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¿Qué opciones quedan en Venezuela?

Escrito por Socorro Ramírez
Socorro Ramírez

Socorro Ramírez¿Será que vienen sanciones o medidas extraordinarias de la OEA?  ¿Será que la Unasur logra mediar? ¿Podrían llegar acaso la violencia o el golpe de Estado?  Crónica y perspectivas de una crisis que se agrava día por día.   

Socorro Ramírez*

Sede de la OEA en Washington D. C.

Peticiones a la carta

Crece el número de peticiones para que se aplique la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Venezuela. A la solicitud formulada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) se han sumado Human Rights Watch, el Congreso de Costa Rica y 28 expresidentes de América Latina y Europa. Paraguay también acaba de pedir a Mercosur que se pronuncie sobre la situación en ese país.

Desde que se aprobó en Lima, en 2001, la CDI ha sido invocada en varias ocasiones, no en forma preventiva sino a posteriori y por solicitud del país implicado, de otros gobiernos o del secretario general de la OEA. Estos son algunos ejemplos:

  • En 2002, luego del golpe de Estado a Hugo Chávez, la OEA llamó a gobierno y oposición a actuar en concordancia con los mecanismos institucionales, lo que derivó en la convocatoria del referéndum revocatorio de 2004.
  • En 2005, el gobierno de Ecuador apeló a este mecanismo ante la remoción arbitraria que hizo el Congreso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los altos tribunales. La OEA propuso entonces buscar un doble consenso: para una solución transitoria y para una salida definitiva, acompañada con seguimiento internacional.
  • En 2009, tras la destitución de Manuel Zelaya y por petición del secretario general, Honduras fue suspendido del Sistema Interamericano, lo que impidió el reconocimiento del gobierno de facto tanto por otros países como por organismos internacionales y agencias de cooperación.
  • En 2012, tras la destitución de Fernando Lugo en Paraguay, la OEA esperó una actuación de Unasur pero, al no tener éxito, acabó por aceptar el procedimiento parlamentario de destitución y por avalar la convocatoria de elecciones.

Hay que recordar que la CDI puede ser aplicada ante un golpe de Estado y para enfrentar alteraciones constitucionales o institucionales que afecten gravemente el juego democrático. En 2015, el Comité Jurídico Interamericano resaltó que esos atropellos a la democracia pueden ser no solo de carácter electoral, sino también producidos por gobiernos elegidos que atentan contra los derechos humanos y las instituciones.

Este último podría ser el caso venezolano, donde por primera vez se usa la modalidad contemplada en el Artículo 20 de la Carta: que la invoque el secretario general mediante la entrega de un informe –con hechos y pruebas- al presidente del Consejo Permanente de la OEA y con la petición de convocar al Consejo.

Este último, luego de debatirlo, puede aprobar por mayoría simple (18 votos) distintas gestiones para promover la normalización de la situación. Si fracasan esas gestiones o si el caso se agrava, dos tercios del Consejo (23 votos) pueden convocar una Asamblea General extraordinaria que aplique sanciones.

La situación está madura

El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
El Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Foto:  Agencia de Noticias ANDES

Los motivos para invocar la CDI en el caso venezolano se acumulan por el agravamiento de los múltiples problemas del país que se traducen en violaciones de derechos humanos, crisis humanitarias y falta de seguridad ciudadana.

La ruptura del equilibrio de poderes y la violación de las reglas del juego democrático son evidentes en tres situaciones que han tomado forma durante lo corrido de este año:

– El desconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que ha invalidado en forma sistemática las decisiones y funciones de la AN. Nicolás Maduro dijo además el pasado 17 de mayo que “la Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”.

– Días antes, el gobierno se había auto concedido nuevos poderes mediante un decreto de “estado de excepción y emergencia económica”. Este fue negado por la mayoría de la AN, pero el TSJ dispuso desde febrero que el rechazo de la AN a declarar estados de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

– A un mes de que la oposición entregara diez veces la cantidad de firmas necesarias para poner en marcha el referendo revocatorio contemplado en la Constitución de 1999, el gobierno usa al Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular o al menos postergar su convocatoria. Si el referendo se hace este año, a mitad de período, Maduro podría perder también las elecciones. Pero si se hace en 2017, no habría elecciones y el presidente sería reemplazado por el vicepresidente.

Además, Maduro ha calificado la petición de referendo como un intento de golpe de Estado. Su vocero para la revisión de las firmas aseguró desde antes de que se iniciara el proceso que estas eran fraudulentas y que examinarán a los firmantes para impedirles el acceso a empleos o servicios del Estado, como se hizo en el revocatorio anterior.

El papel del secretario general

Mientras tanto, Maduro no reconoce que sus acciones provocan la alteración del orden democrático y dice que la aplicación de la CDI violaría la soberanía y sería una intervención externa para derrocar su gobierno.

Su embajador en la OEA dijo que el secretario general no tiene autoridad para hacerlo, que ha montado un show político y que el Artículo 20 solo le permite actuar ante un golpe de Estado. El 5 de mayo, la canciller venezolana pidió una reunión del Consejo Permanente para presentar "la verdad" y denunciar que Luis Almagro "ha conjugado la agenda de la secretaría con factores opositores de Venezuela y de las instrucciones que recibe de Estados Unidos".

Sin embargo, la magnitud y gravedad de las crisis en Venezuela demostradas en el informe del secretario general de la OEA deben llevar a todos los gobiernos a definirse sobre la situación.

Almagro, excanciller del gobierno de José Mújica, sin duda ha introducido un giro en una OEA que antes fluctuaba entre la ausencia o la injerencia indebida. Ha tratado de hacer realidad la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y ha actuado frente a graves problemas hemisféricos como la corrupción o los migrantes.

Ante la crisis venezolana ha presentado argumentos contundentes, algo que no es muy frecuente en la diplomacia. Pero al personalizar la respuesta a los insultos de Maduro -que lo llama “basura”, “traidor”, “agente de la CIA”- el secretario general puede haber perdido eficacia.

¿Por qué no hacen nada?

Sigue siendo difícil conseguir una mayoría simple que emprenda gestiones diplomáticas y menos una mayoría calificada que sancione a Venezuela. Además de los problemas que enfrenta cada gobierno y de la creciente fragmentación de la región, es un hecho que todos prefieren defender una convivencia pacífica entendida como la no intervención de unos en la situación de los otros.

Pero hay razones adicionales para la falta de acción de la región:

  • El gobierno de Maduro ha contado con mayoría en la OEA por los votos de países del ALBA y de Petrocaribe, que tienen afinidades o deudas con el chavismo. Por eso, para cuidar los votos caribeños, Maduro acaba de visitar Jamaica y Trinidad- Tobago.
  • Si Brasil apoya la aplicación de la Carta, el gobierno de Venezuela podría pedir que la suspensión de la presidenta, que ha denunciado como un golpe de Estado, sea llevada también a la OEA.
  • La canciller de Argentina, en campaña para ser la Secretaria General de la ONU, calificó como “momento inadecuado y discusión apresurada” la posible aplicación de la CDI en Venezuela. Pidió que la OEA y Unasur traten de buscar alguna salida.
  • Gobiernos como los de México, Chile o Perú dicen que apelar en este caso al Artículo 20 podría sentar un mal antecedente. Otros temen además enfrentarse con los ataques virulentos del chavismo.
  • El gobierno de Colombia, país que recibe los efectos directos de la situación del vecino, ha dicho que ha hecho gestiones en favor del diálogo gobierno-oposición. Trata, además, de evitar amenazas o repercusiones sobre las negociaciones con las guerrillas.

¿Y si todo empeora?

La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
La Canciller venezolana Delcy Rodríguez.
Foto: Gobierno Bolivariano de Venezuela

El gobierno venezolano ha venido cerrando las opciones de salida y hasta el Vaticano se vio obligado a cancelar el viaje de su enviado a Venezuela.

Solo queda una opción que todas las partes aceptan: Unasur. Este organismo examinó la tensión suscitada por el estrecho triunfo electoral de Maduro, envió cancilleres a acompañar el intento de diálogo gobierno-oposición, y acaba de apoyar a los expresidentes que lograron reunir en República Dominicana al gobierno y la oposición. Ojalá este último intento no fracase. Lo ha saludado Estados Unidos y el Secretario de Unasur viajó al Vaticano a pedir apoyo al Papa Francisco.

Hasta ahora los intentos han sido infructuosos porque el gobierno los ha usado solo para ganar tiempo. En realidad ha perdido tiempo en buscar salidas democráticas a las crisis. Como dijo Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, se vienen “desatando otros monstruos internos del propio chavismo, que podrían incluso estar más interesados que la oposición en la salida del presidente para preservar al chavismo".

En el futuro cercano, la aplicación de la Carta dependerá de lo que ocurra en Venezuela. La represión a las marchas opositoras y a las protestas de los sectores que padecen las crisis puede aumentar los estallidos sociales y estos pueden llevar a enfrentamientos armados entre milicias bolivarianas y población civil. Además, desesperados sectores chavistas u opositores pueden pedir a los militares que actúen, o estos pueden dar un golpe de Estado en rechazo al revocatorio presidencial o al triunfo opositor en una elección.

La Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, del 13 al 15 de junio, puede acabar  con un insulso llamado al diálogo o puede darle empuje a los acuerdos entre el chavismo y la oposición para destrabar la salida constitucional del referendo. Así podrían concentrarse en el examen de soluciones frente a los problemas sociales, económicos y de seguridad ciudadana, que no dan espera.

*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic  en este enlace.  

 

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