Venezuela, la crisis y su impacto en Colombia
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Divisiones crecientes y choques dentro del chavismo, desabastecimiento en Venezuela y contrabando hacia Colombia, acusaciones recíprocas de complicidad con delincuentes… Una mezcla explosiva, que exige de ambas partes muchísima prudencia
Socorro Ramírez*
Enfrentamientos
Al mirar por estos días la prensa y oír a distintas personas de Venezuela queda la impresión de que el país ha entrado en una situación delicada. Y dadas las estrechas relaciones con Colombia, lo que sucede a cada lado de la frontera afecta muy seriamente al país vecino.
El diario Ultimas Noticias, que no es de la oposición, ha publicado en este mes varias noticias o análisis que muestran el deterioro de la situación:
-La historiadora Margarita López habla de la “ruina con implosión” que está viviendo el chavismo, la cual se manifiesta en las acusaciones de “traidores, autoritarios y tarifados” que intercambian los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a punto tal que algunas de sus facciones están considerando retirarse del partido.
Maduro acaba de anunciar la depuración de las fuerzas de seguridad y el aumento de 45 por ciento del sueldo de los militares.
– José Vicente Rangel, ex vicepresidente de Chávez, denunció “hechos que vienen ocurriendo con inquietante regularidad en el país, reveladores de fallas en el control de los cuerpos de seguridad”, donde “la delincuencia común y la policial se dan la mano”.
Algunos columnistas de la oposición han visto en esos hechos el desacuerdo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con la proliferación e independencia de los grupos chavistas armados, que fueron acusados de tomar como rehenes a efectivos del cuerpo de investigaciones penales y criminalísticas. Presuntamente para liberarlos, militares dieron muerte a cinco miembros de esos grupos, entre ellos José Odremán, líder del colectivo “5 de marzo”, quien había dicho públicamente que cualquier cosa que le ocurriera sería responsabilidad del ministro del Interior. El colectivo habría dado un corto plazo para la salida del ministro y conecta el caso con el asesinato del diputado Serra y su asistente.
 Los venezolanos Lorent Gómez y Gabriel Valle, expulsados de Colombia el pasado mes de septiembre. Foto: Correo del Orinoco. |
Acusación y depuración
Tan pronto se produjo el asesinato de Serra, Maduro señaló a Álvaro Uribe como “autor intelectual” de una acción que, en sus palabras, fue “ejecutada con financiación y orden de paramilitares y bandas criminales de Colombia”, y gracias a “la descomposición moral a la cual llegaron un grupo de ciudadanos nacidos en Colombia que vivían desde hace años en Venezuela y un grupo de policías venezolanos” contactados por alias “El Colombia”.
Para hacer frente a la situación, Maduro acaba de anunciar la depuración de las fuerzas de seguridad y el aumento de 45 por ciento del sueldo de los militares. Reemplazó al general Miguel Rodríguez Torres como ministro del Interior y Justicia por la almirante Carmen Meléndez quien ejercía como ministra de Defensa y cuya salida- señalan opositores- habría sido solicitada por los militares, que la acusarían de procubana.
Hipótesis graves
Sea que Maduro esté tratando de tender una cortina de humo, sea que los paramilitares colombianos hayan logrado tal incidencia sobre la política venezolana, la situación entre los dos países sin duda es muy delicada. Y las cosas se complican aún más si sectores del chavismo o de la oposición venezolana admiten vías ilegales, o si los radicales de ambos lados de la frontera se unen para conspirar.
Cuando Colombia expulsó a dos jóvenes venezolanos por no tener visas y estar llevando a cabo actividades para las cuales no tenían permiso (proselitismo e ingreso a un curso en defensa nacional para el cual habrían presentado
documentación falsificada), el uribismo protestó y citó a la canciller a un debate de control político, aunque luego bajó el tono tras la difusión en Venezuela de archivos de los expulsados que resultaban altamente comprometedores.
Por otra parte preocupan la estigmatización y la deportación creciente de colombianos -1600 de enero a octubre de 2014- que llevaban décadas en Venezuela, así como la suspensión todo este año de las remesas que trabajadores colombianos enviaban a sus familias. También preocupa que los gobiernos se limiten a acciones punitivas en vez de construir instituciones y alternativas de desarrollo con participación de las zonas fronterizas.
Y en todo caso es claro que la eventual actuación de paramilitares en Venezuela o las alianzas de sectores de la oposición de ambos países no hacen a Colombia responsable de la inseguridad o de los enfrentamientos internos en Venezuela. Tampoco tiene sentido la sindicación que Uribe le hace al chavismo de ser el responsable de la presencia y actuación de las guerrillas colombianas a ambos lados de la frontera.
Pero más allá de las acusaciones reciprocas, es indudable que los graves problemas institucionales y de seguridad de ambos países han producido una mezcla explosiva que los afecta a ambos y a la relación binacional.
Ajuste económico
La misma Margarita López señala que bajo el chavismo no ha existido una estrategia productiva para superar la dependencia de las rentas petroleras, sino “trucos financieros para que los petrodólares rindieran y se pudieran ganar elecciones”.
Otros analistas resaltan cómo en medio de la mayor bonanza petrolera de su historia, el país con las más altas reservas del planeta compra gasolina y crudo, y acumula una deuda tan grande con China y Rusia que los pagos la dejan sin flujo de caja y sin petróleo para vender.
En medio de la mayor bonanza petrolera de su historia, el país con las más altas reservas del planeta compra gasolina y crudo.
Luis Vicente León, en El Universal, analiza las proyecciones del mercado petrolero y los varios escenarios económicos para un país que “no es dependiente del petróleo: es petróleo” y que no está preparado para una caída permanente del precio, pues la economía venezolana perdió el equilibrio teniendo precios altos y la falta de ajuste redujo el margen de maniobra del gobierno.
El Estado –dice León- podría reaccionar con la venta de activos externos, con la devaluación para reducir la demanda de divisas, con el control de costos como el de la gasolina, con una disminución de gastos y subsidios internacionales, o con la contracción de las importaciones públicas y estímulos a la actividad privada. Pero agrega que “lo incierto es la respuesta del presidente Maduro”. Descarta las opciones de nacionalizar nuevas industrias o de aumentar las importaciones públicas, pues esto agravaría la ineficiencia y la corrupción. Ve más posible un ajuste “con pinzas y maquillado” para “evitar el ataque de los radicales internos; surfear la resistencia de los beneficiarios de las distorsiones y evadir anuncios de ajuste que podrían alborotar el avispero en una población bastante sensible”.
En este escenario de ajuste suave podría darse la reactivación del comercio con Colombia, si es que las cuotas no se asignan por decisiones ideológicas y se garantizan pagos y seguridad jurídica.
 Puesto de control en la frontera Colombo-venezolana. Foto: Teleantioquia Mi Canal. |
Fronteras y contrabando
Maduro anunció que decretará una zona económica especial de atención en la frontera, donde los militares venderían a precios especiales los productos que consigue Venezuela. Pero el problema de fondo son las abismales diferencias de precios entre los dos países, la corrupción de las fuerzas de seguridad y el contrabando que practican las redes criminales a ambos lados de la frontera.
Durante la última reunión entre Santos y Maduro (el 28 de septiembre en la Asamblea de la ONU) no se informó que hubiesen hablado de la zona económica especial, que más bien sería objeto de la reforma de la Ley de precios, una ley que -como la de fronteras- se ha concebido como un asunto de seguridad nacional más que de buena vecindad.
Lo propio ocurrió durante la reunión del 1 de agosto, cuando los presidentes acordaron crear un comité binacional y tomar medidas conjuntas contra el contrabando. Pero a los pocos días Maduro anunció en forma unilateral el cierre nocturno de los pasos limítrofes.
El gobierno venezolano dice que la militarización de la frontera ha reducido el contrabando. Pero los habitantes de ambos lados de la “raya” dicen que estas medidas punitivas bilaterales (y son peores las unilaterales) han afectado solo a los micro-comerciantes, a las personas que buscan los bienes donde están más baratos, o a mujeres como las que podrían recibir condenas de 14 años, como las detenida en Táchira cuando intentaba pasar un mercado de treinta mil pesos, o como la bacterióloga apresada en Zulia con reactivos donados para exámenes médicos a los Wayuú.
Mientras tanto, en Ureña y San Antonio ven que el gran contrabando sigue pasando sin problemas y en Cúcuta todavía se pueden ver las calles abarrotadas de todo lo que importa y subsidia Venezuela.
Ese contrabando le hace perder al gobierno de Venezuela buena parte del gran esfuerzo fiscal que realiza para traer carne de Argentina o Nicaragua, leche de Uruguay, tractores de Irán, y comida del sur de Brasil. Y a los productores de Colombia les significa una competencia desleal que los arruina y aumenta el desempleo en la frontera.
Soluciones pendientes
En octubre de 2013 las dos cancillerías pusieron Mesas de Trabajo Binacional –sobre Política y Seguridad, Minas y Energía, Comercio y Finanzas, Social y Fronteras, Infraestructura y Transporte- así como una Mesa Empresarial para trabajar sobre mecanismos de pago e intercambio, balanza comercial, complementariedad y compensación, simplificación de trámites de comercio exterior y proyectos de complementación económica.
Pero resulta imposible derrotar al contrabando sin reconocer el valor real de los cambios y los precios, sin reactivar el intercambio legal binacional de alimentos y bienes básicos, así como de insumos e industria pesada que viene de Venezuela, para que se comercie a precios competitivos y con eficiente distribución de manufacturas desde Colombia.
También es imposible vencer este flagelo sin depurar las instituciones y mejorar los servicios e infraestructuras fronterizas e impulsar proyectos de desarrollo productivo en torno a la transformación de recursos compartidos como el carbón, el petróleo y las arcillas, entre otros. Igualmente, se hace necesaria la protección ambiental en la frontera.
Prejuicios y malestar impiden avanzar. Para Venezuela la inseguridad y el desabastecimiento vienen del país vecino. Y en Colombia hay malestar por las estigmatizaciones, las medidas unilaterales y las violaciones del territorio con incursiones de la Guardia Nacional, que han llevado a llamar al embajador venezolano y al envío a Caracas de notas de protesta.
Las repercusiones del post-Chávez en Colombia y del posconflicto armado colombiano en Venezuela exigen abandonar simplificaciones estigmatizadoras para desacoplar la articulación explosiva de los problemas de seguridad de ambos lados y reacoplar los vínculos mutuamente ventajosos. Coyunturas tan complicadas requieren de mucha prudencia entre vecinos que se necesitan.
* Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.
Acerca del autor
Socorro Ramírez
* Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política; magíster en relaciones internacionales; magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos; licenciada en historia. Profesora emérita y jubilada de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.
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Escrito por:
Socorro Ramírez
* Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política; magíster en relaciones internacionales; magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos; licenciada en historia. Profesora emérita y jubilada de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.
