Colombia, ¿destino internacional de explotación reproductiva en vientres de alquiler? ¿Regulación o prohibición?
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Espero que la propuesta de proyecto de ley del Gobierno esté soportada en su carácter progresista y defensor de derechos humanos y que por ende prohíba esta práctica indigna y cosificadora de los seres humanos, y se imponga la primacía de los derechos inalienables de las personas.
La práctica neoliberal conocida mundialmente con los eufemismos de “alquiler de vientres” o “gestación subrogada” constituye una expresión inequívoca de violación de derechos humanos de las niñas, niños y mujeres, y contraviene lo estipulado en convenios y tratados internacionales de los que Colombia es signataria y cuyo cumplimiento es obligatorio por mandato constitucional, a saber, la CEDAW, el protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niñas, niños y mujeres, que complementa la convención contra la delincuencia organizada, la convención internacional sobre los derechos del niño y su protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
En Colombia, la práctica no está regulada por el Legislativo y ha sido motivo de varios pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, que exhortó al Congreso a su regulación: “La Sala reiterará el exhorto al gobierno nacional relativo a la presentación de un proyecto de ley que regule la gestación subrogada y, a su vez, al Congreso de la República para que, en ejercicio de su potestad legislativa, tenga en cuenta (i) su deber de definir la forma como regulará la gestación subrogada, ya sea para prohibirla, permitirla libremente o limitarla a circunstancias específicas, (ii) el interés superior del niño y la garantía de los derechos de la niñez y (iii) el enfoque de género y la protección de los derechos de las mujeres gestantes” (sentencia T-127 de 2024).
Las iniciativas de reglamentación plantean la “gestación subrogada” como una técnica de reproducción humana asistida, es decir, disfrazan como técnica “altruista” una práctica que no lo es, porque la gestación y el parto de una mujer, así como la renuncia a la criatura recién nacida para entregarla a terceros (en su mayoría extranjeros) por contrato no revierte ni cura la infertilidad de las personas contratantes. En realidad, se trata de una relación contractual comercial atravesada por la desigualdad social y económica que suele existir entre las partes y que induce a que se les exija a muchas mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad la renuncia al derecho a la filiación de sus criaturas y la cesión de este derecho a terceros. Esta cosificación en razón de su sexo las convierte en objetos de consumo e instrumentos para satisfacer los deseos de otros, que imponen sobre los derechos superiores de los niños y las mujeres. Con la compraventa de bebés humanos por parte de terceros se considera a las personas como medios y no como fines, y desaparecen jurídicamente las mujeres, al imponérseles la lógica del mercado sobre la de la dignidad humana.
El gobierno colombiano presentó un proyecto de ley al Congreso en 2023, en el que fue ostensible la ausencia absoluta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus competencias en materia de protección de los derechos de los niños y niñas que nacerían producto de esta práctica. Con esta omisión imperdonable desaparecerían la protección y garantía de sus derechos superiores durante el proceso; la definición de líneas técnicas; el seguimiento a la vida, dignidad, integridad, filiación en casos de abandono, rechazo, violencia, trata y tráfico, pedofilia, explotación sexual entre otros, y los dejaría en una completa desprotección. De todos modos, la iniciativa nunca fue agendada para su discusión en el Congreso.
Respecto a esta práctica, Unicef realizó las siguientes recomendaciones: “(i) conservar la información de cada niño nacido por gestación subrogada en los sistemas de registro civil y recopilar datos estadísticos sobre esta práctica; (ii) incluir en la legislación nacional la prohibición de la venta y tráfico de niños y niñas y extender su prohibición a los acuerdos de gestación subrogada; (iii) asegurar que los niños reciban una nacionalidad desde su nacimiento y (iv) tener como consideración primordial, en cualquier decisión que involucre a los niños, su interés superior”.
De otro lado, desde la Relatoría Especial para la venta y explotación sexual de niños se ha advertido sobre los problemas de la gestación subrogada en relación con los derechos de la infancia (informe A/HCR/37/60 presentado ante el Consejo de Derechos humanos de la ONU). En tal informe se controvierte el supuesto carácter altruista de la práctica frente a la existencia de verdaderos mercados reproductivos, siendo regla general que, aunque se hable de altruismo, se hagan importantes desembolsos bajo categorías vagas que pretenden remunerar a la gestante, pero donde queda claro que se imponen los intereses comerciales de quienes intervienen, como centros de fertilidad, bufetes de abogados, psiquiatras, médicos, psicólogos, compañías aseguradoras, entre otros. De hecho, el precio de un bebé humano producto de esta práctica en Europa puede ser en promedio de 60.000 euros y un óvulo en el mercado está en el rango entre 4.000 y 7.000 euros, uno de los negocios más rentables en este momento. Esto ya de por sí invalida el carácter altruista de la práctica que ha venido defendiendo el gobierno colombiano.
Adicionalmente, la perspectiva de la “gestación subrogada” se presenta como un falso progresismo que enmascara postulados neoliberales y posmodernos de aparente autonomía de las mujeres contratadas como “gestantes”, para legitimar la restricción de sus derechos fundamentales en razón del sexo y exigirles la renuncia al derecho a la filiación de sus criaturas y la cesión de este derecho a terceros. Esto sucede al tiempo que se pasa por alto la desigualdad estructural determinante de las decisiones de las mujeres en un contexto de presiones familiares y sociales, feminización de la pobreza y marginación, y donde los contratantes en su mayoría comparten elementos colonialistas, clasistas, racistas y elitistas, pues ninguna mujer privilegiada en el mundo se presta como madre gestante subrogada.
Esta práctica implica una maternidad controlada, altamente hipermedicalizada: transferencia de embriones al útero, procesos de reducción embrionaria o abortos provocados sin tener en cuenta la voluntad de las gestantes, el tipo de parto y las terapias de “desapego” con el niño/a gestado/a y nacido/a; todo esto supone un ejercicio de violencia médica, obstétrica y psicológica.
Qué dicen la justicia colombiana y la internacional
En este contexto, en diciembre de 2024 la jueza 38 de Familia Marcela Gómez acogió una de las recomendaciones y dentro de un proceso de impugnación de la maternidad iniciado por un ciudadano danés ordenó que la madre gestante se mantuviera en el registro de nacimiento del niño que gestó. Explicó que: “…los avances científicos y tecnológicos han permitido separar el tradicional proceso de gestación que antes se daba en una sola mujer, de modo que ahora es posible que dos mujeres intervengan, una aportando el óvulo a ser fecundado, mientras otra se encarga del proceso biológico del desarrollo y la maduración embrionaria”, y que “es indudable que sin la participación de estas dos mujeres no podría llevarse a cabo el proceso reproductivo, en consecuencia, en los casos de maternidad subrogada existen dos madres biológicas: la donante del óvulo y la gestante”.
Además, el Tribunal Superior de Bogotá, en una de sus sentencias (MP, Marco Antonio Álvarez 2025, radicado 05120230012001), concluyó: “Permitir la remuneración en este tipo de negocios jurídicos, sea directa o indirecta y cualquiera que sea el nombre que se le dé a la suma de dinero o bienes que reciba la mujer, comporta la cosificación de ella y de su vientre, la mercantilización de su cuerpo, y les abre paso a eventuales casos de trata de seres humanos y tráfico de niños y niñas, todo lo cual atenta contra la dignidad del ser humano, como valor y derecho fundamental”.
En esta misma dirección, el Tribunal Supremo de España, en reciente sentencia (marzo 2025), concluye sobre esta práctica: “Entre otras razones, porque cosifica a los menores al hacerlos una simple mercancía, objeto de un contrato que pretende fijar su filiación con base en el pago de un precio a una mujer que por lo general actúa impelida por un estado de necesidad acuciante, que se somete a los riesgos asociados a un tratamiento de reproducción asistida y que renuncia a los derechos que como madre gestante le deberían corresponder, y pretende privar al menor de esa relación de filiación materna, así como de su derecho a conocer a su madre”.
Es claro que la rama judicial colombiana está construyendo una tendencia ética y con enfoque de género y derechos de infancia sobre el asunto, y avanzando hacia la consideración de que esta práctica extractivista y colonialista es una nueva forma de explotación reproductiva y trata y tráfico de seres humanos.
El gobierno nacional, en cabeza del presidente Petro y el Ministerio de Justicia, se apresta a presentar un nuevo proyecto de ley dirigido a reglamentar esta práctica y creó una mesa técnica para presentar un proyecto de ley de regulación, pero donde no se discutió la posibilidad de la prohibición, con lo que rompe el deber de contradicción y el mandato de la Corte Constitucional. Al respecto, cobran suprema relevancia dos pronunciamientos de sus discursos en la plaza pública: “El derecho no es para quien pueda pagar, eso es neoliberalismo” y “Un análisis neoliberal es aquel que pretende hacer creer que en todo espacio de la existencia humana, como los derechos, se obtiene su garantía y mecanismos del mercado, el mercado extendido a toda la existencia humana, que es la acumulación de capital privado en todo espacio humano”. En esa lógica, cabe subrayarle que la reproducción humana no se puede convertir en un ámbito de comercialización de la vida y los seres humanos bajo los parámetros del mercado. Así mismo, si países como España, Francia, Italia, Alemania y Suiza han prohibido esta práctica en sus territorios por considerarla violatoria de los derechos humanos, ¿por qué un gobierno progresista prefiere regularla cuando la misma Corte Constitucional le da la opción de prohibirla?
Espero que el Gobierno atienda el clamor de muchas feministas y defensoras/es de derechos humanos de infancia y mujeres para que esta práctica sea prohibida, de manera que Colombia no se convierta en el destino para la trata con fines de explotación reproductiva, adicional al destino turístico de explotación sexual en la prostitución que ya es.
Estar en contra de esta práctica no es conservador o moralista o en defensa de la familia tradicional y heteronormativa; por el contrario, está soportado en la ética de la igualdad y diversidad del feminismo y de la vigencia de los derechos humanos. Cualquier propuesta regulacionista de carácter “altruista” del Gobierno o basada en que en contextos de desregulación es frecuente la venta de niños y las prácticas abusivas y el mal llamado “mercado negro” (lo cual también es cierto) ya fue aclarada y complementada por la ONU en el informe previamente citado, donde concluye: “…también en los contextos regulados, los intermediarios suelen ser quienes perciben los mayores beneficios y crean mercados y redes nacionales y transnacionales de gestación por sustitución a gran escala”. Por tal razón la solución definitiva es la prohibición de la práctica.
Espero que la propuesta de proyecto de ley del Gobierno esté soportada en su carácter progresista y defensor de derechos humanos y que por ende prohíba esta práctica indigna y cosificadora de los seres humanos, se imponga la primacía de los derechos inalienables de las personas y que los deseos de unos pocos no se impongan sobre los derechos superiores de carácter convencional, legal y constitucional de las/os niñas/os y mujeres.
Por último, señor presidente Petro y ministra de Justicia, les convoco a leer y analizar “El Manifiesto Colombiano contra la explotación reproductiva” que les enviamos en 2023 y en el que planteamos lo que consideramos sobre esta práctica 343 mujeres plurales, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil dirigidas por mujeres, políticas, académicas, comunitarias y de muchos sectores, incluidas referentes colombianas feministas y de otros países como: Rosa Cobo Bedía, Amelia Valcárcel, Alda Facio, Ana Trejo Pulido, Coral Herrera, entre otras, y donde sentamos un precedente histórico al rechazar el comercio y trata de seres humanos y la explotación reproductiva de mujeres. Fuimos recibidas por el Ministerio de Justicia y el de Salud y tomaron nota sobre las graves fallas del proyecto de ley de entonces, esperamos con esperanza que lo vuelvan a revisar para enmendar los errores garrafales que este proyecto inicial tenía, y que el nuevo proyecto de ley (ojalá de prohibición de la práctica) se ajuste a que las niñas/os y mujeres podamos vivir una vida libre de violencias (se anexa documento y firmas).
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Acerca del autor
María Cristina Hurtado Sáenz
*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008 y corredactora del código de infancia y adolescencia.
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Escrito por:
María Cristina Hurtado Sáenz
*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008 y corredactora del código de infancia y adolescencia.
Importante y acertado artículo de la doctora Maria Cristina. Preocupa que los proyectos de ley en este tema desconozcan por completo el marco jurídico internacional de los derechos humanos.
Muy importante traer estos temas, muchas gracias a la Dra. Cristina Hurtado que es siempre tan Veraz y clara en cuanto a las situaciones que enfrentamos las mujeres. Su artículo es el eco de muchas mujeres.
Buenos días,
Lo primero que llama poderosamente la atención —y lo subraya de forma magistral la maestra Hurtado— es la trampa conceptual en la que insisten los defensores de esta práctica: hablan de “regular” como si regular equivaliera, inevitablemente, a legalizar o permitir. Y eso es, permítame decirlo, una falacia conveniente. Regular no es sinónimo de permitir; regular es también, y a veces con mayor contundencia, prohibir. ¿O acaso no prohibimos el tráfico de órganos? ¿No regulamos la explotación infantil mediante su proscripción absoluta?
La discusión en Colombia, tal como se está planteando, es de una miopía política verdaderamente alarmante. Como lo revela María Cristina, se analiza de forma superficial y complaciente únicamente el modelo de la permisión, como si la legalización fuera la única forma de regular, como si no existiera otra alternativa más digna y civilizada: la prohibición. Nadie se detiene a calcular los costos sociales, políticos y morales de esta práctica; no se miden los riesgos de ensanchar aún más las brechas de desigualdad, de consolidar un mercado global de cuerpos femeninos donde las más pobres no eligen, simplemente sobreviven.
Y lo que es peor: tampoco se considera el impacto ético de convertir a las mujeres más vulnerables en meros eslabones de una cadena productiva biológica, en reproductoras a destajo de los deseos de quienes pueden pagar. Esto no es progreso, no nos engañemos, es servidumbre notarial, es la “mujer vasija” de Aristóteles elevada a política de Estado.
Y aquí la gran pregunta que nadie se atreve a formular: ¿Acaso no es esto, una vez más, el Estado patriarcal interviniendo en los cuerpos de las mujeres, esta vez en nombre de la libertad? Porque resulta que cuando se trata de suprimir derechos, el Estado se retira en nombre del “libre mercado”, pero cuando se trata de disponer de sus cuerpos, vuelve en forma de notario, de juez y de garante de un “contrato” que sólo perpetúa la desigualdad. Para reflexionar.
Me llama poderosamente la atención otra cosa que señala la maestra: se está ignorando, abiertamente, el mandato de la propia Corte Constitucional, que ha ordenado analizar “todas” las alternativas, incluida la prohibición. Pero claro, eso no resulta atractivo para quienes ven en esta práctica un negocio floreciente o una solución rápida a sus deseos personales. ¿Por qué no mirar hacia los Estados que representan los modelos más avanzados en términos de derechos humanos? La Unión Europea no avanza hacia la permisividad, sino hacia la prohibición. Francia, España, Alemania, incluso los tribunales europeos han marcado una pauta clara: la dignidad humana no se negocia, no se arrienda, no se exporta. ¿Hemos en Colombia avanzado más que ellos? Me temo que no.
Comparto con María Cristina que lo que se está escenificando jurídicamente es un simulacro de debate político, cuidadosamente maquillado con los ropajes del neoliberalismo sentimental, en el que sólo se exhiben las supuestas virtudes del mercado: eficiencia, libertad de elección, contratos voluntarios. Pero, mientras tanto, se ocultan con estudiada negligencia las consecuencias devastadoras que esta práctica acarrea para las mujeres más empobrecidas, para aquellas cuya única “libertad” es la de sobrevivir.
Gracias, María Cristina, por decirlo con la claridad que exige la dignidad: las que alquilan sus vientres no son las mujeres que escriben columnas defendiendo su supuesto derecho a hacerlo. No. No son las filósofas posmodernas, ni las juristas, ni las abogadas, ni las profesoras universitarias, ni las señoras de clase media-alta que aplauden la “autonomía” mientras viven cómodamente al margen de la miseria. Son las otras: mujeres racializadas, empobrecidas, migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres arrojadas a la desigualdad más brutal, obligadas a convertir su cuerpo en el último recurso de supervivencia en un mundo que les ha negado todo lo demás. Y esta es la dolorosa verdad: en países como Colombia, lo que se refleja en los rostros de estas mujeres no es libertad, es clasismo, racismo y la más cruda pauperización. Eso es lo que se ve cuando nos quitamos de una vez por todas las gafas ideológicas con las que algunos pretenden disfrazar de “autonomía” lo que no es más que vieja y conocida explotación. Celebran la falsa autonomía en los cuerpos ajenos, mientras refuerzan, sin pudor, las estructuras de opresión de siempre.
Y que nadie lo llame política de igualdad. Porque una política de igualdad y equidad que legitima la explotación de mujeres pobres para satisfacer los deseos reproductivos de las clases altas no es igualitaria: es una maquinaria de opresión vestida con el lenguaje de los derechos. No es inclusión, es domesticación neoliberal. Y eso —al menos desde el feminismo que no se ha rendido— no se puede aceptar.
Gracias, María Cristina.
Gracias, María Cristina por tu claridad y tu aporte tan lúcido a la discusión sobre este aspecto que implica de manera tan negativa los derechos de las mujeres. La mercantilización del cuerpo de las mujeres, con connivencia del Estado, debe ser detenida en Colombia en todas sus manifestaciones.
Que la lógica del Mercado no esté por encima de la lógica de la naturaleza y de la sensatez . Las mujeres , los niños y las niñas claman por ello
Que la lógica del Mercado no esté por encima de la lógica de la naturaleza y la sensatez . Las mujeres , los niños y las niñas claman por ello .
Un análisis riguroso y muy acertado, urgente en el marco de este debate en el que algunos sectores creen haber zanjado ya la discusión en favor de la explotación reproductiva de los vientres de alquiler. La mercantilización de los cuerpos y las vidas es trata de personas, Colombia no debe alentar esta práctica.
Un buen artículo con análisis e investigación profunda.
Gracias a la doctora María Cristina Hurtado por tan profundo y contundente análisis.
Le pregunto al gobierno ¿Y donde aplica aquí en este negocio de la mercantilización de los vientres de las mujeres y venta de seres humanos (niñas y niños indefensos e inocentes), vendidos para alimentar egos y satisfacer deseos que nada tienen que ver con garantía de derechos, el mandato constitucional de proteger la dignidad humana establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución Política?
¿Qué le pasa al gobierno que se ha dedicado a legislar y promover violencias patriarcales y a violentar los derechos humanos de las mujeres y en este mismo acorde, a ignorar el derecho a la dignidad humana y a vivir vidas libres de violencia, de las niñas y los niños mercantilizados? ¡La compra-venta de bebés, es violencia en si misma! ¡Y es trata de seres humanos!
Que no se nos olvide y en especial al presidente, congresistas y demás personajes de los entes regulatorios que «La Constitución es norma de normas» («ARTÍCULO 4.), que la Constitución garantiza igualdad, respeto a la dignidad humana, protección a la infancia y que el gobierno, sin importar tendencia o ideología, es el garante de estos principios fundamentales.
«…DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.»
(…).
Señor Petro, por favor, pare la mercantilización y feminización de la pobreza, para el abuso y la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Póngase la mano en el considere y piense. Y tome la decisión constitucional de garantizar a las mujeres, como mitad de la población que somos, protección e igualdad de derechos, fundamentados en la eliminación de toda forma de explotación, incluida la explotación reproductiva y en la eliminación de todo tipo de opresión sistemática hacia las mujeres.
Con dolor e indignación de mujer, de madre, de abuela y de ciudadana colombiana. ¡Que Colombia haga un alto a la explotación reproductiva de las mujeres y el mercadeo de seres humanos y que sus servidores públicos usen su inteligencia y raciocinio para cambiar este paradigma de desigualdad, explotación y feminización de la pobreza y que cambiemos la imagen de Colombia a un destino turístico ejemplarizante del respeto a la dignidad humana de sus ciudadanas y ciudadanos y seamos ejemplo mundial de verdadero progreso.
Excelente artículo de la doctora María Cristina Hurtado, que con rigurosidad conceptual e información precisa, aborda varios aspectos que permiten cuestionar y controvertir las opiniones y posturas que ven esta práctica como un acto «liberador» y de derechos, dejando sin piso argumentativo alguno, cualquier postura encaminada a permitir este acto utilitarista y delictivo a legalizar una práctica de cosificación de los seres humanos.
Prohibir es el mejor camino y opción para la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y de niñas y niños, y en este caso en particular no genera ningún riesgo de clandestinidad, porque precisamente este tipo de intervensiones requieren de servicios y procedimientos altamente especializados, que requieren de alta inversión de quién ofrece el «servicio».
El problema es ético, si pero dustsncialmente máseconómico. Si de los 6000 euros le corresponden 5000 a la aportante del óvulo, pues vaya y venga, Si de los 60.000 euros que cuesta em trabajo, le quedan a la donante 50.000, si nadie la coacciona, ni la viola o la secuestra, bienvenido sea el embarazo por encargo.
Si contrariamente a estas mujeres se las llevan en un contenedor y las encadenan y las matan después de prestado el servicio, es aberrante,
Si los abogados. Los burócratas y los médicos se comen el 90% de los ingresos, la perspectiva es sbominable.
Cada persona puede hacer de su cuerpo lo que le plazca.
Los niños producto de estos embarazos irán a parar a familias adineradas que le brindarán lo que la ovuladora natural no podría brindarles jamás, pues son las mujeres opulentas las que no pueden ser madres, las beneficiarias de esta alternativa válida y están dispuestas a gastar dinero a manos llenas para lograr su anhelo
Y finalnente, la prohibición genera más delito, sube la criminalidad, tanto como los costos, convirtiendo una buena posibilidad en slgo tan exvecrable como la trata de personas o el tráfico de armas