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Los retos de la nueva Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Escrito por Jorge Mantilla

2020 llega con una nueva política nacional de seguridad ¿Cuáles son los retos?

Jorge Mantilla*

El año

El año que comienza trae consigo una oportunidad única para llevar a cabo un ajuste territorial e institucional de la convivencia y la seguridad ciudadana en Colombia.

Como lo reflejaron las encuestas en las pasadas elecciones, este tema ocupa los primeros lugares de preocupación ciudadana, y es uno de los mayores retos tanto para el Gobierno Nacional como para los gobernantes locales que inician su mandato.

Problemas viejos y nuevos

En el plano nacional, el panorama es complejo. A pesar de la disminución en el número de delitos de alto impacto, el hurto, las lesiones personales y la violencia sexual siguen en aumento.

¿Cómo logrará la nueva Política de Seguridad involucrar a las autoridades, a la fuerza pública, a las comunidades y a la academia en la implementación de estrategias?

Entre las amenazas que el país seguirá enfrentando en los próximos años se encuentran:

  • el asesinato de líderes sociales;
  • la proliferación de grupos armados organizados en territorios bajo el dominio de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC);
  • y el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en regiones de alta complejidad como el Catatumbo y el Pacífico.

En el plano local, aunque las situaciones son diferenciadas los retos son mayúsculos. En el caso de Bogotá y Cali, los gobiernos entrantes deben seguir ganando terreno, tanto en la lucha por disminuir los homicidios, como en la guerra contra el crimen organizado. En Medllín este guerra ha producido un aumento en la tasa de homcidios.

Además, muchas ciudades enfrentan el impacto de la migración masiva de ciudadanos venezolanos, cuyas capturas ha aumentado aceleradamente entre 2018 y 2019, tanto por homicidios (192 por ciento) como por hurtos (138 por ciento). Por ejemplo, Cúcuta enfrenta un enorme reto en materia de migración y crimen organizado, mientras que el número de desaparecidos en su zona metropolitana ha aumentado constantemente en los últimos años.

Mientras que en Buenaventura proliferan las fronteras invisibles en el casco urbano, en ciudades como Tuluá y Santa Marta los comerciantes intentan sobrevivir en medio de la extorsión. Por su parte, en Quibdó y Armenia continúan trabjando por dejar de ocupar los primeros lugares en materia de homicidios a pesar de que son ciudades pequeñas.

Le recomendamos: ¿Se puede mejorar la seguridad en las ciudades?

La nueva política

Así pues la recién formulada Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) es una herramienta fundamental para armonizar los políticas locales de convivencia y seguridad.

Para ser efectiva, la PCSC debe integrarse con los nuevos planes de desarrollo local y con los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia—herramientas estipuladas para la mejor prestación y coordinación de la seguridad ciudadana a nivel local—.

Prevención del delito

Es positivo que la política marco esté basada en un enfoque de prevención del delito, ya que supone incorporar instancias de carácter civil especializadas en tareas de atención social y prevención de la delincuencia.

Un buen ejemplo es el programa de Gestores de Convivencia con el que cuenta la ciudad de Bogotá desde hace varios años y que se ha convertido en un referente para otras ciudades. De allí se desprende la necesidad de que las administraciones locales amplíen sus equipos territoriales, como lo hizo recientemente la Secretaría de Seguridad de Cali al crear un equipo de prevención en el territorio.

La política contempla que a través del Ministerio del Interior, los programas de gestores de convivencia tengan un alcance nacional.

La nueva Política de Seguridad que inagura Iván Duque le permitirá a la policía tener mayor disponibilidad para atender llamados de emergencia gracias al nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes. ¿Cuáles son los beneficios de la PCSC?

Estos equipos son decisivos para concretar iniciativas de prevención basadas en evidencia. Además, fortalecen el nuevo modelo de vigilancia por cuadrantes consignado en la Política Marco que le permitirá a la Policía tener mayor disponibilidad para atender llamados de emergencia. Adicionalmente, aumentan la capacidad del Estado para intervenir en las zonas donde es común el delito asociado con economías y rentas criminales, como el microtráfico.

Aunque muchas ciudades ya cuentan con este tipo de equipos de gestión social y territorial, en la mayor parte del país funciona bajo clientelismos que los alcaldes ceden a concejos y asambleas municipales para facilitar el trámite de sus iniciativas, un costo de gobernabilidad.

Las y los mandatarios que recién inician sus periodos de gobierno deben robustecer, proteger y fortalecer estas “burocracias callejeras” para aumentar su efectividad.

También es positivo que se estén creando dependencias encargadas de estos temas como las Secretarías de Seguridad y Convivencia. Estas nuevas dependencias trabajan de la mano, pero con independencia de la Policía y pueden hacer una gran diferencia en problemas como la delincuencia juvenil, la violencia futbolera, la violencia intrafamiliar, las riñas en zonas de rumba y consumo de licor o drogas en el espacio público.

Todos estos fenómenos son responsables de que las lesiones personales se hayan disparado en el país, pues pasaron de una tasa de 117 a 283 casos por cien mil habitantes en los últimos diez años.

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Impunidad

Durante años y en gran medida por el lastre de la guerra y de los carteles de la droga, la lucha contra el crimen organizado giró alrededor de golpear objetivos de alto valor y capos cuyo efecto estaba mediado por el carácter centralizado y vertical que tenían estas agrupaciones. Sin embargo, el enfoque se ha probado ineficiente en un contexto en el que las organizaciones delincuenciales son cada vez más flexibles y fragmentadas.

En Colombia, hay alrededor de 1800 grupos de delincuencia común organizada, una cifra bastante desalentadora si se tiene en cuenta que entre 2016 y 2019 solo en Bogotá se desarticularon cerca de 547 de estas organizaciones, casi la tercera parte de las que la Policía Nacional calcula que existen en el país. Sin embargo, el crimen en Colombia se reproduce a una velocidad mayor que la capacidad del Estado.

Justamente por eso es necesario incorporar la persecución de las cadenas de valor de las economías ilegales, que son el caldo de cultivo de la reincidencia y la resiliencia criminal, tal como lo establece la nueva política de seguridad. El Gobierno Nacional ha sido honesto en reconocer estas limitaciones al igual que la impunidad que campea en el país.

El año que recién empieza trae consigo un ajuste territorial e institucional de la convivencia y la seguridad ciudadana en el país. ¿Cuáles son los retos nacionales a los que se enfrenta la nueva Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana?

De acuerdo con los datos del Ministerio de Defensa expuestos en la política, en Colombia la probabilidad de que los asesinatos queden impunes es del 87,8 por ciento. Esto afecta negativamente la percepción que los ciudadanos tienen del sistema de justicia, incentiva la justicia por mano propia y erosiona la necesaria colaboración de la ciudadanía con las autoridades a la hora de esclarecer los delitos.

Por ello se necesita más énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y la investigación criminal al servicio de la seguridad ciudadana. Entre otras herramientas, la política abre las puertas para que las entidades territoriales establezcan convenios con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para desplegar capacidades de análisis criminal sobre fenómenos de lavados de activos a nivel o local o que adquieran tecnología de punta en la lucha contra el crimen.

Puede leer: La justicia en 2019: reformas fallidas e indiferencia

El reto de la ejecución

Una cosa es la política pública en el papel y otra la política pública en las calles.

Las bondades del diseño de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana deben probarse en su proceso de implementación. Las mejores experiencias en seguridad ciudadana son aquellas que logran involucrar a las autoridades, a la fuerza pública, a las comunidades y a la academia en el desarrollo de las estrategias.

El éxito de la política dependerá enormemente del acompañamiento del Gobierno Nacional a las entidades territoriales cuyos recursos y capacidades son limitadas de cara a los retos de inseguridad que enfrentan.

Por eso, tanto el Ministerio del Interior como la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación son decisivos para formular los planes de desarrollo y los respectivos Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

Instancias no gubernamentales como Asocapitales, la Red de Ciudades Cómo Vamos y las Cámaras de Comercio serán igualmente determinantes para apalancar la coordinación, evaluación externa y gestión del conocimiento necesarias para mejorar la calidad de vida de los colombianos.

*Investigador asociado del Great Cities Institute, Chicago, @jmantillaba.

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