Una crisis social sin precedentes, la estupidez de una reforma tributaria y la brutalidad de la respuesta del gobierno estuvieron o están al borde de incendiar a Cali. Estos han sido los hechos.
Boris Salazar*
Una protesta popular sin precedentes
Este miércoles 28 de abril Cali paró, pero no se detuvo. Y hoy, domingo 2 de mayo, no se ha detenido todavía.
Después de siete manifestantes muertos a manos de la fuerza pública, en particular del GOES (Grupos de Operaciones Especiales), de más de 150 heridos y cientos de detenidos, decenas de miles de personas están de nuevo en las calles, protestando contra un gobierno que respondió a sus reclamos enviando a Cali a su ministro de Defensa que —a la manera de un procónsul romano—, ha venido a imponer a sangre y fuego la voluntad del imperio, y ha celebrado en público, con aplausos incluidos, las muertes de varios ciudadanos a manos de los hombres bajo sus órdenes.
La fuerza expansiva de la protesta popular puede ser confirmada observando la gigantesca concentración en la emblemática Loma de la Cruz, las marchas sobre la calle quinta y la autopista suroriental y las concentraciones en Sameco, en el norte, y en Puerto Resistencia, en el suroriente de la ciudad. Y las concentraciones, marchas y bloqueos en los municipios que hacen parte del área metropolitana de Cali, como Yumbo, Jamundí, Florida y Candelaria.
Todo comenzó en la mañana del miércoles, cuando decenas de miles de ciudadanos marcharon contra la reforma tributaria y el despotismo gubernamental, en la protesta popular más grande, incluyente y diversa que haya ocurrido en la ciudad en los últimos cincuenta años.
Todos a una
A diferencia de las grandes movilizaciones universitarias de la década pasada —incluido el paro nacional de 21 de noviembre de 2019— que convocaron a estudiantes, docentes, trabajadores organizados, indígenas y padres de familia, el paro del 28 de abril logró integrar a miles de caleños de todas las clases sociales, orientaciones políticas, edades, etnias, géneros y procedencias.
Al frente de las movilizaciones han estado miles de mujeres de todas las edades y condiciones sociales que participan en la protesta como nunca lo habían hecho en el pasado.
La fuerza expansiva de la protesta popular puede ser confirmada observando la gigantesca concentración en la emblemática Loma de la Cruz
Gentes del oriente, de la ladera, del sur profundo y del empobrecido centro de la ciudad se sumaron a la protesta masiva en marchas que lograron el milagro de conectar todos los sectores de una de las ciudades más segregadas de Colombia.
Los vándalos
Había un ambiente de fiesta y carnaval, con músicas y bailes de Colombia y del mundo, que fue roto por la acción violenta de grupos que, en forma coordinada, atacaron el Centro Administrativo Municipal, destruyendo las vidrieras de la fachada principal y saqueando el centro de catastro, y atacaron las sucursales de varios bancos y comercios del centro de la ciudad. Grupos o combos similares saquearon decenas de almacenes de cadena en distintos puntos de la ciudad.
Resulta por lo menos curioso que en las horas de la mañana y de la tarde del 28 de abril, las fuerzas policiales no hubieran actuado ni para prevenir ni para detener los ataques y saqueos que ocurrían por toda la ciudad. Las pocas unidades de policía visibles en los alrededores de los eventos mostraban una actitud pasiva y lejana, como si lo que estaba ocurriendo no tuviera que ver con ellos. Esta observación encaja con el rumor de que miembros de pandillas y bandas del oriente de la ciudad habrían recibido pagos para saquear y atacar bancos, comercios y supermercados. Lo que explicaría las armas de fuego en manos de los asaltantes y el carácter organizado y sistemático de los actos ocurridos.
Brutalidad policial
Los escuadrones del ESMAD y de la policía que en la tarde del miércoles arremetieron contra manifestantes pacíficos en distintos puntos de la ciudad, pasaron de la indiferencia a la represión violenta y armada. Con gases lacrimógenos y fuerza excesiva atacaron bloqueos y manifestaciones pacíficas. En el barrio Mariano Ramos, Marcelo Ágredo, un estudiante de 16 años fue asesinado a tiros por un policía después de que el joven le lanzara una patada. Fue el primer muerto, de siete que van hasta hoy domingo 2 de mayo, a manos de la fuerza pública.
En la mañana del jueves, en la estación de Sameco, en el norte de la ciudad, fue detenido el dirigente del Sena y egresado de la Universidad del Valle, Alfredo Mondragón, cuando realizaba una protesta pacífica. Fue lanzado al suelo, golpeado en la cabeza, atacado con armas traumáticas y detenido, junto a los también manifestantes, Carlos Lora, Alejandra Patiño y Yina Jordán. Fueron llevados al emblemático Coliseo de las Américas, donde en otros tiempos jugaron baloncesto los mejores jugadores del Valle, hoy convertido en campo de prisioneros por la administración municipal. Gracias a la intervención del senador Wilson Arias y a la denuncia en las redes sociales, los manifestantes fueron dejados en libertad.
El jueves 29 la violencia de la fuerza pública escaló y cobró una nueva vida: Miguel Pinto, un vendedor de zapatillas de 23 años que participaba de la protesta en el barrio Villa del Sur, quien fue baleado por detrás por hombres del GOES cuando trataban de hacer retroceder a un contingente del ESMAD que avanzaba sobre ellos. Un sobreviviente del ataque de la fuerza pública dijo que habían creído, en forma equivocada, que se trataba de balas de goma. Pero no lo eran.
En la noche del viernes, en el barrio Calipso, hubo otros dos muertos a manos de las fuerzas policiales recién llegadas a la ciudad. Uno de ellos era un pensionado de la policía, sin identificar, cuyo cadáver permaneció abandonado bajo la lluvia durante horas, sin que las autoridades realizaran el levantamiento correspondiente.
La brutalidad policial se ensañó, en especial, contra las mujeres. Los vídeos compartidos el viernes y sábado en la Web documentan las golpizas, ataques, insultos y vejámenes sufridos por las mujeres caleñas a manos de las fuerzas policivas. Defensores de derechos humanos hablan de decenas de mujeres agredidas física y sexualmente, incluso de violaciones.
Un alcalde de espaldas a su pueblo
El balance del defensor de derechos humanos, James Larrea, no desmentido por las autoridades, indicaba en la mañana de hoy siete muertos a manos de la fuerza pública, además de cientos de heridos y de varios desaparecidos.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, negó durante los dos primeros días los homicidios a manos de la fuerza pública y después ha reconocido solo un muerto. El alcalde ha culpado a los dirigentes del paro de la violencia, el vandalismo y los daños, y no ha pedido que se investiguen los homicidios cometidos por la fuerza pública. Ha mirado la violencia contra sus ciudadanos con el mismo desdén con el que ha mirado la seguridad ciudadana durante toda su administración.
Gentes del oriente, de la ladera, del sur profundo y del empobrecido centro de la ciudad se sumaron a la protesta masiva
Hoy, ante la calamitosa situación de seguridad, su secretario de Seguridad y Justicia ha propuesto dejar el control de la seguridad en manos de la agencia privada Atlas, que se encargaría prestar, por contrato, el servicio que debería estar a cargo de las autoridades de policía y de la ciudadanía organizada. Una ventaja de esa estrategia, dice el secretario, ¡es que Atlas trabajará gratis en el proyecto!
Todo esto después de la masacre de cinco menores a manos de empleados de una agencia de seguridad privada en agosto pasado, y del aumento evidente de la “justicia social” conducida por organizaciones privadas.
Una explosión incontenible
¿Cómo explicar lo que está ocurriendo en Cali?
La reforma tributaria fue la gota que rebosó la paciencia de los habitantes de las ciudades más grandes del país. En el último año habían vivido lo más parecido a una pesadilla social. Con la amenaza del contagio de la Covid-19 encima, habían tenido que soportar en silencio, y muchos con hambre y sin esperanza, los confinamientos y toques de queda generalizados con los que el gobierno central y los gobiernos locales trataron de controlar la pandemia.
El déspota que todo gobernante lleva adentro apareció en los nuestros. Las medidas de excepción, como el toque de queda y los confinamientos, se convirtieron en la nueva normalidad. Las libertades básicas de los ciudadanos desaparecieron. Invocando estrategias científicas contra la expansión del virus, encerraron poblaciones enteras cuando los contagiados eran apenas unos pocos, que habrían podido ser detectados y aislados si hubieran seguido una estrategia basada en la ciencia.
En el barrio Mariano Ramos, Marcelo Ágredo, un estudiante de 16 años fue asesinado a tiros por un policía después de que el joven le lanzara una patada.
No lograron bajar ni los contagios ni los fallecidos, pero sí destruyeron la economía, y enviaron a la pobreza absoluta a cientos de miles de familias que dependían de actividades informales y formales que requieren de interacción humana. Las ayudas solidarias fueron ínfimas y estuvieron focalizadas en los pequeños municipios del país donde se concentraba la pobreza absoluta antes de la pandemia.
El Estado que han estado viendo los nuevos y viejos pobres de las ciudades es un Estado represivo, indiferente y autoritario, que les pone multas y comparendos y les exige aislarse en espacios de 4 metros cuadrados por persona, no les permite trabajar en sus muy precarias actividades y les da, cuando les da, unas ayudas económicas mezquinas.
Contra esa situación se están manifestando los caleños. Sus reclamos han sido respondidos con la violencia concentrada y excesiva del gobierno. Mientras tanto, siguen enseñándole a las autoridades cómo se construye democracia a pesar de la violencia.
