La reunión entre Santos y Chávez: ¿Colombia sacrifica lo esencial?
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El encuentro previsto entre los presidentes sirve para pasar revista a los avances y tropiezos en esta coexistencia, tejida con paciencia por las dos cancillerías. ¿Qué ha ganado o qué ha perdido Colombia en materia comercial y de seguridad? ¿Qué hacer para que baje la criminalidad en la frontera? ¿Y cuánta razón tienen los que añoran la estrategia del gobierno anterior?
Socorro Ramírez *
La cita
Juan Manuel Santos y Hugo Chávez debían reunirse por tercera vez el viernes pasado en Cartagena con el fin de revisar el avance de los cinco temas centrales de la agenda binacional. La reunión se aplazó por curiosas razones logísticas, pero su necesidad y pertinencia no han cambiado.
Mientras tanto, el "uribismo-conservatismo" sigue reiterando que la diplomacia se ha transformado en buenas relaciones aparentes y que, en función de ellas, Colombia podría estar sacrificando lo esencial, es decir, los intereses nacionales en comercio y seguridad. ¿Qué muestran los ocho meses de acercamiento de los "nuevos mejores amigos" en esos dos temas y en otros que también son centrales?
Nuevo escenario comercial
Ante todo, hay que reconocer que los modelos políticos diferentes y las tensiones binacionales han desacoplado las economías, que antes eran complementarias: ahora no sólo no están entrecruzadas, sino que ambos países dejaron de ser, cada uno, el segundo socio comercial del otro.
El gobierno de Chávez se ha convertido en el único gran importador de Venezuela. Sin intermediarios ni participación de empresarios, ha estructurado acuerdos que ayuden a desarrollar su proyectada economía "endógena" y a proveer bienes en sectores de su interés (textiles, autopartes, pecuario, aseo, insumos de construcción, metalmecánica, aluminio, acero, hierro y farmacéutico).
Para el primer encuentro binacional, económico, productivo y comercial, escogió 40 empresas colombianas de una lista de 220 que se postularon, con el fin de hablar sobre posibles proyectos de vivienda, una fábrica de medicamentos genéricos, la planta láctea de Machique y la producción de caña de azúcar.
En ese esquema de comercio administrado y de desaparición del tejido empresarial que sabía negociar con Colombia, ya no tiene cabida buena parte de la diversificada oferta colombiana. Ante esa realidad, algunas pymes a las que les resulta difícil modificar su producción y sus mercados de exportación y algunas empresas grandes, que conocen bien el mercado venezolano, se las ingenian para moverse como pueden frente a estas nuevas condiciones. Pero la inestabilidad e inseguridad jurídicas, las dificultades con los pagos y las amenazas de inflación, de expropiaciones y de especulación cambiaria, desestimulan el interés de buena parte del empresariado colombiano en asumir nuevos riesgos mediante inversiones directas, hacer grandes envíos de bienes o prestar otros servicios.
El gobierno colombiano ha tratado de aprovechar las posibilidades que ofrece el nuevo escenario. Esto requiere que antes del 22 de abril, cuando terminen los cinco años de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya estén acordadas las nuevas reglas que reemplazarán a las normativas andinas. La propuesta venezolana es solo por cinco años y aunque no descarta los bienes de consumo final, busca orientar el intercambio hacia bienes de capital y productos intermedios, para que sus empresas generen valor transformando insumos y materias primas.
El pago va por la mitad
Por otro lado, según han dicho la canciller colombiana, el gobierno venezolano ha revisado solicitudes de pago de empresarios colombianos por cerca de 890 millones de dólares. De ese monto, Caracas aprobó pagos por 710 millones de los cuales ya giró 360; tiene listos 260; no han sido reclamados 100 por abandono de trámites, y 50 son revisados debido a posibles irregularidades, tanto por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) de Colombia, como del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela. Bogotá obtuvo las listas de los importadores venezolanos que han recibido autorización para pagar y un mecanismo para tramitar las quejas sobre los pagos.
En ese marco podría analizarse la preocupación de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX) en el sentido de que una parte de la deuda quede sin pagar debido a la quiebra y desaparición de muchos importadores. O la petición de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) de buscar una mayor apertura de las rondas de negocios para ofrecer y comprar productos y servicios de las mejores calidades y a los mejores precios.
El pago más demorado hasta ahora es por 268 millones de dólares adeudados a 264 empresas exportadoras de la zona de frontera. En Norte de Santander se espera con angustia que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) autorice esos desembolsos. En la Guajira esperan que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) cancele lo acordado por el paso del gasoducto Maracaibo-Ballenas. En Arauca aspiran a que se revisen los negocios agrícolas y ganaderos.
Estos han sido los avances y, siendo realistas, no se podía ni se puede esperar mucho más. No sobra recordar que el actual panorama venezolano no apareció súbitamente en agosto de 2010; se venía tejiendo desde 1999 y pasó más de una década durante la cual algunos de los nuevos escenarios pudieron haberse previsto y evitado. Y del lado colombiano hay que añadir que el gobierno incentivó la diversificación de socios comerciales.
Una frontera caliente y porosa
Colombia y Venezuela han ido entrecruzando y alimentando recíprocamente, por décadas, sus propios problemas de seguridad, y a ambos lados de la línea limítrofe están actuando organizaciones criminales que cruzan las fronteras.
Desde los años ochenta empezó a tomar forma una especie de colonización armada, acompañada inicialmente por el ELN o las FARC, y luego combinada del lado venezolano con la acción del Frente Bolivariano de Liberación (FBL). Los paramilitares arraigaron su presencia a ambos lados de la frontera. Todos los grupos irregulares han aprovechado la ausencia, la incapacidad o incluso la complicidad de los cuerpos de seguridad de ambos Estados: para disputarse el territorio; para guerrear por el control de los cultivos, por el procesamiento o el tráfico de drogas ilegales; para articularse a las redes de contrabando de todo orden, pero en especial de armas y de gasolina, más rentables aún que el de la propia cocaína; para secuestrar, extorsionar o asesinar, incidiendo e interfiriendo en forma determinante en la vida de las comunidades fronterizas de ambos lados.
El gobierno Uribe contribuyó aún más al deterioro de la situación. La focalización casi obsesiva de los esfuerzos oficiales en la acción militar no dejó ver que los problemas de seguridad, acumulados por décadas, no solo se manifestaban mediante la actividad militar y política de los grupos irregulares, sino que también se expresaban en la ausencia o extrema precariedad de la institucionalidad civil y de proyectos de desarrollo o de conservación ambiental para las zonas fronterizas.
Asimismo, la fijación casi exclusiva en las guerrillas ignoró el proyecto de los antiguos o nuevos paramilitares, ligados al poder mafioso y respaldados en algunas regiones por agentes políticos, empresariales y de seguridad.
La dogmatización e ideologización de la política internacional y una política de vecindad inconsistente impidieron calibrar los intereses nacionales en los nuevos contextos regionales y llevaron unas veces a ilusiones o a costosos errores -como involucrar a Chávez en la función de facilitador con las FARC- y, otras, a retarlo hasta el extremo.
Bajo el gobierno de Chávez, el problema se ha agravado por diferentes razones. Su gobierno ha coincidido con la agudización del conflicto colombiano en las fronteras y la aplicación intensiva del Plan Colombia.
Por acción o por omisión de las instituciones nacionales y locales, los irregulares han podido usar ampliamente el territorio venezolano y aprovechar las múltiples interacciones fronterizas.
La corrupción y los problemas de gobernabilidad han facilitado esa presencia. Algunos miembros del Estado venezolano o del partido oficial han visto en la guerrilla una retaguardia estratégica, y el gobierno les ha dado reconocimiento, unas veces porque los considera aliados y otras como reacción a lo que han percibido o considerado que son las intenciones de Bogotá.
¿Coexistencia sin traumatismos?
El gobierno Santos está abocado a acercarse a la complejidad de los problemas de seguridad tratando de mantener una coexistencia con el proyecto bolivariano, expresada en el respeto a la decisión del pueblo venezolano, y en un esfuerzo por tender puentes manteniendo posturas distintas de manera no conflictiva, como ha sido el caso en UNASUR.
Una política internacional proactiva, basada en las oportunidades y no en las divergencias, y el esfuerzo por administrar las discrepancias sin traumatismos, han creado un mejor contexto para que los dos gobiernos acepten que tienen un problema de seguridad común, que deben enfrentar de manera cooperativa.
Esa posición ha ganado reconocimiento y un apoyo regional e internacional mucho más amplio que el que jamás alcanzó la anterior administración. Frente a la presencia de grupos irregulares al otro lado de la frontera, Santos ha insistido en la coordinación militar y policial.
¿Cuáles acciones concretas se han tomado sobre seguridad?
- En estos meses se negoció un acuerdo de lucha conjunta contra las drogas y el crimen organizado, la extorsión y el secuestro.
- Según Venezuela, desde agosto de 2010, han sido arrestados 17 narcos colombianos, entre ellos Víctor González Sierra, presunto jefe paramilitar del grupo"Águilas Negras", extraditado a Colombia.
- Bogotá ha prometido la extradición a Caracas del presunto narcotraficante Walid Makled, detenido desde el 18 de agosto en Cúcuta y solicitado también por Estados Unidos; al momento de la reunión en Cartagena Santos tiene ya la autorización de la Corte y la expresión de descontento estadounidense.
- En la prensa colombiana se han reseñado entregas simbólicas de presuntos guerrilleros: en noviembre, tres de las FARC; en enero, Nilson Terán, señalado como cabecilla del frente Norte del ELN; en marzo, cuatro combatientes del ELN acusados del asesinato de tres infantes de Marina.
El gobernador de Arauca ha dicho, sin embargo, que la situación es la misma que hace unos años. Es cierto: lograr seguridad no es tarea fácil ni rápida.
Seguridad real en la frontera
Es imposible asumir la seguridad fronteriza sin poner en marcha un plan integral que permita ir revirtiendo los factores que por décadas se han ido articulando para generar esta complicadísima problemática fronteriza.
La tarea implica construir instituciones que garanticen la convivencia así como administraciones más eficientes, trasparentes y democráticas, que en materia de justicia le quiten a los irregulares la posibilidad de imponer sus propias soluciones de fuerza y mantener sus clientelas.
Implica, además, empoderar a las poblaciones fronterizas para que estén en capacidad de construir confianza ciudadana, capital social y convivencia; poner en marcha proyectos de infraestructura, productivos o ambientales que generen empleo, reactivar la economía campesina y proteger la población amenazada.
La ley de tierras y la de restitución de tierras a los desplazados deberían comenzar a aplicarse en las fronteras, apostándole así a revertir los factores básicos que alimentan la inseguridad.
La canciller colombiana ha propuesto a su homólogo venezolano avanzar en la identificación y el estímulo de proyectos conjuntos de desarrollo que permitan comenzar a revertir la situación fronteriza:
- Solo se ha identificado un proyecto agroindustrial binacional en la Serranía del Perijá, con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
- Se ha creado un centro musical binacional en Villa del Rosario y en San Antonio con 60 niños de cada lado y se abrirá otro en Maicao.
- Han avanzado en la negociación sobre gasolina y energía para Arauca, Norte de Santander y Puerto Carreño.
- En noviembre, los presidentes declararán como puente internacional al "José Antonio Páez" en Arauca.
Encarar la seguridad de forma integral es menos efectista que ir a buscar guerrilleros en países vecinos o que llevar denuncias, fotos y videos a estrados internacionales, pero es sin duda más eficaz, y no agrava peligrosamente la situación sin obtener mayores beneficios, como sí sucedió con las acciones extraterritoriales y las denuncias parciales, que, en vez de solidaridad, profundizaron la soledad colombiana.
El espectro de Libia
La visita de Chávez a su "nuevo mejor amigo" se dará después de entrevistarse con los viejos amigos en Argentina, Uruguay y Bolivia, donde llamó a la unidad porque "Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y sus aliados en Naciones Unidas, se sienten con la más plena libertad de bombardear países y dicen que es para salvar a los pueblos, pero es que quieren derrocar un gobierno". Y agregó que el siguiente sería él.
Además, había dicho antes "Tenemos que garantizar la paz, porque los yanquis tienen un plan de generar una guerra entre Colombia y Venezuela. Claro, para tumbar a Chávez y luego la intervención".
Se registra una diferencia marcada frente a la cuestionable decisión del gobierno colombiano de votar a favor de la incierta y peligrosa intervención en Libia. Más aún cuando había anunciado que actuaría en el Consejo de Seguridad a nombre de la región. Ojalá que no se desate una nueva fuente de tensión.
*Cofundadora de Razón Pública. Para ver el perfil de la autora, haga clic aquí.
Acerca del autor
Socorro Ramírez
* Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política; magíster en relaciones internacionales; magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos; licenciada en historia. Profesora emérita y jubilada de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.
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Escrito por:
Socorro Ramírez
* Cofundadora de Razón Pública. Doctorada en Ciencia Política; magíster en relaciones internacionales; magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos; licenciada en historia. Profesora emérita y jubilada de la Universidad Nacional de Colombia en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), de la maestría de estudios del Caribe en la sede Caribe de la UN. Ha desarrollado la línea de investigación, docencia y extensión “Fronteras, vecindad e integración”. Coordina el Grupo Académico Colombia-Venezuela y el programa Colombia-Ecuador. Autora de numerosas publicaciones.
