halloween no son una vestimenta ocasional para 16.238 niñas y niños reclutados o utilizados por los grupos armados desde 1990 a 2017, cifra que también reporta un subregistro notorio. Según estimativos realizados por la comisión para el periodo señalado se pudieron presentar entre 27.101 y 40.828 casos de reclutamiento.

El vestir de camuflado marcó sus éticas y estéticas. El alias asignado se apropió de su ser, por lo que fueron despojados de su nombre de pila y empezaron a comportarse acorde a las características de su sobrenombre: el tigre, la sombra, el pisa-suave, entre otros. Además, el fusil se convirtió en una prolongación de sus corporalidades.

Perversamente la guerra se convirtió en un juego real de los niños y las niñas, se apoderó de sus hogares, escuelas y demás entornos significativos. Especialmente, la situación tuvo impactos desproporcionados para las niñas; sus cuerpos fueron un botín más de guerra, con ellos se llevaron a cabo labores de inteligencia, en los que emplearon métodos anticonceptivos y, como si fuera poco, se practicaron abortos forzados.

A su vez les fueron arrebatados de los brazos a los recién nacidos, cuando lograron que los embarazos llegaran a término y, a estos bebés, les cercenaron una etapa vital de su desarrollo físico, neuronal y emocional: la exo-gestación.

Un lector atento observará tres hechos victimizantes y el encadenamiento de una espiral de vulneraciones que han impactado a la niñez colombiana tras décadas del conflicto armado.

Violaciones que no se han clausurado con la firma de acuerdos de paz. Conocerlas, reconocer su magnitud, la afectación individual y el impacto colectivo es un ejercicio al que nos acerca el Informe de la Comisión. Allí no se agota la verdad de generaciones cuyo signo trágico fue crecer en contextos bélicos, en donde la guerra poco a poco se normalizó y perdió su carácter de asombro.

Este capítulo no es un punto de llegada. Tiene un recorrido válido y una apuesta prevalente que ofrece visibilidad a las afectaciones e impactos del conflicto armado en la niñez. Escuchando sus propias memorias y voces, y revirtiendo el significado etimológico del infante: aquel que no tiene voz.

Esta apuesta no solo es narrativa y ética, sino política. Debería ser una práctica en el diseño y puesta en marcha de la política para las infancias y adolescencias del país.

Claramente los exterminios y degradaciones que muchos vivieron, y aún viven, no pueden banalizarse en el sistema político colombiano en aras de garantizar la no repetición de los hechos.

Este asunto no es un mal menor. Son generaciones cuyos capitales son un cúmulo de pérdidas a raíz del conflicto. Esta deuda debería ser prioridad para cualquier pacto histórico que tenga en el horizonte un país en paz.

Vale recordar que la inversión de mayor retorno está en la infancia, como lo comprobó en el ámbito educativo James Heckman, premio Nobel de Economía en el 2000.

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Rocío Rubio

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Rocío Rubio

*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

Foto: Gobernación del Quindío - 886 bebés de madres entre los 10 y 14 años nacieron en los 10 primeros meses de 2021.

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Colombia padece una crisis de embarazos en niñas —la cual se exacerbó con la pandemia—, pero no parece un problema de prioridad para el Estado. Esto es lo que está pasando y esto es lo que debemos hacer.

Rocío Rubio Serrano*

Violencia sexual en la pandemia

Madres entre los 10 y 14 años dieron a luz 886 bebés en los diez primeros meses de 2021, es decir, hubo un aumento mayor que el 30% de los casos reportados en el 2020.

Esto, refleja un retroceso en la prevención del embarazo a temprana edad —si lo comparamos con los datos del 2018 y 2019—, y es una alerta roja en cuanto a la protección integral de los derechos de las niñas.

Adicionalmente, indica que fueron bebes concebidos en el periodo de aislamiento preventivo decretado el 24 de marzo de 2020 y prorrogado hasta el 1 de septiembre del 2021. Sin embargo, el confinamiento de la niñez en sus casas –experimentado la totalidad de su cotidianidad– fue mayor y tan solo hasta hace dos meses muchos niños ingresaron presencialmente a sus escuelas, tras fallidos modelos de alternancia y virtualidad.

Los estragos de la pandemia fueron desproporcionados para quienes aún no alcanzan la mayoría de edad y, en especial, para las niñas. En el aislamiento, muchos niños, niñas y adolescentes vivieron:

  • sin acceso a referentes significativos de protección;
  • sin modelos pertinentes de presencia institucional;
  • sin la posibilidad física de resguardarse en entornos protectores, y
  • con el aumento de horas de contacto con agresores dentro de los hogares.

De modo que, el aislamiento prolongado configuró un escenario favorable para la expresión e intensificación de diversos tipos de violencias. En consecuencia, al finalizar el 2021, el DANE registró 1.156 bebés de madres menores de 14 años.

Este es un indicador desgarrador, pues son miles de niñas-madres que dejaron las muñecas para sostener en sus brazos a bebés con demandas y necesidades reales. Su embarazo puso en riesgo su derecho a una vida digna, y a su adecuado, armonioso e integral desarrollo. Su maternidad tiene como correlato la vulneración de su integridad física, emocional y sexual. Así mismo, denota la violación ejercida contra sus derechos sexuales y reproductivos.

Es un delito

Ser madres por debajo de los 14 años, bajo ningún criterio, puede ser considerada una decisión informada y consentida. Menos aún si el padre de sus hijos es mayor de edad.

Esto no desconoce los esfuerzos que las niñas hacen por asumir una maternidad forzada. No obstante, es necesario elevar la voz sobre el hecho victimizante, en tanto es una violencia ejercida bajo diversas modalidades, incluso la persuasión y la seducción.

La Constitución de Colombia consagra la integridad como un derecho fundamental de toda persona menor de 18 años, y la Ley 1098 de 2006 señala la responsabilidad de protegerla de cualquier acto que la vulnere. Por su parte, la legislación penal sanciona los “delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales”, y tipifica “el acceso carnal abusivo con menor de 14 años”.

En consecuencia, aproximarse a 1.156 niñas-madres no puede ni debe hacerse bajo un prisma moral o un asunto que inspire compasión y caridad. Este es un delito que debe investigarse, judicializarse y sancionarse en aras de la no repetición de los hechos.

La vulnerabilidad es doble

La gravedad de esta cifra relata la urgencia de identificar afectaciones e impactos de una maternidad temprana para la vida de las niñas y adolescentes, los sentidos que las tejen y estructuran, amén de su desarrollo. En efecto, los pequeños cuerpos de niñas aún en formación se ven abocados a proteger frágiles seres. Hay una doble vulnerabilidad: madre e hijo.

Las niñas-madres deben lidiar con retos biológicos, emocionales, mentales y socioculturales. Ser madre por debajo de los 14 años reporta un riesgo cinco veces mayor de morir durante el embarazo o el parto, que una mujer de 20 años. Así mismo, hay una mayor propensión a las hemorragias pospartos; hipertensión relacionada con el embarazo; afectaciones en la función renal, cardíaca y del tamaño del útero, y demás afecciones debilitantes para toda la vida.

Al mismo tiempo, un hijo concebido a esta edad tiene mayor probabilidad de ser prematuro y de bajo peso al nacer. La mortalidad en estos casos es cercana al 50%, de acuerdo con el estudio de la Fundación Plan. Además, el útero de las niñas-madres aún está en formación, y su potencial para albergar al feto y nutrirlo de manera adecuada es limitado.

En términos emocionales y psicológicos, las niñas no están preparadas para ser madres. Ellas enfrentan depresiones posparto y síndromes ansiosos con mayor probabilidad que las madres mayores de 20 años. Son frecuentes los sentimientos de rechazo hacia su hijo, el miedo a ser señaladas o estigmatizadas socialmente. Incluso, temen enfrentarse a sus familias y ser rechazadas o, peor aún, de permanecer en estas, silenciadas ante hechos que atentan contra su dignidad e integridad.

Por regla general, el embarazo infantil implica la deserción del sistema escolar. En el corto plazo, esta situación suele estar acompañada de trabajo infantil, o peores formas de este (trata, esclavitud, servidumbre, entre otras). En el mediano plazo, implica la inserción laboral como mano de obra no calificada. En estas circunstancias, el riesgo de nuevos embarazos es mayor y la pobreza queda latente.

El abandono a la niñez

La niñez colombiana tiene el derecho a ser protegida de los riesgos y los efectos producidos por desastres naturales o situaciones de emergencia. De modo que, blindar la niñez de los efectos de la emergencia sanitaria por la COVID-19, era un imperativo normativo y ético.

No obstante, lo que primó en esos años fue la urgencia de aislarla ya que fue considerada vector de contagio. Reinó una mirada adulto-céntrica, que cosificaba a la niñez y negaba de hecho cómo en emergencias se exacerban asimetrías de poder y violencias ancladas en la definición de sus víctimas como objeto y no sujetos de derechos

Era evidente que el confinamiento aumentaría el tiempo de contacto de niños y niñas con posibles abusadores, y que el aislamiento auspiciaría un entorno proclive a todo tipo de vulneraciones. Los efectos negativos de la pandemia eran previsibles y prevenibles.

Sin embargo, ni el debate ni las medidas adoptadas en la pandemia atendieron las consideraciones de género y curso de vida de las personas. Mucho menos, consideraron sus entornos vitales, y si tenían o no acceso a medidas de protección. Las alertas de organizaciones sociales para garantizar a niñas una vida libre de violencias fueron, y siguen siendo, poco atendidas.

Las Niñas madres en Colombia
Foto: Fiduagraria - La incapacidad del gobierno para desarrollar estrategias que promuevan la inversión en la oferta nacional de insumos y bienes finales está afectando las finanzas del país.

Puede leer: Los efectos de la pandemia en la salud sexual y reproductiva de las mujeres

La necesidad del debate

Las 1.156 niñas-madres no configuran una situación inimaginable: esta es apenas la punta del iceberg.

Antes que constatar una situación de llegada, es necesario propiciar un debate orientado a la toma de decisiones públicas en favor de la garantía de los derechos de las niñas-madres y de sus hijos. Entre los puntos del debate, estas preguntas no pueden faltar:

  • ¿Estamos ante apenas 1.156 casos o el dato, en la realidad, es aún más amplio?
  • ¿Este dato tiene énfasis regional?
  • ¿Quiénes son los padres?
  • En caso de ser menores de edad, ¿qué tipo de acompañamientos y atenciones especializadas les han provisto para asumir estas paternidades?
  • ¿Qué pasa si el padre es un adolescente responsable penalmente de haber incurrido en el delito de acceso carnal abusivo?, ¿debe primar aquí alguna consideración, o es homologable a cuando el perpetrador es mayor de edad?
  • ¿Las 1.156 madres son apenas una estadística más reportada con cierto asombro e insinuación de la existencia de un delito?, ¿hay para cada una de ellas un proceso de verificación y restablecimiento de derechos, así como de garantía de acceso a la justicia?, ¿cuáles han sido los resultados del sector jurídico?
  • ¿Hay actualmente procesos de atención y reparación de las afectaciones e impactos derivados de embarazos a temprana edad?

1.156 casos es un número aparentemente “pequeño”, pero devastador por la edad de las madres. Este dato nos señala con vehemencia nuestra incapacidad de proteger a quienes hemos definido como sujetos de especial y reforzada consideración. Así mismo, nos recuerda nuestra miopía como sociedad e inviabilidad como país.

Estas niñas y sus hijos no son el futuro, son un presente continuo con un relato de vida poco promisorio. Esto debería indignarnos, y, aún más, animarnos a convocar todos nuestros esfuerzos para su idónea atención.

También es nuestra responsabilidad prevenir que estos hechos se repitan. Es necesario recordar que el factor multiplicador para cada caso es abrumador, y puede pasar silenciosamente. De esta forma, perpetramos la cadena de vulneraciones de derechos de las infancias colombianas.

Ser madre a temprana edad no es un juego de niñas, sino una problemática de salud pública, y un relato de violencia. Además, es en todo caso deliberado, y, por tanto, prevenible.

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Rocío Rubio

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Rocío Rubio

*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

Foto: Alcaldía de Bogotá - Mano roja.

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Aunque el acuerdo con las FARC disminuyó las cifras del reclutamiento forzado de menores de edad, aún es un fenómeno alarmante en Colombia.

Rocío Rubio*

El reclutamiento es un crimen de guerra

Este 12 de febrero fue el día de la Mano Roja, una iniciativa mundial contra la vinculación o participación de menores de edad en los conflictos armados.

Este día, en el 2002, entró en vigor el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a su participación en los conflictos armados. El protocolo insta a los Estados a prevenir esta participación de menores, a atender a sus víctimas de manera integral y a garantizar su no repetición.

El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados es un fenómeno de vieja data en Colombia. Así lo documentó el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Una Guerra sin Edad.

Se trata de una práctica histórica y sistemática. Sin embargo, sus motivos están cada vez más desdibujados y sus lucros ilícitos son más protagónicos. De hecho, en el macro caso 07, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha identificado que el 68% de las víctimas reclutadas eran menores de 15 años.

Portar un fusil y vestirse de camuflado no es un juego de niños y no convierte a los reclutados en adversarios del Estado, como suponen algunos ministros de Defensa en Colombia.

De acuerdo con el Convenio 182 de la OIT, la participación de niños en conflictos armados es una de las peores formas de trabajo infantil, un delito tipificado desde 1997 en la legislación colombiana y una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En ese sentido, es un crimen de guerra.

Adicionalmente, puede configurarse como un delito de lesa humanidad al examinar las consecuencias devastadoras, desproporcionadas y diferenciadas para las víctimas, sus sentidos, relaciones y proyectos de vida.

Portar un fusil y vestirse de camuflado no es un juego de niños y no convierte a los reclutados en adversarios del Estado, como suponen algunos ministros de Defensa en Colombia. Por el contrario, son sujetos de especial y reforzada protección constitucional.

Los niños y niñas han experimentado dentro de las filas diversos tipos de violencia —en particular de género—, tratos crueles e inhumanos y vulneraciones a todo el catálogo de derechos —comenzando con la anulación de su nombre de pila para adoptar un alias—.

El efecto de los acuerdos de paz

Los acuerdos de paz han conllevado tímidos avances en la protección integral de niños, niñas y adolescentes y la erradicación de su reclutamiento y utilización.

Si bien en las desmovilizaciones paramilitares no se propuso explícitamente la desvinculación de los menores de edad, en el marco de la ley de Justicia y Paz se presentó un reconocimiento del reclutamiento perpetrado y se dispuso un escenario de reparación judicial en favor de las víctimas y de garantías de no repetición.

Se perpetraron reclutamientos y utilizaciones de cerca de 599 adolescentes, entre los 13 y 17 años en el Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Arauca, Putumayo, Vichada, Caquetá, el Meta y los departamentos del Andén Pacífico entre 2016 y 2019.

Sin embargo, la falta de una desvinculación formal y la presencia de otros actores armados en disputa territorial facilitaron nuevos reclutamientos y utilizaciones.

Según el Observatorio de la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dos años antes de suscribirse el Acuerdo Final con las FARC, esta guerrilla era de lejos la principal reclutadora en el país con un 52 % del total de casos; le seguía el ELN con el 10 % y las bandas criminales con un 3 %.

Por su parte, la JEP presentó la cifra provisional de 18.677 víctimas de reclutamiento por parte del FARC y ha señalado a esta guerrilla como el “actor armado que utilizó de manera persistente en el tiempo y en mayor medida el reclutamiento de niñas y niños en el marco del conflicto”.

Sin duda, el Acuerdo redujo la incidencia del fenómeno. Entre 2015 y 2019 se reportó una reducción del 62 % en el número de casos en comparación con el período entre 2011 y 2014. Pese a este dato alentador, diversas voces han documentado y denunciado la continuidad de esta grave violación.

Puede leer: La infancia perdida por el reclutamiento

Las cifras

De acuerdo con el cuarto informe del Secretario General de Naciones Unidas relativo a los niños y los conflictos, se perpetraron reclutamientos y utilizaciones de cerca de 599 adolescentes, entre los 13 y 17 años en el Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Arauca, Putumayo, Vichada, Caquetá, el Meta y los departamentos del Andén Pacífico entre 2016 y 2019.

En 2019, el Observatorio de la Niñez y el Conflicto Armado de la COALICO alertó sobre 200 casos.

En 2021, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría identificó los citados departamentos en riesgo y en estos, sus territorios más periféricos, de frontera y rurales dispersos, en riesgo extremo.

El 80 % de las alertas defensoriales para 2020, por ejemplo, se concentraron en las zonas rurales de 188 municipios. Las víctimas estaban en el rango comprendido entre los 8 a 18 años y el 33 % eran menores de 14 años, lo cual muestra la tendencia de los armados a reclutar niños cada vez menores.

El 44 % afirmó pertenecer a pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas, lo que señala también la tendencia a un mayor reclutamiento de la niñez étnica.

Los factores de riesgo

En los nuevos procesos de reclutamiento persisten factores de riesgo ya señalados en el 2013 por el Conpes 3673 tales como: la presencia de actores armados en los territorios, las economías ilícitas y los corredores estratégicos para los más variados tráficos ilegales. Así mismo, existe una situación endémica de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al igual que frágiles entornos de protección que facilitan la vinculación de esta población con los armados.

Sin embargo, hay dos situaciones que han aumentado el riesgo en los últimos años:

La primera está relacionada con la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19 y las medidas adoptadas para frenar su contagio. Sin tener un estimativo claro, la pandemia ha dejado a niños y niñas sin cuidadores primarios y sin protección por parte del Estado. El cierre prolongado de las escuelas, la imposibilidad de educación virtual o de desarrollo de modelos de alternancia en la práctica facilitó la deserción escolar. Por esta razón, allanó el camino para la vinculación con los armados, que siguen en los territorios y que operan con mayor libertad gracias al confinamiento.

La segunda situación se relaciona con los niños “no acompañados” o separados que traspasan la frontera colombo-venezolana.

Adicionalmente, se registra una diferencia en cuanto al agente perpetrador de estas graves violaciones.  Ahora, este delito es perpetrado por disidentes del Acuerdo con las FARC, el ELN, el EPL y una variedad de grupos cada vez más vinculados con el narcotráfico, es decir, asociados a la delincuencia trasnacional y no tanto a los funcionamientos internos de un conflicto armado.

Esto afecta las rutas a seguir por la población desvinculada después de su proceso de atención y restablecimiento de derechos, liderado por el ICBF. El marco normativo vigente reconoce como víctimas a quienes han sido reclutados en ocasión del conflicto armado, excluyendo los usos y utilizaciones de formas delincuenciales.

reclutamiento de menores
Foto: Gobernación de Santander - La experiencia de una vida en armas a temprana edad es una vivencia desgarradora y cruel para las víctimas de este delito.

Le recomendamos: Reclutamiento forzado subió un 113 por ciento

Fundamentos para la prevención

Urge una revisión desde el paradigma de la protección integral para que los niños, las niñas y adolescentes recuperados y atendidos por el Estado puedan saldar sus moratorias sociales, reparar sus infancias resquebrajadas por las experiencias violentas y proyectar un sentido de vida alternativo, esperanzador y viable.

En materia de prevención, la prevalencia del reclutamiento infantil es un serio llamado de atención a replantear nuevos funcionamientos y su adecuada caracterización para tomar decisiones basadas en evidencia.

Para ello, es preciso territorializar las apuestas de política y examinar el arreglo institucional más idóneo para operar en zonas dispersas de manera continua, desarrollando procesos y no solo eventos por significativos que estos sean.

Pese a las instancias de coordinación existentes, es necesario avanzar hacia un mayor diálogo y una mayor actuación interagencial que comprometan a diferentes niveles de gobierno y se sumen con los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil.

La experiencia de una vida en armas a temprana edad no es únicamente una vivencia desgarradora y cruel para las víctimas de este delito, sino para sus familias, comunidades y sociedad que se ven abocadas a lidiar con crecientes moratorias sociales y no capitalizar un bono poblacional cada vez más capturado por los armados.

Todos debemos repudiar el reclutamiento y no en forma de eslogan electoral, enunciado de modo maniqueo. Por encima de espurias polarizaciones, lo que nos debe unir como país es la protección integral de niños, niñas y adolescentes a quienes no les corresponde sufrir las violencias de la guerra y el conflicto.

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Rocío Rubio

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Rocío Rubio

*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

foto: Pixabay - Sorprende el mutismo social y político frente a las afectaciones e impactos diferenciados en las infancias colombianas.

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Rocío Rubio Serrano

El aumento de huérfanos producto de la COVID-19 es una tragedia e intensifica la crisis que vive Colombia. Pero el Estado prefiere ignorarlo.

Rocío Rubio Serrano*

Pandemia, infancia y ausencia del Estado

Hace un par de semanas una investigación anunció que Colombia es el quinto país con mayor número de huérfanos a causa del fallecimiento de padres, cuidadores y adultos significativos por COVID-19.

Este estudio, publicado en la revista The Lancet, sostiene que después de 13 meses de declararse la pandemia —y tras el pico de agosto— cerca de 55.000 menores de edad quedaron en orfandad. Otros estudios arrojan resultados más conservadores que rondan los diez mil huérfanos producto de la pandemia.

Aunque estas cifras son estimativas —pues no existen estadísticas oficiales al respecto—, ellas resaltan la necesidad de formular programas para abordar el problema de manera integral y que sean consistentes desde la etapa de diseño hasta la ejecución. Igualmente, preocupan el silencio social y político sobre los efectos de la pandemia en la infancia colombiana.

Mas allá de los estimativos aparece una tragedia que se narra sin asombro, como otras tantas cuyos protagonistas son infantes y adolescentes. Tragedia que era previsible en un contexto de pandemia, y más en países con alta marginalidad, pobreza y violencia, donde las medidas de protección son precarias o simplemente inexistentes.

Pero que una tragedia sea previsible, significa que es posible anticipar estrategias que atiendan la emergencia, contengan y acompañen a quienes pertenezcan al grupo vulnerable.

Es indudable que la pandemia tomó a todos por sorpresa a comienzos del 2020, pero esto no es pretexto para la inacción del Estado. La humanidad ya había registrado situaciones similares y sus consecuencias en el aumento de la orfandad.

Aunque era inevitable tomar medidas de confinamiento y aislamiento, también debió pensarse en los efectos de estas medidas sobre la infancia, particularmente en vista de la dependencia casi exclusiva de los niños de sus entornos familiares.

Deterioro de la salud mental

La anterior ecuación nos invita a pensar cómo se vive la pérdida de un ser querido, adulto significativo o cuidador cuando se está aislado de otros entornos. Incluso, cuando hay cuadros ansiosos o depresivos a raíz del confinamiento y hacinamiento. También, cuando se agudizan los síndromes de estrés postraumático por una perdida abrupta, o cuando los duelos son parciales o deben ser posterga debido a la pandemia.

La deuda de bienestar y salud mental para esta población está aumentando. Las soluciones son casi inexistentes y no se encuentra nada cuando se aspira a alternativas diferenciadas por género o rango de edad.

Pero no es lo mismo perder un padre o una madre a los 17 años, que perderlo en la primera infancia. En la primera infancia se hace conciencia del otro, se produce la socialización temprana y se desarrollan las conexiones cerebrales que permiten ubicar a la persona en el mundo y ser empáticos con otros. Todo esto, a través de la interacción con los cuidadores cercanos.

No en vano la recomendación consiste en que la respuesta oficial no sea ubicar a los huérfanos por COVID-19 en establecimientos de protección, sino, por el contrario, desarrollar y apoyar modelos de familia extendida como familias de acogida y tutores. Lo anterior, siempre y cuando sea realmente un entorno de protección y cuente con las cualificaciones para acompañar asertivamente a esta población.

De acuerdo con los informes de UNICEF y de Niñez YA hay un retroceso mundial en los indicadores de bienestar de menores de edad, pero la situación es aún más crítica para quienes están en orfandad.

De igual forma, la nueva normalidad para los huérfanos es aún más devastadora que para sus contemporáneos. El uso del tapabocas, el lavado de manos y los metros de distancia, más que medidas de bioseguridad, se transforman simbólicamente en barreras para ser consolados, contenidos y acompañados. Por eso se necesitan estrategias de apoyo y reparación para estos niños o niñas, pero no como medida de emergencia, sino como proyecto a mediano y largo plazo.

Aumento del trabajo y la explotación infantil

Según la OIT y UNICEF las tasas de trabajo infantil en condiciones no reguladas y peligrosas están y seguirán aumentando a pesar del subregistro.

Si el contexto anterior a la pandemia ya era desfavorable, la vulneración de los derechos de los menores de edad se agravó con la pandemia. Los huérfanos dejan de ser dependientes y sujetos de protección, un hecho que se agudiza si la familia era monoparental y si a causa de la COVID-19 se pierde al único adulto responsable de orientar sus vidas.

Así mismo es previsible el aumento de la participación de menores de edad en la comisión de delitos. También aumentarán las peores formas del trabajo infantil como decir actividades relacionadas con la cadena del narcotráfico; el reclutamiento ilícito por parte de grupos rearmados y disidencias presentes en muchas regiones del país; la trata de personas y otro tipo de explotaciones económicas, como lo alertó Human Rights Watch el presente año.

Muchas niñas y adolescentes huérfanas asumirán la función de cuidadoras de manera permanente, pero esta no necesariamente será una actividad que permita nuevos aprendizajes significativos, o que propicie más responsabilidades y autonomías en entornos familiares. Por el contrario, será un modo de vida. Será un destino trazado que agravará las desigualdades de género.

El acceso y permanencia en circuitos educativos y laborales no cualificados, será mucho menor. Sin mencionar los riesgos para los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.

Foto: Alcaldía de Bogotá - Muchas niñas y adolescentes huérfanas terminarán asumiendo roles de cuidadoras de forma permanente que no les corresponden para su edad.

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¿Qué se está haciendo?

El panorama es devastador. La tasa de mortalidad por COVID-19 en un año y medio supera a las tasas asociadas con el conflicto armado durante varias décadas. Hasta el momento se han registrado  125.097  fallecimientos por contagio del virus, a comparar con las 262.197 muertes con ocasión del  conflicto entre 1958 y 2018, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El debate sobre la infancia y la adolescencia en la pandemia no puede reducirse a la alternancia o retorno a la presencialidad en los planteles educativos. Esta idea ignora que una gran cantidad de niños y niñas ahora desertan de la escuela porque deben proveer los recursos que antes brindaba el cuidador que murió por COVID-19. Y esto, además, no puede ser de otro modo debido a la ausencia de una estrategia oficial que los identifique, atienda, acompañe, permita su desarrollo integral y mejore sus entornos cercanos y significativos.

Si bien los niños y niñas en orfandad no han sido registrados oficialmente, hoy aparecen en un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes, “por medio de la cual se crea una ayuda monetaria a favor de los niños, niñas y adolescentes cuyo padre, madre o ambos hayan fallecido por causa de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19”.  Este proyecto de ley propone:

  • crear un sistema de registro e información de los huérfanos a causa de la COVID-19, que permita su identificación y atención;
  • agilizar y adecuar el proceso de restablecimiento de derechos a esta población;
  • darle prioridad en los programas de apoyo económicos a través de una transferencia monetaria transitoria;
  • asegurar su acceso a los servicios básicos de salud y educación, y
  • apoyar la inserción económica de cuidadores y tutores.

¿Qué se necesita hacer?

La prevalencia y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes es aún la preocupación de pequeños grupos de expertos y organizaciones, cuando debería ser una prioridad del Estado.

En efecto, esta población no es un rostro reconocible de la actual pandemia, pues no ocupa mayoritariamente las “camas-UCI”. No obstante, sí le afecta de forma significativa lo que ocurre en el área de cuidados intensivos.

Hasta la fecha no hay acciones decididas para mitigar las desigualdades que agrava la pandemia en las dimensiones socioafectivas, culturales, educativas y económicas.  No existen lineamientos en el ICBF que diferencien a esta esta población, aunque el Instituto cuenta con valiosos aprendizajes en materia de orfandad con ocasión del conflicto armado colombiano.

Si bien la definición de huérfanos debidos a la COVID-19 puede ser mejorada, es imperativo apoyar esta iniciativa. Urge garantizar un plan de atención que, además del ICBF, comprometa al conjunto de las instituciones estatales en un propósito común.

La iniciativa deberá tener un enfoque diferencial y territorial que atienda la dispersión geográfica de las víctimas. De igual manera, deberá asegurar el monitoreo, acompañamiento y seguimiento, que incluya las voces de quienes están en orfandad.

La sociedad debería mejorar esta iniciativa, dada su corresponsabilidad en proteger   los derechos de niños, niñas y adolescentes. Diversos sectores deberán ser veedores y acompañantes de la iniciativa, sin que medien pretensiones partidistas para sacarla avante en una legislatura mediada ya por la campaña presidencial.

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Rocío Rubio

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Rocío Rubio

*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

Jurisdicción Especial para la Paz Reclutamiento de niños

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Rocío Rubio Serrano

Sobre la gravedad y la lógica detrás de las declaraciones del ministro Diego Molano frente al bombardeo del ejército en el Guaviare.

Rocío Rubio Serrano*

Los hechos

El pasado 2 de marzo, la vereda Buenos Aires, municipio de Calamar, Guaviare, fue escenario de un bombardeo por parte de la Fuerza Pública. El objetivo era atacar el presunto campamento de alias Gentil Duarte, disidente de las FARC.

Según fuentes militares, murieron diez personas, que Medicina Legal está por identificar. También fueron capturadas cinco personas, de las cuales dos son menores de edad y se encuentran heridas.

Las labores forenses confirmaron que entre los cuerpos se encontraba el de una adolescente de 16 años: Danna Lizeth Molina; y este sábado falleció Yeimi Sofía Vergara, de 15 años, por los mismos hechos.

La muerte de Danna y Yeimi, que nos debería doler a todos, no puede ser leída como indicador de una victoria militar. Es una tragedia que muestra lo vulnerables que son los niños y en particular las niñas en nuestro país.

Un saldo militar que presente a menores de edad fallecidos es una victoria espuria de una guerra cada vez más degradada, que aleja a Colombia de la senda de un país viable.

El ministro Molano da a entender que su muerte se justifica porque previene la formación de futuros criminales

Detrás de una niñez que desde temprana edad debe jugarse la vida en contextos bélicos está la pobreza, inequidad, exclusión y marginalidad, el abandono estatal y la indiferencia de la sociedad. Estas realidades se han agudizado en tiempos de pandemia y en zonas rurales dispersas en donde las economías ilícitas y los grupos armados marcan la cotidianidad de infantes y adolescentes.

La controversia y su perversidad

Lo sucedido tomó un giro aún más controversial por las nefastas declaraciones del ministro de defensa, Diego Molano, quien el 10 de marzo pasado se refirió a los niños reclutados como máquinas de guerra.

La expresión máquinas de guerra es más que una salida en falso o una ligereza lingüística.

En declaraciones hechas en el programa Pregunta Yamid, el ministro afirmó que el entrenamiento militar y su presencia en el campamento transforma a los niños y niñas reclutados en jóvenes combatientes y peligrosos.

Para completar, Molano resalta en un trino que los líderes y disidentes del ELN fueron reclutados siendo menores de edad, y hoy “son criminales, reclutadores, asesinos, secuestradores y extorsionistas”.

Así, sutilmente desdibuja la condición de víctimas de niños y niñas reclutados. Entre líneas, da a entender que su muerte se justifica porque previene la formación de futuros criminales.

Finalmente, al instarlos a que se desmovilicen y se sometan a la justicia, pone la responsabilidad en las personas que debieron ser protegidas desde el comienzo.

Todo esto hace parte de una estrategia para justificar a toda costa la acción militar, desconociendo los preceptos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los Derechos Humanos y la Ley de Víctimas.

El relato es tan perverso como lo son las acciones de los grupos armados, que los utilizan como escudos de guerra.

Foto: Ministerio del Interior ¿Qué está haciendo el Estado colombiano para frenar el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes?

Le recomendamos: Reclutamiento forzado subió 113%

Estas declaraciones sorprenden sobre todo de parte de quien es exdirector del ICBF, entidad que desde 1999 ha desarrollado el programa para atender como víctimas del conflicto a menores de edad desvinculados de los grupos armados, bajo el principio de la protección integral e interés superior.

Además, bajo su dirección en el ICBF se impulsó la apropiación de la Ley de Víctimas, que reconoce a las personas menores de edad reclutadas como víctimas de graves violaciones a sus derechos e infracciones al DIH y demanda la restitución de sus derechos y su reintegración social y exige su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

¿Acciones legítimas?

Lo que se soslaya de este tipo de narrativas ministeriales es la deshumanización y cosificación de personas que, según nuestro ordenamiento jurídico:

  • Son objeto de especial y reforzada protección constitucional; reconocidas como sujetos cuyos derechos son prevalentes e interdependientes.
  • Deben ser protegidas de los conflictos armados, de ser reclutadas o utilizadas y de ser víctimas de crímenes de guerra o de terribles formas de trabajo infantil, entre otras graves violaciones.

Esto está consignado en los tratados de derechos humanos incorporados a la legislación interna, nuestra Carta Magna, el Código de la Infancia y la Adolescencia y la jurisprudencia constitucional.

Lo expresado está lejos de ser una minucia jurídica. Más que la legalidad de las acciones, aquí se juega la legitimidad de la acción militar y el deber estatal de acatar el DIH.

Sobre las personas menores de 15 años reclutadas por grupos armados, el DIH indica que no son combatientes, sino víctimas de un crimen de guerra. En el Protocolo II, afirma que los menores de 15 años deberán ser protegidos de modo especial, independiente de si han participado en hostilidades o han sido capturados.

Argumentos como los de Diego Molano no son nuevos y hacen parte de toda una trama que valida la muerte violenta en Colombia en pro de un bien superior.

En cuanto a las personas que aún no cumplen sus 18 años, el Estado tiene el deber de respetar, acatar y garantizar sus derechos humanos. Independientemente de si la situación entra en el marco del conflicto armado o no, la Corte Constitucional ha señalado que “debe darse prevalencia a la interpretación en favor de la víctima” y no de jóvenes combatientes, como lo da a entender el ministro Molano.

Alertas sin respuestas

El resultado del bombardeo también da cuenta del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como un fenómeno actual, sistemático y en aumento en las zonas rurales del país.

Las alertas se han emitido desde organizaciones como la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), que denunció 79 eventos relacionados con este fenómeno, y la Defensoría del Pueblo, entidad que durante el año pasado emitió 120 alertas tempranas por reclutamiento.

Puede leer: La infancia perdida por reclutamiento ilícito

Por supuesto, esta situación convoca a condenar a los grupos armados que continúan perpetrando esta grave violación.

Pero también es necesaria una revisión a fondo de la política de prevención del reclutamiento y utilización por parte del Estado colombiano (Conpes 3673 de 2010). Además, es necesario evaluar:

  • Cómo están operando las rutas de prevención y sus equipos de acción inmediata; y
  • La real puesta en marcha de la política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados (Decreto 1434 de 2018).

Reacciones sin garantizar la no repetición de los hechos

Expresiones como “máquinas de guerra” que cosifican, minimizan y banalizan los hechos alimentan debates maniqueos, que poco contribuyen a garantizar que no se repitan.

En este escenario, la aparente solución política es presionar por una renuncia ministerial, como ya sucedió en 2019 cuando, fruto también de un bombardeo militar contra una disidencia de las Farc, murieron ocho personas que no alcanzaban aún su mayoría de edad, situación que precipitó la salida del entonces ministro Botero.

Por su parte, la respuesta social no pasa de expresarse a través de “memes” y caricaturas en las redes sociales que flaco favor hacen a la defensa de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En ambos casos se trata de reacciones sin reflexiones, que pasan por alto que este tipo de argumentos no son nuevos y hacen parte de toda una trama que valida la muerte violenta en Colombia en pro de un bien superior.

Una guerra en la que se alardea de la muerte de los más indefensos no tiene vencedores, sino una gran masa de dolor, pérdidas y terror.

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*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

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Los hechos muestran que estamos ante una práctica normalizada en una sociedad patriarcal que desprecia a las mujeres y a los pueblos indígenas.

Rocío Rubio* Continue reading «La violación de niñas indígenas: mucho más que un caso aislado»

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*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

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Rocio RubioUna paliza brutal en un centro que debía restaurar y proteger a los adolescentes confirma que el sistema no cumple ni siquiera con su nombre: no establece diferencias con el ya mal sistema de justicia para adultos. ¿Qué se puede hacer entonces?

 Rocío Rubio Serrano*

Continue reading «El Redentor: evidencia de una crisis profunda en la Justicia Juvenil en Colombia»

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*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

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Rocio RubioLa reacción de los vecinos, de los medios, de las redes, de los políticos y de nosotros los adultos no resuelve el problema, sino que lo perpetúa. ¿Cuándo tomaremos en serio la protección de la infancia?

Rocío Rubio Serrano*

Continue reading «El caso de Génesis Rúa: más allá de la conmoción»

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*Antropóloga y magister en Estudios Políticos. rubiorocio55@hotmail - @antropologa1

ISSN 2145-0439

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