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Crimen y gobernabilidad en Medellín

Escrito por Jorge Mantilla
Comuna 13 de Medellín.

Comuna 13 de Medellín.

Jorge MantillaEl aumento de la violencia en la comuna 13 y su militarización recuerdan la época de la Operación Orión al comenzar el gobierno de Uribe. ¿Pero qué tan parecida es la situación?

Jorge Mantilla*

Buen resultado, malos motivos

La situación de la última semana en Medellín muestra cómo la reducción sostenida de la tasa de homicidio durante los últimos quince años ha sido un reflejo o ha estado  relacionada con la consolidación del poder criminal, con la ausencia de la necesidad de matar para regular mercados ilegales, y con la adopción de un sistema de gobernabilidad   compartida entre el Estado y las organizaciones criminales. 

De esta manera la disminución en la tasa de homicidio ha ido de la mano del aumento de otras formas de violencia, como el desplazamiento intra-urbano, y el de otras formas de control social impuestas por los grupos de delincuencia organizada que los habitantes de algunas comunas de la ciudad conocen bien.

Ha implicado también la desinstitucionalización de determinadas agendas que demandan nuevas miradas a la estrecha relación que hoy existe entre la gobernanza, las organizaciones criminales y los mercados ilegales en Medellín como en otras ciudades de Colombia y América Latina.

Por desinstitucionalización debe entenderse la discontinuidad entre las reglas formales que deben guiar las acciones del Estado y las prácticas o actividades concretas que lleva a cabo este Estado – en este caso en materia de seguridad ciudadana-.  Esta es la paradoja colombiana de tener oficiales antinarcóticos al servicio del narcotráfico, directores seccionales de fiscalía como Valencia Cossio  condenados por sus nexos con la criminalidad organizada, o secretarios de seguridad tras las rejas como Fabio Villegas. 

Por eso el caso de Medellín, considerado por muchos como ejemplo de buenas prácticas en reducción de la violencia –o como un caso digno de ser replicado en contextos urbanos con escenarios persistentes de violencia- merece nuevas evaluaciones.

El homicidio como orden local

Campaña por las víctimas de la Comuna 13 en Medellín
Campaña por las víctimas de la Comuna 13 en Medellín
Foto: Ministerio de Interior

La violencia urbana es un mecanismo paralelo de orden, control y distribución de recursos, legitimidad e identidad.

Este orden se creó y se ha transformado en Medellín a través de las disputas entre  agrupaciones herederas del poder que consolidó el paramilitarismo tras la Operación Orión en 2002 y la posterior desmovilización de las AUC en la ciudad hacia el 2004.

Una verdadera constelación de órdenes de ilegalidad donde oficinas de cobro, combos, bandas criminales y pandillas disputan o cooperan entre sí de acuerdo con los comportamientos de rentas y réditos criminales.

Gran parte de las medidas tomadas y las políticas aplicadas en Medellín han pasado por alto que las agrupaciones criminales no delinquen de tiempo completo sino que además se involucran en actividades sociales, circuitos económicos legales, programas sociales del gobierno municipal e incluso actividades políticas en las instancias locales de participación ciudadana.

Un proceso de inserción social y consolidación del poder criminal en la ciudad  con el que el Estado y la ciudadanía han tenido que compartir la cotidianidad pero que además funciona bastante bien -a excepción de momentos de crisis como el que se vive actualmente, y que conducirá seguramente a un reordenamiento de las líneas de acumulación de rentas ilegales en algunos sectores de la ciudad, especialmente en la comuna 13-.

Así por ejemplo mientras el homicidio se reducía de manera sostenida en la ciudad durante los últimos quince años hasta seguir hoy la tendencia nacional, otras prácticas criminales fueron empleadas para gestionar los órdenes locales de ilegalidad en Medellín. Así ocurre con el desplazamiento intra-urbano, con las fronteras invisibles, con la extorsión al transporte urbano, con el control y venta del espacio público a sectores de la economía informal -prácticas todas que se han normalizado bajo la estructura de poder compartido de los denominados Pactos del Fusil, el primero de ellos acordado entre la Oficina de Envigado y los Urabeños (hoy Clan del Golfo), y que todavía cuenta con una importante influencia en la ciudad. 

Le recomendamos: Medellín y los límites del éxito en seguridad.

El funcionamiento o desgaste de estos mecanismos de distribución territorial  y económica, de honrar las conquistas ganadas en la guerra demuestra que los descensos sostenidos y acelerados de las tasas de homicidio no necesariamente implican una mayor capacidad punitiva o institucional del Estado sino la ausencia de incentivos para la violencia transaccional, como por ejemplo los ajustes de cuentas o la muerte como forma de sancionar el incumplimiento de arreglos criminales como los pactos del fusil.

Caracterizado por Caroline Doyle como un verdadero modelo de negocios, estos arreglos y su desgaste son una manifestación concreta de la manera como la visibilidad y la frecuencia de la violencia, medida principalmente por la tasa de homicidios, son una moneda de cambio para las organizaciones delincuenciales.

Igualmente ejemplifica las múltiples maneras como estas organizaciones evitan las acciones del Estado y contribuyen a su desinstitucionalización. Contrariamente a las expectativas de la ciudadanía y al sentido común, existen agendas y circunstancias no necesariamente asociadas con la corrupción, cuando las autoridades deben gobernar con la existencia e incluso aceptación del poder y el control territorial que diferentes grupos criminales mantienen sobre determinados territorios y economías -siempre y cuando los niveles de violencia, principalmente el homicidio, se mantengan en niveles aceptables-.  

En la literatura internacional hay casi pleno consenso sobre el hecho de que un fenómeno de la magnitud del crimen organizado no puede perdurar en el tiempo sin contar con el apoyo, por acción o por omisión, de sectores asociados con las instituciones.

En el caso de Medellín, la reducción de la tasa de homicidio en los últimos quince años y los picos de violencia como los que ha vivido la ciudad este año no pueden explicarse sin observar los procesos de consolidación de un orden criminal capaz de adaptarse a las políticas de seguridad y convivencia, pero también a los golpes propinados por las autoridades contra componentes claves en sus organizaciones.

¿Precio de la política de seguridad?

Acto simbólico en memoria de las víctimas de la Operación Orión.
Acto simbólico en memoria de las víctimas de la Operación Orión.  
Foto: Ministerio de Interior

Mientras que para el alcalde de Medellín y para muchos analistas el aumento de la violencia está relacionado con el éxito de la política de seguridad y con los golpes que se han propinado a grupos como los Triana, los Chivos o los Pesebreros, la militarización de la comuna 13 les recuerda a muchos los tiempos de la Operación Orión en el 2002.

Lo cierto es que la situación de Medellín está lejos de la de aquel entonces, entre otras cosas, por el proceso de racionalización del homicidio que han hecho los grupos delincuenciales, pero también porque el desajuste de los pactos del fusil involucra otros sectores como la parte alta de la comuna 16 y la comuna 10, que tradicionalmente han presentado altas concentraciones de homicidios. 

El alcalde Gutiérrez no tiene en cuenta que gran parte de los jefes u objetivos de alto valor que han sido capturados durante su administración, siguen delinquiendo desde la cárcel como en el caso de los Triana: o sea que el impacto de los esfuerzos para desarticular las organizaciones criminales es mínimo.

Y no menos:  los efectos de la captura de su Secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, sobre la relación entre la administración municipal y los organismos de seguridad, defensa y justicia son aún un enorme reto institucional.

Si bien para algunos la existencia de sistemas de gobernabilidad compartida con el crimen organizado -como los que existen en Medellín- no representa una debilidad, sino la capacidad del Estado para cooptar actores criminales en el ejercicio del control social en los márgenes de la gobernabilidad, lo cierto es que en nuestro país se cree aún en el mito según el cual policías y ladrones siempre están en lados opuestos de la ley.

Algunos hallazgos sobre la relación entre gobernabilidad, crimen y mercados ilegales señalan al menos tres formas como la criminalidad organizada participa de la gobernabilidad:

  • A través de la provisión de servicios sociales,
  • A través de arreglos de convivencia o gobierno local y,
  • Como intermediarios entre los servicios sociales del Estado y los ciudadanos. 

Un tema de primera importancia para las principales ciudades del país del que deberían estar hablando los candidatos presidenciales.

*Investigador asociado del Great Cities Institute- Chicago. Jmanti4@uic.edu

 

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