El gobierno anunció un programa novedoso y ambicioso de crédito para la economía popular, que emplea a muchos colombianos y genera buena parte del producto nacional. Estos son los alcances del programa.
Boris Salazar*
Empresarios olvidados
Una de las promesas más reiteradas de la campaña Petro fue el cierre de las brechas que separan la economía popular de la economía formal. Excluidos del crédito bancario, olvidados por las políticas gubernamentales, sometidos al yugo de los prestamistas gota a gota, los más de 5,3 millones de microempresarios colombianos, que conforman la economía popular, se han debatido durante décadas entre la desaparición total y una supervivencia precaria.
La Encuesta de Micronegocios (EMICRON), realizada por el DANE en 2022, da cuenta de la extrema precariedad de su situación financiera: una de cada cuatro personas que solicitaron un crédito tuvieron que recurrir a los préstamos gota a gota, y apenas un 30 % de los 5 millones de microempresarios accedieron a la financiación formal.
Pero la economía popular no es un asunto de poca monta: agrupa la mitad de la fuerza laboral colombiana y contribuye con un 35 % del PIB. Incluye oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles, domésticas o comunitarias, desarrollados por unidades económicas de pequeña escala que van desde negocios unipersonales y familiares, hasta unidades formales, pasando por micronegocios o microempresas, de bajo o alto nivel tecnológico, en cualquier sector de la economía.
Un proyecto novedoso y ambicioso
El 28 de marzo pasado, el gobierno anunció el plan de inclusión financiera más ambicioso de los últimos treinta años.
El plan ofrece un millón de créditos para microempresarios que nunca han tenido acceso al sistema bancario porque no cuentan con la trayectoria crediticia apropiada ni con las garantías para acceder a un crédito. La mayoría de los créditos no superan los dos millones de pesos y su objetivo es impulsar la economía popular en el campo y en la ciudad. Serán respaldados por el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías.
Detrás de la exclusión del crédito formal de los microempresarios estaba el supuesto de que los bancos sólo podían prestar a quienes garantizaban el reembolso de sus obligaciones, es decir, a quienes contaban con las garantías de capital y liquidez exigidas por el mercado. En últimas, sólo podían prestarle a quienes no lo necesitaban, como decía una frase muy popular.
A este flujo de nuevo crédito se suma la iniciativa de El Fondo Emprender del SENA y la Cámara de Comercio de Bogotá que ofrecen financiación hasta por 93 millones de pesos para proyectos empresariales digitales, no reembolsables si los beneficiarios cumplen las metas fijadas en el proyecto.
Esta estrategia de créditos no es una apuesta aislada del gobierno; está respaldada por la banca privada colombiana y fue diseñada con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La estrategia está basada en una compleja alianza entre la banca pública, que incluye a Bancóldex, Finagro-FAG y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), y la banca privada con los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio, Industria y Turismo, y la Banca de las Oportunidades.
El apalancamiento conjunto del crédito para la economía popular por parte de los sectores privado y público es un hecho inédito en la conducción de la política económica en Colombia en las últimas cuatro décadas.
Los niveles de coordinación y concertación entre ministerios, bancos privados, bancos públicos y microempresarios necesarios para poner en marcha la estrategia implican una transformación profunda de las relaciones entre los dos sectores, y entre estos y la economía popular.
Los créditos implican, también, el avance hacia formas conjuntas de intervención en la economía, que superan la antinomia ideológica Estado-mercado que durante tantos años impidió el desarrollo de estrategias efectivas de inclusión financiera, desarrollo, innovación y crecimiento en Colombia.
Experiencias pasadas
Detrás de la exclusión del crédito formal de los microempresarios estaba el supuesto de que los bancos sólo podían prestar a quienes garantizaban el reembolso de sus obligaciones, es decir, a quienes contaban con las garantías de capital y liquidez exigidas por el mercado. En últimas, sólo podían prestarle a quienes no lo necesitaban, como decía una frase muy popular.
Los préstamos flexibles que el Estado hacía a pequeños productores a través de la Caja Agraria y otras instituciones gubernamentales fallaron por la falta de pago de los deudores y por malas inversiones de los beneficiarios. Como herencia quedó el fracaso de la extensión del crédito estatal a pequeños campesinos y microempresarios.
Buen negocio
Desde un punto de vista puramente económico y comercial es un buen negocio para ambas partes. Los bancos tendrán más de cinco millones de nuevos clientes. Desde la perspectiva del presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, “El sector financiero, en particular los bancos, [se] suscriben [a] las metas del Gobierno nacional. Consideramos que el proyecto está muy bien enfocado y del millón de créditos cerca del 80 % será finalmente desembolsado por la banca”.
Desde la banca privada ya había llegado el aire fresco de la disminución de ciertas tasas de interés de las tarjetas de crédito por parte de la mayoría de los bancos del país. Apelando al más puro interés capitalista de conservar los negocios que se estaban escapando debido al alza sostenida de las tasas de interés, y a la creciente probabilidad de no pago de un alto número de deudores, los bancos se habían decidido por mantener la actividad económica en contravía del mantra contraccionista.
Lo hicieron al precio de revelar un secreto que muchos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar en público: que era posible mantener la rentabilidad del crédito bancario con tasas de interés 20 puntos porcentuales por debajo de la tasa de usura a la que habían venido prestando durante años. Este es un buen punto de partida para construir la confianza que está en la base de la estrategia de inclusión financiera de la que participan todos los sectores de la economía.
Los clientes pondrán en marcha los proyectos que durante años tuvieron que posponer y mejorarán sus condiciones de supervivencia y bienestar. Los microempresarios podrán mantenerse en el mercado sin temor a perder sus vidas, sus capitales y negocios a manos de los prestamistas gota a gota a los que debían recurrir por su exclusión del sistema financiero.
Y será también un buen negocio para todos gracias al crecimiento del mercado interno y sus efectos multiplicadores sobre la economía colombiana en su conjunto.
Construir la confianza
En el centro de la estrategia del gobierno Petro está la construcción de la confianza entre acreedores y deudores, tan presente en la frase publicitaria que la define: “CREO, un crédito para conocernos”. Se trata de construir la confianza, hasta ahora elusiva, entre deudores pobres y lejanos bancos privados y públicos.
Durante años, ni los primeros consideraron la posibilidad de solicitar un préstamo en un banco privado o público, ni los segundos pensaron que los segundos podrían ser clientes confiables.
La emergencia del Estado como garante de última instancia de los préstamos a los microempresarios de la economía popular selló la confianza que ya venía gestándose en los esfuerzos de la banca privada por extender la cobertura de sus servicios hacia los más pobres.
Pero la confianza no se puede crear por decreto. La estrategia diseñada por el gobierno y el BID incluye el desarrollo y promoción del financiamiento grupal y asociativo. La idea es extender a la dimensión financiera, las agrupaciones y asociaciones productivas que ya existen en los territorios y que no han podido desarrollar todo su potencial productivo debido a la falta de crédito.
La creación de confianza requiere también, de forma crucial, el conocimiento mutuo de las partes. El desconocimiento había ocurrido por falta de confianza entre las partes, como también por las inmensas distancias físicas, sociales y económicas que separaban a los bancos de los productores de las regiones más apartadas de Colombia. Esta es una brecha que la estrategia piensa superar mediante ferias de la economía popular que pongan frente a frente a productores y entidades financieras y permitan que las segundas conozcan las capacidades productivas de los primeros y los negocios potenciales por desarrollar.
Por su carácter transversal, la inyección de capital que recibirá la economía popular tendrá efectos multiplicadores sobre la economía colombiana en su conjunto.
En la misma dirección, el Grupo Bicentenario, que agrupa a los bancos públicos del país, impulsará la educación de los productores acerca de las ventajas del crédito formal sobre las ofertas informales e ilegales de crédito que han sido un obstáculo para el desarrollo de sus emprendimientos.
Más allá de todas estas medidas concretas, la confianza sólo podrá crearse en la realidad del día a día de los negocios conjuntos que deberán realizar en el marco de la estrategia de inclusión financiera. Aunque el lenguaje del mundo financiero tiene, en apariencia, muy poco en común con el lenguaje de microempresarios y pequeños productores populares, los dos comparten el rigor de las apuestas futuras, de los riesgos tomados, de las reacciones ante la adversidad y la dureza de la competencia.
Un acierto macroeconómico
La inclusión financiera avanza hacia el impulso a los procesos de innovación tecnológica y diversificación de la fuerza laboral, cruciales para disminuir la informalidad en Colombia
Por su carácter transversal, la inyección de capital que recibirá la economía popular tendrá efectos multiplicadores sobre la economía colombiana en su conjunto.
La confianza generada tendrá efectos sobre la seguridad económica, alimentaria y ciudadana de los colombianos. La inyección de crédito a los microempresarios de los sectores rural y urbano será clave para el éxito de las estrategias conjuntas de hambre cero y de soberanía alimentaria que están en la base de la estrategia de desarrollo económico del gobierno.
No será un subsidio ni un programa de ayuda para los más pobres, sino una estrategia de articulación de sectores económicos antes separados, en el marco de una estrategia de desarrollo que busca la soberanía alimentaria y una menor dependencia con respecto de una economía global afectada por la confluencia de múltiples crisis.
La convergencia entre el sector público y privado en la construcción y ejecución de la política económica, en una coyuntura en que la política contraccionista y antiinflacionaria de la Junta del Banco República parecía ser el único juego posible, introduce un balance saludable en lo que parecía ser la llegada inevitable de la recesión tan anunciada por la opinión económica más ortodoxa.
