Menos cocaína, pero más violencia
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A medida que disminuyen la producción y el tráfico de cocaína en Colombia, comienza a hacerse visible un efecto inesperado y paradójico: aumenta la violencia contra los más vulnerables a manos de sicarios, pandillas y extorsionistas.
A medida que disminuyen la producción y el tráfico de cocaína en Colombia, comienza a hacerse visible un efecto inesperado y paradójico: aumenta la violencia contra los más vulnerables a manos de sicarios, pandillas y extorsionistas.Boris Salazar* Cristian Frasser**
¿Buena noticia?
La caída de la producción de cocaína debería ser buena noticia: tras décadas de librar cerradamente la guerra contra las drogas ideada en Washington, Colombia parecería estar a punto de respirar tranquila.
El informe de la Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés) afirma que la producción colombiana de cocaína habría caído desde un pico de 700 toneladas métricas en 2001, a 195 toneladas métricas en 2011.
Mientras que en 2005 Colombia producía 57,1 por ciento de la cocaína mundial, para 2011 sólo producía el 25,5 por ciento (gráfico 1): en los últimos diez años Colombia habría dejado de ser el primer productor y exportador de cocaína, para caer al tercer puesto, dejando los dos primeros lugares a Perú y a Bolivia.
Gráfico 1. Producción mundial de cocaína por países.
Fuente: ONDCP
Aunque el boletín de prensa de la ONDCP no informa sobre los métodos de cálculo, la tendencia registrada coincide con el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): entre 2006 y 2011 inclusive, tanto el área cultivada como la producción potencial de hoja de coca fresca y la fabricación potencial de cocaína, disminuyeron en Colombia.
Y tanto la agencia de Estados Unidos como Naciones Unidas observaron una tendencia opuesta en Perú y Bolivia, países que no han participado con igual entusiasmo en la guerra contra las drogas.
Mientras tanto, las incautaciones de cocaína se estabilizaron después de un pico en 2005, en el punto más alto de las campañas de erradicación y de fumigación adelantadas en Colombia.
El último dato debe ser entendido en el contexto de la guerra global contra las drogas: en ese mismo periodo, las dos terceras partes de las incautaciones mundiales de cocaína ocurrieron en Sur y Centroamérica. La implicación es obvia: la destorcida afectó en mayor proporción a narcotraficantes que operan desde Colombia, conectados con operadores de otros países de Sur y Centroamérica.
Si narcotráfico y violencia habían evolucionado antes en forma sincronizada, era razonable esperar que una caída en la producción y exportación de cocaína colombiana debería disminuir la violencia asociada con ese negocio.
Pero no ha ocurrido así. Por el contrario, la caída de las exportaciones nacionales y la destorcida del negocio han conducido a una violencia que creciente sobre los sectores sociales más vulnerables. Tal es el argumento de este artículo.
Más violencia
Al contrario de lo que afirman las autoridades de Estados Unidos, el éxito de la guerra contra las drogas no ha resultado tan buena noticia para los colombianos.
Más allá de la retórica usual con respecto a la derrota del crimen organizado — y a la consolidación del Estado y de la justicia — la realidad visible es una aceleración de la violencia en aquellas ciudades y regiones colombianas donde el negocio del narcotráfico generaba la mayor parte de los ingresos del crimen organizado.
Es el caso de Cali: después de un descenso entre 2004 y 2008, la tasa de homicidios ha vuelto a crecer, acercándose al nivel de su promedio histórico (gráfico 2) [1] . Por su parte,
Gráfico 2. Evolución de la tasa de homicidios en Cali, 1993-2012
Fuente: Alcaldía de Cali (periodo 1993-2010) y Medicina Legal (2011-2012). Se usaron las proyecciones demográficas de 2011 y 2012 que estimó el DANE.
El número de homicidios registrados durante 2012 fue 1.832, apenas uno menos que los perpetrados en 1993. Y para el primer trimestre de 2013, el número de homicidios fue superior al mismo período de 2012.
En definitiva, el descenso en los homicidios del periodo 2004-2008 y el júbilo que despertó en las autoridades locales son cosa del pasado. El negocio del narcotráfico cambió y con ello aparecieron nuevas articulaciones y modulaciones de la violencia.
Beneficios disparejos
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En estricta justicia, el boletín de prensa de Estados Unidos ni siquiera habla de los beneficios para los colombianos. Su descripción optimista se concentra en los beneficios que los ciudadanos de Estados Unidos derivan de los logros alcanzados: menor consumo de cocaína, menor pureza de la droga vendida, un número menor de muertes por sobredosis y una caída en las incautaciones de droga en Estados Unidos.
Con respecto a Colombia, los efectos benéficos son más abstractos y están concentrados en el fortalecimiento del Estado y en la confianza de los inversionistas extranjeros, no en el bienestar de sus ciudadanos.
El silencio con respecto a los efectos reales sobre la vida, el bienestar y los ingresos de los colombianos es un reflejo del lado oscuro de la guerra contra las drogas. Si bien es cierto que esa guerra ha sido exitosa al reducir la producción y exportación de cocaína, desarticular las grandes organizaciones de narcotraficantes y extraditarlos a Estados Unidos, no lo ha sido desde el punto de vista de la supervivencia y de la calidad de vida de los colombianos no participantes en el negocio del narcotráfico.
El modelo de guerra elegido por el gobierno de Estados Unidos busca derrotar a las grandes organizaciones de narcotraficantes, su desarticulación y fragmentación, pero deja al Estado colombiano el tratamiento de todos los agentes violentos que han crecido a la sombra del narcotráfico y de la misma guerra contra las drogas.
Mientras que los primeros acabaron entregándose en forma voluntaria a Estados Unidos — o fueron apresados y extraditados para ser sometidos a su justicia — los sicarios, los pistoleros y otros especialistas en violencia que estaban a su servicio, quedaron en Colombia, enfrentando a un sistema judicial y policivo de una fragilidad que lo hace cercano a la inexistencia.
Por eso, el resurgimiento de la violencia en ciertas ciudades colombianas a partir de 2009, a diferencia de lo que piensan otros analistas[2], no es el resultado de los mismos ajustes de cuentas de siempre entre narcotraficantes, ni siquiera del simple reacomodamiento inducido por las entregas y capturas de grandes capos en los últimos años.
Hay algo más profundo. La reducción de la demanda por servicios de protección y de regulación en esas ciudades disminuyó los ingresos de los especialistas en violencia de todo tipo (sicarios, oficinas, bandas, pandillas), y los llevó a extender la oferta de sus “servicios” a negocios legales e ilegales de menor escala.
El crecimiento de la extorsión a comerciantes, productores, transportadores y hasta trabajadores informales y escolares ha elevado la violencia por dos vías:
- el asesinato de los que no pagan la extorsión exigida;
- el pago de las víctimas a otros agentes violentos para que eliminen a los extorsionistas.
Esta violencia adicional se suma a la “usual” producida por la regulación violenta del negocio del narcotráfico. Es más: los dos tipos de violencia tienden a reforzarse, alimentando un sistema que tiende a reproducir la violencia a través de distintos circuitos.
La violencia extendida: el caso de Cali
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Lo que parecía una violencia exclusiva entre bandidos se ha convertido en un fenómeno expansivo que involucra a una fracción creciente de la población de las ciudades y regiones afectadas.
Es un efecto perceptible a todas las escalas: en ciudades como Cali, los niños de las escuelas que viven en barrios cuyo control territorial está en disputa por parte de pandillas y otras organizaciones armadas deben pagar un peaje, o no pasar por los territorios prohibidos camino de la escuela. Una proporción creciente ha optado por no regresar a la escuela.
En Buenaventura, la disputa territorial ha producido una ola nueva de desplazamiento interno que está dejando a una parte de sus habitantes sin lugar donde vivir en su propia ciudad, mientras cientos de viviendas están desocupadas.
He aquí nuestra hipótesis: el éxito de la guerra contra las drogas, que llevó a la caída de la producción y exportación de cocaína, y a la entrega de más de 300 capos a Estados Unidos, redujo los ingresos del crimen organizado — que vivía de extraer tributos y realizar tareas de regulación violenta para los narcotraficantes — llevándolos a extender sus prácticas extorsivas y de tributación ilegal a la economía legal, afectando todo tipo de pequeños productores y comerciantes, y ocasionando una cascada de violencia que ha activado, de paso, a pandillas juveniles y delincuentes menores, y elevado los índices de inseguridad en ciudades como Cali, Medellín, Buenaventura, Tuluá, Pereira y Cúcuta.
La evidencia no parece rechazar aquella hipótesis, aunque en el futuro serán necesarios los análisis más exhaustivos.
El gráfico 3 presenta la evolución del número de homicidios en Cali y la producción nacional de cocaína, según las dos fuentes de información disponibles.
Gráfico 3. Producción de cocaína en Colombia y tasa de homicidios en Cali, 2005-2010.
Fuente: ONDCP, UNDOC, Alcaldía de Cali.
Se observa que entre 2005 y 2008 el descenso constante en la producción de cocaína se vio acompañado de una caída en el número de homicidios. No obstante, a partir de 2009 los homicidios aumentaron en forma notable mientras la baja en la producción de cocaína seguía su curso.
El impacto, sin embargo, no fue inmediato. Hay una explicación razonable: entender que las condiciones adversas no eran transitorias, sino permanentes, requería de un periodo de adaptación y de descubrimiento de la naturaleza de los cambios ocurridos.
Más aún: en el corto plazo los operadores violentos disponían de un flujo de recursos provenientes de negocios hechos en el pasado que les permitía mantener el mismo nivel de la demanda de protección y regulación violenta del negocio.
Para decirlo en una frase: ahora hay más pistoleros peleando por una cantidad decreciente de dinero ilegal. La salida inmediata ha sido la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos en la economía legal y en las pequeñas economías ilegales, mucho menos líquidas y con menor capacidad de pago. Las que lo están haciendo no son las mismas organizaciones de narcotraficantes y sicarios del pasado, sino los fragmentos que quedan de ellas después de haber sido sometidas a las fuerzas centrífugas internas, propias de todo negocio ilegal, y a la presión de las autoridades colombianas y norteamericanas.
Pero no se trata de muchos pistoleros sueltos, buscando por su cuenta ingresos después de la destorcida del narcotráfico. En realidad, son organizaciones: “oficinas”, bandas, pedazos de bandas, pandillas y parches en transición hacia bandas organizadas.
Un archipiélago de bandas y fragmentos de bandas producto del desorden creciente generado por la presión de las autoridades de Estados Unidos y Colombia, y el predominio inevitable de la violencia en el mundo del narcotráfico, y de la combinación de los dos como resultado de la política de negociación y entrega de narcotraficantes puesta en marcha por Estados Unidos a partir de 1998[3].
Depredadores de proximidad
Lo que ha seguido es un típico efecto de cascada que se va expandiendo a través de las redes sociales donde están incrustadas las redes criminales que aspiran a extraer tributos de todos los ciudadanos a su alcance. Un alcance que no se agota en su pura proximidad espacial y social, sino en la falta de protección estatal de las víctimas potenciales.
Por eso, las víctimas de la nueva oleada de extorsión no son los más ricos, sino los ciudadanos cercanos, sin protección alguna, que tienen alguna cantidad de efectivo disponible. Ser alcanzable es equivalente a estar cerca y no tener ningún tipo de protección[4].
Una reacción común de las víctimas es pagar por la eliminación de sus extorsionistas. Aunque no disponemos de los datos específicos, es razonable suponer que una parte de las ejecuciones refleja pagos de ciudadanos extorsionados que no ven otra opción para sobrevivir y mantener sus negocios. El pago a sicarios por parte de las víctimas produce mayor violencia y sostiene el avance de la cascada.
El punto esencial: se trata de una nueva violencia que involucra a una parte creciente de la población que está al alcance del crimen organizado. Lo que antes podía ser interpretado como procesos naturales de control violento circunscritos al mundo criminal, han entrado a ser parte de las formas cotidianas de interacción social en ciertas comunas y barrios de las ciudades afectadas.
Los costos derivados de la actividad homicida crecen de la mano con el avance de la cascada violenta. Además de los costos resultantes de la pérdida de vidas y del capital humano y físico asociado con ellas, es preciso contabilizar los costos del aumento de la desigualdad y de la pérdida de tejido social.
Es obvio que los efectos económicos sobre los grupos de menores ingresos son mucho mayores: la destrucción de negocios, capitales y expectativas entre grupos desfavorecidos tienen un impacto mayor que entre las gentes de altos ingresos.
En el mismo sentido, el efecto imitación para jóvenes y niños que ven en el sicariato una alternativa preferible a la educación y al trabajo tiene un costo altísimo en términos de igualdad y de posibilidades perdidas.
En el centro de todo está la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos: mientras que los narcotraficantes encontraron un protector ideal para su supervivencia en la justicia de los Estados Unidos, los colombianos que no han participado en el negocio, o que viven de actividades legales, no han encontrado un Estado que los proteja.
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle
** Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle
@cfrasser
[1] En Medellín está ocurriendo un fenómeno similar, con las diferencias inevitables de las trayectorias del crimen organizado en las dos ciudades: a partir de 2008 es fácil ver un incremento de los homicidios y las extorsiones y una extensión de la violencia organizada a sectores sociales más amplios. [Martin 2012, Medina et al. 2011] Esto a pesar de los notables esfuerzos de política social de las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, y del notorio descenso en la tasa de homicidios ocurrido entre 2002 y 2007.
[3] De hecho, una fracción considerable de la violencia ocurrida en Cali, entre 2000-2004, puede ser atribuida a la aniquilación sistemática de los familiares y asociados de los capos que intercambiaron penas menores por delaciones de sus antiguos colegas en los Estados Unidos. La volatilidad derivada de los arreglos con la justicia estadounidense volvió a crecer en los dos últimos años debido a la entrega y negociación de los hermanos Comba y de la captura de varios jefes de distintas organizaciones de narcotraficantes.
[4] Según los datos del Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, en el 2012 las víctimas de la violencia homicida fueron principalmente desempleados, comerciantes, estudiantes, obreros, indigentes, motoristas, vendedores ambulantes, vigilantes, recicladores, amas de casa, pensionados, carretilleros, vendedores y taxistas.
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Boris Salazar
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
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Boris Salazar
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
