La juez asesinada: ¿quién le teme a la justicia?
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Los indicios apuntan hacia una red que opera dentro de las Fuerzas Armadas para entrabar la justicia cuando se trate de procesados militares.
Boris Salazar*
R.I.P. [1] por la juez y la justicia
Gloria Constanza Gaona, la juez encargada del proceso penal contra el subteniente Raúl Muñoz, violador confeso y presunto asesino de tres niños, viajaba en un bus urbano hacia su trabajo cuando fue asesinada por un sicario. No tenía ni carro blindado, ni escoltas ni caravana veloz.
Confiaba, quizás, en que su trabajo honesto, ajustado al derecho y a la ley, la protegería de la acción letal de los interesados en que no prosperaran las investigaciones que tenía en sus manos. Pero la ley, la justicia y el derecho desde hace años están sitiados en Colombia y ahora están en la peor situación de la historia.
La entendible decisión de enviar a Bogotá los procesos que la juez conocía es un indicio de la incapacidad del Estado colombiano, no sólo para proteger a los jueces de la república, sino para controlar efectivamente vastos territorios del país, en términos políticos y militares. Parecería que el Estado sólo puede garantizar su propia seguridad, y la de sus ciudadanos, pero si acaso en Bogotá. Ocho años de seguridad democrática, y uno de prosperidad para todos, no han logrado recuperar ni el control territorial ni el ejercicio de la ley en regiones donde la inversión en seguridad ha sido cuantiosa.
Frenar la justicia, como sea
Arauca es una de tales regiones. Durante años se ha librado una guerra cruel y sangrienta entre las guerrillas del ELN y las FARC, las organizaciones paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. La creación de una nueva brigada y el aumento del pie de fuerza no han mejorado la situación. Una de las razones es la relación conflictiva entre un ejército que ve a la población civil como parte del enemigo y una población que ve al ejército como una fuerza de ocupación.
Por eso, no es extraño que los indicios disponibles apunten hacia la acción deliberada y organizada de agentes del Estado para entorpecer el ejercicio de la justicia en el caso de la violación y asesinato de los niños de Tame.
Recuerden las declaraciones del propio Inspector General del Ejército días después de ese episodio y de la vinculación al caso del subteniente Muñoz, gracias a la prueba de ADN. Dijo que todo había sido obra de "una alianza entre guerrillas, paramilitares y bandas emergentes" [2].
Postular tan inverosímil coalición – cuya probabilidad de ocurrencia es cero para un crimen tan atroz – era el primer acto de una estrategia deliberada para entorpecer la investigación y eximir al principal sospechoso.
Luego vinieron las tácticas dilatorias de la defensa de Muñoz. Cuatro abogados defensores han tomado el caso para retirarse más tarde. El último episodio fue el más evidente en su intencionalidad y torpeza. Después de la renuncia de su tercera abogada, Patricia Lucía Díaz, su sustituta, Paola Milena Pinzón pidió la libertad del detenido por vencimiento de términos, y renunció de inmediato a la defensa. La juez condenó en forma pública las prácticas dilatorias y las "artimañas temerarias" usadas por las abogadas.
Además de sus tácticas chapuceras, las dos abogadas tienen algo más en común: el ser miembros de "Defensoría Militar" (DEMIL) -una asociación privada, financiada con fondos estatales, cuya tarea es pagar los costos de defensa de los militares acusados. A la junta directiva de esa asociación pertenecen oficiales activos del Ejército, entre ellos el Inspector General, como lo señaló Daniel Coronell en una columna reciente [3].
Pero la estrategia de entorpecer el ejercicio de la justicia ha ido más allá de las maniobras legales. Los testigos del caso han sido intimidados por hombres armados que han llegado en helicópteros militares a la vereda de Flor Amarillo, donde fueron asesinados los niños. Álvaro Torres, el padre de las víctimas, está ahora bajo protección del Estado, tras recibir amenazas contra él y lo que queda de su familia.
¿Y ahora, una red de militares?
Todos estos actos, coordinados y deliberados, no pueden ser obra de la acción demencial de algún infiltrado en las Fuerzas Armadas, como se dijo en los días posteriores al crimen. Hay indicios claros de la existencia de una red que une al sospechoso con organizaciones y oficiales del Ejército. Valdría la pena que el Estado y las Fuerzas Armadas investigaran lo que está ocurriendo en sus propias filas.
El comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Edgar Cely, está en lo correcto cuando prevé el daño que le hace al prestigio de su institución el que un solo colombiano piense que algún militar ha participado en el asesinato de la juez.
La forma más efectiva de despejar toda sospecha y de recuperar el prestigio amenazado es investigar los intentos de entorpecer el ejercicio de la justicia, realizados por hombres y organizaciones bajo su mando. De no ser así, el Estado y las Fuerzas Armadas estarán perdiendo la batalla más importante de todas: la lucha por la legitimidad de sus acciones
* Escritor, profesor del departamento de Economía de la Universidad del Valle. Su último libro, escrito con María del Pilar Castillo y Boris Salazar, es ¿A dónde ir? Un análisis del desplazamiento forzado
Notas de pie de página
[1] Requiescat in pacem: Que descanse en paz.
[2] "No sólo personal del Ejército sino personal de la zona, que pueden ser particulares, familiares, vecinos e inclusive se está tejiendo la hipótesis de que pueden ser personas de organizaciones terroristas" En: elnuevodia.com.co, 11 de noviembre de 2010.
[3] Semana.com, 12 de marzo de 2011.
Acerca del autor
Boris Salazar
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
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Escrito por:
Boris Salazar
* Profesor del Departamento de Economía de la Universidad del Valle.
