Una ciudadanía desinformada, una alta percepción de inseguridad y un candidato necesitado de votos son la fórmula perfecta para no tener buenas políticas de seguridad.
Jorge Mantilla*
Populismo y seguridad
La seguridad ciudadana será uno de los temas más álgidos en las próximas elecciones, y ya empezaron las campañas para alcaldías y gobernaciones.
Los beneficios del acuerdo de paz con las FARC se han visto opacados por el escaso avance en su implementación y por el asesinato sistemático de líderes sociales y desmovilizados. Estos obstáculos son previsibles en un proceso de transición hacia la paz, pero el gobierno lo ha hecho más difícil al apostarle a la erradicación forazada de coca y al emprender una ofensiva militar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En todo caso, aunque la situación es preocupante, no es en ningún sentido peor que la que teníamos hace cinco o diez años. A pesar de los retos que tenemos en materia de criminalidad, hoy la seguridad nacional y ciudadana están mucho mejor que antes.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá, el 44 por ciento de los capitalinos forma su percepción de seguridad de acuerdo a lo que dicen los noticieros de televisión. Por eso es importante que al oír las promesas de los candidatos en los próximos meses, los ciudadanos cuenten con herramientas para contextualizar lo que dice la prensa sobre la situación de seguridad.
En los centros urbanos —donde se concentra la mayor cantidad de delitos—, los candidatos han hecho carrera con propuestas populistas sobre cómo luchar contra la criminalidad. Sea por ignorancia o por mala fe, estos candidatos pretenden tapar con un dedo años de investigación sobre el tema, así como las buenas prácticas que con gran esfuerzo se han llevado a cabo en otros países.
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Más policías no se le niegan a nadie
La falacia más común del populismo en esta época de elecciones es decir que el problema de la inseguridad se resuelve con más policías. De esta manera, los candidatos prometen “planes de choque” sin estrategias claras, ni mecanismos de financiación y, por supuesto, sin una perspectiva de largo plazo.
Este tipo de propuestas parte de un error en el que caemos repetidamente en Colombia, y es confundir el servicio de policía con el servicio de seguridad ciudadana.
Mientras que el primero está centralizado en la Policía Nacional y carece de una política pública, el segundo está descentralizado en las administraciones locales y cuenta con múltiples instrumentos, incluyendo desde luego una política rectora de seguridad y defensa de alcance nacional.
La más afectada con este tipo de promesas alejadas de la realidad es la propia Policía. Los ciudadanos acuden constantemente a ella para resolver incidentes que deben ser atendidos por agencias no policiales, como conciliadores en equidad, inspectores de policía, comisarías de familia y programas del orden nacional como el de casas de justicia. Estas instituciones tienen un papel clave en materia de seguridad y prevención del crimen. Pero cuando ellas no funcionan, la Policía es quien asume el costo de pérdida de la confianza.
Foto: Gobernación de Risaralda |
Existen además otras “burocracias de calle” de carácter distrital o municipal para resolver conflictos, acompañar protestas, realizar una búsqueda activa de poblaciones vulnerables, proteger el espacio público y reforzar acciones de cultura ciudadana en sistemas de transporte masivo.
Desconocer el valor de estos programas en ciudades como Bogotá, Cali o Medellín es una torpeza, que resulta en una mayor presión institucional sobre la Policía Nacional.
Los candidatos han hecho carrera con propuestas populistas sobre cómo luchar contra la criminalidad.
En materia de servicio de policía, es cierto que gran parte de las ciudades principales e intermedias del país carecen de suficiente pie de fuerza. Pero no es posible resolver este déficit en el corto o aún en el mediano plazo. Los electores debemos exigir una mejor policía, y no más policías.
Así fue como Bogotá logró una reducción notable de los homicidios con el pie de fuerza más insuficiente de todo el país. El objetivo es tener una Policía especializada, con vocación de servicio y respetuosa de los derechos humanos, con programas robustos de incentivos y talento humano, con políticas internas de promoción y salud mental.
Una Policía mejor equipada y con altos estándares de calidad es mucho más efectiva para disminuir la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana que aumentar el pie de fuerza en algunos centros urbanos, restándole policías a otros municipios. Los policías, al igual que los recursos públicos, no caen como frutas silvestres de los árboles.
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Los discursos de mano dura
La segunda forma de populismo en materia de seguridad ciudadana son los discursos de mano dura, según los cuales hay que aplicar “todo el peso de la ley” a todos los delincuentes por igual, sin diferenciar el tipo de delito o la peligrosidad de quien lo comete.
Pocas formas de populismo son tan efectivas para recoger votos, pero tan contraproducentes a la hora de aplicarlas. Múltiples experiencias en Brasil, en Centroamérica y en Estados Unidos han demostrado la inconveniencia de esta forma de aplicación de la ley.
Se trata de una verdadera distorsión cognitiva conocida como el “Martillo de Marlow”, según la cual cuando se es un martillo todo empieza a parecer puntilla. Un mal desafortunado que padece el sector de seguridad y defensa en Colombia, y que lleva a un entendimiento limitado de nuestros problemas. A su vez, eso conduce a soluciones limitadas, sin evidencia y cuyo impacto se desconoce, pues son pocas las administraciones locales que someten sus políticas de seguridad a procesos de evaluación.
Uno de los caminos aún inexplorados en Colombia es interrumpir las carreras criminales mediante la intervención de redes sociales de criminalidad. La idea es sencilla: así como el delito tiende a concentrarse geográficamente en puntos calientes (enfoque adoptado ya en Medellín y Bogotá), también se concentra socialmente en grupos pequeños de personas involucradas en comportamientos delictivos, alrededor de los cuales se concentra gran parte de la violencia urbana.
Los electores debemos exigir una mejor policía, y no más policías.
Un ejemplo es la ciudad de Boston, donde se encontró que el 85 por ciento de las heridas de arma de fuego para un año determinado se concentraba apenas en el 6 por ciento de la población.
En el caso de ciudades con muy serios problemas de violencia, como Chicago, los datos son reveladores: solo el 6 por ciento de la población es responsable de al menos el 70 por ciento del total de los incidentes con arma de fuego. Pero aún más sorprendente es el hecho de que el 89 por ciento de ese 6 por ciento de la población esté interconectado por relaciones de amistad, parentesco, complicidad o negocios.
Los hallazgos de este enfoque de “ingeniería social del crimen”, han llevado a esas ciudades a adoptar ajustes simples pero con enorme impacto: por ejemplo, focalizar los recursos punitivos y de prevención en las poblaciones con mayor riesgo de convertirse en víctimas o victimarios.
Estos modelos de disuasión concentrada evitan además que se estigmaticen ciertas zonas urbanas como zonas peligrosas a donde los ciudadanos deberíamos evitar ir.
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Costos institucionales
Además del costo económico que implica invertir en programas que no funcionan, esta distorsión de la seguridad ciudadana impide concentrarnos en lo que es realmente importante para mejorarla.
Rara vez alcaldes y gobernadores piensan en agendas de seguridad que vayan más allá de los próximos cuatro años. Además, los ciudadanos y la opinión pública en general se preocupan cada vez menos por las cifras objetivas. Por eso, aunque la delincuencia disminuya, la percepción de inseguridad permanece estable.
Foto: Procuraduría General de la Nación |
Nuestros dirigentes se concentran en resolver el delito que se volvió tendencia el día anterior, y dejan de lado asuntos decisivos, como armonizar las políticas sociales y de drogas con la política de seguridad ciudadana; o intervenir los mercados criminales mediante estrategias contra el lavado de activos, como la extinción de dominio; o iniciativas de construcción de resiliencia urbana y de eficacia colectiva.
En ese sentido, el gobierno “de lo urgente” representa un verdadero desastre desde el punto de vista del principio de planeación de la gestión pública.
Por eso, al populismo de la seguridad le incomoda que los ciudadanos conozcan su realidad objetiva. Desgraciadamente, las políticas basadas en evidencia con marcos conceptuales rigurosos y procesos sólidos de ejecución no producen los mismos votos que las orquestas y los refrigerios.
*Investigador asociado del Great Cities Institute, Chicago.
@jmantillaba
