El presidente se enfrenta a un dilema: ser coherente con sus propuestas reformistas – la paz y la restitución de las tierras- o hacerse reelegir con el apoyo de quienes tratan de sabotearlas. Un análisis lúcido del juego que quiere jugar Santos.
Apuesta calculada Juan Manuel Santos ha resultado el más impredecible de los presidentes colombianos de las últimas décadas. Elegido por el caudal electoral más alto de la historia, Santos llegó a la Casa de Nariño sentado sobre una marea de votos uribistas y gracias en parte al suicidio político de Mockus, presentándose como el continuador -astuto y tecnocrático- de la república conservadora que inauguró Uribe en el 2002. Pero una vez elegido, el heredero tomó un camino distinto: en vez de profundizar la ya agotada agenda de la seguridad democrática, optó por acercarse a las FARC en el más estricto secreto y con un propósito impensable para el ex ministro de Defensa de Uribe: iniciar una negociación para ponerle fin al conflicto armado colombiano. Es obvio que el camino escogido por Santos no fue producto de la improvisación. Era una apuesta calculada, hasta donde resulta posible calcular un gambito de complejas e inciertas consecuencias derivadas de iniciar conversaciones de paz en una sociedad que había apostado con entusiasmo a la guerra en los últimos ocho años. Jugada inesperada y amenazadora Pero las conversaciones de paz no llegaron solas: hacían parte de un programa de gobierno que intentaba superar los factores sociales y económicos que contribuyen a la reproducción del conflicto y de la violencia. De repente, lo más seguro y sagrado se ponía en juego: la propiedad de la tierra y su distribución. En lugar de dejarlas en manos de la guerra, de la violencia y de la expropiación — tal como había ocurrido en las últimas décadas — Santos optó por hacerlas parte de una nueva política de Estado. Ha resultado una jugada tan inesperada como amenazadora para la coalición de terratenientes, paramilitares, políticos y contratistas que ha dominado a sangre y fuego la propiedad de la tierra en Colombia. Las políticas de restitución, reparación a las víctimas y transformación de la propiedad de la tierra cayeron como rayo en cielo sereno. Desde el Palacio de Nariño nadie había hablado en la última década de las víctimas y de su derecho a la reparación, y mucho menos de la desigual distribución de la propiedad sobre la tierra. Eran temas sepultados bajo las cenizas de la terrible violencia desatada en la segunda mitad de la década de los cuarenta. De hecho, las víctimas habían desaparecido del discurso oficial. La explicación era fácil: los triunfadores de la guerra no tienen en cuenta a las víctimas de la confrontación. Preguntas fundamentales No todo, claro, estaba en la línea reformista: la prosperidad basada en las locomotoras es una aceleración de la política económica del gobierno anterior, ya no bajo la consigna de la confianza inversionista, sino de una confianza ilimitada en una prosperidad derivada de los recursos naturales. Pero las apuestas reformistas exigían contar con instrumentos avanzados que no están en la caja de herramientas políticas de Santos. Por ejemplo, la restitución de tierras implicaba que entre el gobierno y las víctimas fuera posible arrancar los predios de manos de expropiadores armados hasta los dientes, no solo con armas de fuego, sino con toda la parafernalia legal creada en estas décadas de feliz ejercicio de violencia y corrupción. ¿Estaba y está dispuesto el gobierno a proteger a las víctimas, a enfrentar a los expropiadores y a correr con los altísimos riesgos y costos de un programa de expropiación de los expropiadores? ¿Está dispuesto el presidente a defender sus políticas ante un país sorprendido? ¿A impulsar la movilización popular necesaria para impulsar un proceso de cambio social tan profundo? ¿O espera lograrlo todo — arriesgando el fracaso — por la eterna vía legal, ya manchada por la eliminación sistemática de los líderes campesinos y populares? Ya hay marcha atrás Igual ocurre con el proceso de paz: ¿Aspira Santos a lograr un acuerdo de paz con las FARC sin romper con sus socios de antes y sin tomar en serio su propia política social? El equilibrio que ha querido mantener está resultando insostenible: mientras utiliza a su ministro de Defensa como portavoz del régimen anterior, trata de concretar en La Habana los acuerdos en materia de desarrollo agrario integral. Ni sus continuas visitas a la fuerza pública, ni su presencia simbólica en las ollas del microtráfico, ni su duro discurso militar harán cambiar la posición de los uribistas frente a su programa de gobierno. Santos lo sabe muy bien, pero insiste en el mismo libreto inocuo que puede llevarlo a la inacción política, mientras su gobierno logra algunos avances que podrían cerrar un capítulo sangriento de nuestra historia y abrir un camino de desarrollo para el agro colombiano. Tanto Santos como Uribe saben que ya no hay marcha atrás. Pero sólo conocemos el camino tomado por el segundo: la confrontación directa ante la perspectiva de quedar por fuera, y para siempre, del juego propuesto por Santos. En medio de los insultos y de su propaganda catastrófica, Uribe tiene claro que todo lo que su gobierno había logrado puede borrarse en unos pocos años de experimentación santista: el país que dejó — fundado sobre la desigualdad, la guerra y una aceptación feliz del statu quo por los más pobres — podría desaparecer para siempre por la “traición” reformista de quien fuera su colaborador cercano. Lo terrible para Santos es que aun no sabemos qué camino tomará. Quizás crea que lo mejor es no poner todos sus huevos en la misma canasta. Su problema es que ya lo hizo. Lo peor sería insistir en la estrategia de conciliación entre sus políticas sociales y la preservación de una alianza imposible con los sectores más conservadores de la política nacional. Para hacerlo tendría que repetir a regañadientes un discurso guerrerista en el que ni él cree ni nadie quiere creer que es su verdadero discurso. El dilema de Santos Para concretar sus políticas de transformación social y pasar a la historia de veras, Santos tendrá que adoptar un discurso de cambio hasta ahora incompatible con el estilo político que lo ha llevado hasta el lugar donde se encuentra. En vez de seguir fungiendo como su propio ministro de Hacienda, Santos tendrá que adoptar el papel de un presidente que quiere resolver dos viejos problemas, cuya solución Colombia ha pospuesto mediante la terrible violencia de los últimos sesenta años: la distribución de la propiedad de la tierra y la paz. Ningún gobernante que intente transformar la sociedad que le correspondió dirigir puede hacerlo sin contradecirse. Mucho más si lo hace frente a un escenario electoral que limita tan seriamente sus opciones. Pero una cosa son las contradicciones inherentes al pensamiento y a las posibilidades políticas, y otra muy distintas son las relacionadas con la ejecución de sus políticas. Si Santos quiere pasar a la historia como el presidente que logró la paz y resolvió el viejo problema de la distribución de la propiedad de la tierra, y de la política agraria, tendrá que tomar en serio sus propias políticas y buscar sus electores, no en las clases medias de las ciudades, sino entre los pobres de la ciudad y del campo. ¿Podrá hacerlo con la cooperación de los operadores políticos que pusieron buena parte de los votos en la pasada campaña electoral? ¿O tendrá que crear una nueva opinión pública que adopte las políticas transformadoras que ha tratado de promover, hasta ahora, con la timidez de un jugador que no quiere que su juego sea visto por sus rivales? Sin quererlo, Uribe ha obligado a Santos a destapar su propio juego. Ahora le corresponde a Santos ser coherente y jugar el juego hasta sus últimas consecuencias. Si no lo hace, pasará a la historia como el presidente que tuvo todas las posibilidades para resolver algunos problemas básicos de nuestra sociedad y no lo hizo por temor a romper con el pasado que pretendía cambiar. |
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Boris Salazar *
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