Dicen que la violencia es obra de los narcos que acaban de regresar de Estados Unidos. ¿Es esta la explicación?
Boris Salazar*
Una alerta oficial
El vicepresidente de la República, general en retiro Óscar Naranjo, advirtió que los niveles de violencia podrían aumentar en algunas zonas del país debido al regreso de 25 narcotraficantes que pagaron sus penas en cárceles estadounidenses tras ser extraditados en la década del 2000.
Entre el viernes 17 y el lunes 19 de marzo Cali vivió el fin de semana más violento en lo que va de este año. En tan solo tres días se registraron 19 asesinatos.
La advertencia de Naranjo es por supuesto razonable: el que 25 capos del narcotráfico regresen a Colombia aumenta las posibilidades de episodios violentos a causa del ajuste de cuentas con quienes los delataron, así como el reclamo de propiedades, rutas, deudas y negocios incumplidos durante su ausencia.
Pero, ¿es correcto atribuir los 19 homicidios ocurridos entre el viernes 17 y el lunes 19 de marzo al regreso de los temibles narcotraficantes? Sin lugar a duda, la mayor parte de estos asesinatos están relacionados con el negocio del narcotráfico; sin embargo, no todos son atribuibles a los capos recién liberados de sus prisiones.
Legales e ilegales
 Incautación de narcotráfico en Cali Foto: Policía Nacional de Colombia |
Para ofrecer una explicación más precisa sobre lo sucedido es necesario hacer una revisión panorámica de la situación.
Cali es uno de los epicentros del narcotráfico en Latinoamérica. Esto se debe a que muchos narcotraficantes del suroccidente del país -la región de donde sale el mayor número de las exportaciones de cocaína hacia distintos lugares del mundo- han escogido a Cali como su lugar de residencia y centro de negocios.
Para nadie es un secreto que tras la caída de los grandes capos del narcotráfico en las últimas décadas del siglo pasado, una nueva generación de traficantes conformada por operadores, lavadores, sicarios y vendedores se tomó el negocio y lo transformó de forma radical hasta hacerlo irreconocible.
Esta nueva generación logró lo que los antiguos capos no lograron: mezclar negocios legales e ilegales a través de una intrincada red de inversiones hasta hacerlos indistinguibles entre sí. La antigua separación entre la producción y la venta del producto, por un lado, y el lavado de activos, por otro, desapareció para ser reemplazada por productores y exportadores de drogas que juegan, al mismo tiempo y con credenciales válidas, el juego de las inversiones legales de todo tipo.
Por otra parte, la nueva generación se encargó de expandir el negocio del narcotráfico en la ciudad misma. Niños y jóvenes caleños de todos los estratos -aunque predominantemente habitantes de las comunas más pobres- se convirtieron en clientes potenciales de los nuevos empresarios. La vieja prohibición de vender drogas a los niños y jóvenes locales que los traficantes del pasado mantuvieron durante años desapareció por completo.
Así mismo, el crimen organizado comenzó a reclutar jóvenes y niños para vender drogas, extorsionar negocios locales y controlar territorios mediante el uso de armas y amenazas.
Los nuevos narcotraficantes están ligados, por nexos diversos, sólidos y duraderos, al tejido social y económico de la ciudad. Ya no se trata de bandidos al margen de la ley, sino de empresarios que controlan el tráfico ilegal de drogas en los vecindarios más pobres, pero también manejan grandes redes financieras, prestan dinero a tasas de usura, venden vehículos de alta gama e invierten en finca raíz, construcción y negocios inmobiliarios.
Al tener tantas líneas de acción diversificadas e interconexiones tan profundas con la vida económica y social de la ciudad, no es extraño que las diferencias entre los nuevos narcotraficantes y sus operadores se resuelvan a través de la violencia..
Algunas características de las víctimas de los homicidios registrados el primer puente festivo de marzo permiten sustentar la hipótesis anterior.
El primer aspecto que llama la atención es la edad de quienes murieron: mientras que en el pasado reciente la mayoría de las víctimas por homicidio eran jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad, varias de las víctimas del puente en cuestión superan los 35 e incluso los 50 años.
El cambio en la edad de las víctimas puede rastrearse en los últimos años. En 2016 el 30,3 por ciento de las víctimas de homicidio tenía entre 30 y 44 años, mientras que el 10,6 por ciento estaba entre los 45 y los 59 años. Es decir, que las víctimas mayores de 25 años representaron más de la mitad (58,9 por ciento) del total de la ciudad.
El segundo aspecto que llama la atención es que muchas de las víctimas se dedicaban, aparentemente, a actividades legales: joyeros, comerciantes y prestamistas gota a gota se cuentan entre los asesinados. Varios de ellos ya habían sido blanco de atentados fallidos. Uno, por ejemplo, había sobrevivido a un intento de homicidio eliminando a un sicario.
La edad de las víctimas, los oficios en apariencia legales que muchas de ellas desempeñaban y la ejecución de los homicidios a manos de sicarios, sugiere que la intrincada mezcla de negocios legales e ilegales -característica principal de la nueva generación del narcotráfico- es la responsable de los homicidios ocurridos en Cali en lo que va del año.
Los jóvenes, principales víctimas
Por otra parte, si bien es cierto que el número de jóvenes asesinados es menor que antes, es importante mencionar que este grupo sigue siendo uno de los más afectados por el narcotráfico.
Así lo demuestran los numerosos asesinatos de jóvenes en los barrios Manuela Beltrán, Puertas del Sol, Laureano Gómez, Lleras Camargo, Mojica II, Marroquín I, Ciudad Córdoba, Bonilla Aragón, Valle Grande, Orquídeas, Vallado, Mariano Ramos y El Retiro.
Estas bajas también indican que los homicidios siguen ocurriendo predominantemente en las comunas del oriente y de la ladera de la ciudad, en donde diariamente se libran pequeñas guerras por el control del tráfico de drogas, la extorsión y el territorio que, al igual que los conflictos personales entre miembros de pandillas juveniles, se revuelven mediante el uso de las armas.
Detrás de las ejecuciones de jóvenes a manos de otros jóvenes está la instrumentalización realizada por el crimen organizado que ordena la ejecución de muchachos que realizan actividades de narcotráfico por cuenta propia o participan en programas de reintegración a la vida social como el programa TIP-Jóvenes sin fronteras liderado por la administración municipal, la Policía Metropolitana y la Universidad del Valle.
Aciertos y desaciertos
 Vicepresidente, Oscar Naranjo. Foto: Vicepresidencia de la República |
La administración municipal ha venido combinando tres grandes líneas de acción para combatir el homicidio en la ciudad:
- La reintegración de los jóvenes vulnerables a la sociedad a través del empleo y la educación;
- La desarticulación de las organizaciones criminales;
- El fortalecimiento del pie de fuerza y la tecnología de la policía metropolitana, incluyendo el uso de unidades de la Policía Militar en actividades de control en ciertas comunas de la ciudad.
Esta última estrategia es el Plan Fortaleza, el cual ha incluido la adición de 276 patrulleros de la Policía, 50 hombres de la Policía Militar, PM, agentes del CTI y 60 guardas de Tránsito, y hasta de un helicóptero que vigila los cielos de Cali y ha mejorado la velocidad de respuesta de la Policía ante la ocurrencia de actividades criminales.
Mientras que la primera estrategia podría tener efectos a mediano y largo plazo —siempre y cuando se convierta en una política de Estado— las otras dos son medidas reactivas con efectos variables que dependen de los cambios en las interacciones entre los distintos actores, legales e ilegales, del narcotráfico.
El optimismo de los buenos tiempos se convierte en pesimismo cuando ocurren las erupciones propias de la regulación de negocios ilegales mezclados con legales en contextos con alta disponibilidad de armas y crimen organizado desplegado sobre buena parte del territorio de la ciudad.
Lo ocurrido entre el 17 y el 19 de marzo volverá a ocurrir, en distintas circunstancias y con otros protagonistas, debido a las contingencias propias de un negocio ilegal que se ha mezclado con negocios legales, afectando de forma profunda e irreversible la vida social y económica de la ciudad.
Las políticas de ampliación de la fuerza y de la capacidad de reacción de las autoridades sólo tendrán incidencia marginal sobre los hechos de violencia: la regulación espontánea de esos negocios no dejará de presentar picos y caídas. Para cambiar de forma radical ese escenario habría que romper los vínculos que unen a los negocios legales con los ilegales, acabar el tráfico de drogas en las comunas más vulnerables y generar alternativas para que los jóvenes se reintegren a la vida social desde la legalidad. Una agenda obvia que nadie ha puesto en marcha.
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.