La desconfianza y las divisiones internas en el proceso de paz - Razón Pública
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La desconfianza y las divisiones internas en el proceso de paz

Escrito por Jorge Mantilla
Mesa de negociación

Mesa de negociación

Jorge Mantilla

¿Por qué al mismo tiempo que se habla de avances en el proceso de paz de La Habana se denuncian atentados, ataques a la población y recrudecimiento de la guerra? Aquí, una explicación lúcida a partir del “dilema de seguridad”.

Jorge Mantilla*

El dilema

El “dilema de seguridad” se define como una lógica de interacción entre dos actores que, al sentir amenazada su seguridad, emprenden acciones para mejorar su capacidad de defensa. Dichas acciones producen una respuesta tal por parte del adversario, que el sentimiento inicial de inseguridad aumenta y da lugar a un nuevo ciclo de acciones defensivas.

El dilema de seguridad suele hacer parte de los procesos de paz y aun profundizarse en la media en que se conocen los acuerdos y surgen los interrogantes sobre sus alcances y su ejecución.

Este concepto, propio de las relaciones internacionales, permite abordar desde una perspectiva diferente las presuntas fisuras dentro de las FARC con relación a la Mesa de La Habana.

De ser ciertos los rumores acerca de una posible disidencia en las FARC, las dos partes sentadas en la Mesa tendrían que iniciar, desde ya, un proceso de refrendación interna de los acuerdos.

Las noticias recientes sobre fracturas internas de las FARC protagonizadas por los grupos al mando de “Romaña” y de “El paisa”, y concretadas en los presuntos planes para atentar contra el expresidente Uribe y el fiscal general de la Nación, han enturbiado el escenario cuando se suponía que el acuerdo sobre el segundo punto de la agenda – la participación política- daría más legitimidad a las negociaciones de La Habana.

Así, mientras las FARC niegan la existencia de dichos planes, desde el Congreso de la Republica hasta los negociadores del Gobierno han hablado de una crisis del proceso si se comprueba la veracidad de las denuncias.

A su vez, algunos analistas consideran que las rentas del narcotráfico, la falta de representatividad en la Mesa y el desacuerdo con la manera en que los negociadores han abordado los diálogos constituyen las causas de fondo de la presunta disidencia en las FARC.

Sumado a esto, las informaciones contradictorias acerca de las operaciones militares contra la “Teófilo Forero” en los límites entre Caquetá y Huila, acaban de delinear un escenario donde sería fácil sabotear el proceso de paz.

Iván Márquez y Jesús Santrich en la Habana

Iván Márquez y Jesús Santrich en la Habana, Cuba.
Foto: Delegación de Paz FARC-EP

Divisiones de lado y lado

Más allá de las especulaciones sobre la posición de algunos frentes y columnas de las FARC frente a un eventual acuerdo de paz, un análisis desde las teorías del manejo y la resolución de conflictos armados permitiría una mirada novedosa.  

De ser ciertos los rumores acerca de una posible disidencia en las FARC, las dos partes sentadas en la Mesa tendrían que iniciar, desde ya, un proceso de refrendación interna de los acuerdos.

Por un lado, la “unidad nacional” del presidente Santos -que ya enciende motores para la reelección de su mayoría parlamentaria y presidencial- ha tenido dificultades para lograr los consensos requeridos y meter el acelerador a fondo en La Habana.

Existen claras señales de una disidencia dentro de una de las dos partes del proceso, el Gobierno, lo que podría tener efectos decisivos para el futuro de las negociaciones. Ejemplos de ello pueden encontrarse en las actitudes del Partido Conservador, que aún no decide si apoyar a Santos, a Oscar Iván Zuluaga o sacar un candidato propio, y en el tono ambiguo del ministro de Defensa -con un talante propio del gobierno anterior- ante los mensajes de paz del presidente.

Por el lado de las FARC, se hace cada vez más explícito el reto de conjugar los diálogos de paz y los acuerdos a los que se han llegado con una cohesión interna que les permita mantenerse vigentes como fuerza política en un escenario de posconflicto.

La emergencia de esta lógica del dilema de seguridad obedece en gran medida a la decisión tomada por el Gobierno Nacional de negociar en medio del conflicto armado.

Es natural que una organización de tipo marxista-leninista tenga un entramado complejo para la toma de decisiones, seguramente con una comunicación lenta entre La Habana y las selvas del Caquetá.

Sin embargo, esto también supone tensiones con respecto a un segmento generacional de las FARC de carácter urbano que compone las instancias propiamente políticas de esta guerrilla, y que por no haber combatido tiende a ser una militancia más radical y generadora de una mayor incertidumbre en estos momentos.

Esta incertidumbre posiblemente se deriva del carácter liberal de los acuerdos en materia de tierras y de participación política, que ha llevado a muchos a decir que lo hasta ahora pactado se encuentra consagrado en su gran mayoría en la Constitución de 1991.

Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón

El actual Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. 
​Foto: Ministerio de Defensa Nacional

Negociación en medio del conflicto

En la medida en que la actividad armada y las acciones con explosivos se mantienen o aumentan -dada la decisión mutua de dialogar en medio del conflicto- la línea entre lo que es un acto ofensivo y uno defensivo tiende a diluirse y a despertar temores individuales y colectivos.

Estos temores conducen a que determinados sectores, tanto de la clase política como de las FARC, puedan llegar a oponerse al proceso o a un eventual acuerdo.

Por ejemplo, el aumento del reclutamiento forzado en las zonas de influencia de algunos frentes guerrilleros, la masificación de su entrenamiento en el uso de explosivos, así como su intención de aumentar su poderío militar, reflejan unos temores y una percepción de inseguridad por parte de ciertos comandantes que al parecer creen tener motivos para desconfiar de quienes dicen representarlos en La Habana.

Dichos temores pueden explicarse en un contexto donde recientemente fue activada la Fuerza de Tarea Júpiter, con un contingente de 9.600 hombres para el Caquetá, cuya misión principal es perseguir a “El Paisa” y su columna móvil, así como al estado mayor del Bloque Oriental, del que hace parte “Romaña”.

De otra parte, los grandes temores de los detractores del proceso se relacionan con el alcance de eventuales acuerdos en materia de justicia transicional y los posibles privilegios jurídicos a los que accederían los máximos responsables de las FARC, que supondría, según estos detractores, impunidad y consecuente imposibilidad de una reconciliación nacional.

La paz como transición política supone una depuración de cada una de las partes, de donde se deriva que la participación de la sociedad civil en la Mesa de La Habana debe ser más activa. 

La emergencia de esta lógica del dilema de seguridad obedece en gran medida a la decisión tomada por el Gobierno Nacional de negociar en medio del conflicto armado.

En efecto, las organizaciones humanitarias han venido manifestando su preocupación por el traslape de dos condiciones que, aunque aparentemente opuestas, hacen parte del contexto en el que se desarrolla la Mesa de la Habana:

– Por un lado, tenemos un clima  preelectoral crecientemente polarizado por el realineamiento de las élites tradicionales en torno a una eventual transición político económica, la cual podría significar una redistribución de capitales en disputa, como la tierra.

–  Y por el otro lado una lucha por la opinión pública donde quienes no padecen la guerra diaria lanzan las críticas más acuciosas y agudas contra el proceso de paz.

Este escenario, propio de un país político, se contrapone con la geografía de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos del país nacional, compuesto por una serie de zonas para las que el proceso de paz no ha representado ningún alivio.

Construir confianza

Los dos objetivos principales de un proceso de paz son resolver las incompatibilidades de fondo y reducir la violencia armada. Si bien los acuerdos en materia agraria y en participación política pueden ser un indicio sólido de la posibilidad  de solucionar las incompatibilidades de fondo en Colombia, la continuación de las hostilidades contra la población civil por parte de las FARC supone un riesgo considerable para el proceso.

En palabras de Peter Wallensteen, los dilemas de seguridad se manifiestan en las percepciones que cada actor tiene de sí y del otro, pero podrían llegar a superarse al alcanzar acuerdos  donde “nadie gana todo lo que se puede ganar; y nadie pierde todo lo que se puede perder”.

Todo escenario de posconflicto implica  transformaciones políticas e institucionales para cada una de las partes de las cuales emergen, por regla  general, unos nuevos liderazgos. Estos cambios  no están libres de tensiones de modo que -si bien cada una de las partes debe iniciar la refrendación interna del proceso- la Mesa de La Habana no debe caer en la trampa de negociar una paz que impida la emergencia de liderazgos en el postconflicto.

La paz como transición política supone una depuración de cada una de las partes, de donde se deriva que la participación de la sociedad civil en la Mesa de La Habana debe ser más activa. El respaldo ciudadano  a las negociaciones permitiría aumentar el capital político de la paz, de forma tal que cada vez sea más costoso oponerse a la terminación del conflicto armado.

* Grupo de Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia

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