Lo improcedente de un toque de queda para los y las jóvenes del oriente de Cali

Un toque de queda no soluciona problemas de fondo como la alta deserción escolar, el alto índice de desempleo juvenil o la imposibilidad de continuar el ciclo educativo al terminar el bachillerato. Por el contrario, estas medidas en una ciudad con un claro sesgo racista podrían profundizar las brechas sociales.

El güireo es una práctica en la que jóvenes del oriente de Cali se ponen una cita para agredirse. Es quizá, en este inicio de 2025, la mayor preocupación que tiene la ciudad en términos de convivencia. El alcalde Éder, fiel a su visión de securitización de los problemas de Cali, le da a esta situación un tratamiento de problema de inseguridad y no lo entiende como un problema social.

Lo crítico es que no solo el alcalde lo ve así. Varios integrantes del Concejo Distrital de Cali han instado a Éder a que tome cartas en el asunto, especialmente que decrete toque de queda para menores de edad. Rápidamente la secretaria de seguridad y justicia elaboró un borrador de decreto sobre la implementación de la medida. 

Desde el despacho de seguridad y justicia se argumenta que se aplicará un toque de queda para aquellos menores de edad que estén solos en la calle. Además, precisa que se hará un trabajo articulado con el ICBF y la Personería distrital para garantizar el restablecimiento de derechos. 

Control policial, racismo y ciclos de pobreza

Las medidas de control policial y las políticas de control social, como las aplicadas en Estados Unidos y Brasil, pueden empeorar y agravar los problemas que buscan resolver.  

Recordemos que el oriente de Cali, donde ocurren los güireos, es un territorio con una población casi similar al de toda Santa Marta en la que se concentran altos índices de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, desempleo y hambre, y es donde vive la mayor cantidad de personas afrodescendientes del país. En otras palabras, el oriente de Cali es un basto territorio que se ha configurado como un espacio de segregación social con una alta persistencia de racismo estructural. 

De esta manera, un toque de queda no soluciona problemas de fondo del territorio como la alta deserción escolar, el alto índice de desempleo juvenil o la imposibilidad de continuar el ciclo educativo al terminar el bachillerato. Por el contrario, estas medidas de control social y policial en una ciudad con un claro sesgo racista podrían profundizar las brechas sociales. 

Por ejemplo, en Estados Unidos se ha demostrado cómo el excesivo control policial sobre los jóvenes afro estadounidenses repercute en su hoja de vida para acceder a créditos o subsidios para compra de vivienda en los que la gente blanca tiene enormes tasas de aceptación. El racismo policial en Estados Unidos ve en todo joven negro un criminal, sin distinción, por lo que repetidamente aprehenden a inocentes y manchan para siempre sus antecedentes y sus posibilidades, por ejemplo, de tener casa propia. 

En Brasil la Policía ha intentado controlar la criminalidad de las favelas de ciudades como Bahía. En esta ciudad, la violencia racista-policial es más que evidente, pues cerca del 94,6% de las muertes a manos de policiales (de inocentes o no) eran de personas afrobrasileñas. 

La violencia, la del exterminio físico, social y económico, afecta a la víctima, su círculo cercano y a la comunidad y causa problemas de salud mental, desesperanza y desconfianza en las instituciones. 

Ahora bien, volviendo Cali, el racismo con el que se han trazado las calles de la ciudad también está en la Policía. Por ejemplo, según el informe “Silencio e impunidad: racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en Colombia”, solo para el episodio del Estallido Social del año 2021 se logró identificar que cerca del 13% de los casos de violencia policial fueron cometidos contra personas afrocolombianas y en su mayoría fueron perpetrados en los barrios del oriente de Cali. 

De esta manera el decreto que propone la Alcaldía de Cali no es garantía suficiente para que la Policía se despoje de sus sesgos racistas y se haga consciente de que los jóvenes o niños que güirean son el resultado de una ciudad que históricamente les ha dado la espalda.

Por el contrario, es muy probable que la Policía vea criminales o, como lo vienen tratando desde la alcaldía, un problema de inseguridad que hay que controlar a como dé lugar. Estos sesgos racistas podrían terminar por estropear las ya golpeadas vidas de estos seres, pues en el contexto en el que estamos no hay garantías para que se eviten detenciones arbitrarias, que familias sean separadas injustamente o que se garantice el debido proceso. De hecho, se podría entrever que la Policía podría terminar güireando por querer sofocar los encuentros.

¿Qué hacer entonces?

Dentro de las muchas problemáticas que tiene el oriente de Cali está el tema de que los jóvenes salen del bachillerato sin muchas oportunidades. De los 16 a los 18 años, que también es la edad promedio de los jóvenes que güirean, en principio no pueden trabajar y quedan a merced de las economías informales y también de las ilegales. La oferta del SENA es corta para la demanda que existe y la educación superior pública no llega, pese a las promesas del gobierno nacional y del alcalde Éder de construir infraestructura universitaria en el oriente de Cali. 

Es ahí donde debería estar el foco de la Alcaldía: en agilizar y concretar aquellas propuestas que permitan insertar a los jóvenes en ciclos virtuosos en el largo plazo y de manera continua. Hasta ahora, las ofertas de la Alcaldía han sido programas que duran algunas administraciones y no tienen garantía de continuidad. 

Y mientras se agilizan temas de largo plazo, en la inmediatez, la Alcaldía debería volcarse por completo con todos los programas sociales a intervenir y comprender las razones del güireo. Considero que el sinsentido de citarse a matarse entre la juventud es una clara muestra de que como sociedad estamos fracasando en darles esperanzas y oportunidades a los jóvenes. No podemos ser tan miopes de intentar sofocar este reto social con “bolillo y patria”. Me resisto a creer que consideremos normal que un joven en el oriente de Cali pise primero una estación de policía que una universidad. 

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