Pocos se han preguntado cómo la pandemia afectará las economías ilegales.
Jorge Mantilla*
El Estado al límite
La crisis global que ha traído la COVID-19 no tiene precedentes. Por el momento, la pandemia ha hecho evidentes las enormes limitaciones de los servicios de seguridad.
La preocupación ya no se centra en si las medidas de aislamiento fueron adecuadas o no, sino en qué tan sostenibles son en un contexto donde los primeros respondientes, como policías, bomberos y personal de los servicios sanitarios han caído enfermos.
En Nueva York ya hay más de seis mil policías incapacitados por enfermedad , mientras que en Guayaquil el colapso de los servicios forenses ha dejado pavorosas imágenes de cuerpos esperando a ser recogidos en las calles.
En el mundo del crimen también existe el desempleo
La capacidad del Estado ha sido llevada al límite en diferentes ciudades, cuyas agendas de los próximos años tendrán que girar en torno a la resiliencia urbana. ¿Cómo mantener la continuidad de los circuitos básicos de una ciudad en el marco de desastres, shocks económicos o eventos disruptivos de gran escala? El coronavirus nos ha puesto de cara frente a todas las anteriores.
En el corto plazo, las medidas de distanciamiento social, incluidas las restricciones a la movilidad, han ocasionado un descenso en los índices delictivos en varias ciudades, incluidas Nueva York y Bogotá. Sin embargo, en el mediano y en el largo plazo puede ocurrir un rebote, con bastante fuerza, de estos índices, dada la profundidad de la crisis y de los violentos cambios sociales.
En Estados Unidos, la cifra de cerca de diez millones de personas que se han registrado en los programas de ayuda al desempleo está acompañada de un récord, también histórico, de cerca de tres millones y medio de solicitudes para comprar armas.
Economías ilegales: mafias, drogas y armas
El primer efecto importante de esta crisis es la diversificación de las economías ilegales. En el mundo del crimen también existe el desempleo, que se traduce en servicios que ya no se pueden prestar, mercados ilegales en espacios públicos que han tenido que cerrar sus puertas y una disminución de las operaciones internacionales de tráfico de bienes ilegales por el acentuado control en puertos marítimos y aéreos.
Así, por ejemplo, los carteles mexicanos habían tenido que afrontar una fuerte caída de los precios de la heroína y como respuesta decidieron incursionar en el fentanilo. Ahora, registran escasez en el suministro de químicos provenientes de China para su fabricación.
En el caso de las mafias italianas, cuyo ingreso tradicional es la extorsión, el cierre prolongado de establecimientos de comercio dificulta la continuidad de los pagos. Adicionalmente, las cuarentenas obligatorias exponen a sus miembros a la captura por parte del Estado. Solo a la Ndragheta –mafia italiana ubicada en Calabria-, las autoridades le han capturado más de 340 miembros en los últimos meses incluyendo un coronel activo de la policía.
Para grupos del crimen organizado, esta crisis puede convertirse en la oportunidad de moverse hacia transacciones ilegales de bienes legales, como los del sector de la salud. Dada la nueva oportunidad por la escasez de productos sanitarios, las triadas de la mafia china han entrado en la carrera de los tapabocas exportando cada unidad por el valor de dos dólares.
Foto: Biblioteca Nacional de Salud de Estados Unidos
Uno de los mercados que cobra es el de los medicamentos, muchas personas temen desabastecimiento.
Las compras de pánico –el segundo efecto importante de la crisis- han contribuido a la diversificación de las economías ilegales. Amparados en la desinformación promovida por las redes sociales, diversos grupos se han involucrado en la comercialización de productos contra el coronavirus, así como cuadros de estafa, falsificación, contrabando y adulteración de medicinas.
La semana pasada, la Interpol desmanteló una red dedicada a ofrecer productos contra la COVID-19. Con una incautación de medicamentos y máscaras quirúrgicas avaluada en cerca de trece millones de euros, la operación Pangea acabó en la captura de 120 personas.
Las compras de pánico que hemos visto con elementos de primera necesidad, como el papel higiénico, están sucediendo también con el comercio de armas y drogas. Testimonios de traficantes del norte de Inglaterra indican que los consumidores están acumulando sustancias ante una eventual interrupción del suministro.
No hay una preocupación por la liquidez, gracias a una base de consumidores ya fidelizados en donde los mercados siguen operando. Lo más importante para ellos es evitar un contagio por recibir dinero en efectivo que pueda estar contaminado.
Las compras de pánico en los mercados de droga causan un alza de los precios sumada a una alteración de las drogas, las cuales están siendo reemplazadas por otras sustancias o simplemente mezcladas con otro tipo de productos. Los efectos son profundos y letales para quienes se encuentran en situación de dependencia y hacen parte de poblaciones vulnerables como habitantes de calle y trabajadoras sexuales.
Un tercer efecto que ya se empieza a observar es la mayor actividad de grupos extremistas de diferentes orillas, cuya herramienta principal es la desinformación. En Estados Unidos, la COVID-19 está siendo utilizada por grupos de supremacía racial -principal amenaza terrorista del país- para acentuar su discurso contra los inmigrantes.
La semana pasada, un intento de captura por parte del FBI terminó con la muerte de un supremacista blanco que planeaba volar el hospital de Kansas City con un camión bomba. En Europa advierten que el Estado Islámico ha llamado a sus militantes a aprovechar la situación de crisis de varias ciudades como Londres y París para llevar a cabo ataques y aumentar el castigo de sus enemigos.
En materia de terrorismo han surgido inquietudes sobre la eventual aceleración de ataques que ya han sido definidos o sobre la definición de nuevos objetivos militares como infraestructura médica por parte de grupos extremistas.
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Intereses comunes
El cuarto efecto importante de la pandemia sobre el comportamiento del crimen organizado es la convergencia de los intereses del Estado y los de carteles, pandillas o mafias. Aunque normalmente se piensa que el Estado y los criminales están en lados opuesto de la ley, muchas veces sus intereses convergen, sobre todo allí donde el Estado es solo una de varias formas de autoridad política.
Para grupos del crimen organizado, esta crisis puede convertirse en la oportunidad de moverse hacia transacciones ilegales de bienes legales
En Brasil, Venezuela y algunos países de Centroamérica, grupos armados han impartido sus propias restricciones de movilidad, reforzando las medidas de asilamiento decretadas por el Estado o incluso anticipándose a ellas, como en el caso de las favelas.
Foto: DEA
Los grupos criminales han visto afectadas sus actividades por la aparición del coronavirus
En Caracas, donde los colectivos chavistas son una forma crucial de gobernanza indirecta, se han registrado ejecuciones relacionadas con el incumplimiento de estas medidas en el barrio 23 de enero. Mientras que en Medellín los combos delincuenciales reparten mercados, el Cartel del Golfo hace lo propio en México.
Estos intereses también pueden confluir en zonas de frontera, donde las medidas de cierre aumentan las ganancias de quienes se dedican a administrar pasos ilegales o redes de tráfico de migrantes.
En el caso de Corea del Norte, por ejemplo, la reapertura de la frontera marítima con China estuvo acompañada de la puesta en marcha de nuevas regulaciones para contrabandistas de productos chinos que abastecen los mercados informales en Corea del Norte.
Movimientos similares se viven en las fronteras del norte de África, donde el contrabando en Marruecos, Argelia y Libia es regulado por el Estado, a través de instituciones informales, o en la frontera entre Colombia y Venezuela, pues a pesar de los cierres de frontera los pases ilegales se han vuelto parte del paisaje.
Lea en Razón Pública: Pasado y presente del contrabando en la frontera colombo-venezolana
Respuestas locales
Por el momento, los países deberán maniobrar para ajustar sus políticas de seguridad lo antes posible, redirigiendo recursos, aumentando la capacidad de respuesta y reevaluando los conceptos operacionales que hasta el comienzo de la pandemia se encontraban vigentes.
El coletazo se sentirá sobre todo en aquellos sectores urbanos más empobrecidos para quienes el distanciamiento social no es posible. Cabe recordar que para el 2018 más de mil millones de personas en el mundo vivían en asentamientos informales con acceso limitado a servicios públicos. En América Latina lo hacen una de cada cuatro personas, más de ciento diez millones de personas que habitan barrios de alta complejidad.
Una bomba social que ya ha detonado en diferentes lugares y que se suma a la delgada línea que separa las economías informales de las formas criminales que las regulan. Mafias del espacio público, piratas de la vivienda urbana, fronteras invisibles, derechos de piso, préstamos gota a gota y otras formas de control criminal hacen parte de la cotidianidad de estos espacios urbanos.
Por esto, en el caso de Colombia y de América Latina, la respuesta a estos efectos de la pandemia sobre el crimen organizado debe partir de un fortalecimiento de las capacidades locales para reducir la violencia.
Estudios recientes muestran que las políticas locales de seguridad tienen un efecto definitivo sobre el comportamiento criminal. La adopción de estrategias al nivel de la ciudad o la municipalidad puede hacer la diferencia para responder a los nuevos desafíos de seguridad. Hacia allá se deben dirigir nuestros principales esfuerzos.
*Investigador asociado del Great Cities Institute, Chicago, @jmantillaba