
Trump vs. Harvard: El estado policivo llega a la Universidad
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Las protestas por Gaza desataron una cruzada contra las universidades. Trump lidera ahora un intento sistemático de someterlas al poder político, comenzando por su enemiga favorita: Harvard.
El blanco perfecto
Ninguna institución es odiada con tanto encono por quienes votaron por Donald Trump en noviembre de 2024 como la Universidad de Harvard. Rica, liberal, anglosajona, aristocrática y, sobre todo, inalcanzable, Harvard se convirtió en el enemigo perfecto de Trump y seguidores al devenir, en las últimas décadas, diversa, igualitaria e incluyente.
Con más de 52 billones de dólares en fondos patrimoniales, el prestigio de ser la Universidad más antigua de los Estados Unidos, y una de las mejores del mundo, Harvard parecía estar bien protegida contra el avance de las ideologías de extrema derecha que acechaban alrededor de los muros, físicos y digitales, de la “torre de marfil”.
El pretexto
Pero la llegada de Trump al poder —más el ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre de 2023 y el posterior genocidio cometido, desde entonces, por las fuerzas armadas de Israel en la franja de Gaza— arrastraron a las grandes universidades de los Estados Unidos a un conflicto político global que no habían vivido ni siquiera durante las grandes movilizaciones estudiantiles de las décadas de 1960 y 1970.
La aparición de la rectora de Harvard, Claudine Gay, ante el Congreso en enero de 2024 fue un anuncio ominoso de lo que vendría después: en un interrogatorio propio de un juicio criminal, la congresista Elise Stefanik le exigió a Gay la renuncia a su cargo después de no haber respondido con “Sí” o un “No” a una pregunta sobre si era correcto o no pedir el “genocidio de los judíos”. El tono de la congresista marcaría lo que sería el tratamiento que los políticos, demócratas y republicanos, le darían a la autonomía universitaria y a la libertad de opinión en las universidades más importantes del país. El camino hacia la intervención política de las grandes universidades estadounidenses ya estaba marcado.
Debe ser dicho que no hubo resistencia alguna de parte de las directivas de las universidades y que algunas, entre ellas la rectora de la Universidad de Columbia, decidieron colaborar de forma plena con la policía, suspendiendo a los estudiantes acusados de participar en mítines y movilizaciones contra el genocidio en Gaza, y expulsándolos más tarde. Al igual que en Columbia, los directivos y administradores de Harvard aceptaron la caracterización de las protestas contra el genocidio en Gaza como “antisemitismo”, un estigma creado en la Alemania Nazi, ajeno por completo al pensamiento de los universitarios que protestaban contra el ataque del estado de Israel a Gaza.
Las protestas no estaban dirigidas contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel, sino contra el gobierno de Netanyahu y su uso de las Fuerzas de Defensa de Israel contra el pueblo palestino —que no es lo mismo. Algo en lo que coincidieron cientos de miles de reservistas del Ejército de Israel al protestar en las calles de Tel Aviv contra el gobierno de Netanyahu y su uso del Ejército israelí para mantenerse en el poder, y contra su sospechosa incapacidad para detectar y prevenir el ataque terrorista de octubre 7 de 2023, y asegurar el regreso de los rehenes a sus hogares.
El uso distorsionado del término “antisemitismo” y su falsa atribución a quienes protestaban fue un giro ideológico de extrema habilidad y malevolencia, que reportó ganancias adicionales a Trump y sus seguidores: les permitió borrar sus lazos con la ideología nazi, tan evidentes en su comportamiento político, atribuir a la izquierda el antisemitismo que profesan, y disponer de un motivo legítimo para lanzar el asalto final contra la autonomía universitaria y la libertad de opinión.
El plan de ataque
La ejecución de su plan para las grandes universidades siguió el ritual estratégico que Trump ha seguido en todos los conflictos que ha creado: lanzar una amenaza con graves consecuencias económicas para la contraparte, prometer el retiro de la amenaza si la contraparte accede a todas las demandas, y amenazar con el fin del acuerdo si la contraparte se desvía de lo acordado.
En ningún caso está de por medio el avance de una política pública o de un nuevo diseño para la economía global o para la universidad. Todo se reduce a una oportunidad para que el soberano demuestre su habilidad insuperable para hacer negocios y aplastar a sus enemigos.
La última amenaza de Trump lo resume bien: “Le vamos a quitar a Harvard su estatus exento de impuestos. ¡Es lo que se merecen!”.

El Estado policivo entra al campus
Pero estas exhibiciones de fuerza negociadora incluyen una peligrosa dimensión política que la retórica pendenciera de Trump no deja ver: la construcción de un Estado policivo todopoderoso, y sin ningún freno legal, que actúa de forma contundente y decisiva contra sus enemigos: los inmigrantes “ilegales”, los izquierdistas, los activistas de género, raza, o condición social, los liberales, las gentes de piel oscura, es decir, todos los que no son “blancos” y leales a su visión de lo que es ser “americano”.
Es a la construcción de un Estado policivo, al estilo del estado Nazi de 1933-1945, al que Trump está invitando, revólver en mano, a las grandes universidades, entre ellas Harvard. Detrás de la invitación que nadie podría rechazar, está la amenaza de perder los privilegios que dan los fondos estatales para investigación y la exención de impuestos de no aceptar sus términos.
Un Estado policivo que ya ha enviado a cientos de sus “enemigos” a la prisión colonial privada que su socio Bukele opera en El Salvador, y que sueña con enviar en el futuro a los “nacidos en casa”, como le confesó un embelesado Donald Trump a Bukele durante una audiencia en la Casa Blanca.
Una carta digna de 1933
La carta que unos burócratas de los ministerios de Educación y Salud, y de la Administración de Servicios Generales del gobierno de Trump dirigieron el 11 de abril al rector de la Universidad de Harvard, Alan M. Gerber, pasará a la historia como el intento más descarado de formar una elite “devota” de directivos, administradores y profesores nombrados que impulse, desde posiciones de poder en la Universidad, la política partidista delineada por los funcionarios de Trump en su carta perentoria.
La idea de integrar partido político y universidad, bajo el comando de funcionarios fieles a la línea partidista, emanada de lo más alto del gobierno central, pero implementada a lo largo de toda la línea de mando del gobierno universitario, luce muy similar a la política aplicada en las universidades alemanas por el partido Nacional Socialista a partir de su victoria electoral en 1933.
En esa carta le ordenan al rector, de forma sumaria, realizar una reforma sustancial de su gobernanza, empoderar a los profesores nombrados y de más antiguo liderazgo, y entre ellos a los “más devotos” de la misión académica de la Universidad, reducir el poder de los estudiantes y de los profesores sin nombrar, y el poder de los profesores y administradores más dedicados al activismo que a la academia”.
El mérito como pantalla
¿Cuál es la misión política de esta elite “devota” y fiel al partido de gobierno?
Primero, imponer una política de contratación basada de forma exclusiva en el mérito, que “cese las preferencias basadas en el color, la raza, la religión, el sexo o el origen nacional”. Mérito que la burocracia de Trump relaciona con el color de la piel: si no hubiera habido preferencias por sexo, color de piel, o religión, las personas de piel blanca habrían obtenido todos los empleos que les han sido negados.
Segundo, imponer el mérito como el único criterio de admisión a Harvard. Este punto tiene un cierto aire de mayor justicia que superaría los evidentes problemas que tiene el intrincado sistema de admisiones de Harvard, en el que los candidatos hijos de padres más ricos tienen ventajas artificiales por practicar un deporte que sólo practica menos de 0,01% de la población. Pero el verdadero interés del gobierno de Trump es tener un control total sobre quiénes son las personas admitidas y cuáles fueron los puntajes de los que fueron, y no fueron, admitidos.
Tercero, la Universidad pasaría a ser una extensión de los servicios de inmigración y de seguridad interna y debería negar la admisión a estudiantes “hostiles a los valores e instituciones de los Estados Unidos”, incluyendo el apoyo al terrorismo y el antisemitismo, y denunciarlos ante el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Estado. Con lo que Harvard se convertiría en una agencia del Estado policivo y de extrema derecha que Trump intenta crear.
La impunidad como norma
El rector de Harvard ha respondido, una vez más, que las exigencias y las amenazas de Trump son ilegales, y que el presidente no puede ordenar a la agencia tributaria del Estado (IRS) que persiga particulares. Hasta ahora, sin embargo, Trump ha cometido todos los actos ilegales que ha querido, a pesar de que distintas cortes de los Estados Unidos las han declarado ilegales y han ordenado la restitución de los derechos violentados a esos ciudadanos.
Las escenas de activistas estudiantiles y profesoras universitarias, residentes legales en los Estados Unidos, detenidos por agentes enmascarados en cualquier lugar –hasta en una oficina del servicio de inmigración a la que la víctima había acudido a una cita para obtener la ciudadanía estadounidense—, y luego deportados sin fórmula de juicio no han dejado de repetirse. Y no dejarán de ocurrir mientras Trump pueda seguir actuando por fuera de ley en total impunidad.
En una innovación que añade más deshonra a su estilo de gobernar, Trump actúa como si Estados Unidos estuviera en estado de excepción sin haberlo declarado. Haberlo hecho hubiera sido un acto político del que no quiere ser responsable. Actuar como si lo hubiera declarado, les muestra a todos, enemigos y amigos, que puede hacer lo que quiera mientras nadie lo detenga. En las condiciones políticas de hoy en los Estados Unidos, en las que la protesta está criminalizada y los movimientos sociales dispersos, la resistencia efectiva toma tiempo en despegar.
Decir no, como lo ha hecho el rector de Harvard, no es suficiente.
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Acerca del autor
Boris Salazar
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
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