El proceso electoral en zona de turbulencias

La violencia y las tensiones entre el gobierno y la oposición están afectando el proceso electoral. Pero las consecuencias prácticas todavía no son claras.

Reaparece la violencia

El impacto de la violencia sobre las elecciones en ciertas regiones del país nunca dejó de ser una preocupación, pero desde los acuerdos de paz con las FARC, los riesgos en la materia habían disminuido de manera notable. 

Con la ola de atentados de esta semana en el suroccidente, la capacidad de desestabilización de los grupos armados volvió a hacer visible en la agenda nacional —lo que ya se sentía en varias regiones, en particular desde la ruptura de las negociaciones entre el gobierno y el ELN —. 

La Misión de Observación Electoral registró 128 hechos de violencia política entre enero y abril y alertó sobre el impacto que tienen en el contexto preelectoral.
El atentado contra el senador y precandidato de Centro Democrático Miguel Uribe Turbay constituye un paso más en esta desestabilización que vuelve a tomar como blanco a líderes nacionales de primer plano. 

El recuerdo de la experiencia traumática de los años 1980 y 1990 fue inevitable frente a este hecho de máxima gravedad, aun si la situación actual no es comparable con la de esta época en que el Estado colombiano se enfrentaba a grupos violentos mucho más poderosos.

En esta situación, varios precandidatos han anunciado la suspensión de sus actividades de precampaña y declarado que no confían en el presidente de la República y el ministro del Interior para garantizar su seguridad.

Un clima de desconfianza 

Esta ola de violencia se produce en un contexto político particularmente tenso entre el gobierno y la oposición. 

Este clima es imputable al lenguaje insultante del presidente contra la oposición, y a su estrategia de hacer avanzar su agenda política convocando a una consulta popular a través de un decreto manifiestamente ilegal, desconociendo el voto negativo que el Senado había emitido al respecto. 

Gustavo Petro nos había acostumbrado a tensar hasta el límite el espacio que le otorgan las instituciones, pero con esta movida, pasa claramente una línea roja. Lo hace con un salvavidas al enviar este decreto a la Corte Constitucional, acatando de antemano la posibilidad de que lo derogue (si él mismo no lo deroga antes si se aprueba la reforma laboral), de modo que el asunto no debería tener mayores consecuencias prácticas. 

Sin embargo, se trata de un acto de autoritarismo que le quita autoridad al presidente. Con esto, le da a la oposición el argumento que necesita para volver a agitar el espectro de Venezuela. 

Más aun, mientras se pronuncia la Corte, abre la posibilidad de un enfrentamiento entre el gobierno y la Registraduría que podría desconocer el decreto, lo que implicaría otra fuente de preocupaciones para la organización de las elecciones de 2026.

Sería excesivo atribuir al presidente Petro, como lo han hecho algunas voces adversas, una responsabilidad en la tentativa de asesinato de Miguel Uribe por el clima de tensión que suscitan sus descalificaciones a la oposición. Por el momento en la investigación no ha surgido ningún motivo para suponer que el fanatismo político alrededor de la reforma laboral o de la consulta popular haya jugado papel alguno en el atentado. 

No obstante, la actitud y el lenguaje del presidente sí justifican las preocupaciones que manifestaron muchos precandidatos en el sentido de que no tienen las garantías necesarias. Por eso, muchos de ellos y la mayoría de los partidos políticos importantes decidieron no asistir a la Comisión de seguimiento electoral que reunió el Ministerio del Interior para examinar las condiciones de seguridad de los precandidatos y tratar de tomar las medidas necesarias a su protección. 

Se reunieron en cambio con el Procurador General de la Nación, poniéndole en un papel implícito de mediador. Sin embargo, si bien el Procurador Eljach, quien ha sido electo de manera relativamente consensuada, puede contribuir a acercar las posiciones y acompañar el proceso, no puede reemplazar el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección en su tarea de brindar seguridad a los candidatos, ni tampoco el ministro de Defensa o alguna misión internacional como lo han sugerido algunos.

Desde el mismo día del atentado contra Miguel Uribe, el presidente ha reconocido fallas en el esquema de seguridad del precandidato. Esto debería ser el principio de un dialogo productivo con todos los precandidatos para identificar y corregir las fallas de manera que se pueda brindar la mayor seguridad posible a todos en sus actividades de campaña.

Consecuencias inciertas por ahora 

Todas estas tensiones tienen la capacidad potencial de socavar la credibilidad del proceso electoral y tienen que ser atendidas. Las propuestas de mediación de todo tipo, incluyendo la de la Iglesia católica, y las llamadas a la moderación tienen que ser entendidas y aprovechadas. 

Por el momento, el clima de crispación en el mundo político no parece tener efectos muy claros sobre las intenciones de voto o las negociaciones alrededor de las candidaturas en cada bando.

Muchos políticos, medios y analistas siguen suponiendo que el país está “polarizado” cuando las encuestas de opinión no corroboran la idea de un país dividido en dos bloques antagónicos, bien identificados, y con opiniones políticas homogéneas. La agresividad en el lenguaje es un fenómeno bien visible en el campo político y las redes sociales que gravitan alrededor del mismo, pero no está muy claro que trascienda al conjunto de la sociedad.

Por otra parte, tampoco se traduce en la articulación de dos bloques antagónicos en las candidaturas. La mayoría de los precandidatos de los sectores de oposición e independientes convergieron en sus críticas al presidente y su exigencia de garantías, pero este proceso está lejos de traducirse en iniciativas para buscar candidaturas comunes en reacción. Desde este punto de vista, la tendencia a la fragmentación sigue dominando mucho más que la polarización.

Por el lado del gobierno, si bien el presidente parece asumir un papel problemático de jefe de campaña del oficialismo para 2026, no lo hace tan claramente buscando una candidatura viable y unitaria entre sus aliados, sino agitando consignas y escenarios electorales alternativos como la consulta (esta vez de iniciativa popular) y eventualmente la convocatoria de una constituyente. 

Estas bandejas le sirven a él para defender su legado, o excusarse de lo que no ha logrado buscando hacerlo por otros caminos. Sin embargo, es muy dudoso que le sirvan para “reelegir el proyecto” de la izquierda en 2026. Al contrario, parece distraer de lo que está en juego en las elecciones legislativas y presidenciales, y sobre todo, dificulta la posibilidad de volver a organizar una alianza con los sectores centristas que le había dado la victoria en 2022.

En conclusión, si el ambiente de crispación y desconfianza que caracteriza el mundo político despierta inquietudes en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo las elecciones de 2026 en buenas condiciones, no se ve que afecte por el momento ni las tendencias del electorado, ni la estrategia de los candidatos a mediano plazo.

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