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La puja por el poder en Venezuela

Escrito por Socorro Ramírez
El Presidente venezolano Nicolás Maduro se dirige a la Asamblea Nacional de Venezuela.

El Presidente venezolano Nicolás Maduro se dirige a la Asamblea Nacional de Venezuela.

Socorro RamírezAunque dijo respetar y acatar el resultado de las elecciones de diciembre, el gobierno de Maduro parece decidido a hacerle la vida imposible a la nueva Asamblea Nacional. ¿Quién ganará este pulso?

Socorro Ramírez*

Cuatro modos de evitar el cambio

Nicolás Maduro pasó de reconocer los resultados electorales del pasado 6 de diciembre a los llamados públicos a “cambiar esta situación como sea”.

Entre el 6 de diciembre y el 5 de enero de 2016 (día de la instalación del nuevo parlamento) el oficialismo trató de desvirtuar la nueva Asamblea mediante cuatro estrategias que han agravado la polarización en Venezuela, así:

1. Instalación de un Parlamento Comunal, paralelo a la Asamblea Nacional (AN). Maduro ha dicho que le dará todo el poder y que “va a ser una instancia legislativa del pueblo desde la base".

Varios expertos han mostrado que este parlamento no tiene existencia legal. El Estado comunal y el poder popular fueron rechazados en el referéndum de 2007, entre 2009 y 2010 y a través de leyes habilitantes, Hugo Chávez aprobó los consejos comunales, el sistema económico comunal, la gestión comunitaria y el poder popular de las comunas, que permiten crear parlamentos con interés local específico. Sin embargo, ninguna de estas leyes habla de un parlamento comunal nacional.

2. Enroque de poderes sometidos a control gubernamental. En sesiones  maratónicas, la Asamblea oficialista nombró como defensora pública a Susana Barreiros, la jueza que condenó a Leopoldo López y reformó la respectiva ley para que ella y sus suplentes no puedan ser removidos de sus puestos hasta finalizar su período de siete años.

La directiva de la AN también sesionó como “comisión delegada” hasta el comienzo de la nueva legislatura y convocó sucesivas sesiones extraordinarias. El 22 de diciembre seleccionó (con un año de anticipación) a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como a sus suplentes. El mismo día, a las 8 p.m., hizo el segundo debate de esa selección y de la reforma de la Ley de la Defensoría Pública. El 23 de diciembre, a las 9 a.m., realizó la tercera reunión, y a la 1 p.m., la cuarta para escoger y juramentar a los magistrados.

Constitucionalistas opositores han criticado estas decisiones porque el comité de postulaciones inició el proceso sin que hubiese vacantes y no indicó qué cargos suplía. Además, la preselección y nombramiento violan los lapsos legales y no podían ser aprobados en sesiones extraordinarias.

3. Anulación de la mayoría calificada de la oposición. El jefe de campaña del oficialismo pidió auditoría para las regiones donde hubo votos nulos e impugnó algunos resultados, mientras que el vicepresidente dijo que los opositores elegidos por la circunscripción indígena "fueron impuestos por una mayoría circunstancial".

El 30 de diciembre, la Sala Electoral del TSJ interrumpió el receso navideño para dictar sentencia “cautelar” sin notificación ni apelación, mientras decide sobre la impugnación de cuatro diputados del estado Amazonas (3 opositores y 1 oficialista) por supuesta compra de votos.

Con esa medida la oposición perdió su mayoría de dos tercios. Aunque está por definirse si se calculan a partir de sus 167 integrantes o de las 163 curules efectivamente ocupadas, si asumen los suplentes o cómo Amazonas obtiene representación. Salvo la remoción de los magistrados del TSJ, las iniciativas opositoras podrían alcanzarse en teoría con 109 diputados. Pero Maduro puede negarse a promulgar las leyes, solicitar intervención del TSJ, aprobar las siete impugnaciones en curso o pedir otras.

4. Anulación de funciones de la Asamblea. Al reformar la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) – y en los últimos días de sus poderes habilitantes – Maduro estipuló  que el presidente designará toda la directiva del Banco sin la anuencia de la AN.

Además, por requerimiento del Ejecutivo el BCV podrá entregar créditos a empresas del Estado así como suspender la publicación de información macroeconómica, clasificarla como secreta y condicionar su entrega al presidente de la AN.

Tensiones dentro de la oposición

Barco petrolero atraviesa el lago Maracaibo en el estado venezolano de Zulia.
Barco petrolero atraviesa el lago Maracaibo en el estado venezolano de Zulia.
Foto: Wilfredo Rodríguez

Por su parte, al abordar el debate sobre la estrategia postelectoral, en la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) se han impuesto tres asuntos centrales que han dividido a sus 20 partidos.

1. Las prioridades. La MUD se debate entre dos grandes objetivos: por un lado mantener la unidad, canalizar la frustración social ante la encrucijada nacional y promover el diálogo y la negociación, y por el otro buscar la amnistía para los presos y encontrar una forma constitucional de sacar a Maduro, con el que parece no querer cogobernar.

2. La escogencia de las directivas de la AN. Si el criterio fuera el número de escaños logrados, la presidencia de la AN le correspondería al partido Primero Justicia, que tiene 32 diputados. Sin embargo los otros partidos – Acción Democrática (AD), con 26 y Voluntad Popular, con 14- pidieron votación secreta entre los 112 diputados. Así, el 3 de enero, Henry Ramos Allup (de AD), quien había asumido un radical discurso opositor ganó la presidencia de la Asamblea.

La oposición perdió su mayoría de dos tercios. 

3. Cómo responder a la ofensiva gubernamental. Jesús Torrealba, secretario de la MUD, dijo al celebrar el triunfo del 6 de Diciembre que su objetivo era “no sustituir un sectarismo por otro sino reconciliar este país, unirlo para que sea vivible para todos”. Sin embargo el primer mensaje del nuevo presidente de la AN fue desafiante y ofensivo: “sáquenme toda esa vaina de aquí”, exigió, refiriéndose a los cuadros de Chávez, su versión de Bolívar y las fotos de Maduro. Torrealba ofreció disculpas a los seguidores del chavismo por la forma como fueron retirados los retratos, aunque recordó que la ley prohíbe usar ese tipo de imágenes.

Choque y primer reconocimiento mutuo

El 5 de enero, sin protocolos ni honores militares, en una reunión apresurada y tensa, se instaló la nueva Asamblea. La bancada oficialista se negó a participar en la directiva de algunas comisiones y abandonó el recinto alegando violaciones del reglamento. Ese día no hubo, como se temía, enfrentamientos entre manifestantes del gobierno y de la oposición.

Al día siguiente, el presidente de la AN juramentó a los tres diputados de Amazonas proclamados por el Consejo Electoral pero suspendidos por el TSJ, aunque aclaró que no participarían de las votaciones. El oficialismo habló de golpe de Estado, pidió al TSJ anular la decisión de la AN y reemplazarla. Cinco días después, el TSJ declaró a la AN en desacato y ordenó remover a los diputados o declararía nulos todos sus actos.

Aunque la MUD consideró la sentencia una decisión política viciada y un golpe judicial, la aceptó luego de que los tres opositores pidieran dejar sin efecto su juramento y de conversaciones con el nuevo vicepresidente del gobierno. Estaba en juego la anulación de sus competencias y la ilegalización de sus decisiones.

El 15 de enero, Maduro reconoció la nueva AN al concurrir a presentar su Memoria y Cuenta, refutó la agenda legislativa opositora y le hizo varios anuncios y propuestas:

  • Diálogo nacional
  • Comisión de Justicia, Verdad y Paz
  • Consejo de Economía Productiva
  • Repetición de elecciones en Amazonas
  • Decreto de emergencia económica.

El presidente de la AN le respondió:

  • AN como poder autónomo dedicado a debatir, legislar y controlar,
  • diálogo si pero con resultados,
  • paz entre iguales,
  • estudio del decreto de emergencia económica pero el modelo debe cambiar
  • los militares no deben estar en la política.

El forcejeo que viene

Hasta el momento, la mayoría de la AN ha presentado varios proyectos de ley:

  • Amnistía y solución para los presos políticos, perseguidos y exiliados;
  • Propiedad de la vivienda social entregada por el gobierno;
  • Promoción de la producción nacional para combatir la escasez y la inflación;
  • Repatriación de capitales corruptos;
  • Apoyo a pensionados y jubilados con alimentos y medicinas;

Y ha formado comisiones para:

  • investigar la designación de los magistrados del TSJ,
  • analizar el cierre de la frontera con Colombia y la Ley de Fronteras,

En breve la AN debe aprobar o rechazar el decreto de emergencia económica. La oposición ha dicho que la crisis económica no es un evento extraordinario sino el fracaso de un modelo, el Ejecutivo ha tenido herramientas y leyes para enfrentarlo, y el decreto no identifica razones de la crisis ni dice cómo enfrentarla, sino que pide un “cheque en blanco".

La situación se agrava

El Gobernador de Miranda y dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles.
El Gobernador de Miranda y dirigente del partido Primero Justicia, Henrique Capriles.
Foto: Gobierno de Miranda

Los problemas económicos del modelo rentista venezolano se exacerbaron durante estos 17 años y se han agravado con la caída del precio del petróleo que, al acercarse a los 20 dólares por barril, toca su costo de producción.

Cada bando ha intentado desconocer al otro.

Así le resulta imposible al gobierno cubrir el déficit fiscal a través de la emisión, el recorte de importaciones y la monetización de activos. También le es imposible tratar de mejorar su posición electoral ante un referendo revocatorio o en las elecciones regionales usando recursos con los que venía pagando proveedores y deuda pública.

Cada bando ha intentado desconocer al otro, pero en ambos hay quienes llaman a la negociación y ya hubo un primer acercamiento. Al cumplir 16 años, la Constitución bolivariana parece ser el único punto de encuentro pues todos los sectores dicen acogerse a sus reglas. Solo en torno a ella podría abrirse una cohabitación que lleve al diálogo y a la concertación frente a la crisis económica, la inseguridad y la ingobernabilidad, separe los poderes públicos y los “despartidice”, busque soluciones y depure los esfuerzos sociales para hacerlos sostenibles.

Lo contrario paralizaría al Estado, empeoraría la recesión, generaría una explosión social, aumentaría la violencia e inseguridad, y presionaría la intervención militar y de la comunidad internacional en un país desgarrado por tantas y simultáneas urgencias.

 

* Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.

 

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