
Candidatos y propuestas: la dimensión internacional
Compartir:


Así no hablaran mucho de política exterior, los candidatos dijeron cosas opuestas sobre Colombia en el mundo. Minería, ambiente, comercio internacional, drogas, Buenaventura, San Andrés – y política exterior- son asuntos cruciales para el próximo gobierno.
En pocas palabras
Las propuestas de los cinco candidatos para las elecciones presidenciales del próximo domingo han sido muy variadas:
La presión nacional y las críticas internacionales sobre la gestión ambiental de Colombia durante la campaña obligaron a algunas referencias
· Clara López llama a un viraje hacia el desarrollo con equidad social, pleno empleo, redistribución, construcción de infraestructura, reforma del sistema de salud, educación, democracia social con mínimo gratuito para los sectores populares en todos los servicios públicos, y acuerdo con la guerrilla.
· Para Enrique Peñalosa las negociaciones en La Habana, igual que las relaciones internacionales, deben ser un asunto de Estado. Da prioridad a la política agraria e industrial, al acceso a educación y salud de calidad sin importar el nivel de ingreso, al derecho de vivir sin miedo ante la inseguridad, a ciudades bien hechas que funcionen bien, propicien el respeto por la vida humana y la convivencia, y a una Colombia más igualitaria que incluya en lugar de excluir.
· Juan Manuel Santos agrupa sus propósitos alrededor de tres ideas: un país que dé la mano a los sectores más vulnerables; despegue de la industria, el turismo y los servicios, y cuidado del medio ambiente.
· Marta Lucía Ramírez propone cinco pactos: seguridad, educación, empleo, salud y justicia para fortalecer al Estado, enfrentar la corrupción y acabar con el ‘todo vale’.
· Oscar Iván Zuluaga defiende los tres “huevitos de Uribe” (seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social) y le agregó un Estado austero, descentralizado, diálogo popular y rendición de las guerrillas.
|
Minería y medio ambiente
La presión nacional y las críticas internacionales sobre la gestión ambiental de Colombia durante la campaña obligaron a algunas referencias al respecto.
· El presidente-candidato no habló de atraer inversión para la locomotora minero-energética sino de proteger los ecosistemas estratégicos que producen servicios ambientales, del uso sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad y manejo del agua como fuentes de la vida.
· A la ‘confianza inversionista’, Zuluaga le agregó las “garantías para la minería legal que sea respetuosa del medioambiente”.
· La candidata conservadora se comprometió con la prevención del cambio climático.
· La Alianza Verde ofreció programas para preservar páramos, selvas, bosques y agua.
· La candidata de izquierda defendió el ambiente como eje transversal de sus políticas, un impuesto a la renta para las empresas extranjeras que operan en el país y revisar los contratos de concesión minero-energética.
Comercio internacional
Las marchas campesinas han llamado a pensar sobre las consecuencias de los tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado Colombia.
· La candidata de izquierda abogó por incluir a Colombia en el contexto global pero renegociando los TLC.
· Zuluaga ofreció apoyo económico para los sectores afectados por esos tratados.
· Peñalosa sostuvo que la mayoría de los TLC se habían firmado sin suficiente estudio sobre costos y beneficios, implicaciones y medidas para preparar su aprovechamiento y mitigar sus impactos, en especial sobre los campesinos, y pidió al Congreso que no apruebe el TLC con Corea del Sur porque sería dañino para la industria nacional; también se comprometió a no suscribir nuevos tratados y a adoptar estrategias industriales y agrícolas.
Drogas
En las respuestas de los candidatos a preguntas sobre su política de droga se observa el eco del debate internacional.
Las marchas campesinas han llamado a pensar sobre las consecuencias de los tratados de libre comercio (TLC) que ha firmado Colombia.
· López propone abordar la producción como un aspecto de la reforma agraria y el consumo como asunto de salud y educación; concentrar la interdicción y la capacidad punitiva del Estado sobre el tráfico y el crimen asociado; suspender las fumigaciones con glifosato; legalizar la marihuana bajo el control del Estado y con una política de drogas.
· Peñalosa concentraría los esfuerzos en atacar a los actores más violentos, a los eslabones más rentables y al crimen organizado; impulsaría un desarrollo alternativo integral, descriminalizaría y despenalizaría el consumo para tratarlo como un tema de salud pública, y estudiaría la legalización de la marihuana.
· Santos habló de concentrar la policía en la interdicción, ofrecer incentivos para la delación, utilizar drones y otras tecnologías para destruir laboratorios y cultivos, y erradicar e impulsar el desarrollo alternativo. No ve mal avanzar hacia la legalización pero mediante acuerdos internacionales.
· Ramírez da prioridad a perseguir los dineros ilícitos mediante la identificación de actividades económicas donde se da el lavado y la confiscación de bienes; el combate a la producción y el tráfico; la erradicación manual y la sustitución de cultivos. El consumo es un problema de salud pública. No ve viable la despenalización porque no hay prevención ni política eficiente. Si se prohíbe la comercialización también habría que prohibir el consumo; piensa que su legalización estimularía la drogadicción.
· Zuluaga se comprometió con la prevención, la erradicación sin efectos colaterales sobre los ecosistemas, la sustitución, los cultivos alternativos con acceso a mercados, la extinción de dominio, las penas severas para el lavado de activos, la aplicación de la ley a los microtraficantes, y cero cárcel para los consumidores, con sanciones al porte y consumo, así como atención al adicto. No consideraría la legalización de productos que “alienan la mente y convierten al individuo en riesgo colectivo”.
![]() El puerto de Cartagena. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) |
El Pacífico y el Caribe
Tres candidatos hicieron eco a la situación dramática del Pacífico colombiano. Peñalosa prometió que una de sus medidas sería la transformación de Quibdó, Tumaco y Buenaventura, para que Colombia se relacione con la cuenca de mayor dinamismo económico. López propuso atención especial del Estado a los municipios fuertemente afectados por el conflicto, como Buenaventura; y Ramírez aludió a la costa pacífica y a las zonas de frontera.
También sobre el Caribe hubo algunas referencias. Ramírez destacó su importancia comercial para Colombia. En reunión con los raizales en San Andrés, Aida Avella habló de “respeto a la diversidad étnica, a los usos, lenguas y costumbres de los distintos pueblos que engrandecen la nacionalidad colombiana”, y de la “defensa de su autonomía y sus territorios”, así como de su “derecho a ser protegidos por el Estado de los riesgos de extinción que se cierne sobre varios de ellos”.
Zuluaga se comprometió a defender el archipiélago y brindarle condiciones dignas en servicios públicos, salud, educación y desarrollo productivo. Prometió una consulta para que los colombianos decidan si se aplica o no el fallo. Repitió que La Haya desconoció el meridiano 82 como límite marítimo y por ende el Tratado de 1928, pero olvidó que desde 2007 Uribe aceptó el pronunciamiento de la Corte indicando que ese no era el límite y propuso alternativas para trazarlo.
Salvo el presidente-candidato, ningún otro aludió a la sentencia de la Corte Constitucional que ratifica la tesis de Santos de que el fallo de La Haya no es aplicable porque solo se pueden modificar los límites con tratados que sigan el trámite interno.
Observadores externos para las elecciones
Ramírez pidió a la Misión de Observación Electoral de la OEA que vigile la financiación de la campaña, la pauta publicitaria, el uso de medios y la corrupción.
En las respuestas de los candidatos a preguntas sobre su política de droga se observa el eco del debate internacional.
López solicitó a UNASUR una auditoría internacional sobre garantías electorales, uso de dineros públicos para apoyar la reelección del presidente y la no inclusión del Polo y la UP entre las organizaciones electorales. La excanciller paraguaya, quien lideró esa misión, llamó al gobierno de Santos a tomar medidas para garantizar la transparencia del proceso, combatir la financiación irregular en la campaña, investigar las amenazas que limiten el ejercicio político y asegurar las condiciones técnicas para el voto.
Política exterior
Aunque los asuntos internos se traslapan cada vez más con los internacionales, la orientación exterior de los posibles gobiernos suele estar ausente de las campañas electorales, y en Colombia se hace evidente una visión parroquial, que mira al mundo solo a través de los problemas internos y no de los procesos y encrucijadas propias del contexto externo.
Por eso, las relaciones internacionales responden a coyunturas e intereses de cada gobierno; no son sometidas a debate y menos a construir consensos para tener políticas de Estado y conectar la proyección internacional del país con la solución de sus problemas centrales.
Los candidatos hicieron referencias parciales a ciertos temas relacionados con lo internacional pero no presentaron su propuesta de política exterior. Tampoco aludieron a la urgencia de construir una capacidad negociadora y un instrumento eficaz para una inserción global más positiva.
Esos propósitos exigen un pacto para no utilizar la diplomacia como un turbio mecanismo de politiquería interna que cambia favores electorales o respaldos legislativos por puestos diplomáticos.
Quedaron pendientes otros interrogantes para los candidatos: ¿Cómo ubican a Colombia en los cambios regionales e internacionales? ¿Qué países definen como socios estratégicos o como contrapartes relevantes y con cuáles se asociarían? ¿Qué tipo de vinculaciones quieren establecer con Estados Unidos? ¿Cómo armonizan el desarrollo interno y la inserción internacional? ¿Qué posibilidades ven de que Colombia participe en los procesos internacionales con sentido de responsabilidad global?
Si el tema no entra al debate, la orientación internacional del país seguirá siendo tratada como una cuestión privada del presidente, su canciller y unos pocos asesores, que no incide sobre el voto y menos sobre la exigencia de rendición de cuentas. Los costos de ese silencio público seguirán siendo altos.
*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace
Acerca del autor
Socorro Ramírez
* Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política; magíster en relaciones internacionales; magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos; licenciada en historia. Profesora emérita y jubilada de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.
0 comentarios
Así no hablaran mucho de política exterior, los candidatos dijeron cosas opuestas sobre Colombia en el mundo. Minería, ambiente, comercio internacional, drogas, Buenaventura, San Andrés – y política exterior- son asuntos cruciales para el próximo gobierno. 





