Vuelve la violencia simbólica y atroz: ¿qué está pasando?

Algunas organizaciones criminales pretenden recuperar el orden necesario para sus negocios ilegales usando la violencia extrema como espectáculo disuasivo. ¿En dónde ocurre y por qué?

Boris Salazar*

Violencia con acento macabro

El sábado 15 de junio aparecieron cerca del cementerio de Tuluá, envueltos en bolsas plásticas y dentro de un maletín negro, las cabezas de dos hombres jóvenes. Al día siguiente, en un sector conocido como La Playita, aparecieron sus cuerpos tiroteados y con señales de tortura. Unos días antes, flotando en el mar cerca del puente El Piñal, en Buenaventura, fue descubierta la cabeza de un hombre.

A pesar de lo atroz y doloroso de estos hechos, las decapitaciones hacen parte de la estrategia por parte de organizaciones criminales –ya aplicada hace siete años en Tuluá y en los últimos cinco años en Buenaventura— de usar la violencia simbólica, con acento macabro, para castigar a los que se desvían del orden y advertir a los posibles infractores acerca del elevadísimo costo de actuar por su cuenta o de no respetar las reglas establecidas.

Al contrario de lo que podría pensarse, este tipo de violencia no es el resultado de desviaciones psicológicas o de patologías del comportamiento, sino de conductas estratégicas repetidas en diferentes partes del país. ¿Por qué lo hacen?

Aunque la situación de Tuluá no es igual a la de Buenaventura, sí tienen algo en común: la violencia que las golpea es el resultado de los intentos de las organizaciones criminales más fuertes por:

• Poner orden en el narcotráfico local,
• Mantener su monopolio sobre las extorsiones a comerciantes y ciudadanos; y
• Asegurar su control territorial.

El trasfondo de estas acciones es que la pérdida de control del Estado sobre el tráfico de armas y la seguridad ciudadana, de modo que el empieza a ser sustituido en esas tareas por organizaciones criminales.

Homicidios, delincuencia y extorsión en Buenaventura

Consideren la situación de Buenaventura. La masacre ocurrida en una discoteca en el año nuevo 2019 anunciaba lo que habría de venir: un aumento de los homicidios, que pasaron de 20 a 46 en lo que va del año, acompañados de un salto notorio en los hurtos de automóviles y motocicletas.

El aumento del robo de vehículos en Buenaventura sugiere que múltiples operadores están actuando por su cuenta sin temor al castigo de las organizaciones que intentan monopolizar las actividades criminales en la ciudad. Sugiere, también, que ha habido una caída en los ingresos económicos por actividades criminales que ha llevado a operadores independientes a tratar de compensar sus pérdidas con actividades como el robo de vehículos y las extorsiones en lugares bajo el control de organizaciones criminales.

Las decapitaciones hacen parte de la estrategia de organizaciones criminales de usar la violencia simbólica, para castigar a los que se desvían del orden.

El crecimiento de las extorsiones ha implicado un aumento de víctimas de esta actividad ilegal, llevando a una situación de sometimiento generalizado de la ciudadanía, y a la falla sistémica del Estado para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.

Esta situación es un indicio del desorden creciente que afecta a la ciudad. El Estado no parece capaz de controlar la delincuencia y mantener el orden mínimo que se necesita para vivir en sociedad. Y, por lo menos a primera vista, las bandas criminales tampoco logran el control necesario para realizar sus actividades ilegales.

El fracaso de ambos y la inoperancia y corrupción evidentes de las instituciones estatales han llevado a que las organizaciones criminales intenten recuperar el control de la seguridad y a mantener un mínimo de orden mediante la violencia letal ejemplarizante y la intimidación.

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¿Cómo recuperan el control las organizaciones criminales?

Todo esto parece muy similar a lo ocurrido en las zonas rurales de Colombia durante la guerra irregular de los últimos veinte años. La diferencia consiste en que ahora está ocurriendo en ciudades intermedias del Valle del Cauca, uno de los departamentos más ricos y de mayor desarrollo relativo del país.

La emergencia de un orden paraestatal de corte criminal no es exclusiva de las ciudades intermedias del Valle del Cauca. Indicios de ese orden pueden verse, en menores proporciones, en algunas comunas de capitales como Cali, Medellín y Pereira, donde bandas criminales extorsionan, trafican y tratan de imponer un orden basado en la violencia.

Es un control territorial que combina la dominación económica —a través de los préstamos gota a gota y la extorsión a comerciantes, empresarios y ciudadanos— con el control despótico de las actividades sociales de los jóvenes y la movilidad de los ciudadanos en general.

Cuando los ejecutores de ese orden perciben que la situación se les está saliendo de las manos, o que hay demasiada actividad independiente, la recuperación del control pasa por el uso de estrategias violentas espectaculares.

No es casual que las víctimas de las decapitaciones de Tuluá fueran dos jóvenes areneros con antecedentes penales por extorsión, y por porte y tráfico de armas y estupefacientes, cuyos restos mortales no fueron reclamados por familiar alguno. Tampoco es casual que las víctimas de la oleada de decapitaciones ocurrida en la misma ciudad en 2012 hayan sido jóvenes, en ocasiones muy jóvenes, con antecedentes penales, que al parecer actuaban por fuera del control de las bandas dominantes de esa época. Ni que los decapitados de Buenaventura sean también hombres jóvenes de origen humilde y con antecedentes penales.

Quizá los asesinos traten de imitar el estilo de las organizaciones mexicanas del narcotráfico. Pero más allá de a quiénes imiten, la violencia macabra y espectacular tiene fines estratégicos y hace parte del repertorio de prácticas de dominación de las organizaciones criminales locales.

Además, como ocurría en el conflicto armado —y sigue ocurriendo en ciertos departamentos de Colombia—, las organizaciones criminales y paramilitares ejercen poderes paraestatales sobre los civiles. En Buenaventura, por ejemplo, en barrios de las comunas 11 y 12, las bandas La Empresa y La Local han impuesto el toque de queda después de las siete de la noche.

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Vacío estatal y soluciones dudosas

Todo esto ocurre en medio del inexistente control estatal que hoy afecta a Buenaventura y Tuluá, pero que también se puede percibir en comunas de Medellín y Cali, en el Bajo Cauca antioqueño, en Córdoba, Arauca y en ciertas zonas del Cauca y Nariño.

En particular, es un serio problema para el Valle del Cauca como departamento. Hay evidencia de vacío estatal y actividad creciente de las organizaciones criminales en Cartago, Palmira, y las ya mencionadas Tuluá y Buenaventura.

La gravedad de la situación se manifiesta también el en el hecho de que últimamente la gobernadora del departamento haya convocado dos consejos extraordinarios de seguridad por mes, a los que ha asistido el ministro de Defensa, muy preocupado por el deterioro de los indicadores de seguridad.

El Estado no parece capaz de controlar la delincuencia y mantener el orden mínimo.

Las decisiones estratégicas producidas en esos consejos confirman las dificultades crecientes del Estado colombiano, y en particular del gobierno actual, para controlar el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

Como ya lo ha había hecho en otras ocasiones, la gobernadora del Valle pidió la militarización de Buenaventura y la intervención de la Fuerza Especial del Ejército, un grupo de elite creado para intervenir en ciudades con graves problemas de orden público, violencia y actividad criminal.

Pero, quizás porque la violencia no deja de regresar al departamento, la gobernadora olvidó que la Fuerza Especial ya había estado operando en Buenaventura, Tuluá, Cartago y Palmira, y que el puerto estuvo militarizado durante varios meses, al parecer sin resultados duraderos.

Como una estrategia novedosa, la gobernadora creó una sobretasa especial cobrada en las facturas de energía para recaudar fondos destinados a la seguridad. Estos dineros permitirían crear en Buga de un centro departamental de inteligencia y la compra de vehículos para la fuerza pública.

La operación del centro de inteligencia requerirá, por supuesto, de personal especializado con el que hoy no cuentan, ni en la cantidad ni calidad requeridas, las autoridades del Valle ni el estado colombiano en general. Es lo que puede hacer la gobernadora con los recursos limitados con los que cuenta y en el contexto de un gobierno que convirtió el cumplimiento del acuerdo de paz y la política de seguridad en objetos de disputa política.

Hay cierta ironía en el espectáculo de un gobierno que decía darle prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos y ha terminado, por motivos políticos, entregando el cuidado de la seguridad y el orden a las organizaciones criminales, cediéndoles territorios enteros, dejando inermes a los habitantes de ciudades intermedias, capitales y zonas rurales de Colombia.

La guerra que creíamos terminada está regresando por la puerta de atrás.

*Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.