La crisis penitenciaria sigue y no se ofrecen soluciones - Razón Pública
Farid Samir Benavides

La crisis penitenciaria sigue y no se ofrecen soluciones

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Farid Samir BenavidesLa obsesión punitiva nos ha hecho creer que el aumento de las penas y cupos en las cárceles nos da seguridad, cuando sucede todo lo contrario. Y el proyecto de ley que ahora anuncia el gobierno se queda – otra vez- en la superficie.

Farid Samir Benavides Vanegas*

Complejo Penitenciario Pedregal, en Medellín.

La crisis

El sistema penitenciario colombiano continúa en una crisis profunda. El hacinamiento ya supera el 50 por ciento en todo el país, y en algunos centros penitenciarios llega al 300 por ciento.

Las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad se deterioran cada día más, y ellas sufren enfermedades crónicas o situaciones que atentan de manera flagrante contra la dignidad humana.

En un solo año casi 13 mil personas fueran privadas de la libertad, sin que ello supusiera un aumento ni en la seguridad objetiva de las personas ni en su percepción de seguridad.

Bajo condiciones menos graves que las de ahora, en 1998 la Corte Constitucional había declarado el “estado de cosas inconstitucional”. Y sin embargo la Corte permanece en silencio sobre el tema, pese a que cursan algunas tutelas presentadas por reclusos en varios centros penitenciarios.

En el Consejo de Estado está avanzando el trámite de la segunda instancia de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por las violaciones de los derechos humanos que supone el hacinamiento en la cárcel de Bellavista.

Cultura punitiva

Como consecuencia de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, el gobierno nacional (tanto bajo Pastrana como bajo Uribe) desarrolló un plan de construcción de establecimientos penitenciarios para aumentar el número de cupos disponibles.

Estos establecimientos pronto resultaron insuficientes frente a la cultura punitiva que permeaba a los diferentes sectores del Estado: jueces poco dispuestos a conceder medidas de libertad; un Congreso más interesado en medidas simbólicas de coyuntura y en demostrar su dureza frente al delito aumentando las penas o creando nuevos delitos; y un Ejecutivo populista empeñado en mostrar resultados espectaculares y no en solucionar los problemas de fondo de la justicia colombiana.

Esta cultura punitiva se reflejó en leyes como la 890 de 2004, que sin razón alguna y sin un estudio serio aumentó todas las penas de la parte especial del Código Penal en una tercera parte del mínimo y en la mitad del máximo. Con ello se redujeron las posibilidades de conceder medidas de libertad para muchas personas condenadas por delitos leves.

A esto debe sumarse el desastre penitenciario que representó la Ley 1453 de 2011, gracias a la cual en un solo año casi 13 mil personas fueran privadas de la libertad, sin que ello supusiera un aumento ni en la seguridad objetiva de las personas ni en su percepción de seguridad.

El Ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el Fiscal General, Eduardo Montealegre, anuncian el proyecto de ley sobre la detención preventiva.
El Ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el Fiscal General, Eduardo Montealegre, anuncian el proyecto de ley sobre la detención preventiva.
Foto: Ministerio de Justicia

Propuestas superficiales

La solución de un problema estructural debe ser estructural, y sorprende que un postulado tan sencillo sea tan difícil de comprender por quienes formulan políticas públicas.

El ministro de Justicia y del Derecho y el fiscal general de la Nación han presentado un proyecto para limitar la detención preventiva y de este modo resolver el problema de hacinamiento que desde hace mucho tiempo aqueja al sistema penitenciario y carcelario.

Sin embargo el proyecto carece de un estudio empírico que permita estimar cuál sería el impacto de las medidas que propone.  Por ejemplo, después de leer el texto no sabemos si con él quedarán en libertad mil o cincuenta mil personas. Por eso es importante que los ponentes en el Congreso establezcan con precisión cuántas personas saldrían en libertad y de qué manera ese proyecto contribuiría a resolver el problema.

A juzgar por el texto del proyecto, el problema radicaría simplemente en la ineficiencia judicial y en los términos procesales, de modo que con solo acortar estos términos muchos cautivos volverían a la libertad. Olvidan los autores que este tipo de reformas ya han sido ensayadas en Colombia, y sin embargo la situación ha empeorado.

¿Qué ofrece la reforma?

Es claro que el Gobierno Nacional no quiere invertir recursos en mejorar las condiciones del sistema penitenciario. También resulta evidente que el problema de la carrera penitenciaria pasa a un segundo lugar, y que se trata tan solo de mostrar algunos resultados para poder decir que el gobierno está trabajando por las personas privadas de la libertad.  

El artículo 1º del proyecto limita la detención preventiva a un año, y exige que la Fiscalía  justifique que la medida no privativa de la libertad resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.  Sin embargo, el proyecto no nos dice cómo se va a determinar esas razones para no privar de la libertad.

El riesgo de que los fiscales desarrollen formulas sacramentales (como la del peligro para la comunidad) es muy alto y por tanto cabe esperar que los fiscales punitivos siempre encontrarán razones para afirmar, aunque no demostrar, que la persona es un peligro para la comunidad y que requiere privación de la libertad.

Los autores del proyecto se anticipan a este inconveniente e incluyen una disposición que impide que el delito se utilice como una base para privar de la libertad. Esto es: la gravedad del delito no debe ser el factor único a considerar para privar a una persona de su libertad.

El artículo 2º menciona una serie de causales de privación de la libertad que deben ser consideradas además de la gravedad del delito. Sin embargo, esa disposición no aporta nada nuevo a la legislación existente y parece más un voto de confianza que un intento por lograr una transformación estructural.

En el artículo 4º del proyecto se limita el tiempo de privación de la libertad. Esto parece indicar que los autores consideran que esta es la principal causa de la crisis del sistema penitenciario. Finalmente, en el último artículo se incluye una regulación del principio de oportunidad.

Lo que no tienen en cuenta

Pero la situación es mucho más compleja de lo que parecen entender los autores del proyecto de ley:

Es claro que el Gobierno Nacional no quiere invertir recursos en mejorar las condiciones del sistema penitenciario.

a.- En primer lugar, de las 142 cárceles que hay en el país menos del 10 por ciento cumple con las condiciones dignas de privación de la libertad y el desarrollo de actividades de redención de pena por trabajo y por estudio. Y parece que las medidas de libertad se toman como una forma de no enfrentar el problema de infraestructura carcelaria que existe en el país.

Incluso si se soluciona el problema de hacinamiento (lo cual este proyecto evidentemente no va a hacer) persistiría el problema de infraestructura carcelaria, que no solo es aumentar los cupos existentes, sino dotar a las personas privadas de la libertad de condiciones dignas para el cumplimiento de la pena.

b.- El aumento en el número de cupos no ha ido acompañado de un aumento en el número de guardias dentro de los establecimientos. Esto es importante sobre todo debido al elevado estrés del personal de guardia que resulta de condiciones extremas de trabajo, muy por debajo de los estándares internacionales para desarrollar actividades de vigilancia y de redención. La existencia de un número elevado de sindicatos no ayuda a que mejoren esas condiciones y hace difícil la negociación entre el gobierno y la guardia.

Es importante rediseñar la carrera penitenciaria, con una mayor profesionalización de la guardia, con procesos de selección más rigurosos y con una formación civil que entienda que el espacio de la prisión es una oportunidad que tiene el Estado para reintegrar a la sociedad a los sujetos.

c.- La lógica civil debe recuperar el control del sistema penitenciario. Por razones comprensibles, dada la inseguridad de las cárceles, fue necesario nombrar oficiales en activo o retirados de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Policía. Sin embargo hay que volver a los directores civiles, a personas con conocimiento del sistema y de la ley penal, dejando que la Policía se encargue de la seguridad externa de la cárcel.

Cárcel Modelo en Bogotá.
Cárcel Modelo en Bogotá.
Foto:  Res Telinha

Lo que debería hacerse

La privación de la libertad en Colombia tiene costos elevados, en vidas humanas, en prevención del delito (pues el paso por la cárcel no resocializa) y en costos económicos para el Estado. Por eso necesitamos una política integral que combine al menos tres elementos:

1. Agilidad en la resolución de los casos y en las peticiones de libertad de los internos.

2. Cambio en la cultura punitiva de la judicatura, del gobierno y de la clase política, y

3. Una reforma estructural del sistema penitenciario que conjugue el cambio de la infraestructura física y de las bases legales para privar de la libertad a una persona.

El proyecto de ley de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia adolece de una visión estrecha sobre el problema que tienen entre manos, y  desaprovecha una oportunidad para dotar al Ministerio de los recursos económicos y jurídicos para poder atender de veras el problema.

Si los autores realmente están comprometidos con medidas de libertad, bastaba con una norma clara y sin ambigüedades que permitiera que todas las personas pudieran estar en libertad durante la investigación y solo se les pudiera privar de ella para el juicio.

En contra de esta opción suele decirse que la persona puede seguir delinquiendo o que puede adulterar las pruebas. Pero estas objeciones olvidan que estos hechos no dependen de la privación de la libertad, en especial para los casos de crimen organizado.

La reforma que proponen el fiscal y el ministro de Justicia es una reforma débil, solo de palabras, como si estuvieran esperando que las palabras cambien el mundo.

 

* Profesor asociado y director Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes fs.benavides@uniandes.edu.co

 

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