Eduardo Lindarte, autor en Razón Pública
Foto: Facebook: Bernardo Miguel Elías

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El caso del Ñoño Elías es una buena oportunidad para reflexionar cuáles son las causas de la corrupción en Colombia y por qué se celebra.

Eduardo Lindarte Middleton*

Una celebración inusual

El personaje. Ñoño Elías —Bernardo Elías Vidal—, ex senador entre 2010 y 2017, después encarcelado. Es sobrino del ex congresista Bernardo Elías Nader, ex presidente del Congreso y condenado por el Proceso 8000. Julio Cesar Turbay Ayala fue padrino de bautizo. Es cuñado del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons —casado con Jhoana Elías— y quien tiene cuentas pendientes con la justicia por al menos 20 cargos.

Los hechos. El siete de julio fue liberado por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Sincelejo por haber cumplido cuatro quintas partes de su condena por la Corte Suprema. En los días siguientes, regresó a su pueblo Sahagún donde una multitud lo recibió y lo celebró en medio de rechazos de diferentes comentaristas.

Antecedentes. Claramente es un delincuente comprobado de cuello blanco. Sus condenas fueron dos: una por cohecho y tráfico de influencias en 2018 y otra por concierto para delinquir y lavado de activos en 2021.

Según la Corte Suprema de Justicia, recibió alrededor de 17300 millones de pesos de Odebrecht a cambio de beneficios y decisiones favorables a la empresa. Ha declarado que la campaña de Juan Manuel Santos recibió también ayudas de Odebrecht para su campaña de 2014. Adicionalmente, ha sido investigado por presiones en Fonade sobre Jorge Iván Henao Ordoñez, exgerente de la Unidad de Desarrollo Territorial para la adjudicación de un contrato de interventoría al Consorcio Interviniendo.

Dicho esto, ¿por qué lo celebran en su pueblo?

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Las causas de la corrupción

En primer lugar, hay un factor de distribución de beneficios. En Sahagún, el Ñoño es conocido como un contribuyente, una especie de Robín Hood criollo. Son contribuciones de dineros desviados para obras locales importantes como parques, ciclo rutas, plaza de mercado, terminal de transporte y acueducto. Esto sin duda ha mejorado su receptividad local.

Claramente es un delincuente comprobado de cuello blanco. Sus condenas fueron dos: una por cohecho y tráfico de influencias en 2018 y otra por concierto para delinquir y lavado de activos en 2021.

Foto: Facebook: Bernardo Miguel Elías - En Colombia la solidaridad se expresa en la redes familiares y amistades extendidas. El regreso del ‘Ñoño’ Elías a Sahagún parece reflejar una extensión de este sentimiento.
Otro factor es que los perjudicados en los casos de corrupción son relativamente anónimos. Esto puede atenuar la reacción de la gente, a diferencia de un atraco o estafa directa a una persona concreta. No obstante, ambas modalidades producen los mismos efectos económicos.

Más allá de esto, hay otros factores incidentes en las actitudes hacia la corrupción. Según el sociólogo Robert Merton, en las sociedades con una organización social jerárquica, rígida por adscripción y donde su sistema cultural promueve desmedidamente valores y metas de éxito, como el económico, pero sin proporcionar los medios lícitos para que las mayorías pudieran acceder a ellas, la corrupción se vuelve atractiva.

Colombia es una de esas sociedades. Puede decirse que su historia pertinente empieza desde la España previa a la Conquista donde la lucha de casi ocho siglos contra la ocupación mora era premiada con ennoblecimientos —hidalguía— pero en la mayoría de casos sin proveer los medios —tierras y dependientes— para sostener dignamente las pretensiones del ennoblecimiento.

Esto no solamente creó grandes tensiones sociales, sino que el atractivo del ennoblecimiento como meta compartida inhibió un crecimiento capitalista alternativo —como el emergente en el norte de Europa—.

También fue bloqueado por un catolicismo belicoso y conservador que rechazaba el lucro y por el prejuicio nobiliario ampliamente compartido del trabajo manual como algo envilecedor —pensamiento que fue exportado a América—. El resultado fue un país empobrecido y con una Corte del Descubrimiento muy corrupta.

En la América colonial se creó una sociedad piramidal con los españoles y los criollos blancos en su punta y con los indígenas y afrodescendientes en su base a través de la violencia física y simbólica. Se instauraron las ideas de pureza de sangre, de la superioridad de la ciencia y de las creencias del hombre blanco y de una religión católica basada en la obediencia y el deber.

Además, se incorporó toda otra jerarquía intermedia de los cruces raciales diversos —los pardos como se designaban en Venezuela—, para conformar una sociedad de estatus rígidamente adscrito por niveles, casi de castas inamovibles, durante más de tres siglos. En esta sociedad, la corrupción era un privilegio de su cumbre, protegida por las distancias y las dificultades de información de la época. Pero que también se reflejaba en los juicios y condenas a funcionarios que regresaban a España.

Con la Independencia, los criollos blancos fueron los principales beneficiarios por lo que no se interesaron en cambiar este orden jerárquico. Únicamente lo maquillaron. El siglo XIX estuvo caracterizado por un orden rural, analfabeto, hacendario y cruzado por conflictos sobre la naturaleza de los cambios a adoptar. La corrupción es un privilegio connatural del ganador, principalmente en las formas del patronazgo y clientelismo.

Solamente avanzado el siglo XX se incluyó a una clase media cada vez más numerosa gracias a la urbanización, la industrialización, el crecimiento del sector terciario, la consolidación de un cuasi-capitalismo, la educación y los medios de comunicación. Pero esto no cambia fundamentalmente la desigualdad y la falta de oportunidades lícitas de ascenso social para la mayoría. Con el crecimiento económico aumenta la posibilidad de corrupción.

Lo que sí ha cambiado es la percepción sobre este problema gracias a una mayor educación y a nuevas fuentes de información y comunicación. Se advierte un mayor resentimiento e inconformidad frente a la corrupción. Pero también parece haber más tolerancia.

Un delito inevitable

En una investigación reciente con algunos colegas en la Universidad Autónoma de Manizales estudiamos las disposiciones políticas de casi 600 estudiantes de pregrados presenciales. De ellos, apenas el 63,3 % condenó la corrupción. El resto la consideró lamentable pero inevitable, normal o legítima por la injusticia social.

Es claro que una muestra de estudiantes universitarios de pregrados privados no es representativa de la población general, pero el resultado es llamativo por tratarse de un sector relativamente privilegiado.

Otro factor es que los perjudicados en los casos de corrupción son relativamente anónimos. Esto puede atenuar la reacción de la gente, a diferencia de un atraco o estafa directa a una persona concreta.

No es difícil concluir que tales actitudes probablemente sean mucho más pronunciadas en la población general. Esto podría confirmarse con las cifras de corrupción y con la creciente disposición a emigrar.

Desde otra perspectiva, los estudios sobre capital social muestran que las tensiones se expresan en la grave desconfianza y desarticulación prevalentes. Como lo han destacado algunos estudiosos, la solidaridad en el país parece concentrarse en las redes familiares y de amistad extendidas, relativamente desconectadas entre sí.

En este contexto, la corrupción se ejerce o presenta en beneficio del colectivo y no simplemente de un individuo, al menos en teoría. Para personas cuyo sentido de solidaridad no trasciende del grupo o red, esto puede verse como aceptable y legítimo.

En el caso del regreso del Ñoño a Sahagún, una mesera de un restaurante dijo que “es un ladrón, sí, pero robó para nosotros”. En 2022, su hermano fue elegido senador y él parece que será el ganador de las próximas elecciones para la Alcaldía de Sahagún.

Obviamente, en el mediano a largo plazo la solución son los cambios sociales incluyentes que ofrezcan alternativas a las conductas ilícitas. En el corto plazo sería necesario también una mayor concientización sobre la necesidad de una verdadera solidaridad colectiva y las consecuencias reales de la corrupción a través de capacitación extendida en cultura ciudadana y ética.

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

Foto: Twitter: Ing. Rodolfo Hernández

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La presunta corrupción, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández reabre esta difícil pregunta: ¿quién puede destituir o sancionar a un funcionario elegido por el voto popular?

Eduardo Lindarte*

La figura de Hernández 

En las pasadas elecciones presidenciales Rodolfo Hernández se posicionó en la primera vuelta como el candidato alternativo a Gustavo Petro, y desplazó de manera insólita al candidato Federico Gutiérrez.

Pero no fue por presentar un marco de políticas especiales o un planteamiento ideológico específico. Fue por tener un estilo franco y desabrochado y, particularmente, por convertirse en el estandarte de la lucha anticorrupción. Postura que fue catapultada por el manejo de la alcaldía de Bucaramanga entre 2016 y 2019.

A pesar de lo anterior, la carrera de Hernández no ha estado exenta de denuncias y demandas diversas, algunas relacionadas con presunta corrupción. Al caso más sonado se le conoce como “Vitalogic”, el nombre de la empresa que habría favorecido el entonces alcalde para el manejo de basuras en Bucaramanga.

En este caso la Fiscalía radicó un escrito de acusación por el delito de celebración indebida de contratos en 2020. El 31 de mayo pasado, la Procuraduría en primera instancia inhabilitó a Hernández durante catorce años, precisamente por interés indebido en la celebración de ese contrato por 344 millones de pesos.

Puede leer: Qué hacer para proteger a quienes denuncian la corrupción

El caso

La historia se remonta a junio de 2016, cuando el alcalde Hernández sostuvo una reunión en su pent-house con quien fungía como gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), José Manuel Barrera.

la carrera de Hernández no ha estado exenta de denuncias y demandas diversas, algunas relacionadas con presunta corrupción. Al caso más sonado se le conoce como “Vitalogic”, el nombre de la empresa que habría favorecido el entonces alcalde para el manejo de basuras en Bucaramanga.

Foto: Alcaldía de Bucaramanga - La planta de energía a base de residuos solidos era un proyecto que pretendía transformar los desechos del relleno sanitario El Carrasco.

La cita tenía el propósito de pedirle a Barrera que entregara un contrato inicial de 344 millones de pesos al ingeniero Jorge Hernán Alarcón para construir una planta de energía a base de residuos sólidos. Se trataba de un proyecto vanguardista que prometía transformar los desechos del relleno sanitario El Carrasco durante por lo menos tres décadas. Pero la promesa incluía beneficios para su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros.

La Procuraduría en su reciente decisión afirma que pudo comprobar que el excandidato presidencial sostuvo aquella reunión con emisarios de la empresa y que acordaron términos precisos para entregar el contrato a dedo a la firma seleccionada. La Procuraduría también estableció que acodaron el corretaje previo para que Hernández Oliveros recibiera beneficios por el contrato de Vitalogic.

Actualmente, Rodolfo Hernández declaró que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para controvertir la decisión.

La pregunta del millón

Lo más preocupante de este caso es que hay un problema o dificultad legal con respecto a las sanciones de funcionarios electos en Colombia y sobre quién las puede determinar.

Sobre la base del Artículo 277, en especial de su numeral 6, de la Constitución de 1991, esta competencia la ejerce la Procuraduría General de la Nación (PGN), lo cual ha sido ratificado por la Corte Constitucional.

Asimismo, la Ley 2094 de 2021 refuerza esta potestad de la PGN y destaca su competencia para investigar, destituir, suspender e inhabilitar, entre otros, a las personas que desempeñan funciones públicas en forma inadecuada por acción u omisión.

De otra parte, el CIDH, sobre la base de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), sostiene que la inhabilitación y sanción de funcionarios elegidos solamente la puede realizar un juez competente. No una autoridad administrativa, como es el caso de nuestra Procuraduría.

Cuando el presidente Petro era alcalde de Bogotá fue destituido y sancionado por el Procurador Ordoñez en 2013. Pero la sanción no se pudo aplicar porque el Tribunal Superior de Bogotá ordenó restituirlo y, posteriormente, el CIDH descalificó la destitución.

Por eso se mantiene, al parecer, una ambigüedad sobre quien tiene la facultad de inhabilitar a funcionarios elegidos por el voto popular.

El gobierno en su proyecto de reforma política había incluido la prohibición expresa de que el procurador destituyera funcionarios elegidos, pero el proyecto se ahogó en el Congreso.

Y por su lado en febrero de este año, la Corte Constitucional conceptuó que la ejecución de las decisiones no tendrá lugar antes de que un juez competente revise y pronuncie una sentencia pertinente.  Esta decisión se basó en el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace parte del bloque de constitucionalidad.

La Corte entonces reformó a Ley 2094 y exhortó al Congreso a adoptar un estatuto para los funcionarios de elección popular con inclusión de un régimen disciplinario especial. Solo entonces parece que se habría resuelto esta dificultad del tema en el derecho colombiano.

¿Y Hernández?

No obstante, persisten dudas. Primero, si bien el caso impugnado se dio durante su alcaldía, Hernández ya no es funcionario ni es claro que pretenda serlo, especialmente tomando en cuenta su edad.

Por eso se mantiene, al parecer, una ambigüedad sobre quien tiene la facultad de inhabilitar a funcionarios elegidos por el voto popular.

En algún momento se informó que se había reunido en tres ocasiones con el presidente Gustavo Petro en relación con su posible candidatura con apoyo del Pacto Histórico para la gobernación de Santander. Pero nada de eso se concretó.

Segundo, no se cuenta con un fallo judicial y pueden surgir dudas sobre la competencia válida para tal revisión, a pesar de lo ya señalado por la Corte Constitucional.

Además hay que tener en cuenta, particularmente, la ausencia del estatuto especial para funcionarios electos solicitado por la Corte.

Las consecuencias inmediatas más importantes de este proceso parecen referirse sobre todo en las proyecciones sobre liderazgo político de cara al futuro y, por supuesto, sobre su legado e imagen personal.

Desde luego, si se produce una revisión o juicio judicial en relación con el caso Vitalogic u otras denuncias, las consecuencias podrían ser mayores. Todo ello, sin embargo, es incierto en este momento.

Lea en Razón Pública: Doña Juana debe llegar a su fin

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

Foto: Flickr

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La tensión entre Colombia y Guatemala es fruto de una venganza de la élite guatemalteca contra la Comisión que denunció su corrupción, cuyas raíces a su vez se hunden en nuestra común historia de desigualdad.

Eduardo Lindarte Middleton*

La Fiscalía de Guatemala

Esta semana se informó que la Fiscalía de Guatemala abrirá una investigación sobre Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, pretendiendo además proferir autos de detención y solicitar extradición para otros integrantes de la antigua Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esto fue rechazado tajantemente por el presidente Petro, a lo cual el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, respondió calificándolo de exguerrillero. En una contra-respuesta Petro aludió al Estado guatemalteco como mafioso.

Frente a esto hechos algunos pueden preguntarse: ¿por qué ocurrió todo esto? y ¿por qué hay virulencia en los intercambios?  Exploraré acá el asunto y sus implicaciones para la lucha contra la corrupción.

Puede leer: Iván Velásquez, ministro de Defensa: por qué y para qué

¿Qué fue (CICIG)?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) fue establecida en 2007, con Iván Velásquez como su comisionado, a raíz de las preocupaciones de grupos de la sociedad civil guatemalteca, por la criminalidad y la corrupción, y por solicitud del presidente de entonces, Óscar Berger, a Naciones Unidas.

Su propósito era recolectar información y dar apoyo para que después la Fiscalía y el poder judicial guatemalteco tuviesen base para enjuiciar a los responsables. No intervenía directamente, pero podía ser co-querellante con las autoridades guatemaltecas. Operó entre ese año y el 2019, cuando el presidente en ejercicio de entonces, Jimmy Morales, de manera inconstitucional, según la Corte Suprema, no renovó su continuación e impuso a los comisionados un plazo de 24 horas para salir del país.

Durante su funcionamiento, la CICIG realizó una labor extensa. Presentó más de 120 casos al sistema de justicia guatemalteca que involucraron a 1540 personas, de las cuales 650 enfrentaron cargos o procesos legales.

Estos comprendieron unos 200 funcionarios y exfuncionarios, incluido Morales mismo con su familia, así como el expresidente Otto Pérez Morales y su vicepresidenta —estos últimos resultaron condenados—. Aproximadamente uno de cada cinco miembros del Congreso resultó salpicado. Lo mismo ocurrió con muchos miembros de la élite empresarial.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG) fue establecida en 2007, con Iván Velásquez como su comisionado, a raíz de las preocupaciones de grupos de la sociedad civil guatemalteca, por la criminalidad y la corrupción, y por solicitud del presidente de entonces, Óscar Berger, a Naciones Unidas.

Conflicto entre Guatemala y Colombia
Foto: Gobernación Departamental Chiquimula - La desigualdad es uno de los elementos que ha permitido la institucionalización de la corrupción en Guatemala y, en general, en América Latina.
Adicionalmente, la CICIG ayudó a modernizar y mejorar, a largo plazo, el sistema de justicia guatemalteco. Introdujo modernas técnicas y metodologías de investigación y de manejo de cooperantes, previamente inexistentes allí; formó fiscales capaces y ayudó a introducir tribunales especiales con jueces protegidos. A lo largo de su duración, formuló 34 propuestas de reformas para mejorar las capacidades de los fiscales.

Otro efecto fue reducir las tasas de homicidios y de impunidad. Finalmente, la CIGIG ha sido un modelo para iniciativas similares, como la de Honduras.

Reacciones en Guatemala

Nada extraño es entonces que lo anterior causara una violenta oposición y muy diversos intentos de desacreditar y sabotear su actuación. El Congreso se negó a sancionar a Morales, y la poderosa alianza empresarial CACIF realizó cabildeos ante el gobierno Trump contra la CICIG, gobierno que se mantuvo tibio en su apoyo.

Pero la C omisión siempre contó con alta confianza de la sociedad civil (70 % según encuestas en 2017), la cual protestó por su salida. Además, fue reconocida por Naciones Unidas, la Unión Europea y el Congreso de Estados Unidos.

La venganza

Respecto del excomisionado Velásquez se denunció corrupción potencial relacionada con Odebrecht. De ser ciertas esas aseveraciones, con toda probabilidad, tanto Naciones Unidas como Estados Unidos las habrían conocido y considerado antes, pero de éstos la Comisión únicamente ha recibido elogios, apoyo y reconocimiento.

El perfil y la gestión del comisionado son más bien los de un fundamentalista. A lo sumo cabría considerar dificultades surgidas de decisiones potencialmente polémicas, pero inevitables y normales, en el manejo de casos y en razón de prioridades existentes, disponibilidad de información y probabilidades de éxito.

Por todo lo anterior, esta iniciativa tardía de la Fiscalía guatemalteca parece ser una patraña de venganza y descrédito contra la CICIG y sus participantes por parte de la élite guatemalteca. El mismo fiscal que anuncia la investigación  fue incluido en la lista Engel de Estados Unidos como cómplice de corrupción.

Frente a esto, el presidente Giammattei afirma que todo eso forma parte de un proceso autónomo de la Fiscalía, el cual hay que respetar, pero es muy improbable que la iniciativa se hubiera tomado sin el más alto apoyo político.

Lo que no todos conocen es que Giammattei estuvo preso durante diez meses en 2010 por acusación de masacre de reos en una cárcel cuando era director del sistema penitenciario, y la CICIG fue querellante. El presidente ha expresado su desagrado con la CICIG.

Por su parte, Estados Unidos, a través del subsecretario del Departamento de Estado, Brian Nichols, manifestó preocupación y desaprobación por la iniciativa guatemalteca.

Pero el último clavo en el féretro lo puso Naciones Unidas. En días recientes le ha recordado a Guatemala que los integrantes de la CICIG disfrutaron y siguen disfrutando de inmunidad diplomática. Quizás en reconocimiento de ello, Giammattei adoptó un tono mucho más conciliador.

Las lecciones

¿Qué lecciones pueden resultar del caso? Una concierne a lo enquistada y lo institucionalizada que se halla la corrupción como medio de vida normal en Guatemala entre la clase política.

Esto, probablemente, ocurre en Colombia y otros países de América Latina, también colonizados por España. La corte española de la Conquista y la colonia era notable por su corrupción, debido sobre todo a la falta de oportunidades alternativas, que no se alcanzan a abordar acá.

La conquista de América, realizada a sangre y fuego, y las dificultades de control para la monarquía debido a la distancia, proyectaron y consolidaron los privilegios de los conquistadores frente a la población nativa. Ello, durante tres siglos, con su evolución local propia y subsiguiente en la era republicana, introdujo un antecedente poderoso.

Pero el último clavo en el féretro lo puso Naciones Unidas. En días recientes le ha recordado a Guatemala que los integrantes de la CICIG disfrutaron y siguen disfrutando de inmunidad diplomática. Quizás en reconocimiento de ello, Giammattei adoptó un tono mucho más conciliador.

Pero cabe considerar otro elemento central: la desigualdad. Especialmente, aquella que no es simplemente fáctica, sino que involucra, como ocurre en América Latina, una estigmatización de inferioridad (sobre la base de pureza de sangre, etnicidad y cultura) de los sectores sometidos (nativos, esclavizados y aún mestizos), y divide la sociedad entre quienes ejercen poder y quienes se hallan excluidos del mismo.

Estos segundos no ejercen control sobre los primeros y los primeros se consideran sin límites: “la ley es para los de ruana”. Del privilegio al abuso hay poco trecho, porque el abuso tiende a ser connatural al privilegio cuando no existen más restricciones para el abusador que los impuestos por sus pares.

En ambos aspectos, Guatemala parece calificar notablemente. La corrupción, como modo de vida de la clase política y de las organizaciones privadas, resultará extremadamente difícil de extirpar simplemente con un ataque penal frontal, por importante y necesario que ello sea.

Por otra parte, el caso bajo consideración recuerda asimismo al ataque realizado años antes por el poder judicial italiano contra la mafia de dicho país, después de un gran esfuerzo fue igualmente frustrado. Los ataques directos tenderán a ser resistidos con uñas y dientes, directa e indirectamente, por los afectados y aspirantes, más si los blancos a atacar son de origen extranjero.

Para ser eficaz a largo plazo, el ataque directo necesitará complementarse con otros cambios profundos, como el empoderamiento ciudadano y su participación en el seguimiento del tema.

También son necesarios cambios de conciencia amplios sobre la corrupción, educación pertinente, reformas legales que aumenten la transparencia de los procesos, sanciones severas y condiciones y capacidades para su aplicación, para mencionar algunos. En todo caso, el combate contra la corrupción involucrará una agenda a largo plazo, además de constituir una prioridad en lo inmediato.

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

Foto: Facebook: Cancillería de Colombia

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¿Será que Petro logra mejorar la situación de los sectores populares? ¿Será que acaba embarcado en un proyecto populista? ¿Qué tan viable y coherente es su política exterior?

Eduardo Lindarte*

Incertidumbre

La llegada del gobierno Petro es una gran novedad en la historia política de Colombia.

Es la primera vez que un gobierno elegido democráticamente concentra sus esfuerzos en atender los intereses de los sectores populares y la clase media, no en los estratos más favorecidos del país. En el siglo XIX lo había intentado José María Melo durante sus pocos meses de gobierno, y en el siglo XX Rojas Pinilla tuvo algunas iniciativas similares, pero sin mucha contundencia.

La administración Petro pretende reivindicar los derechos de los sectores marginados. Su propuesta encaja en un modelo social demócrata que propone reducir la desigualdad y compensar las externalidades negativas mediante la provisión de bienes públicos, la regulación y las políticas redistributivas.

Esto se debe a que el modelo populista, aunque pretende atender a las insatisfacciones ciudadanas, produce pocas respuestas efectivas y se enfoca en la identificación de “enemigos”. No menos importante, el populismo tiende a disminuir la influencia de las instituciones autónomas, de las normas establecidas y del papel del conocimiento científico para reforzar en su lugar la autoridad y el carisma del caudillo.

Pero los cambios de gobierno en general, más todavía un cambio como el que estamos presenciando, crean mucha incertidumbre entre algunos sectores de opinión. Los cambios radicales suscitan rechazos por parte de los estratos favorecidos porque los afecta directamente.
Cambios e incertidumbre bajo Petro
Foto: Facebook: Cancillería de Colombia - El nuevo gobierno ha marcado un nuevo tipo de relación con Estados Unidos en la que no se descarta el surgimiento de conflictos.

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Dos preguntas

En medio de esta incertidumbre me parece fundamental analizar dos preguntas capitales.

Primera pregunta: ¿Los cambios efectivos, es decir, los que se concreten en su dimensión técnico-económica, política y administrativa, mejorarán la condición de los sectores populares, sin desmejorar en igual o mayor magnitud al resto de la población? Si bien una respuesta es difícil debido a los múltiples intereses y los distintos marcos de referencia, sería posible una aproximación a través de un diálogo lo suficiente amplio y fundamentado en datos objetivos.

La segunda pregunta se refiere a la manera de realizar los cambios. ¿Favorecen al proceso democrático o, por el contrario, lo debilitan? Un proyecto efectivamente social demócrata aumentaría la legitimidad del proceso, pero una ruta populista debilitaría la democracia.

Esto se debe a que el modelo populista, aunque pretende atender a las insatisfacciones ciudadanas, produce pocas respuestas efectivas y se enfoca en la identificación de “enemigos”. No menos importante, el populismo tiende a disminuir la influencia de las instituciones autónomas, de las normas establecidas y del papel del conocimiento científico para reforzar en su lugar la autoridad y el carisma del caudillo.

Si bien el populismo manifiesta variantes de derecha, por ejemplo, bajo el gobierno Trump, y de izquierda, como en el caso de Venezuela, representa una respuesta inspirada en formas atenuadas de fascismo que debilitan los procesos democráticos.

Es cierto que el gobierno Petro proclamó y puso en marcha su visión social demócrata que impulsa el pleno reconocimiento de los derechos humanos, pero todavía es muy temprano para saber cómo será la gestión y la ruta para cumplir con la propuesta.

¿Contradicción o vista gorda?

En política exterior la administración se ha caracterizado por cambios de orientación y énfasis que sugieren la adopción de perspectivas más integrales y de largo plazo, pero no por ello exentas de algunas dificultades y posibles contradicciones.

El cambio más visible ha sido quizás el restablecimiento de relaciones oficiales con Venezuela, previamente desmontadas. La experiencia de los últimos años confirma que, en un contexto actual, países enemigos necesitan mantener relaciones. Es fundamental que los países vecinos interconectados no prescindan de las relaciones formales para el manejo y atención de estos vínculos.

Sin embargo, no hay que excluir ni negar las implicaciones y consecuencias cuando se trata de una dictadura o de la violación de los derechos humanos. Es evidente que sería mejor si en el restablecimiento de las relaciones de los países se hiciera un proceso encaminado a desmontar las violaciones y/o dictaduras a través de negociaciones. En el caso de Colombia-Venezuela cabe preguntar si este es un objetivo o no, o si sería realista un diálogo en esa vía.

En este sentido parecen contradictorias las acciones y declaraciones de Gustavo Petro en la ausencia de defensa de los derechos humanos en otros países. Por ejemplo, en la falta de condena de la OEA para Nicaragua o en la plena aceptación de Cuba, ambos notables infractores recientes de los derechos humanos.

Otras intervenciones, menores pero problemáticas, comprenden la carta de apoyo a Cristina Fernández, posteriormente condenada judicialmente, así como el tweet sobre el regreso de Pinochet a Chile después del rechazo en el referendo que buscaba modificar la constitución.

A su vez, las declaraciones recientes sobre Pedro Castillo en Perú que atribuyen su remoción a conspiraciones elitistas y no aluden al desempeño del expresidente. De cierta manera niegan las acusaciones por ineptitud, corrupción e intento de golpe de Estado.

Parece que, en algunos casos, los intereses políticos de Petro priman sobre los ideológicos y, en otros casos existe una especie de solidaridad entre quienes profesan una ideología común.

Colombia y el exterior

Otra pauta en el gobierno Petro referente a la política exterior comprende el regionalismo latinoamericano y caribeño. Petro busca el restablecimiento de la Comunidad Andina de Naciones, así como emprender un diálogo en las Américas para resolver problemas comunes y conflictos como los sectarismos y la violencia.

Petro intenta que Colombia se posicione como un país potencia mundial de vida, por lo que persigue una visión de integración y autonomía regionales.

En este sentido parecen contradictorias las acciones y declaraciones de Gustavo Petro en la ausencia de defensa de los derechos humanos en otros países. Por ejemplo, en la falta de condena de la OEA para Nicaragua o en la plena aceptación de Cuba, ambos notables infractores recientes de los derechos humanos.

Por otro lado, en el ámbito ambiental se destaca el énfasis hacia una transición energética que elimine los combustibles fósiles en favor de energías verdes, así como la conservación de zonas ecológicas como el Amazonas.

Aunque es necesario y prioritario, el abordaje inicial presenta incompatibilidades entre objetivos y necesidades de corto, mediano y largo plazo. El país enfrenta necesidades por combustibles y divisas derivados de la producción de petróleo y carbón. No es posible abandonar sin engendrar graves perjuicios en el corto y mediano plazo, si bien deba procurar una transición.

Colombia tiene una nueva relación con Estados Unidos. La nueva orientación supone lazos con una menor incondicionalidad que la anterior.  Algunas revisiones propuestas comprenden ajustes al tratado de libre comercio, un re-enfoque al manejo de la problemática de drogas y un tratamiento más favorable a inmigrantes colombianos ilegales en Estados Unidos.

Si bien inicialmente no han surgido conflictos, no es descartable aún que las reformas más liberales propuestas, por ejemplo, en el área de las drogas, causen fricciones eventuales con los requerimientos políticos en Estados Unidos.

Tampoco es claro si posibles solidaridades del gobierno con regímenes sancionados por Estados Unidos puedan fomentar fricciones en el futuro.  Aunque no se puede negar que el país necesita conservar su autonomía.

En síntesis, resultaría prematuro concluir sobre las bondades de las reformas propuestas y sobre si la administración conservará su actual ruta social democrática versus una alternativa populista.

En política exterior las propuestas esbozadas en distintas áreas contienen elementos de mayor integralidad y visión de largo plazo que las prevalentes anteriormente, lo cual sería ventajoso, pero no se encuentran exentas de contradicciones, riesgos e incertidumbres.

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

Foto: Twitter: Daniel Samper

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Un curioso contrato para enseñar inglés a cinco mil manizaleños vuelve a poner los ojos sobre la corrupción que no deja prosperar a una ciudad con grandes oportunidades. ¿Será posible un cambio en el futuro cercano?

Eduardo Lindarte*

Ciudad de contrastes

Manizales ha sido una ciudad de logros contradictorios.

En estos días acaba de ganar reconocimiento, junto con Curitiba, como las únicas ciudades latinoamericanas sostenibles según el ranking mundial de Arcadis 2022.

En lo político, sin embargo, su evolución ha sido más errática. En el siglo pasado el departamento de Caldas sufrió un fraccionamiento en tres unidades: Caldas, Risaralda y Quindío. Posteriormente la ciudad vivió el renombrado escándalo del Robo a Caldas. ¿Qué hay detrás de esto?

Los malos dirigentes

Manizales, seguramente al igual que muchas otras ciudades colombianas, padeció la falta de claridad a la hora de priorizar una visión sobre los intereses colectivos de la población. Por eso la ciudad nunca tuvo un norte claro, integral y articulado.

Aunque desarrolló diversas iniciativas valiosas y notables, casi siempre fueron el resultado de esfuerzos fragmentados. Esto fue producto de la falta de tradición y reconocimiento histórico que vivió la ciudad.

A esto se sumó que los gremios económicos se abstuvieron de presentar posturas y propuestas efectivas y críticas para dirigir el rumbo de la ciudad.

Durante la primera mitad del siglo XX surgió en Manizales un grupo político y literario conformado por personalidades como Silvio Villegas, Fernando Londoño Londoño y Gilberto Álzate Avendaño, entre otros.

Este grupo, de corte conservador rayano en el fascismo, administró la ciudad de manera arrogante. Nunca pudo admitir la competencia ni se ocupó de instruir sucesores. Por esta razón, ante su agotamiento en los años sesenta, el vacío político fue ocupado por caciques diversos que marcaron la vida local y regional a través de diversos escándalos y judicializaciones.

Trapos sucios

La ciudad no se ha recuperado del todo. El caso judicial más reciente, por ejemplo, fue el del exsenador Mario Castaño con su show de las marionetas.

Aunque las dos últimas gobernaciones han sido inobjetables, la alcaldía de Manizales ha corrido con una suerte complicada.

El alcalde anterior a Marín fue un socio político de Castaño, por lo que podemos intuir el problema de corrupción enraizado en la ciudad. Hasta el momento se desconocen las posibles derivaciones de ello.

Foto: Twitter: Carlos Mario alcalde - Históricamente, Manizales ha padecido un vacío político. Aunque la administración de Carlos Marín prometía una transformación, ha ido manchándose de fallas y denuncias.

Lea en Razón Pública: ¿Cómo le fue a Duque en su lucha contra la corrupción?

En todo caso, en 2019 irrumpió Marín por el Partido Verde con apoyo de Mauricio Liscano, junto a una promesa de renovación. Aquella vez logró la mayor votación histórica por este cargo y se convirtió en una de las figuras más jóvenes en posicionarse. Hay que aceptar que el arranque de la nueva administración fue prometedor por su gabinete y postura, pero rápidamente todo cambió. Sucedieron numerosos cambios de funcionarios y renuncias de quienes denunciaron haber sido maltratados.

Diversos proyectos e iniciativas acusaron fallas por retrasos y/o sobrecostos. Para nombrar apenas algunos:

  • La tercera ruta del cable comenzó sin diseños finales y con el desconocimiento sobre los predios afectados;
  • El coliseo multipropósito quedó inactivo y logró ser el escenario para los Juegos Nacionales 2023 en el Eje Cafetero;
  • Los retrasos y sobrecostos presentes en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales;
  • La repavimentación demorada de calles de Manizales, y
  • Las deficiencias en la ejecución de la reforma del Bulevar de la Calle 48.

A lo anterior se sumaron denuncias por favoritismos por parte del alcalde. En particular criticaron la influencia del equipo de Arturo Espejo Rivas y su hijo Arturo Espejo Arbeláez sobre él.

Espejo Rivas se retiró del equipo, pero su hijo recientemente protagonizó un incidente en la vía pública captada en video donde insultó al alcalde y amenazó con revelar sus irregularidades.

Fue muy evidente el favoritismo de Marín cuando apoyó la elección de su primo Santiago Osorio para la Cámara de representantes.

Hay que aceptar que el arranque de la nueva administración fue prometedor por su gabinete y postura, pero rápidamente todo cambió. Sucedieron numerosos cambios de funcionarios y renuncias de quienes denunciaron haber sido maltratados.

De esta manera, en una vena más grave, se suman varias denuncias por la Corporación Cívica de Caldas y La Patria en las cuales se revela la adjudicación de contratos sin convocatoria pública a través del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. La investigación arrojó 12 contratos directos por $ 769.369.000 pesos.

Evidentemente, todo lo anterior produjo serias sospechas de corrupción. Sin embargo, a la fecha no existe ninguna investigación abierta en su contra.

Contra las cuerdas

Marín ha basado su apoyo esencialmente al cuidado realizado en las redes sociales, pero esto le ha valido severas críticas por la discutible naturaleza y gusto de algunas de sus contribuciones.

No obstante, lo que más daño le causó fueron varios gaffes recientes. La primera se puso de presente en un video filmado durante la visita del presidente Petro a la ciudad. Aquella vez Marín, en un aparente intento de halagarlo, le afirmó que el proyecto del aeropuerto Aerocafé era un proyecto de élites cuando la realidad es que, a pesar de algunos muy pocos detractores, se trató de una iniciativa con amplio apoyo, bases técnicas muy sólidas y financiamiento asegurado.

La segunda, más reciente, fue un reporte sobre la firma de un acuerdo con Liberland, justificado como parte de la meta de la administración, para capacitar en inglés a 5.000 manizaleños. Aunque esta iniciativa no alcanzó a involucrar desembolso alguno, sí obtuvo una apreciación generalizada de ridículo, tanto en el departamento como en el país. Liberland empezó a tornarse como una empresa más ficticia que real.

La historia apunta a que el desorden y la falta de rigor en los procesos desencadenaron una ola de malas decisiones y prácticas.

El último giro en este cantinflesco episodio se dio recientemente por la investigación de La Patria de varios concejales. Descubrieron que el documento sometido por Randy Thompson —supuesto representante del territorio y de una fundación del mismo, en Estados Unidos— era falso.

El original, sometido al Ministerio de Relaciones Exteriores, fue rechazado y marcado como improcedente al corresponder a una entidad con la cual se carecía de reconocimiento oficial y relaciones diplomáticas. El documento presentado a la Alcaldía fue adulterado para obviar lo anterior. Como resultado una concejala declaró haber denunciado ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde, al secretario de TIC y Competitividad, y a Thompson.

Aún antes de esto último, todo lo anterior desencadenó una avalancha de críticas por diversos comentaristas locales. Uno de los más duros, Pava Quiceno, lo calificó de “mandatorio pueril” cuya “corrupción, improvisación, ineptitud y torpeza” le han forjado a la ciudad “tres años de destrucción, corrupción, caos, desgobierno, estupidez y despilfarro”.

Palabras fuertes que sin duda Marín no respondió directamente. Después del  último episodio despareció por algunos días para reaparecer en el programa de Yamid Amat y, posteriormente, en Manizales. Lo curioso es que en ambas ocasiones admitió el error como posible falla suya y de su equipo.

¿Qué le espera a Manizales?

Indudablemente sus últimas gaffes lo han puesto en ridículo, por lo que ha perdido credibilidad. Y, con esta pérdida, obtuvo mucho rechazo de amplios sectores.

Tal es el clima de insatisfacción que esta semana el Comité Intergremial de Caldas le envió una carta abierta señalando sus incumplimientos e inconsistencias en diversas áreas y, claramente, donde le solicitaron rectificaciones.

Todo ello creó un clima que hará muy difícil un desenvolvimiento provechoso del resto de su mandato, a menos que introduzca cambios adecuados y sustanciales.

La historia apunta a que el desorden y la falta de rigor en los procesos desencadenaron una ola de malas decisiones y prácticas. Quizá se deba a la inmadurez del funcionario y a su falta de experiencia para gestionar algo tan grande como una alcaldía.

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Todavía falta ponderar las posibilidades de corrupción, asunto que se definirá con el tiempo. Manizales atraviesa un periodo de incertidumbre, sin una guía clara y sin un líder inteligente y decisivo. Si no hay un freno efectivo, la ciudad seguirá siendo un nido de corrupción y trapos sucios.

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

Foto: Wikimedia Commons

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Combatir la corrupción fue una promesa central del candidato Iván Duque. Este es el balance de su gestión al respecto.

Eduardo Lindarte*

Problema de vieja data

Para entender el problema de la corrupción asociada con la gestión del Estado en Colombia, es necesario mirar muy brevemente su evolución a lo largo de la historia.

Durante el siglo XIX, el partido o la facción vencedora se quedaba con todo, pero sus posibilidades de robar eran limitadas porque el presupuesto apenas si alcanzaba para pagar la nómina oficial. Esto, a su vez, limitó la corrupción al clientelismo y al patronazgo en el acceso a cargos públicos y en la tramitología que ya desde entonces marcó la gestión pública en Colombia.

Durante el siglo xx el gasto público fue aumentando desde un 5 % del PIB hasta más del 20 %, para llegar al 33 % actual. Este hecho convirtió el presupuesto nacional en un botín muy jugoso y convirtió la corrupción en uno de los negocios (¿ocultos?) más más grandes del país.

El historial del uribismo

A principios del siglo xxi (en 2002) nació el proyecto uribista para poner en vigencia  (desde una perspectiva de derecha) la Constitución de 1991, mínimamente puesta en marcha antes por las crisis de las administraciones Samper y Pastrana.

El uribismo ganó considerable apoyo con su agenda inicial de restablecer la seguridad nacional y promover el desmonte del paramilitarismo. A lo largo de sus varios gobiernos se dieron otros logros importantes en materias de salud, educación, ayudas sociales, desarrollo de la infraestructura vial y el desmonte de las FARC.

Después de su auge inicial, el uribismo se debilitó, primero, por los intentos reeleccionistas de su inspirador; segundo, por abusos como las chuzadas y, posteriormente, la revelación de los falsos positivos; tercero, por la división causada por el santísimo a raíz de su negociación con las FARC; cuarto, por la persistencia de la corrupción; y, más recientemente, por los efectos de la pandemia.

El resultado de todo lo anterior fue poner fin a la era uribista.

Duque llega a la casa de Nariño

En este contexto llegó Iván Duque al poder, favorecido por enfrentar a un contendor (Gustavo Petro) que producía miedo entre muchos votantes.

Duque fue así elegido presidente de Colombia, pero con la peculiaridad de tener que constituir un gobierno sin capital político propio y, por ende, débil y dependiente de su patrocinador y de su bancada.

Su falta de capital político le impidió promover o ejecutar grandes reformas. Por eso tuvo que limitarse a afinar y tratar de mejorar la ejecución pública en diversos ámbitos.

El malestar creciente de la ciudadanía que muestran las encuestas, hacen de la lucha contra la corrupción una prioridad de la política, y explican por qué la inacción de sus gobiernos en este frente llevó al desgaste de la administración saliente y del proyecto uribista.

Su imagen pública se resintió además por las ambivalencias acerca del  Acuerdo con  las FARC y de su cumplimiento; por la presentación, al comienzo de su mandato, de un proyecto de reforma tributaria regresiva- y que dos veces tuvo que ser retirada-.

A lo cual se agregaron el mal manejo de las protestas sociales y el costo político inevitable de la pandemia, que disparó las cifras de pobreza.

De lo anterior sin embargo deben rescatarse el relativo éxito en los esfuerzos de vacunación y en las ayudas directas a la población, que llegaron a unos once millones de familias o a aproximadamente a treinta millones de colombianos.

Duque, la corrupción y los organismos de control 

El candidato y presidente Duque proclamó su intención de luchar frontalmente contra la corrupción.

Esto lo llevó a promover la eventual aprobación (apenas hacia el final de su mandato) de la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (Ley 2195 de 2022). Esta pretende prevenir los actos de corrupción, mejorar la coordinación entre las entidades del Estado y restituir los daños ocasionados por dichos actos. La Ley crea un registro de beneficiarios de la actividad pública, pero su efecto real será limitado porque no es de acceso abierto para la ciudadanía.

Duque creó también la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (rita) para gestionar las denuncias ciudadanas.

Pero la debilidad política hizo que Duque tuviera que negociar con los políticos de oficio y que dejara el tema de la corrupción en manos de los organismos de control.

A la par ocurrió otro fenómeno: Duque logró instalar amigos suyos en la Fiscalía y en la Procuraduría. La relación amigable se notó, por ejemplo, en el hecho de apoyar una reforma constitucional que le confirió al Contralor general un presupuesto mayor y un mayor número de cargos.

De esta manera, el presidente se aseguró además un blindaje contra posibles investigaciones. Por ejemplo, el fiscal general no se declaró impedido para investigar posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, aunque en efecto tenía y tiene varios motivos para hacerlo.

Por su parte, la procuradora no ha investigado ni sancionado a los responsables de ocultar ilegalmente los contratos y costos de las vacunas contra la covid-19.

También, en lo negativo, cabe señalar que Duque no objetó la derogación de la Ley de Garantías.

Corrupción en Colombia 2022
Foto: Flickr - La corrupción oficial no solamente se mantiene sino a todas luces pareciera aumentar a lo largo de la administración Duque

Le recomendamos: Duque, Petro y Fico: trapos sucios y trapos al sol en la lucha contra la corrupción

Lo que sabemos

En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020 y 2021, Colombia permaneció  en el lugar 87 entre 180 países, aunque haya mejorado un par de puntos respecto de años anteriores.

La mejor información disponible, sin embargo, proviene del Monitor Ciudadano de la Corrupción y de Transparencia por Colombia. Dicho Informe identificó 967 casos de corrupción basados en 2026 notas de prensa del periodo 2016-2020, el 75 % de estos afectaban a entidades de la Rama Ejecutiva. En 367 casos ello comprometió recursos por 92.77 billones de pesos.

Los casos conocidos involucran al poder legislativo (por ejemplo: el caso de Mario Castaño) y al judicial (por ejemplo: el Cartel de la Toga), además del ejecutivo. También afecta a la administración pública nacional, departamental y municipal.

Algunos casos y escándalos notables ocurridos bajo el gobierno Duque  comprometieron a la Cuarta Brigada del Ejército, a la DIAN, a Fonade, a Ingreso Solidario, a la “Ñeñe política”, a Aida Merlano, a Liliana Pardo con el Carrusel de la Contratación, a los contratos con Karen Liseth Vaquiro, al Min Tic (caso de los Centros Poblados) y a los corresponsables del robo de recursos para la paz.

Pocos resultados

La consecuencia neta de la gestión de Duque ha sido por lo tanto mantener la corrupción asociada con la gestión del Estado en sus niveles de 2018 y — aunque no contamos con mediciones rigurosas— es bien probable que ese nivel haya aumentado, gracias en especial a la ya dicha debilidad política de Duque, a la cooptación de los entes de control y al volumen mayor del gasto público.

Por eso será importante modernizar y mejorar la validez, precisión y confiabilidad de los indicadores, así como tomar en serio las investigaciones tanto de casos específicos como de los indicadores agregados por años o períodos de gobierno.

¿Cómo mejorar la situación?

El breve recuento histórico sobre la corrupción en Colombia muestra que sin duda estamos ante un fenómeno complicado, con múltiples orígenes y raíces profundas en el sistema político. Extirparlo o reducirlo exigiría medidas diversas de corto, mediano y largo plazo, además de una férrea voluntad política.

Usualmente, el tema se reduce a cambios legales e institucionales. Por ejemplo, hace poco un grupo de expertos y Fededesarrollo entregaron 37 recomendaciones de corto y mediano plazo, las cuales cubren procesos de información, control y sanciones pertinentes.

Otros aspectos del cambio necesario tendrán que ver con la educación y concientización de la ciudadanía, con su sensibilización ético-moral, con el aumento de la vigilancia ciudadana independiente -a través de ong, centros de investigación, grupos ciudadanos, periodistas e investigadores independientes, etc.-, y, en últimas, con la creación de oportunidades económicas alternativas legítimas para los colombianos. Eso supone una acción ambiciosa, proyectada y sostenida en el tiempo.

Además de lo cual sería preciso evitar que las medidas correctivas se traduzcan en una parálisis de la acción estatal.

También debemos tener en cuenta que los costos políticos de luchar efectivamente contra la corrupción serán muy altos para cualquier gobierno. Aunque la iniciativa será bien acogida por la población, los intereses creados se resistirán a los cambios, cuan do menos de manera disfrazada y con otros argumentos.

Ese combate, en especial, enfrentará al gobierno con buena parte de la clase política: el gobierno que enfrente en serio la corrupción correría el riesgo de que esta sea su única reforma.

En todo caso, el malestar creciente de la ciudadanía que muestran las encuestas, hacen de la lucha contra la corrupción una prioridad de la política, y explican por qué la inacción de sus gobiernos en este frente llevó al desgaste de la administración saliente y del proyecto uribista.

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

Foto: Alcaldía de Bogotá - En la actualidad, los efectos de la pandemia han intensificado y concentrado, magnificándolos, estos problemas.

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Eduardo Lindarte

El paro nacional puede marcar un punto de inflexión en la larga travesía de un país de súbditos a un país de ciudadanos. Pero en Colombia nos falta contestar las preguntas esenciales.

Eduardo Lindarte*

El Estado débil

En medio del intenso clima emocional y político de las últimas semanas, ha pasado inadvertido un proceso de largo aliento, que podría anunciar la llegada de un cambio en el modelo socioeconómico y en la forma de entender el papel del Estado. Veamos.

Después de la independencia propiciada por las élites criollas, la sociedad siguió siendo intensamente desigual en términos de raza, poder y riqueza, y la población siguió dividida entre superiores e inferiores. Esto conformó una sociedad de súbditos, con mínima capacidad para expresar y articular efectivamente sus demandas.

Como explica Miguel Ángel Centeno en Sangre y deuda, en toda América Latina se formaron Estados débiles con mínimo financiamiento. La mayoría de la población era pobre y las élites no buscaron la independencia para pagar más impuestos. Por eso, prefirieron limitar el financiamiento estatal a fuentes como las aduanas, las emisiones monetarias y, cuando era posible, el endeudamiento externo, como lo ejemplificó el empréstito obtenido por Santander cuando era vicepresidente de la Gran Colombia.

Como consecuencia de lo anterior, en el siglo XIX los gastos estatales se concentraron en el orden público, la burocracia y la representación del Estado en el exterior. Salvo entre 1857 y 1885, la inversión pública de fomento económico fue mínima.

Foto: Personería de Cali - Las presiones del proceso descrito conllevan a la transición además desde un estado entre autoritario, paternalista y/o neoliberal a uno de corte más social demócrata que asume mayores servicios y ayudas a sus sectores menos favorecidos

Puede leer: La movilización y el paro nacional en estampas

Cambios económicos y sociales

Con la llegada del siglo XX, las exportaciones de café, primero, y la industrialización, después, proveyeron nuevas fuentes de ingresos para el Estado, aunque el endeudamiento externo se mantuvo.

Pero la industrialización y la urbanización crearon, a su vez, nuevas exigencias económicas y sociales: educación, agua, electricidad, vías, vivienda, etc. Todo eso fue implicando la transición de una sociedad de súbditos a una sociedad de masas, de origen predominantemente rural, todavía con grandes dificultades para articularse y expresar demandas propias.

En toda América Latina se formaron Estados débiles con mínimo financiamiento

Con la emergencia de las capas intermedias y el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida, las relaciones de poder cambiaron, pero las jerarquías se mantuvieron igual en lo esencial. A lo largo del siglo, las capacidades estatales –incluida la de articulación social– fue aumentando lenta pero progresivamente.

En el siglo XXI comienza a gestarse una transición social expresada en la nueva Constitución. Se trata del paso gradual de una sociedad de masas a una sociedad de ciudadanos, con toda su diferenciación de sectores y de intereses, y lo que ello implica en capacidades de articulación, expresión y presión, especialmente entre jóvenes.

Como argumentan Acemoglu y Robinson en Por qué fracasan los países, las mayorías han conseguido ampliar sus derechos utilizando diversos mecanismos. En Colombia esto ha ocurrido principalmente por la elevación del nivel educativo, la emergencia de capas sociales intermedias, las crecientes capacidades en los medios de comunicación —telefonía, télex, fax, internet, celulares y otros–, y una mayor articulación con lo internacional.

Pero en este proceso los beneficios del crecimiento económico se han distribuido de forma desigual, a causa de la globalización neoliberal concentradora y los intereses geopolíticos.

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¿Hacia dónde vamos?

La pandemia y sus correlatos han intensificado estos problemas. La crisis económica, el aumento de la pobreza, la desaparición de oportunidades de empleo y de negocios y la persistencia de la corrupción han agravado el descontento.

A todo eso se sumó la torpeza del gobierno, que presentó una reforma tributaria sabiendo que el Congreso no se la iba a aprobar, y la incidencia de varios intereses políticos, geopolíticos y criminales que se aprovecharon de la inestabilidad y el vandalismo.

Pero la coyuntura actual es muestra de un cambio más profundo: los Estados, dependientes del proceso electoral, son cada vez más vulnerables a la agencia y las demandas de la sociedad civil. Por es, las ayudas económicas y otras inversiones sociales han aumentado de forma sostenida. Según Junguito y Rincón, el gasto del gobierno central pasó del 5 % del PIB en la primera mitad del siglo XX al 10 % entre 1960 y 1990, a más del 20 % entre este último año y principios del siglo XXI y a 30,9% en 2019.

La pandemia y sus efectos colaterales han acentuado esta tendencia. Esto está impulsando la transición de un Estado autoritario, paternalista y neoliberal a uno de corte más socialdemócrata, que asume mayores responsabilidades e invierte en beneficio de los menos favorecidos.

Pero, aunque son justas y deseables, las inversiones sociales necesitan financiamiento. En el caso de los países escandinavos, las políticas sociales se han sostenido en dos pilares: (i) impuestos altos; (ii) compensados con productividad y competitividad.

Acá es donde surge el dilema. Colombia sigue siendo un país pobre, con condiciones de productividad reducida y competitividad limitada, basada en productos primarios —algunos de ellos sin futuro, como el carbón–. A pesar de algunos esfuerzos, nuestros gastos en ciencia, tecnología e innovación son aún muy bajos —menos del 1% del PIB–. Aunque se ha aumentado la inversión en educación, esta sigue siendo insuficiente desde una perspectiva de calidad y no solo de cantidad. Es probable que esto no cambie en el corto ni el mediano plazo.

Aunque son justas y deseables, las inversiones sociales necesitan financiamiento. En el caso de los países escandinavos, las políticas sociales se han sostenido en dos pilares: (i) impuestos altos; (ii) compensados con productividad y competitividad.

Entonces ¿de dónde saldrán los recursos para financiar la nueva orientación socialdemócrata? ¿Estamos entrando en una era de intensos conflictos distributivos, manifestados en continuas y sucesivas reformas tributarias, con la resistencia que conllevan? Ante estas preguntas difíciles, existe un riesgo de que el gobierno recurra a emisiones monetarias con sus consecuencias inflacionarias y sus efectos social y económicamente nocivos, o a un mayor endeudamiento externo.

En todo caso, parece que inadvertidamente nos dirigimos a un cambio de modelo socioeconómico. Hay que comprender ese cambio, sus implicaciones y sus consecuencias, antes de buscar saber si será o no deseable. Y, ante todo, hay que examinar la coyuntura actual no como un proceso súbito, sino como parte de un proceso de mediano y largo plazo. Solo así se podrán desarrollar estrategias viables y efectivas para conjurar la crisis.

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

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Eduardo LindarteIndiscutiblemente los enfoques tradicionales han perdido la batalla contra la corrupción. ¿Qué estrategias han demostrado ser efectivas para combatir este mal?

Eduardo Lindarte**

Continue reading «Para combatir la corrupción se necesitan más que buenas intenciones»

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Eduardo Lindarte

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

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Eduardo LindarteA grandes males, grandes remedios. Una mirada integral al problema y a las bases del esfuerzo nacional que exigiría este propósito —y que la evidencia acumulada ha demostrado ser posible—*.

Eduardo Lindarte Middleton**

Continue reading «Para combatir la corrupción»

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Eduardo Lindarte

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Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

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Eduardo Lindarte

consulta anticorrupcion

Este flagelo es un fenómeno complejo e interiorizado en nuestra sociedad. Votar “sí” a la Consulta Anticorrupción es apenas el comienzo.*

Eduardo Lindarte Middleton**

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Eduardo Lindarte

Economista de la Universidad Nacional, M.A en Sociología de Kansas State University, PhD. en Sociología de la Universidad de Wisconsin. Docente y directivo académico tanto a comienzos como a lo último de la vida profesional, técnico y consultor de organismos internacionales en el medio.

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