Antonio García, Plata o Plomo en Rojo y Negro | Razón Pública
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Antonio García, Plata o Plomo en Rojo y Negro

Escrito por Jorge Mantilla

La política de Paz Total amenaza con naufragar en México, mientras aumenta la expectativa por el nuevo rumbo que tomará la estrategia de paz con la llegada de Otty Patiño como Alto Comisionado y frente a los límites impuestos por la Corte Constitucional en su más reciente sentencia. Según han informado varios medios de comunicación tras más de una semana de retraso, aún no arranca formalmente el quinto ciclo de negociaciones entre el ELN y la delegación del gobierno nacional, encabezada por el propio Patiño.

Y es que ahora el ELN, no conforme con extorsionar comerciantes y campesinos, ha decidido extorsionar al gobierno. Lo ha dicho el propio Antonio García en una de sus más recientes entrevistas: O nos financian, o no podemos seguir con el cese al fuego. En otras palabras, plata o plomo, como dijo Pablo Escobar. García sugiere la frase ahora, como tragedia y comedia pintada de rojo y negro, para notificarle al país que el ELN no tiene voluntad de paz.

Para acabar de completar la crisis del proceso con el ELN, la semana pasada la organización fue ratificada dentro de la lista de grupos terroristas por parte de Estados Unidos. No es un asunto menor sobre todo cuando el punto de discordia que ha impedido instalar este nuevo ciclo es justamente ese: el secuestro y la financiación del ELN, bien sea por parte del Estado colombiano o de un fondo internacional, compuesto por aportes de la comunidad internacional a través de los países garantes.

Ahora bien, ¿de qué cifra estamos hablando? Si el gobierno nacional está pensando seriamente en ceder a este chantaje debería hacer públicos estos números, máxime cuando algunos sugieren que estos dineros salgan del presupuesto nacional. El último reporte conocido del número de integrantes del ELN es el que ha publicado la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), según la cual estamos hablando de 5.900 combatientes. Si se le asignara un salario mínimo a cada combatiente la cifra ascendería a cerca de 140 mil millones de pesos al año. Un sapo difícil de digerir en un país en el que más de quince millones de personas pasan hambre, pero que, a diferencia de los señores del ELN, no han decidido tomar las armas y empezar a secuestrar.

El asunto es más o menos el siguiente. Mientras el ELN esté en la lista de grupos terroristas de Estados Unidos quien quiera financiarlo enfrentará serias sanciones legales. Por supuesto, en la tradición norteamericana todo es susceptible de ser negociado siempre y cuando se opriman los botones correctos.

Supongamos que se supera ese problema; el ELN tiene la astucia de renunciar al secuestro a cambio de salir de la lista de grupos terroristas, y además reúne las voluntades necesarias para buscar una ruta de financiación. De hecho, salir de la lista de grupos terroristas le permitiría, entre otras cosas, adelantar campañas de financiación y solidaridad internacional como en su momento lo han hecho varios grupos insurgentes.

Queda sobre la mesa el problema de la legitimidad. ¿Es legítimo que se financie un grupo armado, a cambio de que deje de secuestrar, con el argumento de un bien superior como La Paz cuando ni siquiera es seguro que se llegue a un acuerdo definitivo?  ¿Está dispuesta la sociedad colombiana a aceptar esto? Basta recordar los resultados del plebiscito de octubre del 2016 para poner las cosas en su justa dimensión.

Sin embargo, en gracia de discusión, supongamos que: a) Estados Unidos acepta sacar al ELN de la lista de organizaciones terroristas vía intermediación del gobierno colombiano y b) el gobierno del cambio decide correr la línea ética y financiar a un grupo armado para que deje de secuestrar.

Las consecuencias inmediatas serían dos. En primer lugar, se cumpliría la idea que he venido planteando hace meses sobre el apaciguamiento del conflicto armado. Es decir, que la reducción de algunos indicadores de la violencia que estamos viendo es insostenible en el largo plazo pues es producto del empoderamiento de los grupos armados.

En segundo lugar, se crearía un incentivo enorme, una ganga para que los demás grupos de la paz total empezaran a secuestrar decididamente. ¿Qué haría pensar a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo, a las bandas de Medellín y de Buenaventura que si el ELN está siendo financiado por dejar de secuestrar ellos no?

El gobierno tiene que decidir si va a ceder a las extorsiones del ELN o empieza a demostrar más perspectiva y sensatez, y el ELN si su voluntad de paz se acaba tan pronto se pone el tema del secuestro, del que no viven, sobre la mesa. Las cartas están sobre la mesa.

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