Un escenario confuso

En septiembre del año pasado escribí una columna sobre las razones que tenía el   gobierno para negarse a negociar con las disidencias de las Farc. Para ese entonces, el escenario era confuso y los mensajes por parte de altos funcionarios eran contradictorios.

Seis meses después, tanto el escenario como los mensajes del alto gobierno siguen siendo confusos.

No es claro que el Estado Mayor Central (EMC) tenga la coordinación suficiente como para sentarse a negociar con él en una sola mesa, además de ser la organización responsable del mayor número de violaciones del llamado “cese bilateral al fuego”, cuya naturaleza e instancias de verificación no acaban de aclararse.

Sin embargo, el gobierno ha anunciado una negociación política con esa facción armada a manera de un segundo proceso de paz paralelo al del ELN. La decisión está tomada. Al final la discusión sobre el estatus político quedó reducida a una decisión presidencial. Tendrá estatus político quien quiera tenerlo y a quien el presidente decida otorgárselo.

También el capital político de la Paz Total y en particular del Alto Comisionado de Paz es mucho menor que hace seis meses. El escándalo de conversaciones secretas con narcos en el que se han visto involucrados el hijo y el hermano del presidente, así como el fuego amigo que desde sectores de la ya no tan sólida coalición de gobierno piden la renuncia del comisionado, han estrechado su margen de maniobra.

El dilema no es menor. Es evidente que si la Paz Total fracasa, la respuesta de la oposición será feroz. Las banderas de la mano dura contra el crimen y de la respuesta militar a los conflictos socio-territoriales están a la vuelta de la esquina. Por eso, lo deseable es que al gobierno le vaya bien. Dado el escenario actual y los anuncios recientes, el gobierno tendrá que avanzar hacia una paz parcial de la siguiente manera.

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Gobernar el proceso

Toda paz necesita un enemigo. Ese fue el primer error conceptual del gobierno. Más allá de las buenas intenciones del Alto Comisionado, y el poco efecto de los esfuerzos de explicar la naturaleza “dialógica y exploratoria” de las primeras fases de la Paz Total, el gobierno no puede renunciar a la guerra.

En su afamado libro Un terrible amor por la Guerra el psicólogo James Hillman explica esto muy bien. No se hace la guerra porque se quiere la paz, se hace la guerra porque esta nunca acaba, ni cuando se canta victoria.

Sin embargo, el problema del presidente Petro es de orden práctico. Su gobierno no tiene la capacidad técnica, ni el capital político, ni la estrategia de seguridad adecuada para hacer lo de la película ganadora de los premios de la academia: todo en todas partes al mismo tiempo.

Por eso, declarar al Clan del Golfo como enemigo de la paz es la salida natural y lo único que permitirá darle aire a un proceso con el Estado Mayor Central. Natural por cuanto ideológicamente los sectores afines al gobierno lo consideran como un grupo narco paramilitar.

Además, en la medida en que el gobierno renuncie a combatir la coca, la economía ilegal sobre la que se centrará la estrategia de seguridad será en gran parte la minería ilegal —una economía que afecta gravemente el medio ambiente—.

Aparte de las estrechas relaciones entre el Clan del Golfo y sectores de la fuerza pública, este es el grupo armado sobre el cual se ha reunido más inteligencia en los últimos años. Así, en la medida en que la violencia no cese, el discurso del gobierno apuntará al Clan del Golfo como responsable.

Con esto el gobierno matará dos pájaros de un tiro. Por un lado, tendrá una etapa de “mano dura” que tranquilice parcialmente a quienes así lo piden y, por otro, dará satisfacción al ELN, que ha venido perdiendo cada una de sus guerras con el Clan del Golfo, salvo la de la zona rural de Cúcuta. El ELN lo sabe bien y por eso se muestra humanitario y benevolente con la Paz Total en Chocó, pero soberbio y grandilocuente en Arauca.

La decimoprimera conferencia

La idea del Estado Mayor Central es un artificio que existe en la imaginación de las disidencias y ahora en la del gobierno nacional.

Por eso, el punto de partida del proceso con el Estado Mayor Central es la liberación de 19 de sus miembros para propiciar una reunión de comandantes que llevaría a una coordinación hoy inexistente. Una suerte de decimoprimera conferencia de las FARC-EP.

La motivación del gobierno para hacer esto es sencilla. Para negociar, es mejor tener un interlocutor capaz de tomar decisiones y hacerlas cumplir, que una constelación de grupos autónomos como sucede hoy donde no se sabe quién es quién. Como anota Estefanía Ciro, uno de los aspectos más enredados de este segundo proceso de paz es que estamos frente a uno o varios grupos en proceso de maduración.

Ahí el gobierno ha caído en un segundo error conceptual: considerar que el Estado Mayor Central está compuesto por guerrilleros de vieja data que no firmaron el acuerdo de La Habana, cuando en realidad la mayor parte de las disidencias están compuestos por nuevos reclutas.

Esta confusión demuestra la necesidad de mejorar la capacidad técnica de la Oficina del Comisionado de Paz. Esta no se reduce al tamaño y formación de su personal sino a crear un marco de interpretación que permita entender quién es quién en esta constelación de organizaciones armadas.

Se esperaría que la Instancia de Alto Nivel, creada para caracterizar y clasificar   estos grupos, fuera la que planteara un criterio objetivo sobre la naturaleza de los grupos armados, sus capacidades de comando y control, y el grado de relación con las economías ilícitas. Sin embargo, la desconfianza y los problemas de información están a la orden del día.

Si el presidente sigue empeñando en relegar y atacar el acuerdo con las FARC mientras les da a las disidencias la posibilidad de revivir la organización del Estado Mayor Central, el desenlace no será bueno.

Dada la fragmentación actual, la metodología de la negociación con el Estado Mayor Central deberá ser subregional, bajo la sombrilla de una mesa nacional. El gobierno deberá definir en qué regiones puede desactivar la violencia de forma efectiva.

Esto exige mejorar algunos puntos del acuerdo de la Habana, renegociar otros (por ejemplo, el de drogas) y usar la fuerza contra lo que serán las disidencias de las disidencias. Renglón aparte, pero de vital importancia, tendrán las agendas territoriales, por ejemplo en temas de tierras, medioambiente o gobierno propio.

Una explosión controlada

La teoría de cambio de la Paz Total es sencilla y sagaz. Es una suma de paces pequeñas compuesta por treguas subregionales al estilo Buenaventura.

De este modo, si las reducciones locales del homicidio logran disminuir la tasa de homicidios en Colombia, además de los réditos de las treguas, la Paz Total será fácilmente defendible para el gobierno de la política de la vida. Así lo hizo en la experiencia de la Bogotá Humana, donde aumentaron todos los delitos pero se redujo el homicidio.

Como segunda prioridad, están los aspectos estratégicos como control territorial y la extorsión. La narrativa será que lo importante era salvar vidas y que, a cambio, había que ceder el control del territorio a quienes ya ejercen esta función y aceptar la continuidad de las economías lícitas. Al fin y al cabo, la guerra contra las drogas ya estaba perdida.

La solución a este enredo mayor central será la de una explosión controlada. Aquello que salga bien será gracias compromiso del gobierno y de los “grupos rebeldes” —como los denomina el Comisionado de Paz— por ampliar el contrato social.

Lo que salga mal será culpa de los saboteadores de la paz, principalmente el narco paramilitarismo aliado con sectores corruptos de la fuerza pública y poderosos intereses económicos. La parte trágica de todo esto es que es con esos mismos “saboteadores” con los que el Pacto Histórico llegará a acuerdos regionales para no perder estruendosamente las elecciones locales en octubre.

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