Los niños y los jóvenes están siendo asesinados en cantidades alarmantes, pero nadie parece darse por enterado. ¿Cuáles son las causas y qué se puede hacer para parar esta ignominia?
Boris Salazar*
Los jefes en Brasil
Boliqueso, un antiguo sicario de los Rastrojos, fue detenido a finales de abril de 2016 en Riberao Preto, en las inmediaciones de Sao Paulo, junto con su novia, quien había pasado por Leticia y Tabatinga, en la selva Amazónica, para reunirse con él en la aparente tranquilidad de Brasil.
Después de la eliminación o entrega a Estados Unidos de los jefes de los Rastrojos y de los Machos, hombres como Boliqueso, que estaban en los rangos intermedios de la jerarquía del crimen organizado, ascendieron para tomar las posiciones de sus antiguos jefes. Como ellos, creyeron encontrar en Brasil la tranquilidad de una vida anónima y un cierto grado de lujo, así como la oportunidad de enviar drogas ilícitas a África y Europa. Y como les pasó a ellos también, una mujer condujo a los agentes colombianos y brasileros hasta su escondite.
El caso de Boliqueso representa bien el poder extraterritorial de los nuevos capos del crimen organizado, que han tenido como su centro de operaciones y reclutamiento a las comunas de Cali.
El poder de estos nuevos jefes no viene tanto de sus habilidades como exportadores de drogas ilegales, sino de su capacidad para controlar el narcotráfico en ciudades como Cali, así como para reclutar jóvenes, a veces niños, para ejecutar las tareas propias del tráfico y el sicariato.
Un nuevo poder
 16 miembros de bandas delincuenciales que operan en el sector de Siloé capturados por la Policía Metropolitana de Cali. Foto: Alcaldía de Santiago de Cali |
La irrupción del narcotráfico en las comunas de Cali cambió la expectativa de vida de jóvenes y niños de los sectores más vulnerables. La llegada de todo tipo de drogas a esos barrios convirtió a los menores en clientes potenciales de los traficantes, quienes han dejado de exportar la droga para crear un gran mercado local, algo que era impensable una década atrás.
La irrupción del narcotráfico en las comunas de Cali cambió la expectativa de vida de jóvenes y niños.
Los jóvenes enganchados a la droga o metidos en agrupaciones de delincuentes pasaron a ser empleados de los nuevos capos del narcotráfico, o trataron de iniciar negocios por su cuenta. Pero los que optaron por la última alternativa fueron llamados al orden o eliminados sin misericordia por los nuevos jefes. Allí está el origen del aumento inusitado de los homicidios de jóvenes en Cali: la llegada del narcotráfico local y la imposición violenta de un nuevo orden territorial.
Este nuevo orden incluye extorsión a comerciantes, empleados y proveedores, así como la oferta de servicios de protección que no pueden ser rechazados. Aunque la extorsión no ha alcanzado los niveles que imperan en ciertas comunas de Medellín (donde hay incluso un impuesto de supervivencia o habitación), sí ha avanzado lo suficiente como para hacer saber a los habitantes de esas comunas que viven bajo un poder diferente del de el Estado colombiano.
En este ambiente, los jóvenes que aspiran a cobrar extorsión y protección por su cuenta son castigados de forma ejemplar. La lección es clara: la extorsión es legítima siempre y cuando se haga según las reglas impuestas por los nuevos señores, quienes extorsionan incluso a los más pobres y débiles de la ciudad.
Estos nuevos amos no ejercen un control territorial estable, pues los frecuentes movimientos, las fragmentaciones, las alianzas y los conflictos hacen que su reino sea de mucho más corto vuelo y que las disputas entre bandas y jefes lleven a menudo al ejercicio de la violencia letal. Masacres como la de La Barra de la 44, ocurrida en 2013, son reflejo de las complejas interacciones entre los nuevos jefes, así como de los cambios de lealtades y alianzas, y del desencadenamiento de episodios de violencia espectacular y colectiva.
Dada la imposibilidad de extorsionar a los más ricos o de penetrar sus territorios seguros, los nuevos jefes del crimen han sentado sus reales en las comunas más pobres de la ciudad, sin dejar de ofrecer sus servicios de sicariato a los empresarios, contratistas, comerciantes y políticos de la “otra ciudad” que quieren eliminar acreedores, deudores, traidores, y demás amenazas para sus planes políticos o económicos.
Morir en la juventud
En ese mundo de incertidumbre fundamental, los jóvenes han llevado la peor parte. Bien sea porque interfieren con los planes de dominación de las bandas mayores o porque incumplen negocios o fallan en la ejecución de órdenes. También puede pasar que acaben siendo contratados por ciudadanos víctimas de la extorsión para que los defiendan de sus enemigos, de modo que pasan a ser parte del círculo infernal de retaliaciones y contra-retaliaciones.
En este ambiente existen múltiples circuitos de conflictos, venganzas y reacciones violentas. Y cuando esos circuitos son exacerbados por traiciones, ofensas o negocios, pueden aparecer acciones colectivas letales, como las masacres. Los saltos repentinos en el número de homicidios tienen su origen en la convergencia y agrupamiento de este tipo de fuerzas. Los enfrentamientos entre miembros de pandillas, por conflictos personales, control territorial o retaliaciones por haber eliminado a miembros de otra pandilla juvenil, han producido una violencia creciente debido a los vínculos que unen a los miembros de esas pandillas.
Al mismo tiempo, las bandas que poseen el control territorial en ciertas comunas ejercen su poder como autoridad “militar” y “cívica”, con la limpieza social y el asesinato de jóvenes delincuentes o personas cuyas conductas “desviadas” son inaceptables para los vecinos.
Además, la percepción que tienen algunos jóvenes sobre el inminente riesgo de morir asesinados los lleva a elegir trayectorias de alto riesgo. En la medida en que compran horas, días o meses adicionales, más audaces se vuelven sus acciones y mayor también la probabilidad de ser eliminados. El riesgo de morir lleva a querer tener hijos lo más pronto posible, en plena adolescencia, y esto produce un extraño mecanismo de crecimiento de la población. Los jóvenes (cada vez más jóvenes) que tienen hijos a edad temprana y esperan una muerte pronta se reproducen más rápido y tienen bebés que más tarde repiten la misma suerte de sus padres.
Este círculo vicioso produce varias centenas de jóvenes muertos cada año, pero no ha sido tomado en serio ni por la sociedad ni por sus dirigentes. Las cifras son escalofriantes. Según el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali:
- En 2012, los homicidios de niños y jóvenes entre los 10 y 24 años fueron el 42 por ciento del total de homicidios;
- En 2013, 845 niños y jóvenes fueron asesinados;
- En 2014, 726 niños y jóvenes fueron asesinados, lo que representó el 50 por ciento de los homicidios en la ciudad;
- En 2015 la cuenta absoluta cayó a 639 homicidios de niños y jóvenes, pero la cifra sigue siendo escandalosa.
Paradójicamente 2013 fue el año cuando Cali celebró con gran entusiasmo y orgullo los Juegos Deportivos Mundiales. Sin embargo la terrible pérdida de tantos jóvenes no conmovió el espíritu cívico y emprendedor de los caleños ni el entusiasmo deportivo y emprendedor de sus élites y mandatarios.
En cualquier otro país del mundo civilizado estos terribles datos de homicidios de niños y jóvenes hubieran llevado a un estado de conmoción social y a la adopción inmediata de políticas de choque para enfrentar el genocidio. Pero no en Cali.
La responsabilidad es común
 Bar Barra de la 44 lugar de la masacre perpetrada el 8 de noviembre de 2013. Foto: Rutas del Conflicto |
La ciudad que se precia de ser cívica y deportiva no ha podido enfrentar con la seriedad que merece la tragedia social que significa la pérdida anual de más de medio millar de jóvenes. En cambio, ha optado por una actitud de indiferencia y olvido, profundizada por la ausencia de discusión pública que ha caracterizado a la ciudad duraante las últimas décadas.
Un cambio profundo de la situación no puede depender de las acciones de los gobernantes.
El nuevo alcalde de la ciudad ha prometido mayor inversión en los jóvenes en riesgo de las comunas de Aguablanca y Ladera de Cali, pero no es claro todavía en qué consistirán esas inversiones y hasta qué punto estarán libres de la mediación de contratistas, operadores y políticos, para llegar a convertirse en un impulso real para los jóvenes de las comunas.
Un cambio profundo de la situación no puede depender de las acciones de los gobernantes, por bien intencionados que sean. Son las mismas comunidades, hoy bajo el yugo de bandas criminales y de políticos corruptos, las que deben recuperar el control sobre las vidas de sus niños y jóvenes.
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
