En vez de ayudar a la gente y a las empresas que más lo necesitan, el gobierno ha decidido salvar a los bancos. Y por eso no llega la plata.
Boris Salazar*
Medidas anacrónicas
Ni los decretos de emergencia ni los alivios a los más pobres ni las ofertas de crédito a las empresas han logrado ocultar el peligroso anacronismo de la política económica del gobierno.
El equipo encabezado por Alberto Carrasquilla ha decidido aferrarse a la ortodoxia, como si estuviéramos en la década de los ochentas. Pese a la caída de más de dos tercios de la demanda agregada y la interrupción indefinida de casi todas las actividades económicas, el gobierno ha optado por seguir la receta de siempre: raspar la olla de las finanzas estatales para salvar a los bancos. Sin duda, esta medida agravará los efectos económicos y sociales –incluida la salud– que la COVID-19 ya ha tenido en Colombia.
Antes que nada, debe decirse que no era necesario salvar a los bancos porque no estamos viviendo una crisis financiera, sino una crisis económica global provocada por la suspensión de las interacciones sociales de las que dependen las economías modernas.
Al parecer, el gobierno no ha entendido eso, pues el 20 de marzo trasladó casi un billón de pesos al Fondo Nacional de Garantías (FNG) para respaldar los préstamos que el sector bancario concedió o concederá a las empresas colombianas, y que se verá obligado a reajustar por cuenta de la crisis. Ese dinero fue tomado del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), del Grupo Bicentenario –un holding financiero estatal creado por el gobierno Duque–, de Findeter, Finagro, Urrá- S.A, E.S.P, y Central de Inversiones.
¿Por qué el gobierno servirá como fiador de hasta el 80 o 90% de las deudas que agentes privados tienen o tendrán con la banca? ¿Por qué, en medio de la crisis, el gobierno ofrece a los bancos que concedan créditos con un riesgo prácticamente equivalente a cero?
Contrariamente a lo que muchos piensan, esta decisión no es fruto del apego a la técnica, sino de los instintos más profundos de Carrasquilla, quien aseguró que la medida buscaba que “el sistema financiero colombiano pueda responder al desafío de no forzar a las pymes, ni a los hogares en un momento de tanta dificultad y necesidad”. Es decir que, para el ministro, la mejor forma de evitar que las pymes y los hogares sufran a causa de sus acreedores es librar de todo riesgo a estos últimos y ampliar significativamente sus oportunidades.
Al igual que con los bonos del agua, ante la crisis actual, Carrasquilla cree que la mejor salida es propiciar un buen negocio financiero, es decir, una gigantesca oleada de crédito con riesgos cercanos a cero financiada por el Estado.
Lo que Carrasquilla olvida es que en el capitalismo auténtico el riesgo es necesario –porque sin él no hay competencia ni hay progreso-. En el fondo, el ministro aboga por una deformación patrimonialista del capitalismo financiero donde el Estado cubre todos los riesgos y se endeuda hasta más no poder.
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Un fracaso anunciado
¿Qué pasó con los fines altruistas y sanitarios de los decretos emitidos en marzo, abril y mayo? En el papel, el primero buscaba aliviar las necesidades financieras del sector salud y la precaria situación económica de casi la mitad de los colombianos, pero en la práctica, en el primer mes solo medio billón del monto transferido al FNG fue destinado a los beneficiarios de Familias y Jóvenes en Acción. En ese momento, se acordó que durante los siguientes dos meses se entregaría la misma cantidad para un total de 1,5 billones de pesos.
Foto: Facebook Banco de Bogotá
¿Se ha preocupado más el gobierno por la estabilidad de los bancos que por no dejar quebrar a las empresas?
El gobierno ha optado por seguir la receta de siempre: raspar la olla de las finanzas estatales para salvar a los bancos.
Por otra parte, los créditos ofrecidos a las empresas pequeñas y medianas se agotaron casi de inmediato, no fueron aprobados por los bancos (como ocurre con la mitad de las solicitudes de las pymes en tiempos normales) y fueron insuficientes para cubrir la creciente falta de liquidez de las empresas pequeñas y medianas. En definitiva, los bancos acabaron ofreciendo créditos con las estrambóticas tasas de interés de siempre a las empresas que están en crisis.
Hasta ahora no está claro qué porcentaje de los 12 billones que el gobierno ofreció en créditos a las empresas medianas y pequeñas llegaron a sus destinatarios, pero a juzgar por las declaraciones de los empresarios, fue un porcentaje muy pequeño. Lo que sí está claro es que la oferta del gobierno no era lo que esperaban empresarios y trabajadores, y esto se volvió insoportable,
En consecuencia, el 8 de mayo el gobierno se vio obligado a reconocer que las medidas de emergencia habían sido insuficientes. Así el ministro Carrasquilla no lo vea gracias a sus sesgos, el gobierno debió haber concedido subsidios inmediatos a empresas y hogares para recuperar la demanda agregada, salvar el empleo y preservar el aparato productivo.
Para enmendar el error, el gobierno decretó un subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo de la nómina de empresas formales que hubieran perdido más del 20% de sus ventas en el último mes. Por cada trabajador, las empresas recibirán 350 mil pesos mensuales. Serán dos billones mensuales durante tres meses para un total de seis billones durante el periodo de emergencia.
Subsidios directos y renta básica universal
Aunque esta medida es acertada, no es suficiente para cubrir la brutal caída de la demanda agregada y la pauperización repentina de la mitad de la población. En este momento, la economía y los colombianos más pobres necesitan subsidios directos que garanticen su subsistencia y contribuyan a la recuperación de la demanda agregada.
Esos subsidios podrían tomar la forma del subsidio a la nómina de las empresas formales decretado por el gobierno y de una renta básica universal para la población más pobre equivalente a un salario mínimo. En ese caso, desaparecerían los pequeños subsidios de Familias y Jóvenes en Acción, y los dos subsidios directos contribuirían a la recuperación de la demanda agregada y al crecimiento económico en el futuro cercano.
Pensar en esta posibilidad implica contestar dos grandes interrogantes: ¿Cómo financiar esa explosión repentina del gasto social? ¿Cómo hacerlo sin poner en riesgo la independencia del Banco de la República y sin provocar presiones inflacionarias?
Ambos objetivos podrían lograrse si el gobierno emitiera el dinero directamente sin aumentar su déficit y sin endeudarse con la banca nacional e internacional. Para lograrlo, el Banco de la República tendría que hacerle un préstamo no redimible al Ministerio de Hacienda.
Los bancos acabaron ofreciendo créditos con las estrambóticas tasas de interés de siempre a las empresas que están en crisis.
En ese caso, el fantasma inflacionario no aparecería porque con una demanda agregada tan baja como la que tenemos en estos momentos, la probabilidad de brotes inflacionarios es prácticamente nula. Tampoco habría filtraciones porque los subsidios no se convertirían en ahorro, sino que se gastarían inmediatamente aumentando la demanda.
En definitiva, mientras exista capacidad instalada sobrante como en estos momentos, no habrá presiones inflacionarias, y una vez la actividad económica alcance los niveles que tenía antes de la crisis, el control de la inflación recuperará su lugar en la política monetaria.
Foto: Facebook Ministerio de Hacienda
Las autoridades económicas no han hecho lo suficiente para proteger los empleos y las empresas.
Lea en Razón Pública: ¿Cuánto cuestan los subsidios que el gobierno debe repartir entre la gente?
Una omisión peligrosa
Esta propuesta tiene implicaciones políticas y definitivamente no serán música para los oídos del gobierno. Dado que Carrasquilla trató de resolver una crisis económica global con remedios financieros útiles para un episodio menor de falta de liquidez, seguramente la propuesta de subsidios directos a los más pobres y a las pequeñas y medianas empresas, financiada con emisión de dinero, no será más que un ruido aberrante para él.
En cambio, seguramente le parecerá muy atractiva a la mayoría de colombianos que están sufriendo en carne propia la crisis económica provocada por el coronavirus y que, por miedo al contagio, no pueden tomarse las calles para reclamar sus derechos.
Este gobierno –tan renuente a la protesta pública– ha aprovechado la situación para actuar como si no hubiera ningún damnificado. Pero la omisión podría salirle bastante cara, pues en varias ciudades de Colombia los que no tienen qué comer ya han comenzado a salir a las calles, y la economía misma está pidiendo a gritos salidas más efectivas. Amanecerá y veremos.
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*Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
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