Un recuento completo y contextualizado sobre la historia y situación dramática de la frontera, y sobre los antecedentes, motivaciones y efectos de las medidas de Maduro.
Socorro Ramírez*
Cierre y estado de excepción
Para justificar el cierre de la frontera, primero por 72 horas y luego indefinido, ampliado y sometido a estado de excepción, Maduro adujo el ataque desde una moto que dejó heridos a tres militares y un civil. La Constitución Bolivariana autoriza suspender las garantías (inviolabilidad del hogar, comunicaciones privadas, libre tránsito, reuniones, manifestaciones o protestas) en condiciones súbitas y extremas (de catástrofe, convulsión, amenazas económicas).
De cinco municipios afectados por esas medida, en ocho días se pasó a diez en el opositor estado Táchira, y pueden extenderse a sitios muy poblados del interior del país. Podría crearse así una situación de emergencia para justificar el aplazamiento de las elecciones o estimular la abstención.
Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna y a una reñida campaña electoral donde el chavismo no tiene margen de acción. Con el petróleo a 36 dólares -24 menos con los que se calculó el presupuesto-, sin divisas, sin producción, con desabastecimiento, fuerte inflación y aumento de conflictos sociales. La inseguridad está disparada y han fracasado los 24 planes para controlarla.
Las cosas son aún peores en la frontera donde –para bien o para mal- se articulan los problemas sociales, económicas, ambientales y de seguridad de ambos lados.
 Militares atienden a colombianos deportados en el Colegio Municipal de Cúcuta. Foto: Ministerio de Defensa |
Militarización vs diplomacia
El plan de seguridad No. 25 -Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)- ha sido criticado porque recurre a una fuerza desproporcionada contra personas marginales pero no toca a quienes más se lucran del contrabando. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezó a usarla en la frontera, en la barriada Invasión, donde requisa, detiene, deporta, separa familias y marca las casas para destruir. Los deportados se ven obligados a abandonar sus enseres, que son luego saqueados. Además, demuele puentes informales y hace más dura la huida por el río o por las trochas.
Según el diario La Opinión de Cúcuta, la GNB es el “verdadero poder al otro lado del río”. Muchos dicen que está integrada por el “Cartel de los soles”, vinculado con todo tipo de contrabandos o al lavado de activos, que es un factor permanente en las tensiones entre Bogotá y Caracas y desde siempre ha sido señalada por atropellos contra los colombianos.
Estas medidas son un intento desesperado por distraer la atención frente a una crítica situación interna
Mientras avanza la militarización de la zona, se incumplen los acuerdos alcanzados en la reunión de cancilleres. El Defensor del Pueblo de Venezuela no llegó a la cita con su homólogo colombiano, ni a él ni a la cónsul colombiana les han permitido acompañar los deportados a recuperar sus pertenencias o a verificar las denuncias. Organizaciones humanitarias han sido expulsadas de la zona. Y ojalá no se posterguen otras reuniones ya previstas entre distintas dependencias gubernamentales. Maduro se negaba a hablar con Santos, ahora le pide enfrentarse “cara a cara”.
El problema humanitario
La Invasión y otras barriadas similares se han ido formado con desplazados colombianos que o bien huían del conflicto armado o rebuscaban ingresos para sobrevivir. Trabajaban en lo que fuera, en un pequeño negocio, un trabajo informal, llevando o trayendo -a pie, en bus, bicicleta o moto- lo que encontraran más barato a un lado o al otro. Allí también viven venezolanos, algunos de los cuales fueron deportados al no contar con cédula de identidad.
No todos los colombianos expulsados o que han huido son indocumentados. Hay seis tipos de situaciones:
- la de quienes nunca intentaron resolver su migración irregular;
- la de los que hicieron los trámites en 2004 y 2005, cuando llegó la Misión Identidad, pero no fueron aprobados;
- la de quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero que ahora les fueron retiradas o aparecen como “auditadas-rechazadas”;
- la de quienes recibieron cédula de residencia pero al vencerse en 2014 no se las renovaron;
- la de quienes tienen sus papeles en regla;
- y la de varios que habían obtenido el refugio o habían solicitado asilo y protección.
Capturados en redadas mientras intentaban comprar alimentos o conseguir algún servicio y ahora cuando son buscados casa a casa, han sido deportados más de 10.000 colombianos: 7.200 entre 2013 y 2014, 2.510 en el primer semestre de 2015 y ahora, a fines de agosto, el número va en más de 1.000. En ningún caso ha habido un proceso previo ni derecho a la defensa. Son estigmatizados por Maduro como paramilitares y contrabandistas, responsabilizados de la inseguridad y escasez. Diosdado Cabello afirma que “cada deportación está vinculada a uno o varios delitos como el bachaqueo y la conspiración para acentuar la guerra económica en el país”.
A los deportados se les suman los miles que han huido por el río. No han llegado sólo a Cúcuta, pero esta ciudad padece el mayor drama humanitario porque antes había recibido una gran cantidad de desplazados internos o de personas que retornaban de Venezuela. Tiene las tasas de desempleo e informalidad más elevadas del país, altos índices de miseria, y violencia causada por redes criminales transfronterizas.
Todos esos sectores excluidos esperan lograr algo de la declaratoria de calamidad de Cúcuta, de los anuncios de Santos y del apoyo que ha recibido de todos los partidos políticos y gremios económicos.
Además, entre los afectados están miles de venezolanos que pasan “la raya” por razones familiares, de trabajo, de estudio; pacientes renales, insulinodependientes y de quimioterapia que necesitan atención a este lado ante la crítica situación del Hospital de San Cristóbal. También quienes han comprado vivienda en Cúcuta o quienes pasan al lado colombiano a rebuscarse algún ingreso revendiendo lo que logran conseguir más barato en su país, porque allá no hay empleo o no alcanzan el sueldo ni los subsidios.
Maduro dijo que reabrirá la frontera “cuando sean restituidos todos los derechos sociales y económicos de la población venezolana". Imposible enfrentar la complicada trama fronteriza con la expulsión de migrantes pobres o con acciones unilaterales y militarizadas.
Una frontera sin alternativas económicas legales
 El Presidente Santos en la ciudad de Cúcuta, en el puesto de atención a deportados. Foto: Presidencia de la República |
El cierre de ahora de una parte de la frontera colombo-venezolana, ocurre en el ámbito más poblado, con-urbanizado, con un activo mercado de bienes, servicios y trabajo, con densa interconexión poblacional, de infraestructura vial, y con el mayor número de pasos fronterizos formales y de trochas informales. Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza con derecho al libre tránsito, al estudio, al trabajo y a residir al otro lado.
Pese a sus nexos estrechos, ese ámbito ha pagado caro las épocas de desacuerdo en la relación binacional, pero en cambio no ha aprovechado los periodos de cooperación:
- Durante los años noventa vio pasar el auge del intercambio binacional bajo la integración andina, pero el libre comercio entre los centros de los dos países acabó con operaciones que creaban empleos e ingresos en las zonas fronterizas, sin estimular el desarrollo en la zona.
- Después vino el desacople traumático de la integración económica que en 2007 se agravó con la tensión entre Chávez y Uribe. Debido al cierre del comercio, Venezuela tuvo que importar bienes básicos más caros, en Colombia se agravó la desindustrialización y en la frontera se cerraron muchas empresas legales. Esa tensión destruyó además iniciativas locales para crear una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) donde operaran motores económicos e instituciones compartidos.
- Tras restablecer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de entonces, Holguín y Maduro se propusieron estimular proyectos de desarrollo conjuntos para comenzar a revertir la deteriorada situación fronteriza. Pero sólo del lado colombiano se han llevado a cabo algunas iniciativas, que resultan irrelevantes frente a la magnitud de los problemas y a la falta de una política sistemática fronteriza y de inclusión social.
- Ambos lados de las fronteras quedaron sin alternativas, atrapados por la criminalidad, sometidos al contrabando y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del diferencial cambiario y de los problemas económicos de Venezuela: especulación con tarjetas de crédito, uso de remesas, maniobras con dólares a 6,3 que se transan a más 700, evasión fiscal, defraudación aduanera.
Fronteras sumidas en la criminalidad y la violencia
La precaria y distorsionada presencia del Estado colombiano en las zonas fronterizas creó un escenario favorable para que allí se establecieran tanto las guerrillas como los paramilitares. La intensificación del conflicto armado a partir de los años ochenta tuvo muchos efectos sobre Venezuela, donde aumentó la interacción con actores irregulares. Grupos paramilitares, el cartel de Cali y el del Norte de Valle llegaron a disputarle negocios o corredores estratégicos a las guerrillas (el Bloque Norte se tomó buena parte del tráfico de gasolina en algunos puntos fronterizos).
Es tal la interacción que desde el primer estatuto fronterizo se ha hablado de establecer una cédula de ciudadanía fronteriza
Otros procesos agravan la inseguridad y la violencia en Venezuela: aumento de los civiles con armas legales o ilegales (milicias bolivarianas, colectivos armados, bandas delincuenciales); alianzas entre sectores chavistas y guerrillas colombianas que desde los años ochenta venían penetrando el tejido social, político e institucional de ambos lados de la frontera; acuerdos o disputas guerrilleras entre las FARC y ELN y con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL); búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos, que llevaron a paramilitares (“Rastrojos”, “Urabeños”, el “Loco” Barrera ‘Jabón’, mexicanos (“Zetas” y Sinaloa) y dominicanos a aliarse con sectores venezolanos.
El acercamiento entre los gobiernos no revivió las instituciones para la vecindad, pero permitió reconocer que se trata de problemas transfronterizos que requieren actuación conjunta. Chávez admitió que en la frontera “se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico”, y Santos llamó a tomar medidas de urgencia. Ambos revivieron los acuerdos de lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión y el secuestro, y lograron la comunicación entre ministros de defensa y seguridad. En mayo de 2012 autorizaron una reunión entre los comandantes militares y de policía, de división y de brigada de ambos países. Compartir información permitió operativos conjuntos o coordinados que llevaron a la detención de jefes paramilitares colombianos instalados en Venezuela.
Los gobiernos de Maduro y Santos tomaron medidas anti-contrabando, pero fracasaron al no remover lo que lo causa y alimenta, como fracasarán las medidas unilaterales de Maduro reducidas a la militarización y el cierre de pasos fronterizos.
Alertas internacionales
La ONU apoya la atención humanitaria en la frontera, su Secretario General pide diálogo constructivo a los gobiernos, la oficina de su Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) y la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra alertan por la expulsión de refugiados o desplazados bajo protección y por la huida masiva de población. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) podría revisar las cifras de Maduro de cinco millones 600 mil colombianos, en donde incluye varias décadas de migrantes, sus hijos y varias generaciones de descendientes que se han nacionalizado, y podría examinar su comparación con la situación migratoria que está viviendo Europa.
Los embajadores ante la OEA examinan la situación el 31 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por “deportaciones arbitrarias, sin debido proceso y colectivas”, pide parar la destrucción de viviendas y la violación de múltiples derechos. Uruguay como presidente de UNASUR llama a parar “una escalada que no sabemos dónde puede parar“, muestra sorpresa porque se deporte gente para eliminar el contrabando cuando se necesitan salidas económicas, y convoca el 3 de septiembre a los cancilleres.
La Unión Europea, la Internacional Socialista, Estados Unidos y organismos de derechos humanos de distintos países alertan sobre los peligros de la situación. La Conferencia Episcopal Venezolana, como su par colombiana, pide no fomentar la xenofobia y se solidariza con los colombianos deportados.
Ojalá todas esta intervenciones ayuden a des-escalar la crisis y a estimular la cooperación binacional.
*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic en este enlace.
