El balance de la política de Paz Total del gobierno Petro es poco favorable en todos sus aspectos. Sin embargo, esta administración aún puede aprovechar el tiempo estratégicamente para hacer que funcione.

Jorge Mantilla*

Un diagnóstico de la paz

Han transcurrido ya dos años desde el inicio de la Paz Total, La política más importante del programa del presidente Petro. En estos dos años, el gobierno ha cedido de manera incondicional arriesgando en no pocas ocasiones el capital político y la legitimidad de la búsqueda de la paz. 

A pesar de que la opinión pública está de acuerdo con una búsqueda negociada de la paz, también desconfía de la voluntad de paz de los diferentes grupos armados y considera que se ha cedido terreno en materia de seguridad. 

Además, las dinámicas de violencia que vive el país se han desdibujado por la creciente importancia del crimen organizado y el peso que han adquirido las bandas delincuenciales en flagelos como la extorsión o el homicidio. 

El mismo comportamiento de los grupos armados que dicen tener una ideología política está cada vez más permeado por la criminalidad. Así lo ha reconocido el propio presidente en la instalación de la tercera legislatura al definirla como una violencia basada en la codicia. 

La disputa de las cifras está a la orden del día. Mientras unos fenómenos delictivos disminuyen, otros aumentan. Nadie sabe bien por qué, pero todos muestran con vehemencia cifras más convenientes de acuerdo con su cercanía o su distancia con el gobierno. 

Cómo lo señalé en una columna del mes de abril, el balance de cifras está marcado por las lógicas del apaciguamiento y la fragmentación de los grupos armados. Esto deja varias preguntas abiertas sobre cómo llevar esta política a feliz término.

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Evaluar la Paz Total

Por lo pronto, hay tres hechos que deberían estar fuera de la discusión y que deberían ser más bien una línea base, un punto de partida para evaluar estos dos años de Paz Total. 

1. El primero es que los ceses al fuego y las treguas urbanas que ha alcanzado el gobierno sí han contribuido, junto con otros factores, a la disminución efectiva de la violencia.
2. Lo segundo, es que los grupos armados se han expandido, y hoy tienen mayor presencia territorial, o están en un mayor número de municipios del país, de los que estaban en agosto del 2022. 
3. Lo tercero es que además de acuerdos parciales sobre participación y agendas de negociación, no hay nada que mostrar. No se ha entregado la primera arma, ni se ha implementado el primer proyecto resultante de casi dos años de acercamientos y de negociación. Lo anterior en un esquema de paz en el que se definió que todo lo acordado era de cumplimiento inmediato.

Claro, muchos dirán, como dice el ELN, que la paz necesita tiempo y que desactivar las “causas estructurales” del conflicto no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, en el gobierno saben que el tiempo y la incertidumbre sobre lo que se pueda acordar e implementar en estos dos años que restan son los peores enemigos de la política más importante del gobierno del cambio.

Adicionalmente, el contexto político en el que inicia la tercera legislatura que será clave para aprobar temas de sometimiento a la justicia para grupos del crimen organizado y bandas delincuenciales es adverso. Hay suficiente ilustración en el país sobre la manera en que los escándalos de corrupción afectan enormemente la credibilidad del gobierno y su relación con el legislativo. 

¿Qué esperar para el 2026?

Tras dos años de implementación de la política de Paz Total, el gobierno por fin aceptó que, a pesar de su generosidad, no habrá paz en todo el país ni con todos los grupos armados en el mediano plazo. 

Esto no implica renunciar a la reducción de la violencia. Por el contrario, significa aprovechar la oportunidad que trae consigo una paz gradual territorializada en un contexto de fragmentación de los grupos armados. En resumen, estamos ante un escenario en donde es preciso optar por lo pragmático para no sacrificar lo ideal. 

Dadas las circunstancias actuales, el objetivo principal del gobierno debe ser alcanzar la irreversibilidad de su política de paz. Es decir, que los avances que se han logrado y que se lograrán en algunas regiones y con algunos grupos, tengan tal arraigo poblacional y territorial que la mejor y única opción para el próximo gobierno sea dar continuidad a una política de paz gradual y territorializada, independientemente de quien llegue a la presidencia en el 2026.

Para lograrlo, es indispensable que en el próximo año la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) y el Ministerio de Defensa encuentren fórmulas para desatar los nudos de una paz territorializada, disminuir la violencia, e iniciar la implementación de acuerdos de transformación territorial. 

Gran parte en este rompecabezas se define en el suroccidente del país. Por un lado, tenemos una campaña contrainsurgente en marcha en el Cauca bajo el nombre de Misión Cauca. Por el otro, el avance acelerado del proceso de paz con la disidencia del Frente Comuneros del Sur del ELN en Nariño. 

Así se verán los próximos dos años: ofensivas militares como la que recién se anunció esta semana contra las disidencias de Iván Mordisco, junto a iniciativas de transformación territorial en el marco de esa paz territorializada por la que ha optado el gobierno para salvar la paz total. 

Irreversibilidad y Aceleración

Como se venía diciendo, es necesario alcanzar un estado de irreversibilidad de la paz territorializada. Para alcanzarlo, el gobierno tendrá que avanzar en varios aspectos.

Un primer aspecto es la redistribución del capital político de la Paz Total. Es verdad que el proceso de paz con el ELN es histórico y que nunca se había logrado tanto. No por ello se debe concentrar todo el capital político de la Paz Total en la mesa con esta organización.

Esto implica negociar con quien se pueda donde se pueda. En Nariño y Guaviare se juega gran parte del futuro que tendrá la política de Paz Total. Se trata de dos pilotos de negociación de paz territorial que constituyen la mejor salida posible en caso de que no se logre un acuerdo de paz con el ELN. 

Dado que el EMC ha dejado de existir como lo conocíamos, la paz total territorializada es la única manera de evitar un recrudecimiento general de la violencia. 

En resumen, los diálogos territoriales de paz no son antagónicos sino complementarios a las mesas nacionales de paz. Sin embargo, allí donde las mesas nacionales se rompan o no avancen, los diálogos territoriales serán un mecanismo efectivo para recoger voluntades de paz dispersas o fragmentadas. 

También es necesario entender que tanto los procesos de paz con del EMC como con el ELN deben funcionar como ríos distintos que desembocan en el mismo mar. Si bien son grupos con trayectorias y naturalezas disímiles, comparten características importantes. Lo mismo aplica para sus Frentes de Guerra o Bloques en las lógicas de la Paz Territorializada. 

El mar en el que deben desembocar estos procesos independientemente de las trayectorias y naturalezas de los grupos (políticos o no políticos) es el de las transformaciones territoriales y el de la disminución de la violencia. 

Además, en algunas zonas del país en donde se pretende avanzar en las transformaciones para la paz, son los grupos armados los que gobiernan, imponiendo reglas a la población civil y ofertando bienes públicos como seguridad y justicia. 

Lejos de ignorar esta realidad, la Paz Total debe propiciar el tránsito de la gobernanza criminal a la gobernanza institucional. Dicho tránsito requiere del reconocimiento de los poderes informales e ilegales a los que se enfrenta diariamente la ruralidad dispersa. Por lo tanto, la noción de legitimidad transicional implica gestionar periodos e instancias de cogobierno de facto entre el estado, las comunidades y los grupos armados

Adicionalmente, es central reconocer que la negociación principal es con las comunidades. Para recorrer el camino de la legitimidad transicional debemos asumir el reto de negociar a tres bandas. Esto significa darle a las comunidades y sus organizaciones sociales un papel central en la territorialización de la paz.

Al poner la participación de la sociedad civil en el centro de la agenda de los procesos de paz, tanto el ELN como las estructuras del EMC que permanecen en la mesa dejan claro que se consideran a sí mismos como veedores o garantes armados de lo que el estado pacte en materia de transformaciones. 

Por ello, emprender el camino de legitimidad transicional implica operar sobre la variable de la legitimidad en dos sentidos. En primer lugar, fortalecer la legitimidad de las comandancias que están sentadas en la mesa frente a sus subalternos. Este fortalecimiento es central para contener la fragmentación que estamos presenciando y gestionar el riesgo de la proliferación de las disidencias.

En segundo lugar, al fortalecer la voz de las comunidades y darles un papel central dentro de la negociación de las transformaciones para la paz, se le resta legitimidad al grupo armado y se le transfiere a la sociedad civil. 

¿Qué hacer desde lo militar?

Es menester conectar los ceses al fuego con las instancias de participación. La paz total territorializada requiere de ceses al fuego multilaterales. Para lograrlos, es necesario tender puentes entre las estructuras que hoy están confrontándose o cuya presencia se traslapa en los territorios. 

Los puentes entre grupos armados solo se pueden tender si previamente se han conectado las instancias de participación y los intereses de las bases sociales o comunidades que estas estructuras armadas dicen representar. El esfuerzo acá debe estar encaminado a crear sinergias entre los intereses comunitarios y los grupos armados para la disminución de la violencia y el acatamiento del DIH. 

Por último, hay que pensar en un uso quirúrgico y escalonado de la fuerza. El uso de la fuerza debe entenderse como un medio para alcanzar la paz y llevar a los grupos armados a regresar a las mesas de paz o a comprometerse de manera decidida con la paz total. 

A pesar de la voluntad de paz del Estado, hay grupos o estructuras armadas que entienden la paz total como un medio para ganar tiempo y acumular fuerza. Por ello, el uso de la fuerza juega un papel determinante en la paz total territorializada. 

Sin embargo, este uso de la fuerza debe emular la figura del bisturí, no la del martillo. Este uso quirúrgico y escalonado de la fuerza requiere de los más altos estándares de inteligencia, proporcionalidad y gradualidad para no afectar las poblaciones o estructuras que están comprometidas con la paz total. Así, antes del control territorial, esta estrategia privilegia la construcción de confianza.

Finalmente, en el contexto actual la variable determinante para alcanzar la irreversibilidad es el tiempo. La aceleración de la paz es tan importante como la territorialización de la paz. 

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