Regiones octubre 13, 2014

¿Qué es lo que está pasando en Cali?

Por Boris Salazar

Mientras su alcalde recibe premios internacionales por una supuesta estrategia exitosa para combatir la violencia, Cali sigue padeciendo bajo el azote de la barbarie cotidiana. ¿Por qué no coinciden la ciudad real y la que presentan las autoridades?

Boris Salazar*

Premio con dudas

Todos los premios son bienvenidos. Algunos más que otros. Pero algunos llegan rodeados de anécdotas que mezclan en dosis peligrosas el fraude y la caricatura.

Esto es lo que ha ocurrido con el Premio Roux otorgado al alcalde de Cali, IMHE, por sus iniciales en inglés).

Nadie discute que Guerrero contribuyó a la creación de un método de registro para las muertes violentas, y que este registro es usado en otras ciudades de Latinoamérica.

En Cali, la ciudad de la que fue alcalde entre 1993 y 1996, y que ha vuelto a gobernar desde 2012, nadie cree que el registro creado por Guerrero redujera las tasas de muertes violentas.

Pero en Cali, la ciudad de la que fue alcalde entre 1993 y 1996, y que ha vuelto a gobernar desde 2012, nadie cree que el registro creado por Guerrero redujera las tasas de muertes violentas.

Bastaría con ver las series de tiempo de las tasas de homicidio de los últimos veinte años para notar su pasmosa estabilidad y entender la magnitud del embuste presentado en forma tan pomposa por el IMHE y por los medios masivos de comunicación de la ciudad.

Según el Alcalde de Cali una cuarta parte de las
víctimas de homicidio estaban intoxicadas.
Foto: Víctor Hugo Hernández D.

La violencia recurrente

En los últimos veinte Cali años ha tenido una violencia letal estable, con picos y valles ajustados a un corredor más o menos estrecho; con un pico de 120 homicidios por cada cien mil habitantes (hpch) en 1994, un mínimo de 66 hpch en 2008, y un promedio de 88 hpch a lo largo de todo este período.

Durante la actual alcaldía de Guerrero, tanto el número de homicidios como la tasa correspondiente por cada cien mil habitantes no han dejado de subir, llegando en 2013 a 1,963 homicidios y a una tasa de 83,20 hpch, cifras con las que Cali alcanzó el dudoso honor de ser la cuarta ciudad más violenta del mundo el año pasado.

Ni hablar de la primera semana de octubre de 2014 cuando, por primera vez después de mucho tiempo, ha habido 35 asesinatos, ocho de ellos en una masacre ocurrida en el barrio más exclusivo de Cali, Ciudad Jardín, así como otros ocurridos en sitios centrales y concurridos, como un centro comercial al sur de la ciudad y la emblemática calle 5ª.

Ante evidencia tan clara es difícil entender a qué se refieren en el boletín de prensa del IMHE cuando hablan del éxito de Guerrero en “la reducción dramática de las consecuencias de la violencia y el número de homicidios en su ciudad”. Y mucho menos cuáles son las medidas similares que habrían adoptado otros países latinoamericanos ante éxito tan descomunal en Cali.

Mediciones o realidades

Lo que sí es posible entender es en qué consiste el éxito del paradigma de la violencia urbana defendido por Guerrero en los últimos veinte años. En forma candorosa el mismo boletín de prensa cuenta cómo Guerrero alcanzó el conocimiento que hoy el mundo celebra.

Cito el párrafo completo porque es un modelo de narración policíaca de un éxito científico:

“El médico Guerrero realizó un trabajo de detective científico para determinar los factores que desencadenaban la violencia en Cali. Sorprendentemente, los traficantes de drogas no eran los principales culpables. Descubrió que la mayoría de los homicidios ocurrieron durante los fines de semana, los días festivos y los viernes que coincidían con el día de pago. También determinó que más de una cuarta parte de las víctimas de homicidio estaban intoxicadas, y que el 80 por ciento de todas las víctimas habían sido asesinadas con armas de fuego”.

Cali alcanzó el dudoso honor de ser la cuarta ciudad más violenta del mundo el año pasado.

Que la mayoría de los homicidios ocurrieran los fines de semana, en festivos y días de pago, que casi todos fueran perpetrados con armas de fuego y que una cuarta parte de las víctimas hubiera ingerido alcohol, no implica que los traficantes de drogas no fueran los principales culpables o no tuvieran nada que ver con la violencia creciente que golpeaba a la ciudad.

Estos datos solo demuestran que los asesinos elegían los momentos y las situaciones en los que las víctimas eran más vulnerables (cuando estaban en lugares públicos, consumiendo licor, en fines de semana), y usaban armas de fuego, en muchos casos de largo alcance, automáticas y con alto poder de fuego, que no estaban al alcance de todos los ciudadanos.

Nada en los hechos empíricos descubiertos permitía inferir que el crimen organizado no tuviera nada que ver con la violencia que afectaba a la ciudad.

Sin embargo, y aun con huecos tan evidentes, la teoría pareció exitosa. Y no es difícil entenderlo: en tierra de ciegos, el tuerto es rey. La aparición de una explicación de la violencia urbana que usaba lenguaje científico, recolectaba datos, practicaba pruebas estadísticas y era reconocida por las organizaciones internacionales de salud pública era equivalente a pasar del reino de la ignorancia al de la sabiduría.

Pero ese paso no fue gratis. Eliminar al crimen organizado de la explicación científica de la violencia ha tenido un costo terrible para la ciudad y sus habitantes. En estos últimos veinte años los efectos violentos de las interacciones entre organizaciones del narcotráfico, entre estas y especialistas en violencia, entre negocios legales e ilegales y entre pandillas juveniles y todas las anteriores no han sido tenidos en cuenta. Desaparecieron como por arte de magia.

Como si pertenecieran a otra ciudad fantasmal a donde no llega la luz de la ciencia, las interacciones entre los actores violentos, ilegales, legales y armados han sido borradas del mapa, privando a la ciudad de una explicación realista sobre la terrible violencia que no ha dejado de golpear a la cuidad.

O bien todo ocurre en las comunas atestadas de pobres donde pandilleros juveniles se matan unos a otros y vecinos borrachos eliminan a sus amigos y conocidos, o todo es obra de bandas organizadas que llegan de lejos y actúan por fuera de las reglas de respeto que unirían a los caleños.

Y en esa desaparición del crimen organizado, y sus relaciones con la violencia, la política y el Estado, se va buena parte de la historia de los últimos cuarenta años de la ciudad.

La Policía subiendo a una camioneta a varios jóvenes

Limitar las causas reales de la violencia en Cali,
como ignorar el crimen organizado ha tenido un
costo alto para la ciudad.
Foto: Alcaldía de Santiago de Cali

La Cali real

¿Será que es posible entender la Cali de hoy sin tratar de entender las interrelaciones entre violencia, crimen organizado y política?

Es sabido que toda teoría falsa es capaz de justificar sus falencias delimitando su objeto. La teoría epidemiológica no es una excepción. Como la violencia generada por las interacciones entre especialistas en violencia, crimen organizado, narcotraficantes, pandillas y negocios legales no pertenece al universo del paradigma dominante, su ocurrencia es descontada como puro ruido: lo que no está en su objeto está por fuera del reino de la verdad.

Por eso, cada vez que ocurre una acción de violencia generada por el crimen organizado o por interacciones entre este y negocios legales, la respuesta de las autoridades formadas en el paradigma es la misma: “es una pelea entre bandidos, no nos corresponde ocuparnos de sus ajustes de cuentas, son bandas que vienen de afuera”.

La respuesta práctica es rutinaria: pedirle mayores resultados a una fuerza policial que no es tenida en cuenta en la toma de decisiones, y que debe actuar sin una política clara frente al crimen organizado y a la violencia en general.

Cuando las cosas se ponen difíciles, como en los últimos días en Cali, la reacción automática es pedir el despliegue de la Policía Militar en las calles, como lo ha dicho varias veces, con tono de evidente aburrimiento, el alcalde encargado.

El funcionario olvida que la función de la Policía Militar es mantener el orden en las tropas, y que su despliegue no puede tener efecto sobre crímenes planeados que ocurren en cualquier lugar de la ciudad, siguiendo la lógica de interacciones muy precisas entre agentes preparados para matar.

Los cordones de Policía Militar desplegados a lo largo de las autopistas del sur de Cali el fin de semana anterior son un monumento a la incapacidad de quienes hoy dirigen la ciudad, y al malestar que les produce tener que perder el tiempo en temas que no están dentro de la agenda que han trazado para su ciudad.

Es probable que su ciudad no sea Cali. Es probable que aquí hagan negocios, detenten cargos públicos y tracen políticas con beneficios privados, sin siquiera tener que vivir aquí. Y aun si viven en la ciudad, esta no es su ciudad: su ciudad está en otra parte. Quizás alguna parte al norte.

A la Cali atravesada por la violencia y sin transporte para más de la mitad de sus habitantes no le ha correspondido nada de la buena fortuna que otra vez visita a su alcalde. Parecerían vivir en mundos distintos.

Él, en el mundo de las organizaciones internacionales, en donde cuentan que disminuyó la violencia, y ella, la pobre Cali, en la misma ciudad donde no es posible dejar de percibir que la violencia letal no cede, y no ha cedido nunca en estos últimos veinte años.

Por esa brecha terrible pasa la tragedia presente de Cali. ¿Cuándo intentará el alcalde entender lo que pasa en Cali?

*Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.