Los dos recientes atentados en Cúcuta son un reflejo de la difícil situación que hoy vive la frontera. Esta es la situación y estos son sus motivos.
Socorro Ramírez*
Los atentados
En menos de dos semanas han tenido lugar dos atentados en Cúcuta que siguen sin aclararse.
El gobierno colombiano no tiene una política que pueda hacerle frente a los problemas en la frontera y la relación colombo-venezolana va de mal en peor. La complicada relación entre ambos países ha dado lugar a graves hechos como estos.
El gobierno acusó al ELN de ser el autor de la explosión de una carrobomba en la brigada 30 del Ejército el 15 de junio, donde estaban algunos soldados estadounidenses asignados a la guerra contra las drogas y que dejó 36 heridos.
Pero el ELN negó su autoría, por lo que hay preguntas e hipótesis: ¿el atentado fue planeado por distintos grupos armados?; ¿hay escasa capacidad de contrainteligencia para prever y enfrentar riesgos?; ¿hubo complicidad, corrupción u omisión?; ¿o son acaso autoatentados?
Sobre el ataque del 25 de junio al helicóptero donde viajaban Duque y su comitiva de regreso de Sardinata, en el Catatumbo, el ministro de Defensa dijo que habría sido ejecutado por una alianza criminal. Según Molano, los autores son el frente urbano del ELN y disidencias de las FARC junto con grupos de narcotraficantes y criminales de Norte de Santander que tienen ruta de escape en Venezuela.
La Policía agregó que “hay coincidencia balística” entre las vainillas encontradas, el fusil FAL de fabricación belga ensamblado en Venezuela, y el fusil AK-47 incautado en el barrio La Conquista, a 1,2 kilómetros del aeropuerto de Cúcuta, desde donde se habría disparado.
La seguridad en la frontera
Ambos atentados demuestran los graves problemas de seguridad en Cúcuta, en especial en su área metropolitana y en el Catatumbo, donde aumentan la delincuencia y la violencia —homicidios, masacres, secuestros, reclutamiento forzado, minas antipersonales—por parte del ELN, el EPL, disidencias de las FARC, bandas armadas como los Rastrojos o el Clan del Golfo. Estos grupos se disputan el control de los territorios y las economías ilegales.
La mera militarización y erradicación forzada de coca no se traducen en seguridad local, en reducción de cultivos de coca y menos aún del narcotráfico. El gobierno nacional menosprecia la complejidad de esas realidades y no les hace frente a los problemas que al final afectan a la población más vulnerable.
El desempleo en Cúcuta llega al 22,3% en su zona rural, la informalidad laboral supera el 70% y la pobreza aumentó al 53,5% según el DANE. Estos problemas, que se han agravado con la pandemia, han permitido a los grupos armados aumentar su control en la zona.
El gobierno colombiano no tiene una política que pueda hacerle frente a los problemas en la frontera y la relación colombo-venezolana va de mal en peor
Se suma que Norte de Santander reemplazó a Nariño como la región con más área sembrada de coca, con 300 hectáreas alrededor de Cúcuta. Pese a 50 años de guerra contra las drogas y a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, la productividad de estos aumentó 10%.
Duque celebró que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca habían disminuido un 7% en 2020 y habían pasado de 245.000 a 143.0000 hectáreas.
Pero el mismo día del atentado al helicóptero presidencial, la administración Biden señaló que las áreas de cultivos ilícitos en Colombia habían aumentado 15% en 2020.
Según las cifras de erradicación presentadas por el gobierno colombiano, no deberían quedar cultivos de coca, pues en 2020 Duque señaló que había erradicado 130.000 hectáreas, que, sumadas a las 100.000 del 2019, sobrepasarían las 169.000 que según Naciones Unidas había en 2018, es decir, que en dos años habría destruido 61.000 hectáreas de coca más de las existentes.
Pares ha mostrado el aumento de la inseguridad en estos tres años del gobierno de Duque:
- El Clan del Golfo ha crecido;
- las disidencias de las FARC extendieron su operación de 56 a 150 municipios;
- el ELN pasó de estar en 99 a 170 municipios; y
- en la frontera colombo-venezolana operan 28 grupos armados ilegales.
El uribismo y el gobierno han culpado de esto al proceso de paz y a una conspiración internacional.
Crítica relación colombo-venezolana
Además, el régimen de Maduro evade su contribución a los problemas que se viven en la frontera. La semana pasada fueron detenidos el director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, y otros miembros, y fueron acusados de difamar y comprometer la seguridad de Venezuela porque denuncian el apoyo del régimen a grupos armados colombianos.
Fundaredes ha seguido el enfrentamiento armado en Apure, que comenzó en marzo de este año entre una de las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Bolivariana, y que desplazó a la población que se vio forzada a cruzar el río hacia Arauca. Se suma que Fundaredes ha mostrado que ese conflicto sigue pese a la liberación de 8 militares el 31 de mayo.
Por este motivo, el fiscal Tarek William Saab ha dicho: «Simplemente ganas de desestabilizar. De seguro este señor (Javier Tarazona) es un adicto a las narcoseries, a las narconovelas de Colombia, y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país».
El mismo día del atentado al helicóptero presidencial, la administración Biden señaló que las áreas de cultivos ilícitos en Colombia habían aumentado 15% en 2020.
Tanto Colombia como Venezuela responsabilizan al otro de los problemas en la frontera y se acusan mutuamente de “conspirar”.
Venezuela asumió como “injerencismo y provocación”:
- la llegada a Colombia de la brigada estadounidense especializada en la lucha antinarcóticos y las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para mejorar la interoperabilidad bajo estándares de la OTAN;
- la visita del jefe de la CIA, y
- el viaje a Puerto Carreño del jefe del Comando Sur de Estados Unidos acompañado por el viceministro de Defensa para “verificar capacidades en lucha contra amenazas transnacionales”.
A su vez, aunque en la relación de China y Rusia con Maduro priman el interés económico y petrolero más que las afinidades ideológicas, sus acuerdos en seguridad y defensa son vistos por el gobierno de Colombia como una estrategia amenazante.
Colombia y Venezuela comparten una larga y abigarrada frontera con interdependencias de todo tipo, así que cuanto acontece a un lado, sea en aspectos poblacionales, sociales, ambientales, económicos o de seguridad, repercute en el otro.
Durante los más de 22 años del chavismo en el poder, los gobiernos centrales han tenido tensiones recurrentes, que además se han agravado en los últimos seis años.
Desde 2015, Maduro deportó miles de migrantes colombianos y ordenó cierres y aperturas de frontera. A esto se añade que la crisis en Venezuela haya aumentado el éxodo poblacional.
Miles de colombianos han regresado, a quienes se suman los casi dos millones de venezolanos que han entrado a Colombia buscando alternativas para vivir.
En 2019 Maduro expulsó al personal diplomático y consular colombiano. Por su parte, Iván Duque no envió embajador a Venezuela. Al llegar a la presidencia en octubre de 2018, afirmó: “Hemos mantenido la relación a nivel consular y un delegado a nivel de encargado de negocios. Pero, somos claros, lo que hay en Venezuela es una dictadura y como tal no tendremos embajador en ese país”. Pero la aparente diplomacia de Duque ha hecho que la frontera sea aún más peligrosa.
Maduro se posesionó de nuevo en enero de 2019, pero no fue reconocido por la Asamblea Nacional (AN) por irregularidades en su elección. A cambio, ésta encargó a Juan Guaidó de la presidencia de Venezuela, quien fue reconocido por más de 50 países.
Duque, con varios gobiernos de esos países, acompañó el 23 de febrero a Guaidó a lanzar su estrategia para tener un gobierno de transición, elecciones libres y llevar ayuda humanitaria a Venezuela desde Cúcuta.
Duque anunció que Maduro tenía los días contados, pero la operación fracasó y Maduro se aferró al poder. Duque sigue insistiendo en la misma estrategia incluso ahora, cuando el gobierno de Biden apoya una salida negociada de la crisis venezolana.
Es justamente en este contexto de relaciones tensas entre ambos países y presencia de grupos armados que ocurrieron los dos atentados en junio en Cúcuta. Es necesario que el gobierno le haga frente a este problema y aborde sus diferencias con el gobierno de Venezuela de otra forma.