Negación

Con deliberada mala ortografía, los grafitis comenzaron a aparecer a mediados de septiembre de 2022 por toda Siloé. Anunciaban el arribo de las temidas Autodefensas Gaitanistas de Colombia: “AGC precente”. Mal contadas, eran por lo menos diecisiete grafitis distribuidos por toda la comuna.

Hubo una, la más visible, cerca del monumento al estudiante caído. El grafiti se levanta en mitad de la muy exitosa ruta turística que desde hace unos meses reúne a locales y extranjeros para ofrecer un recorrido al interior de Siloé.

Fue junto al monumento y, claro, el grafiti, que la teniente coronel y comandante del distrito El Lido, Elsa Álvarez Méndez, descartó que las AGC estuvieran operando dentro de la comuna.  Ella afirmó que los grafitis eran “una forma de coaccionar” a los jóvenes para que “se alejen de la zona y tengan temor”. Y lo relacionó con “el tema del consumo o algunos hechos que se han presentado de hurto de personas”. Agregó, finalmente, que “quizás hay gente interesada en que los jóvenes consumidores no estén sobre la ruta turística”.

Sin embargo, no mencionó ni relacionó los hechos, por más visibles que fueran, con la llegada de un nuevo grupo armado ilegal.

La masacre

Pero el sol no se puede tapar con un dedo, las intuiciones de la teniente coronel resultaron equivocadas. Dos semanas después, el 4 de octubre, en las horas de la madrugada, un grupo de diez hombres encapuchados y con armas, llegaron a una vivienda del barrio Brisas de Mayo. Entraron a la casa y le ordenaron salir a los ocupantes, para después matarlos en las calles.

Asesinaron a cinco hombres. Cuatro de ellos murieron ipso facto, y el último, un ciudadano mayor, falleció unas horas después en un hospital cercano. Dos mujeres, una adulta y una menor, resultaron heridas y fueron internadas en un centro asistencial. Ninguna de las víctimas portaba armas.

No fue un acto espontáneo, ni un encuentro casual entre bandas de microtráfico, como opinó otro alto oficial de la policía. Fue una operación planificada, con inteligencia previa, con unos objetivos bien definidos, perpetrado por hombres entrenados para matar.

Además, la cruel matanza fue encubierta por los asesinos cuando llegaron a la sofisticación de lanzar fuegos pirotécnicos para ocultar el sonido de los disparos.

Siloé

Siloé está conformado por once barrios, con una población de 95.650 personas que residen en 12.459 viviendas, de estratos 1 y 2. Es un milagro de la ingeniería popular construido, en su parte baja, sobre los terrenos de la hacienda Cañaveralejo y, en la parte más alta, sobre los socavones de las minas de carbón a las que llegaron a trabajar desplazados provenientes de Caldas, Cauca y Nariño.

Desplazados por la violencia que azotó esas regiones y obligó a tantas personas a empezar desde cero. Siloé, con el tiempo, se extendió hacia las faldas de la cordillera occidental, hasta llegar muy cerca de las nubes. Casi como una premonición de su escenario actual.

Las casas que hoy conforman Siloé fueron construidas una y otra vez sobre las ruinas de los ranchos arrasados por distintas alcaldías entre las décadas de 1930 y 1950. Por eso calles, escaleras, caminos, acueducto y alcantarillado son resultado del trabajo colectivo de los habitantes, y no de la actividad del Estado.

Siloé está muy cerca, pero al mismo tiempo, muy lejos de la Cali de clases medias y altas que atraviesa la ciudad de Sur a Norte. Basta con dar unos pasos y cruzar la avenida de los Cerros para llegar a la otra Cali, pero son pocos los que se atreven.

Es como si hubiera un límite invisible que divide los dos territorios, como si una fuerza sobrenatural evitara que las personas crucen en cualquier sentido.

Ataques cruzados

Pero el levantamiento popular de abril/junio de 2021 cambió el panorama entre ambos territorios. Como un estallido, Siloé fue el epicentro de la más dura represión policial y estatal durante las marchas. La comuna fue embestida por balas y sangre, junto a varias noches de incertidumbre.

El 3 de mayo fue un día oscuro para Siloé. Mientras se homenajeaba de manera pacífica a Nicolás Guerrero, un joven asesinado por policías a quemarropa el 28 de abril, la policía arruinó el acto al atacar a la población con armas de largo alcance.

En el operativo militar participaron 40 uniformados del Comando en Operaciones Especiales y Antiterrorismo de la Policía Nacional (COPES), 30 integrantes del ESMAD y un número indeterminado de policías del CAI de El Lido. Y, en adición, como si fuera poco, hubo apoyo por parte de personal militar.

Fue un fuego nutrido que duró casi una hora y mató a los jóvenes José Ambuila, Kevin Agudelo y Harold Rodríguez, además de herir a otros 21 jóvenes. El operativo sólo se detuvo cuando la policía fue atacada por francotiradores.

Se presume que los defensores fueron las milicias del ELN, aunque otros creen que se trató de las bandas delincuenciales que controlaban el territorio desde hace años.

Los presuntos defensores, por lo menos para esta ocasión, fueron militantes del ELN, aunque otros presumen que se trató de las bandas delincuenciales que controlaban el territorio desde hace años.

El tormento volvió a surgir, casi un mes después, el 28 de mayo, cuando fueron asesinados los jóvenes Daniel Sánchez y Michael Aranda por miembros de la policía.

Estos casos actualmente son investigados por el Tribunal Popular de Siloé. Un cuerpo judicial impulsado por organizaciones sociales para la defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, y fundada por líderes, activistas y académicos.

Claramente, la despiadada represión estatal trastocó las relaciones de fuerza entre las bandas criminales y milicias que actuaban, y aún hoy lo hacen, en el sector. Las organizaciones que ayudaron a repeler los ataques de la policía comenzaron a ejercer el poder derivado de sus acciones y se convirtieron en los nuevos garantes del orden precario que emergió en los meses del levantamiento.

Ellos patrullaban armados por las calles y durante las noches formaron bloqueos armados sobre la avenida de los Cerros, como una demostración de fuerza.

En ese contexto, en el barrio Lleras Camargo, ocurrió el homicidio de un ex policía, conocido como Nacho, quien era al parecer abogado de integrantes de la banda local “Los Bríñez”. Este asesinato desencadenó unas cuantas ejecuciones inmediatas y una serie de enfrentamientos por el control territorial entre organizaciones ilegales.

La disputa por Siloé

La aparición, más de un años después, Ahora, más de un año después, con la presencia de una organización que se proclama como ACG, se puede interpretar como un intento por imponer un nuevo orden sobre un territorio cuyo control cambió constantemente desde el levantamiento popular.

Las ACG, o la organización que usa esa etiqueta, apareció con el mismo formato y rutinas que las organizaciones paramilitares usaron para tomar, a sangre y fuego, el control de territorios en manos de organizaciones guerrilleras durante la guerra irregular que atacó a Colombia a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Primero llega una fuerza militar que se hace visible mediante grafitis y letreros en las paredes de la comunidad que va a ser sometida, después siguen los contactos con personajes locales para formar alianzas con las autoridades y tener aceptación de habitantes susceptibles. En tercer lugar, proceden a reclutar jóvenes locales dispuestos a entrar a la acción.

Una vez que el ambiente está dispuesto llega el primer movimiento: masacres ejemplares, como la ocurrida en el 5 de octubre en el barrio Brisas de Mayo.

Todo lo dicho ha ocurrido en Siloé durante las últimas semanas, por lo que la comuna pasa por un periodo aterrador. La organización criminal ha ofrecido pagos de 1.800.000 pesos mensuales para aquellos que estén dispuestos a servir a la organización. Ellos esperan controlar el territorio al eliminar a los rivales y matar a los ladrones, viciosos y narcotraficantes.

No sobra señalar la extraordinaria facilidad con la que una fuerza de 10 hombres, encapuchados y armados pudo recorrer las calles y los senderos de Siloé sin que las autoridades policiales, situadas relativamente cerca, se percataran de la situación. Quizá, si hubieran tomado en serio las amenazas en las paredes de la comuna, alertado de manera oportuna y rápida a la Defensoría del Pueblo, y adoptado medidas preventivas de rigor, la situación en Siloé sería distinta.

La respuesta de otras bandas locales ya comenzó, por eso hay enfrentamientos a bala que acaban, por ejemplo, con el asesinato de un joven de 18 años que volvía a casa a las 7:15 de la mañana después de dejar a sus sobrinas en una guardería. La víctima, evidentemente no tenía nada que ver con la confrontación, pero es lo que sucede con la guerra. La muerte de personas inocentes.

No es claro, sin embargo, si en verdad se trata de una organización criminal de orden nacional, o de un grupo local que se ha apropiado de esa etiqueta y actúa de la misma forma y sigue las mismas líneas estratégicas con las que la ACG actuó en otros territorios del país.

Lo único claro es que actúan como las ACG y que la reactivación de la guerra por el control territorial va a cobrar la vida muchas personas. Aún más ante la indiferencia de las autoridades policiales y militares que olvidaron su tare elemental de proteger la vida de los ciudadanos.

Así las cosas, sobre Siloé cae, por distintas vías y por distintos actores, pero con la misma carga de muerte y miseria, el castigo implacable de haber participado en el levantamiento popular de 2021.

El territorio, al día de hoy, y quién sabe por cuánto tiempo, no tiene paz, y parece que por el momento la historia no cambiará. Siloé no es una prioridad para el país y ni siquiera para la policía. Por el momento solo le queda a la comuna resistir bajo el yugo de la guerra.