El secuestro es una política de castigo dentro de un entramado más amplio de prácticas criminales que involucran la extorsión, las vacunas, y el control territorial de los grupos armados. Detrás de este entramado se mueven millones de dólares cada año en Colombia, en un mercado del que participan autoridades locales y miembros de la fuerza pública[1].
Así lo demuestra la manera en que el secuestro del Mane Díaz anticipó una conversación necesaria y difícil dentro del proceso de paz con el ELN. Si el ELN insiste en mantener la práctica del secuestro no hay manera de que el gobierno nacional pueda avanzar en esos diálogos sin sacrificar la maltrecha legitimidad de la política de Paz Total. Por el contrario, si se abre la puerta para que un grupo armado reciba beneficios económicos a cambio de cesar el secuestro, lo que sucederá a continuación es el incremento acelerado del secuestro por parte de otros grupos armados.
Lastimosamente, el caso del Mane Díaz es excepcional. Al igual que Yadil Sanguino, exalcalde de San Calixto, hoy en manos de las disidencias de las FARC, la mayor parte de las víctimas del secuestro en nuestro país son invisibilizadas, y sus casos no tienen un final feliz. Yadil Sanguino, Juan Carlos Bayter, Silvia Carvajal, John Jairo Díaz Rozo son sólo algunas de las víctimas de la continuidad de esta práctica cuyos nombres se van acumulando ante la mirada atónita del gobierno y de la ciudadanía.
Y es que en este delito sí que hay víctimas de primer y de segundo nivel, como lo deja entrever el comunicado del ELN para quienes el error no consistió en secuestrar sino más bien secuestrar a la persona equivocada. Para infortunio de los familiares de las demás víctimas, no ser famosos o estrellas de fútbol supone que habrá que esperar en silencio por una prueba de vida, un mensaje extorsivo, una liberación o incluso la devolución del cuerpo sin vida de sus seres queridos.
A nivel regional el secuestro viene aumentando también en países como Ecuador y México, una muestra más de que América Latina está perdiendo la guerra contra el crimen organizado. En términos globales, la tendencia no es alentadora. De acuerdo con el informe de la consultora de seguridad Control Risks, el fenómeno viene creciendo año a año con un promedio de exigencias de rescate por cada secuestrado de 369 mil dólares. Mientras el África Subsahariana concentra el 37% del secuestro a nivel mundial, las Américas, incluido Estados Unidos y Canadá, concentran el 32%[2].
El problema del secuestro en Colombia esconde uno más extendido y profundo, el de la extorsión. El secuestro involucra diferentes finalidades las cuales no necesariamente se contraponen unas con otras. Hay secuestros con finalidades políticas cuando en lugar de un rescate económico se exigen concesiones como lo hicieron en su momento las antiguas FARC presionando el intercambio humanitario de militares secuestrados por presos pertenecientes a esta guerrilla. Hay también secuestros instrumentales cuya finalidad es extraer información de las víctimas sobre un enemigo, asegurar la lealtad de una población o un grupo de personas en el marco de una disputa armada con otro grupo. Por último, está el secuestro con finalidades económicas que es el que está incrementándose en el país en el marco de la Paz Total.
Contrario a los que se piensa, la finalidad económica del secuestro involucra más que la simple rapiña y el bandidaje. En la actualidad, el secuestro opera como una forma de sanción ante el no pago de las extorsiones y de vacunas por lo que está íntimamente ligada las dinámicas territoriales de los grupos armados. No de otra manera se explica que en el país, además del secuestro, esté incrementando la extorsión de manera paralela y superpuesta. Es así como detrás de la política del secuestro existe un entramado de sistemas contables, tarifas mensuales por establecimiento de comercio, por cabeza de ganado o por hectárea. Un sistema pujante de impuestos criminales que está asfixiando al campesino y al comerciante en diferentes partes del país.
Además del ELN, en Colombia también secuestra el EMC FARC, grupos del crimen organizado, bandas conformadas por policías, e incluso la delincuencia común al servicio de los grupos armados, como quedó demostrado en el caso del Mane Diaz. Por ello es tan importante hacer una lectura más amplia del fenómeno del secuestro que permita entender, más allá del rechazo categórico, por qué los grupos armados y del crimen organizado secuestran y cuáles son las causas detrás del recrudecimiento de este fenómeno.
Con Paz Total o sin Paz Total es imperante contener el incremento del secuestro al que estamos asistiendo, lo cual pasa necesariamente por entender el secuestro como política. Esto es, como los grupos armados y del crimen organizado entienden esta práctica y dedican tanto tiempo como recursos para incorporarla dentro de sus repertorios. Contener el secuestro como política pasa también por desmontar los incentivos no deseados que puedan estar creándose desde el propio gobierno y que repercutirían en el aumento de esta práctica.
[1] https://www.elespectador.com/bogota/desde-robos-a-secuestros-asi-han-capturado-a-policias-corruptos-en-bogota/
[2] https://www.controlrisks.com/our-thinking/insights/kidnap-for-ransom-in-2022?utm_referrer=https://www.google.com
