San Andrés y Providencia: en defensa del archipiélago y de sus pobladores - Razón Pública
2013-19-2

San Andrés y Providencia: en defensa del archipiélago y de sus pobladores

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2013-19-2

socorro ramirezUn recuento informado y desconsolador de qué ha pasado y de cómo han respondido los dirigentes y el gobierno colombiano. Persiste el desconcierto sobre lo que sigue, aunque comienza a surgir una estrategia que involucra por fin a los isleños.

Socorro Ramírez *

Todos se lavan las manos

El gobierno no estaba preparado para reaccionar ante distintos escenarios. En días anteriores al fallo había anunciado una sentencia salomónica. En la fugaz campaña televisiva de la víspera envió mensajes desbordantes de optimismo. Pero en contra de sus augurios, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afectó una parte de la zona económica y de la plataforma continental que Colombia consideraba suya.

Tan pronto conoció el resultado, el gobierno hizo declaraciones ambiguas que aumentaron el desconcierto nacional. En opinión de varios funcionarios, el fallo es contrario a los principios del derecho internacional y a la jurisprudencia de la propia CIJ.

Pastrana y Uribe tratan de librarse de su responsabilidad achacándosela a su predecesor o a su sucesor:

Pastrana culpa a Samper y a Santos, pero no explica las razones que tuvo para adoptar la fracasada estrategia, ni para reducir la exitosa vinculación de profesionales isleños a las misiones diplomáticas del Caribe anglófono.

Uribe ataca a Santos, le exige desacatar el fallo y, de forma irresponsable, trata de pescar en mar revuelto sumándose a manifestaciones en las islas en contra de la sentencia, pero ignora los daños causados por su gobierno con el cierre de la mayor parte de embajadas en el Caribe, y las probables y graves consecuencias de un desacato.

Uribe tampoco explica por qué -tras el primer fallo en 2007- cambió la tesis tradicional del meridiano 82 y en su lugar propuso una línea media, con la esperanza de que solo sufriera variaciones de unas pocas millas a uno u otro lado.

Santos respondió con la amenaza de divulgar las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La Asamblea de San Andrés aprovechó para solicitar al presidente, al procurador y al Consejo de Estado copia legible y en orden cronológico, de las actas de la Comisión frente al litigio con Nicaragua.

El Congreso, que nunca se había interesado en el proceso, habla ahora de la imposibilidad constitucional de cumplir el fallo, olvidando que Colombia aceptó libremente la superioridad del derecho y las instancias judiciales internacionales.

La Comisión Segunda del Senado aprobó, en primer debate, un proyecto sobre el territorio marino costero de la Nación que incluye el antiguo mapa oficial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como una forma expresa de desconocer el nuevo mapa trazado por los jueces de La Haya.

El desconcierto nacional, explotado por sus dirigentes, se ha traducido en indignación:

En las islas ha habido marchas y llamados a no acatar el fallo.

El 91 por ciento de personas encuestadas en diversas ciudades colombianas considera el fallo injusto, y el 83 por ciento dice que Colombia no debería aceptarlo.

2013-19-5-1 La Haya1
Foto- Vía www.noticiascaracol.com
 

Las respuestas del gobierno

Sobre la marcha, el gobierno ha tratado de tomar medidas y de diseñar una nueva estrategia:

Ante posibles pretensiones adicionales de Nicaragua,denunció el Pacto de Bogotá, que obliga a los Estados a reconocer a la CIJ como el órgano para resolver sus disputas. En adelante serán acuerdos bilaterales los que resuelvan los diferendos con países vecinos.

Contrató nuevos abogados nacionales y al grupo Volterra Fietta, con sede en Londres, para estudiar los posibles errores, omisiones e inconsistencias del fallo.

Examina la posibilidad de apelar a los recursos de interpretación y de revisión, analiza posibles condiciones de aplicación de la sentencia y estudia el impacto sobre los acuerdos de delimitación ya firmados con terceros países.

Busca solucionar los problemas creados por el fallo —entre ellos, la desprotección de los derechos históricos de pesca de los isleños— y analiza el hecho de que en una parte la sentencia afirme que el archipiélago genera plataforma continental y zona económica exclusiva, pero al hacer la delimitación marítima lo fracciona rompiendo su unidad y a los cayos solo les reconoce doce millas de mar territorial, convirtiéndolos en un enclave.

Juristas reconocidos y dirigentes de las islas han pedido que el gobierno cuestione los criterios de equidistancia y de equidad aplicados por la Corte, que enfrentó a unas islas diminutas con menos de 70 kilómetros de costas con el litoral nicaragüense de cerca de 500 kilómetros.

También han pedido examinar la aplicación de la ley 10 de 1978, para establecer — conforme a las reglas internacionales — los límites del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como los cayos, como archipiélago oceánico y enfrentar el fraccionamiento creado por el fallo de la CIJ.

Con ese fin, en San Andrés se examinaron casos como el de Ecuador con las islas Galápagos, España con las Baleares y las Canarias, Dinamarca con las Feroe, Noruega con Spitberg y Portugal con Azores y Madeira. Incluso se analizó el caso de las Malvinas (Falkland), con apoyo de la Gran Bretaña. 

2013-19-5-3 La haya3
Foto- Vía www.comoestacolombia.com

La difícil relación con Nicaragua

La estrategia jurídica seguramente incluirá una negociación bilateral con Nicaragua y no es descartable un tratado de delimitación. El gobierno ha intentado mantener abiertos los canales de comunicación con su homólogo nicaragüense. Los presidentes Santos y Ortega se reunieron en México, en el marco de la posesión de Peña Nieto.

Además de las precisiones que se solicitarán a la propia Corte, hay muchos asuntos por tratar con Nicaragua:

Nicaragua recibió áreas marítimas en las cuales puede ejercer derechos de explotación de recursos naturales, pero donde nopuede ejercer soberanía. Están en juego, entonces, el desplazamiento de las embarcaciones pesqueras, el paso hacia los cayos de naves de defensa y la actuación de la armada colombiana contra el crimen organizado.

El presidente Ortega reconoció que “cuanto más pronto mejor podamos organizar estas comisiones que trabajen para que se pueda delimitar la zona (especial) en la que, por derecho histórico, el pueblo raizal podrá pescar con un permiso permanente".

Queda por aclarar si esos derechos incluirían solo a los pescadores artesanales o también a las empresas pesqueras de las islas y de Colombia. Los isleños denuncian que zonas como Luna Verde han sido inundadas por buques extranjeros y de Nicaragua, que con sus métodos depredadores están diezmando el caracol y la langosta. Colombia presentó el caso ante la conferencia de las partes de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora.

Pero además, la explotación de recurso está limitada por diversos tratados, por ejemplo, los de derecho ambiental. Es el caso de Seaflower — la reserva de biosfera marina — decisivo para el archipiélago colombiano y para el Caribe occidental: quedó fraccionado entre un manejo protegido que ya habían logrado los isleños y el interés nicaragüense de adelantar la exploración petrolera y la pesca intensiva.

Es urgente evitar la incubación de un conflicto con detenciones frecuentes de barcos pesqueros de uno u otro lado, como de hecho ya ha venido sucediendo, así lo niegue el comandante que dirige las relaciones públicas y exteriores del ejército de Nicaragua: "No ha habido ningún incidente, ningún abordaje ni nada".

El Ministerio de Defensa colombiano envió cinco patrulleras artilladas para escoltar a los pescadores en sus faenas, respondiendo al llamado reiterado del presidente colombiano de que "los derechos históricos de nuestros pescadores se van a hacer respetar, pase lo que pase", y que “no tienen que pedirle permiso a nadie para pescar”. La gobernadora de San Andrés aplaudió el hecho de que “el gobierno no permitirá que aborden ninguna embarcación nacional, ni permitirá la detención de ningún colombiano”.

Por otra parte Nicaragua firmó con Rusia un acuerdo de cooperación militar para la defensa de su soberanía, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, y el mejoramiento de su sistema de atención y mitigación de desastres naturales.

Según denuncian una excanciller y un ex viceministro colombianos, Nicaragua habría negociado con Chinala construcción de un canal interoceánico, y ese hecho no habría sido puesto en conocimiento de la Corte ni habría llevado a que la juez de nacionalidad china se declarara impedida.

En todo caso, sea cual sea la estrategia jurídica que se adopte, resulta indispensable consolidar las relaciones intergubernamentales con Nicaragua y los nexos sociales de las poblaciones costeras caribeñas de Nicaragua y del archipiélago, que hacen parte de una misma cultura del Caribe occidental.

 

 

Acerca del autor

Socorro Ramírez

Cofundadora de Razón Pública.

Doctorada en Ciencia Política, magister en relaciones internacionales, magister en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, licenciada en historia. Profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.

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Socorro Ramírez

Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política, magister en relaciones internacionales, magister en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, licenciada en historia. Profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.

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