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La verdad sobre esta guerra: ¿será posible saberla?

Escrito por Boris Salazar

grafitti Nadie gana

Imagen del contactoUna mirada perceptiva y distinta al debate reciente en el Senado. Por qué es difícil llegar a la verdad sobre una guerra, que es además irregular y donde los actores ni siquiera reconocen que han sido parte de ella.

Boris Salazar*

Un camino difícil

Sabemos desde hace tiempo que “la verdad es la primera víctima de la guerra”. Y esto es más cierto aún en  una guerra irregular como la colombiana, donde las partes enfrentadas no son fáciles de distinguir, y cuando los propios actores armados no se reconocen como parte del conflicto.

Por eso, aunque no nos haya acercado ni un centímetro a la verdad, el debate reciente en el Congreso sobre los orígenes del paramilitarismo dejó en claro cuán difícil es el camino hacia la verdad en una sociedad que aprendió a vivir y a pensar según la propaganda de la guerra y que hace mucho dejó de preguntarse sobre sus orígenes o sobre los mecanismos sociales y políticos que la han reproducido durante décadas.

El debate reciente en el Congreso sobre los orígenes del paramilitarismo dejó en claro cuán difícil es el camino hacia la verdad.

La emergencia de la verdad en conflictos de larga duración es un proceso doloroso de catarsis donde las partes reconocen la legitimidad moral de su enemigo y están dispuestas a contar lo que hicieron, para así devolverles su humanidad a los que antes masacraban, perseguían o combatían en nombre de algún objetivo político.

Al hacer esto, los actores armados se están despojando de la ideología que les permitió justificar lo que hicieron como combatientes, jefes intelectuales o agentes operativos. No se despojan de su ideología política – que debe conservar su espacio en la confrontación democrática- sino de todas las argucias intelectuales y propagandísticas que en apariencia justificaban los crímenes y excesos cometidos.


La sesión del debate del paramilitarismo duró
nueve horas.
Foto: Congreso de la República de Colombia

Verdad, justicia y paramilitarismo

El que los procesos de producción de la verdad hayan ocurrido en tribunales de justicia puede hacer pensar que la verdad está solo en los procesos judiciales a los que deberían someterse los vencidos.

Pero esta es una idea operativa de justicia, que solo puede aplicarse a las guerras donde la injusticia y los delitos contra la humanidad pueden ser imputados en forma exclusiva a los perdedores. Sin embargo, las guerras irregulares presentan un panorama más complejo, porque son consideradas justas por ambas partes. Para los rebeldes lo son porque están luchando contra la injusticia de un régimen político al que juzgan ilegítimo, y para el Estado son justas porque en ellas este defiende el orden democrático legítimo.

En la guerra irregular se combinan todas las formas de lucha, como lo saben muy bien los colombianos que han visto a sus patriarcas hacer la guerra, ejercer el poder, jurar respeto a la ley y matar a sus enemigos.

Y cuando las organizaciones paramilitares sustituyen al Estado en sus funciones como único portador legítimo de las armas, la situación se hace aún más compleja. En el caso colombiano las alianzas entre grupos sociales privilegiados, funcionarios estatales, mercenarios y especialistas en violencia reemplazaron al Estado. Y la crueldad de la guerra creció de la mano con el desconocimiento de quiénes dirigían, instigaban y ejercían la violencia contra los aliados del enemigo.

Por eso nadie en la sociedad civil ni el Estado, asumió o ha asumido, en forma abierta, la bandera paramilitar, y de este fenómeno conocemos solo la versión más banal: que eran bandidos que luchaban contra unos bandidos peores que habían hecho la vida imposible a comerciantes, hacendados y ciudadanos del común.

Incluso, en algunas ocasiones, oficiales militares de alta graduación que habían hecho alianzas abiertas con las bandas paramilitares fueron homenajeados por políticos activos que se cuidaban de no celebrar en sus discursos este tipo de asociaciones que habían producido tan “buenos resultados” en ciertas regiones del país.

Este fue un discurso esquizofrénico que funcionaba muy bien en el país urbano que solo sabía del conflicto por los medios de comunicación de masas, pero que no era creíble para los habitantes de los territorios en disputa, pues en las regiones había una idea de la verdad  muy diferente de la establecida en los medios.

El debate Cepeda-Uribe

Esta situación reapareció, con matices, en el reciente debate realizado en el Congreso sobre paramilitarismo y política. Como ninguno de los participantes hacía parte de los bandos en conflicto, se dedicaron a poner al otro en la posición de acusado en un juicio penal.

Ninguno reconoció en el otro la legitimidad del que puede elevar algún tipo de reclamo moral por lo que le pasó en la guerra, por las personas queridas que perdió o por la vida que llevó a causa de la acción de sus enemigos.

En el debate el otro fue simplemente el que debía ser judicializado por lo que había hecho o dejado de hacer durante de la guerra. Incluso su condición de víctima estaba en disputa y nada, ni siquiera su condición de congresista, lo ubicaba por fuera de la oposición amigo/enemigo.

Lo que debía haber sido un debate sobre el paramilitarismo y su genealogía se convirtió en una competencia oratoria por llevar al otro ante la justicia penal como acusado de graves crímenes.

Conocemos solo la versión más banal: que eran bandidos que luchaban contra unos bandidos peores.

Resulta curioso que en un país con uno de los índices de impunidad más altos del mundo, los congresistas hayan elegido la vía judicial como el camino más rápido y efectivo hacia la verdad y la reparación. Pero quizás solo fue una estrategia retórica dar un rodeo por la justicia para eludir el enfrentamiento con la verdad.

El senador Cepeda quería demostrar que el rey estaba desnudo bajo sus ropas, es decir, que el expresidente y hoy senador Uribe, como funcionario estatal, nombrado y elegido, había cometido el delito de asociación para delinquir con variados actores ilegales: con narcotraficantes en sus años tempranos como director de la Aeronáutica Civil, y con paramilitares, cuando ejerció como gobernador de Antioquia, como candidato a la presidencia de la República, y como presidente elegido en dos ocasiones.

La evidencia de lazos y conexiones de Uribe con el narcotráfico de Medellín, con los jefes paramilitares, así como de la relación de sus familiares y cercanos con bandas paramilitares activas, dieron una idea clara de su cercanía a compañías ilegítimas, pero no alcanzaron, ante los ojos de nadie, la condición de pruebas judiciales.


Ciudadanos de Hiroshima marchan alrededor de
uno de los pocos edificios que sobrevivió al
bombardeo de 1945.
Foto: Wikimedia Commons

El “rey” como ciudadano

Cepeda logró en cambio devolver la condición de ciudadano bajo la ley a Uribe. Él, que como presidente parecía haber estado siempre por encima de la ley, de pronto se veía sometido al escrutinio público en la televisión nacional.

La ley, que nunca lo había amenazado, parecía cubrirlo en esas horas en las que tantos lo nombraron y hablaron de lo que siempre había estado prohibido por respeto a su carácter soberano.

Una vez en tierra, el ciudadano Uribe se defendió con un ataque múltiple que declaraba criminales, hipócritas, y cómplices del terrorismo a todos lo que se hubieran atrevido a controvertir su estatus político y moral (incluido el actual presidente de la República).

Y hasta estuvo a punto de recuperar su condición de rey cuando increpó a su antiguo aliado y presidente de la Comisión Segunda, Jimmy Chamorro, y lo acusó de visitarlo en su casa y de pedir entrada en su movimiento político.

Frente a Cepeda, la estrategia de Uribe fue más rutinaria: recordar los mensajes electrónicos dirigidos a terceros donde Raúl Reyes, antiguo jefe de las FARC, se refería a Iván Cepeda como “compañero”. Y si Uribe no dijo todo lo que tenía que decir sobre Cepeda y su padre asesinado fue porque lo hizo con lujo de detalles José Obdulio Gaviria.

Haciendo uso de su condición de converso radical, Gaviria invocó antiguas fuentes del Partido Comunista para establecer la posición favorable a las FARC de Manuel Cepeda y su voluntad de aplicar la combinación de todas las formas de lucha, lo cual lo haría blanco legítimo de paramilitares, militares y agentes de los servicios de inteligencia del Estado.

Gaviria aplicó el silogismo clásico y develó por qué creía él que había sido asesinado Cepeda: por creer en la combinación de todas las formas de lucha. Aunque aclaró de inmediato que no estaba bien que lo hubieran matado, en ese punto el senador Gaviria ya no tenía regreso: el silogismo había sido llevado hasta las últimas consecuencias.

Gaviria se refirió también al deseo permanente de las FARC de matar a Uribe, y no hay duda al respecto por la evidencia presentada por Gaviria. Pero esta es solo una verdad a medias en una guerra muy larga, porque ¿cuántas veces Uribe no habló en público de “la matada” que le pegarían al entonces jefe de las FARC, Manuel Marulanda? Matar al enemigo y anunciar la muerte que le llegará hacen parte de lo que hace a la guerra tan terrible.

Quizás ningún camino conduzca desde la guerra hacia la verdad, y mucho menos en una sociedad donde guerra, crimen y política han estado entretejidos en forma tan estrecha.

En últimas, lo único nuevo es que el rey perdió su condición de rey y pudo ser interpelado, aunque hubiera dejado el Congreso a las carreras. Pero la verdad sigue tan lejos como estaba antes de que el debate comenzara.

 

*Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.

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