Un artículo sobre las fuerzas que están reavivando la violencia en regiones como Jamundí, Tumaco y Cauca. ¿Qué tan grave es y cómo está respondiendo el gobierno?
Boris Salazar*
Estábamos equivocados
Quienes creímos, con supremo optimismo, que la paz territorial pactada por el gobierno de Santos con las FARC era el camino seguro hacia un mundo menos desigual y atroz para las regiones más afectadas por la guerra, debemos reconocer que estábamos equivocados.
La guerra está de regreso. Ha vuelto por caminos similares a los que la mantuvieron viva durante sesenta años.
En Colombia sigue habiendo cultivos ilegales, campesinos sin tierra, Estado ausente, terratenientes, ganaderos y mineros ricos, territorios carentes de bienes públicos, y grupos armados especialistas en la extracción de rentas –paramilitares o guerrilleros o disidentes de las desmovilizadas FARC—.
Esta combinación letal está reproduciendo en ciertas regiones del país la guerra que creíamos terminada. Las víctimas son las de siempre: los campesinos pobres que deben trabajar para narcotraficantes y grupos armados, aceptar su dominación despótica, y vivir una vida sin salud, sin educación, sin seguridad y, sobre todo, sin esperanza.
Los efectos más visibles son también conocidos: masacres, desplazamientos masivos de civiles, y vidas gobernadas con violencia por grupos armados paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes, en sus diversas combinaciones.
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¿Por qué?
Detrás de lo ocurrido hay dos fuerzas cruciales que se han unido en matrimonio letal.
Ante la salida de las FARC de los territorios que estaban bajo su control, los gobiernos de Santos y Duque permitieron la entrada de fuerzas paramilitares —como Los Urabeños, las Autodefensas Armadas Gaitanistas (o clan del Golfo) y los Caparros— y de fuerzas guerrilleras —como el ELN y las disidencias o fuerzas residuales de las extintas FARC—. Estos entraron a disputar el control territorial de zonas ricas en minería y cultivos ilegales.
El orden primitivo que existía bajo el dominio de las FARC fue reemplazado por la lucha directa y sangrienta entre los nuevos aspirantes al control territorial, que ven a la población civil como enemiga directa, o como aliada renuente siempre a punto de convertirse en enemiga.
Ni los cultivos ilegales ni la minería de oro y otros minerales preciosos producen violencia por sí mismos.
La pasividad de las fuerzas militares ante las acciones de paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes parecería ser consecuencia de la voluntad política del Estado de no reconocer enemigo distinto de las antiguas FARC.
La segunda fuerza es la rápida expansión de cultivos ilegales y de minería legal e ilegal en regiones con las condiciones apropiadas —incluyendo la violencia organizada— para el comercio ilegal de esos productos. Las advertencias de Trump a Duque son mucho más que un regaño descortés a un aliado feliz y servil: Colombia está de regreso a las ligas mayores de la exportación de drogas ilegales.
Desde hace muchos años no salía de las playas del Pacífico colombiano tanta cocaína cultivada, procesada y empacada en municipios del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Chocó, antes en manos de las antiguas FARC y de grupos paramilitares. Algo similar ocurre en la región del Catatumbo, aunque con rutas y protagonistas distintos.
Pero ni los cultivos ilegales ni la minería de oro y otros minerales preciosos producen violencia por sí mismos. La producen los grupos armados que “protegen”, extorsionan y explotan a los productores. Y la legitima un Estado que le ha entregado esos territorios a los grupos armados ilegales.
De ahí las masacres y desplazamientos en el Bajo Cauca antioqueño, de donde fueron desplazadas 17.236 personas en 2018, y 10.707 en 2019, y varias decenas de miles permanecen confinadas en pueblos y aldeas bajo la amenaza de los grupos paramilitares que controlan la región a su antojo.
Por eso, también, la iniciativa de las comunidades afectadas de construir seguridad territorial por su cuenta, creando un área neutral o refugio en el Bajo Cauca, sin presencia ni actividad de organizaciones armadas. Es decir, de construir por iniciativa propia un territorio libre de la violencia armada que el Estado ni ha podido ni ha querido garantizar en los tres años largos que lleva el proceso de paz.
La situación del Bajo Cauca antioqueño se repite en otras regiones del país.
Foto: Canal Institucional
¿Estamos de regreso a la guerra?
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Jamundí: masacre y 1.500 hectáreas de coca
Jamundí es un municipio cercano a Cali que se ha convertido en una ciudad dormitorio para caleños de clase media que sueñan con una vida en los suburbios. También es uno de los municipios con los cultivos de coca más extendidos del país: 1.500 hectáreas según lo confirmó el propio alcalde el 17 de enero de este año, luego de la masacre de cinco personas, muertas a tiros de fusil y explosivos, al parecer en una confrontación entre bandas de narcotraficantes y disidentes de las FARC.
En la parte alta de Jamundí se encuentra la salida al mar Pacífico, desde donde se lanza hacia el norte, en sumergibles, semi-sumergibles y lanchas rápidas, la creciente producción de cocaína de la región suroccidental de Colombia.
La lucha violenta entre organizaciones paramilitares, disidentes y guerrilleras, bajo la supervisión de los grandes compradores mexicanos, ha convertido a Jamundí en un escenario de guerra al estilo de la brutal violencia mexicana.
Y todo esto no ocurre en las lejanas montañas del Cauca, o en las playas y poblaciones ribereñas de Nariño o en el profundo Putumayo, sino a quince minutos de Cali, la tercera ciudad del país, en un municipio de rápido y caótico desarrollo urbano, liderado por un voraz capital inmobiliario.
La respuesta del Estado a la masacre, por boca del alcalde de Jamundí y de la gobernadora del Valle, combinó las virtudes de la ingenuidad y de la impotencia ante lo que no pueden controlar: “En el lugar ya hay 230 militares controlando la zona e investigando”.
Los militares llegaron, por supuesto, después de lo ocurrido y no podrán hacer nada, además de hacer presencia en una vía secundaria, mientras las bandas armadas siguen controlando cultivos, montañas, rutas y vías de salida al mar.
Desplazamientos y glifosato en Tumaco
En Tumaco, en el Pacífico nariñense, la violenta confrontación entre los grupos armados que se disputan el control del narcotráfico ha producido decenas de muertos y miles de desplazados. Enfrentamientos entre esos grupos en Chagüí, en la zona rural de ese municipio, provocaron en enero de 2020 el desplazamiento de 3.500 personas, de las cuales más de mil son menores de edad y más de 1.200 son mujeres.
Chagüí está situada a tres horas por lancha de la cabecera municipal de Tumaco y sólo es posible acceder a ella por el mar y por el río. Esto confirma el aislamiento, la falta de vías de comunicación seguras y confiables y la total ausencia de bienes públicos en las zonas y municipios donde domina el narcotráfico.
Ha convertido a Jamundí en un escenario de guerra al estilo de la brutal violencia mexicana.
La respuesta del Estado fluctúa entre lo surrealista –la “Ruta Futuro” de Duque “que es integral porque tiene muchas alternativas”— y la infamia de siempre: fumigación con glifosato a cambio de 5.000 millones de dólares en inversión —quizá en más glifosato y en sustancias anti-contaminantes experimentales— ofrecida por el gobierno de Estados Unidos.
Mientras llegan los ríos de glifosato y miel, los tumaqueños y los habitantes de las regiones vecinas deben contentarse con amargas dosis de violencia: quince asesinatos en una semana de enero de 2020, en los municipios del Triángulo de Oro: Magüí Payán, Roberto Payán y Barbacoas. Y en la Navidad de 2019, el asesinato de la artista, pedagoga y líder social Lucy Villareal.
El Estado también ha recurrido a la violencia abierta contra campesinos que protestaban contra la erradicación de cultivos ilícitos, la única fuente de ingresos seguros para personas que viven en condiciones de miseria, como ocurrió en El Tandil, vereda de Tumaco, en octubre de 2017. Ese día fueron acribillados por el fuego de la policía antinarcóticos quince campesinos de la zona. Hasta hoy no ha habido justicia.
Foto: Presidencia de la República
La salida de las FARC le ha dado paso a nuevos grupos armados que se disputan los territorios.
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Cauca: enfrentamientos y desconfianza en la fuerza pública
En la zona rural de Argelia, Cauca, la violencia de los enfrentamientos entre el Frente José María Becerra del ELN y la columna residual Carlos Patiño, en la última semana, han llevado al desplazamiento de quinientas personas hacia la cabecera municipal.
La presencia en la zona de la fuerza de despliegue rápido No.3 del Ejército no ha logrado controlar los enfrentamientos entre las fuerzas mencionadas ni proteger a la población civil del fuego cruzado. Tampoco la población civil confía en la fuerza pública y la ve como otro actor armado y no como la fuerza legítima del Estado. Al mismo tiempo, la violencia crece dentro de la comunidad: tres mujeres fueron asesinadas en la zona.
La guerra está de regreso por las mismas vías por las que creció en las décadas en que asoló los campos de Colombia: la disputa violenta entre organizaciones armadas por el control de las rentas del narcotráfico y de la minería en los territorios dejados por las FARC en el proceso de paz.
Los efectos son los de siempre: violencia contra los civiles, desplazamiento y, en un nuevo desarrollo, confinamiento en ciertas zonas del Chocó, el Baja Cauca antioqueño, el Cauca y Putumayo.
*Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
