Ningún funcionario se ha caído en Colombia por votación del Congreso, pero las cosas podrían cambiar en estos tiempos.
Yann Basset*
Revive el debate
Tras la denuncia de un posible conflicto de intereses en el caso de los “bonos de agua”, varios congresistas anunciaron que propondrán una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El anuncio revivió la discusión sobre esta figura y sus usos en Colombia.
Desde que fue establecida en la Constitución de 1991, ninguna moción de censura ha prosperado en Colombia.
Desde que fue establecida en la Constitución de 1991, ninguna moción de censura ha prosperado.
Pero esto no significa que el mecanismo no sirva. Especialmente en este momento, cuando se estrena el Estatuto de la Oposición y con un gobierno sin mayoría automática en el Congreso, podría adquirir una relevancia mayor, más allá de la suerte del ministro Carrasquilla.
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Orígenes
![]() Presidente Iván Duque. Foto: Sistema de Medios Públicos |
La moción de censura nació dentro de los sistemas parlamentarios de Europa y para concretar el principio de responsabilidad del Gobierno frente al parlamento.
Su uso se remonta al caso del primer ministro británico Lord North, quien tuvo que renunciar a raíz de la exitosa moción de censura que aprobó el parlamento en 1782 por la pérdida de las colonias en América. Después de este episodio, la moción se convirtió en una figura esencial para el funcionamiento del régimen parlamentario, como lo recordó hace poco el caso de Mariano Rajoy en España.
Sin embargo la moción de censura choca contra la lógica del sistema presidencial y de la separación de poderes, que implica que ni el Ejecutivo puede derrocar el Congreso por medio de una disolución, ni el Legislativo puede interferir con el Gobierno mediante una moción de censura.
El impeachment o juicio político es un sucedáneo de la censura que la tradición reserva para casos muy graves o donde —más allá de la simple responsabilidad política— haya bases razonables para acusar al funcionario de una conducta cercana a la “traición”. Se recurre a él cuando se considera que existe un peligro para la continuidad de las instituciones.
Sin embargo, al final de los años ochenta y principio de los noventa, en medio de las transiciones de varios países latinoamericanos hacia la democracia, empezó a resentirse cada vez más la falta de rendición de cuentas de los gobiernos a los ciudadanos y a sus representantes en el Congreso.
Por eso casi todos los países de la región empezaron a incluir la moción de censura en sus constituciones, pero con algunas restricciones. En general:
- Se exigió una mayoría de dos tercios para que prospere una censura a todo el gobierno, o
- Se limitó el uso de la moción a funcionarios individuales, sin posibilidad de revocar a todo el gobierno.
La moción en Colombia
En el artículo 135 de la Constitución, Colombia optó por la segunda alternativa.
La moción de censura, modificada con el Acto Legislativo 01 de 2007, se presenta por solicitud del diez por ciento de los miembros de una de las dos cámaras –Senado o Cámara de Representantes– contra un ministro, superintendente o director de un departamento administrativo. Esta decisión debe estar motivada por hechos relacionados con el ejercicio del cargo o por no atender a una citación del Congreso.
El paso siguiente es un debate de control político donde se explican los motivos de los congresistas que propusieron la moción y los descargos del funcionario. En una sesión posterior se realiza la votación. Si se obtiene mayoría absoluta a favor de la moción de censura en la cámara donde fue depositada el funcionario será removido de su cargo.
Desde 1991, este procedimiento se ha usado 24 veces y nunca ha habido una votación mayoritaria a favor.
Los gobiernos han logrado mantener mayorías en el Congreso, de modo que cualquier censura —independientemente de sus motivos— se topaba con la aplanadora gobiernista. Incluso en la peor época del gobierno de Samper, la del proceso 8.000, o al final del mandato de Andrés Pastrana, los gobiernos fueron capaces de proteger a sus funcionarios y de obligar a sus mayorías a cerrar filas, así fuera con dádivas y puestos si el caso lo exigía.
De esto se suele concluir que la figura no sirve, pero no es argumento suficiente porque:
La moción de censura choca contra la lógica del sistema presidencial y de la separación de poderes.
- El hecho de que no haber sido llevada hasta sus últimas consecuencias no significa que no sea eficaz y poderosa para forzar a los funcionarios a rendir cuentas —que es, después de todo, su objetivo principal—. La moción de censura lleva los debates de control político un paso más allá, al obligar a los funcionarios a explicar seriamente sus acciones porque saben que el debate podría desembocar en su despido, aunque la probabilidad sea mínima.
En ocasiones, esta amenaza que implica la moción de censura ha resultado en la renuncia de un ministro antes del debate. Tal fue el caso de Néstor Humberto Martínez, ministro del Interior de Andrés Pastrana, en el 2000, y el de Germán Cardona, ministro de Transporte de Santos, en 2012. Aunque no se puede saber si hubiera resultado en un voto favorable, en estos casos la moción de censura fue parte de un conjunto de presiones que pusieron a los ministros contra las cuerdas.
- La moción de censura cumple otra función más sutil pero no menos interesante: obliga a los congresistas a asumir sus responsabilidades de cara a los electores en casos que tienen mucho eco entre la opinión pública.
Los congresistas oficialistas tienen que pagar el costo político de defender a un funcionario cuestionado, y los de oposición dejan constancia frente a la opinión de las razones de su inconformidad. Más importante aún: los indecisos deben sentar una posición y responsabilizarse por ella frente a los electores.
En otras palabras, del Congreso, en este caso, frente a los ciudadanos.
La moción bajo Duque
![]() Congreso de la República. Foto: Cámara de Representantes |
Esta última función de la moción de censura puede ser especialmente relevante en el contexto actual.
Los dos últimos presidentes de Colombia fueron apoyados por mayorías aplastantes en el Congreso y no tuvieron mayor reparo en intercambiar ese apoyo por puestos y contratos, porque en ese aspecto Uribe y Santos no fueron tan diferentes como sugieren sus discursos.
Ahora el presidente Duque le ha apostado a un camino difícil de relaciones más programáticas:
- Se negó a dar puestos de primer nivel a políticos, con pocas excepciones que vienen exclusivamente del Centro Democrático;
- Ha sido enfático en que su gobierno no se dejará chantajear por el Congreso y en que no dará “mermelada” a los congresistas.
La aplicación del nuevo Estatuto de la Oposición —que obliga a los partidos a declararse gobiernistas, opositores o independientes— resultó en que Duque no pudo constituir una coalición mayoritaria de gobierno:
- El apoyo del Centro Democrático, del Partido Conservador, del MIRA, de Colombia Justa y Libres y del Partido de la U —este último con negativas de un buen sector del partido— no alcanza a formar una mayoría absoluta ni en el Senado, ni en la Cámara.
- La oposición —donde están reunidos el Partido Verde, el Polo Democrático, Decentes, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y el Movimiento Alternativo Indígena Y Social (MAIS)— no tiene la fuerza necesaria para amenazar seriamente el gobierno. Pero sí es considerablemente más grande de lo que ha sido tradicionalmente en el Congreso.
- Finalmente, el hecho de que el Partido Liberal y Cambio Radical se hayan declarado “independientes” (pese a su apoyo a Duque en la segunda vuelta presidencial), enreda las cuentas de la gobernabilidad de Duque y lo obligará a buscar la mayoría caso por caso.
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En este contexto, la moción de censura será una prueba de fuego para el gobierno. Con el caso Carrasquilla sabremos qué tan lejos estarán los “independientes” del gobierno y qué tan sólida es la resolución de este de no usar puestos y presupuestos para conciliar con ellos.
Si bien es poco probable que la medida sea exitosa en esta etapa temprana, el uso de la moción de censura podría aumentar al convertirse en herramienta para medir fuerzas en un contexto de mayorías inciertas.
* Profesor de la Universidad del Rosario, doctor en ciencia política de la Universidad de Paris III, director del Grupo de Estudios de la Democracia Demos-UR.