Maduro ayuda al ELN o a Iván Márquez, Guaidó se apoya de paramilitares en Colombia… y hay otros varios canales de exportación de violencia. Es el riesgo de una guerra por delegación que, a juzgar por la experiencia mundial, podría ser desastrosa.
Jorge Mantilla*
Una guerra delegada
Ante el riesgo de una intervención extranjera o de un estallido de violencia interna para derrocar al presidente Maduro, el gobierno de Venezuela ha decidido estimular a los grupos armados ilegales de Colombia, en lo que se conoce como una guerra por interpuestas personas, o una guerra “subsidiaria” (en inglés, “proxy war”).
Esta guerra indirecta debe interpretarse como una manera de ampliar las capacidades defensivas en un eventual escenario de escalada militar en la frontera.
Desde el punto de vista estratégico, esta forma de guerra es barata y efectiva, pues combina la capacidad de hacer daño de sectores irregulares dedicados al crimen organizado con el radicalismo de sectores como el de Iván Márquez o el ELN, experimentados en el oficio de la guerra.
Además de la clásica estrategia de financiar grupos armados ilegales en territorio enemigo, que tiene una larga trayectoria en la historia de las relaciones internacionales, Colombia enfrenta una agresión menos explícita, pero con enormes repercusiones sociales, especialmente en las regiones de frontera.
Al mismo tiempo, se ha hecho público el uso de recursos logísticos del crimen organizado por parte del presidente interino Juan Guaidó, quien recibió apoyo de los Rastrojos. Estos hechos demuestran la incapacidad del Estado colombiano para ejercer control territorial en la frontera.
Sin embargo, el gobierno de Colombia ha reaccionado con ambigüedad ante esta última revelación, y queda la sensación de que Colombia también está dispuesta a usar recursos subsidiarios en un eventual desenlace violento de la crisis venezolana.
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Migración envenenada
De acuerdo con habitantes y fuentes no oficiales de ambos lados de la frontera, está en progreso un desembarco deliberado de delincuentes venezolanos en Colombia.
Aunque esto no quiere decir que el éxodo venezolano implique un aumento del crimen, la estrategia consiste justamente en eso: hacer de la migración un recurso de poder e inestabilidad no solo contra Colombia sino contra aquellos que han decidido salir de Venezuela.
Esta estrategia sigue al pie de la letra el episodio de los Marielitos entre Cuba y Estados Unidos a principios de los años ochenta. Consiste en contaminar los flujos migratorios con personas con trayectoria delictiva, para desprestigiar a quienes huyen de la revolución y hacer aun más difícil su inserción en el país de acogida.
Está en progreso un desembarco deliberado de delincuentes venezolanos en Colombia.
En el marco de la crisis migratoria cubana, provocada por una deserción masiva a principios de 1980, cerca de 125.000 cubanos llegaron en cuatro meses a las playas de la Florida provenientes del puerto Mariel. Aprovechando esta situación, Fidel Castro decidió indultar a cerca de 3.000 delincuentes (otras versiones hablan de 25.000) y enviarlos a Miami.
Foto: Gobernación del Estado Táchira |
El efecto fue devastador para los cubanos en el exilio, pues la crisis de seguridad provocada en Miami, particularmente en la Pequeña Habana, se convirtió en un mito nacional en Estados Unidos. Este episodio incluso llegó a la pantalla gigante con la película Scarface, que trata sobre Tony Montana, un inmigrante cubano que tras pagar varios años de cárcel en Cuba llega a Miami para convertirse en un traficante de drogas y un matón.
No es claro hasta qué punto esta estrategia sea el producto de la asesoría de la inteligencia cubana (G2) al régimen de Nicolás Maduro. Lo que sí es claro es el impacto negativo que tiene sobre el conjunto de migrantes venezolanos que están buscando mejores oportunidades.
En Colombia viene haciendo carrera un discurso xenofóbico que asocia a los venezolanos con la delincuencia, la vagancia y el consumo de drogas. Así se dice en un reciente panfleto de “limpieza social” firmado por las Águilas Negras en municipios de Norte de Santander. Lejos de ser marginal, esta lógica xenofóbica es uno de los mayores retos de política migratoria y seguridad ciudadana que hoy enfrenta el gobierno colombiano.
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Asesinando a distancia
Esta instrumentalización del exilio venezolano tiene al menos dos agravantes.
En primer lugar, está la pena de muerte explícita que ha impuesto la temida Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) contra ciertos sectores de la delincuencia que amenazan la frágil gobernabilidad en algunos territorios, lo cual ha creado una desbandada delincuencial.
De acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en política de Estado en la lucha contra el crimen organizado. La cifra de personas asesinadas en los últimos tres años por “resistirse a la autoridad” o en operaciones policiales alcanza los 18.000.
Por otro lado, como claro indicio de esta guerra subsidiaria, están organizaciones delincuenciales como el Tren de Aragua y la Línea, compuestas principalmente por venezolanos que disputan a sangre y fuego el control de pasos fronterizos y de expendios de drogas en algunas ciudades.
En este caso no estamos ante ladrones de ocasión, sino ante grupos organizados cuyos miembros ya tenían antecedentes o circulares de Interpol antes de ingresar al país. Su forma de operar es la extorsión de ciudadanos venezolanos radicados en Colombia, sobre todo aquellos que están en la economía informal, o a los que han venido persiguiendo desde sus lugares de origen.
Los “trenes”, como se denominan los gobiernos de las pandillas carcelarias en Venezuela, son una forma de criminalidad gestada en las cárceles venezolanas que guarda semejanzas con las que predominan en países como Brasil o el Salvador.
A través de estas organizaciones y de la figura de los presos comandantes, de donde viene el termino “Pran” para designar a los líderes de estas organizaciones, la ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, ha creado un contingente de agresión y respuesta del régimen.
En Perú las autoridades afirman que ya existen cerca de veinte bandas de este estilo, con un marcado uso de la violencia homicida mediante decapitaciones y descuartizamientos, que también se han vuelto recurrentes en la frontera colombo-venezolana.
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Arreglos transfronterizos
Esta forma de guerra subsidiaria es una amenaza aun mayor en un contexto de desorden criminal y recomposición de economías ilícitas, como el que atraviesa Colombia tras la firma del Acuerdo de paz con las FARC.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica |
En Norte de Santander, particularmente en Cúcuta y el Catatumbo, el panorama es preocupante porque el cierre de la frontera ha creado la oportunidad para que grupos como los Rastrojos se adueñen del control de pasos fronterizos ilegales, puntualmente en Puerto Santander donde está ubicado uno de los tres puentes internacionales.
Es urgente que Colombia asuma estas formas emergentes de guerra delegada o subsidiaria con la mayor seriedad.
La sensación en estos lugares es la de continuación del conflicto armado, ahora con carácter binacional ante la consolidación de una gobernabilidad paralela transfronteriza, donde grupos armados, bandas delincuenciales e incluso autoridades hacen algunos acuerdos inestables de distribución de recursos que no parecen incomodar al gobierno colombiano.
Por lo pronto es urgente que Colombia asuma estas formas emergentes de guerra delegada o subsidiaria con la mayor seriedad.
Se necesita coordinar la agenda de transición en Venezuela con la agenda de seguridad nacional en Colombia, mientras se profundiza la atención de la crisis humanitaria que ha provocado el éxodo venezolano.
*Investigador asociado del Great Cities Institute, Chicago, @jmantillaba.
